El Gobierno argentino de Cristina Kirchner acaba con Repsol YPF al expropiar a la petrolera su filial en Argentina

CRISTINA FERNÁNDEZ de Kirchner expropió ayer YPF, la filial argentina de Repsol. Y lo hizo usando toda la parafernalia de un régimen peligrosamente populista: con una soflama, más que un discurso, ante un Parlamento domesticado que fue televisada a toda la nación. El texto de la Ley de Soberanía de Hidrocarburos que ha enviado -nominalmente – al Congreso decreta en teoría la nacionalización del sector y, en la práctica, sólo la incautación del 51% de YPF al considerar sus actividades de «interés público nacional». Ese porcentaje se repartirá entre el Estado central y las provincias en las que YPF tiene yacimientos. Para no dejar margen a una ya de por sí casi imposible reacción, el Gobierno argentino entró ayer en la sede de YPF y expulsó de sus oficinas a los directivos.

Al atropello que supone la expropiación de YPF a sus legítimos dueños, Kirchner añadió una burla a España y al Rey al justificar la expropiación en la caída de la producción de hidrocarburos en Argentina, en las desinversiones de YPF y en que «la caída de reservas de petróleo se parece a la trompa del elefante», en una clara referencia al accidente de Su Majestad en Botsuana del pasado viernes. Un feo desplante que refleja a la perfección la escasa talla política de la presidenta argentina.

Esa supuesta desinversión de Repsol en Argentina es sólo una estratagema de Fernández de Kirchner. Porque no se entiende que tanto el Estado como las provincias hayan estado mostrando a los directivos de Repsol su satisfacción por la gestión de YPF hasta hace apenas unos meses. Además, es absurdo pensar que si YPF aporta el 50% de la producción de crudo de Repsol, el 40% de sus reservas y el 25% de su beneficio, la petrolera española pretendiera descapitalizar la joya de su corona.

Son datos públicos que en 2011 YPF realizó una inversión histórica de 2.327 millones de euros -el doble que el beneficio obtenido en ese ejercicio- y para 2012 el compromiso era elevar esa cifra hasta los 2.600 millones. La «recuperación de la soberanía hidrocarburífera» que esgrimió Kirchner ante los diputados argentinos es, pues, la coartada para encubrir ante la legalidad internacional la flagrante conculcación de los derechos de los accionistas de Repsol. Argentina se merece las represalias que se adopten porque ha puesto en solfa la legalidad internacional, el derecho a la libre empresa y el de propiedad. El daño a los accionistas ya se reflejó ayer, pues las acciones de YPF, que habían perdido ya un 30% desde comienzos de año, fueron suspendidas de negociación en la Bolsa de Nueva York tras llegar a caer un 18%.

El Gobierno se reunió de urgencia nada más conocer la decisión. Al terminar, los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria denunciaron que la medida «discrimina» a YPF y a sus accionistas y calificaron la expropiación de «hostil» contra España y contra sus empresas. Revelaron la existencia de un pacto verbal entre ambos Ejecutivos para solucionar de forma negociada cualquier contencioso con YPF, que Argentina ha roto unilateralmente.

Margallo y Soria no concretaron anoche ninguna medida, pero sí anunciaron que el presidente del Gobierno tratará del asunto en su visita a México y Colombia y que el Ejecutivo ha solicitado que el Parlamento de Estrasburgo analice la expropiación en el pleno que está celebrando estos días. Y anticiparon que informarán en los próximos días sobre las «medidas contundentes» que tomará España para castigar a Argentina. A la vista de la tropelía, los accionistas de Repsol, el mundo empresarial y toda la sociedad esperan del Gobierno de Rajoy una respuesta directamente proporcional a lo que, como hemos dicho, los ministros calificaron de operación «hostil, discriminatoria» y ajena al derecho de propiedad.

El conflicto desatado por Cristina Fernández con su decisión de expropiar el 51% del capital de YPF, acciones todas ellas propiedad del grupo Repsol, entra en una fase muy delicada en términos políticos y diplomáticos en la que, en todo caso, el Gobierno español debería evitar una política de cruda confrontación nacionalista. En respuesta a las razones enunciadas, pero no demostradas, de la presidenta argentina para decidir la expropiación, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, explicó ayer con detalle los movimientos inversores del grupo español en las concesiones de aquel país. Tales movimientos, ajustados mayoritariamente a las exigencias contractuales, ratifican que la expropiación es un expolio, agravado además con una ocupación inmediata de la sede de YPF en Buenos Aires, haciendo uso de recursos legales procedentes de la época de Videla, y la expulsión destemplada y descortés de los directivos españoles.

Los gestos del Gobierno argentino, calculados y hostiles, permiten deducir que la presidenta ha optado por una política populista e intimidatoria contra las inversiones extranjeras en Argentina. En especial las españolas, porque Cristina Fernández no se privó de amenazar veladamente a Telefónica. Incluso su alusión a la «trompa del elefante» refuerza la opinión de que su Gobierno busca desesperadamente un enemigo exterior al que culpar de sus fracasos energéticos. La presidenta y sus ministros necesitan un instrumento empresarial para seguir subvencionando la energía del país e YPF paga las consecuencias. En un reflejo propio de otra época, la presidenta argentina y la reducida camarilla que le asesora han confundido las reservas petroleras del país, que evidentemente son propiedad de los argentinos, con las acciones de una empresa que son propiedad de un grupo español. Su adquisición exigía la presentación de una opa, pero Buenos Aires, con mucho desparpajo y pocos escrúpulos, se ha saltado el trámite, es decir, la regla de juego.

