El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, aparta al fiscal Bartolomé Vargas de la investigación del caso Ercros, que pedía investigar al ministro Josep Piqué

El relevo del fiscal Bartolomé Vargas en el caso Ercros y su traslado forzoso a un puesto que le veda cualquier posibilidad de entrar en contacto con él en el futuro no han constituido sorpresa. Es el remate lógico de la faena en la que ha estado empeñado en los dos últimos años el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal: bloquear la posibilidad de que el asunto llegara al Supremo y de que el ministro Piqué fuera llamado a declarar como imputado ante esa instancia judicial. Y que ha sido redondeada, si cabe, con la insólita advertencia al fiscal anticorrupción de que no adopte iniciativa alguna sobre el caso Ercros sin someterla previamente al fiscal general.

Con la persistente y notoria desaprobación de su máximo superior jerárquico, la continuidad de Vargas en el caso Ercros era insostenible. Su destitución es el último y consecuente acto del papel de abogado del Gobierno que Cardenal ha desempeñado en el caso Ercros, no importándole forzar al límite las normas de funcionamiento interno del ministerio fiscal para conseguir sus propósitos. Cardenal ya dejó entrever a principios de agosto, con el estilo melifluo que le caracteriza, que ‘posiblemente sea una medida que tengamos que tomar’.

El relevo de Vargas no bastaba por sí solo para dejar el campo enteramente libre al fiscal del Estado, pues algún fiscal de la Sala Segunda del Supremo debería hacerse cargo del caso, aunque sólo fuera para dar curso al rebuscado y salomónico pronunciamiento de la Junta de Fiscales de Sala en el sentido de que Piqué declare como testigo ante la Audiencia Nacional. Pero los fiscales de la sección de la Sala Segunda, a la que pertenece Vargas, se habían pronunciado anteriormente por 10 votos contra dos a favor de la propuesta de imputar a Piqué. Ante el riesgo de que otro fiscal pudiera llegar a las mismas conclusiones que Vargas, Cardenal ha optado por encargar directamente el caso al fiscal jefe, José Aranda, partidario de archivar el sumario en lo que pudiera afectar a Piqué. De esta forma, el fiscal general se asegura de que no habrá un tercer pulso con los fiscales de la Sala Segunda del Supremo.

No ha sido Cardenal precisamente el primer fiscal del Estado que ha dado muestras de una actitud servil en asuntos que atañen al Gobierno que lo nombra. Pero es difícil encontrar un comportamiento que haya interferido de forma tan burda en el funcionamiento interno del ministerio fiscal. La estructura jerárquica de esta institución no ampara una intervención tan arbitrista, forzada y escasamente fundada como la realizada por el actual fiscal del Estado en el caso Ercros. La justicia ha dado otro paso atrás en su credibilidad.

La decisión de Jesús Cardenal de trasladar a otra sección al fiscal encargado hasta ahora del caso Ercros, Bartolomé Vargas, ha desatado de nuevo todo tipo de acusaciones contra el fiscal general del Estado. La medida está provocada por la «incompatibilidad» de Vargas con su jefe, José Aranda, ya que éste se opuso a que el ministro de Asuntos Exteriores fuera llamado a declarar como imputado, como proponía el fiscal del caso. Ha sido Aranda quien ha pedido el traslado de Vargas y no Cardenal, en una carrera sometida a un inflexible sistema jerárquico. Aunque una medida como ésta siempre está sujeta a interpretaciones a las que no son ajenas las guerras internas de la carrera fiscal, resultaría bastante insólito que Vargas siguiera llevando un asunto después de que sus propuestas fueran rechazadas por la inmensa mayoría de un órgano superior como es la Junta de Fiscales de Sala, que es lo que sucedió en el caso Ercros.