Repsol recurrirá a los tribunales internacionales (Brufau anunció una demanda ante el Banco Mundial), aunque la Argentina de la señora Fernández se caracteriza por perder pleitos y no pagar. Y hay que negociar luego un justiprecio, aunque los tres años de plazo fijado para calcularlo sugieren un segundo expolio.

No es fácil la posición del Gobierno español. De forma atropellada, varios ministros han amagado con medidas económicas y diplomáticas que ahora tienen que concretar. La intensidad de tales medidas no puede ser muy alta, porque perjudicaría a los inversores españoles en Argentina; pero si se quedan cortas provocarán el rechazo de la opinión pública. La mejor opción es la ayuda institucional de la Comisión Europea. Bruselas ya ha suspendido un encuentro bilateral con Argentina; sería bueno que a ese rechazo se sumaran otras instituciones. El Gobierno de la señora Fernández se ha ganado a pulso que su país sea apartado inmediatamente del G-20.

En el robo que ha perpetrado la Kirchner aún queda mucha gente por hablar. Desde luego, el Gobierno, que nos tiene que informar cuanto antes de las represalias que tomará contra la pirata de la Pampa. Desde luego, la Unión Europea que, una vez más, se ha demostrado que no vale para nada. También los yanquis, de los que esperábamos mucho y todavía no sabemos nada (¿o es que no han visto tan mal la fechoría peronista?). Y finalmente, los juristas, que deben moverse con la mayor celeridad para defender, entre otras cosas, a los expoliados y pequeños accionistas de Repsol. Tampoco pasaría nada si, por ejemplo, el CESID se ocupara de conocer los entresijos de la fortuna de la Kirchner, dado que muchos sospechamos que la trapacería que ha cometido no es ajena a sus propios intereses.

tono con la celeridad que imprime el Gobierno cada vez que persigue la aprobación de un tema que considera crucial para sus intereses, buena parte del arco opositor se apresuró a bendecir la iniciativa oficial de expropiar el 51 por ciento de YPF.

Casi no se había acallado el jolgorio que se vivió en la Casa Rosada con el anuncio de la confiscación, cuando el Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner; sus aliados de Proyecto Sur, de Fernando Solanas, y un buen número de radicales habían hecho público su respaldo a la iniciativa y anunciado que sus legisladores estarían junto a los oficialistas, al menos, en la votación en general.

Es cierto que los mencionados sectores de la oposición históricamente se pronunciaron en favor de que YPF estuviera bajo el absoluto control del Estado, pero igualmente resulta inexplicable su veloz alineamiento con el Gobierno en un tema de tanta trascendencia que, por lo tanto, no debe ser resuelto a las apuradas, y máxime cuando de lo que se trata no es de una expropiación, sino de una lisa y llana confiscación, violatoria de las leyes, de los tratados y de la Constitución, como ya hemos dicho desde esta columna.

Sólo habían pasado 48 horas del acto en la Casa Rosada y, sin embargo, para entonces ya estaba claro que el tránsito del proyecto del Gobierno por el Congreso Nacional constituirá un mero trámite reglamentario, algo de enorme gravedad teniendo en cuenta que lo que está en juego no es solamente el futuro de la política energética, sino también cómo queda parado el país frente a un mundo al que, les guste o no a la Presidenta y a sus seguidores, necesitará acudir para no quedarse postrado por falta de combustible.

El comportamiento de los opositores que, entusiastas y dóciles, corrieron a ponerse del lado del proyecto oficial, parece indicar que prevalece en ellos la maquiavélica idea de que el fin justifica los medios, traducida, en este caso, en que YPF debe ser estatal a cualquier precio y sin importar el atropello que significa este robo.

De otra forma, no hay explicación razonable para que, sin abdicar de sus principios, esas franjas de la oposición no hayan abierto un breve compás de espera antes de pronunciarse en el sentido que fuera. Ello les hubiese permitido analizar detenidamente un proyecto aberrante con puntos como el que deja explícito que la Auditoría General de la Nación (AGN) no podrá auditar a la petrolera o el que pregona que esa incautación se hace en orden de un interés público, que por cierto en un futuro podría permitir al Gobierno avanzar en otras estatizaciones. Pero, además, hay que destacar en esta cuestionable actitud de la oposición lo que muchos de sus miembros no se cansan de denunciar sobre cómo el kirchnerismo confunde gobierno con Estado para apropiarse de cosas que ciertamente no le pertenecen, con el poco disimulado objetivo de hacerse de una nueva caja. Llama poderosamente la atención que el arco opositor no se haya manifestado frontalmente en contra del proyecto oficial, sin perjuicio de presentar otros proyectos que resulten respetuosos de las garantías constitucionales y que sean compatibles con un verdadero proceso de expropiación. Sería, además, lamentable que la oposición convalide en la comisión bicameral el nefasto decreto de necesidad y urgencia por el cual se dispuso la intervención de la compañía

El simple hecho de que sean los responsables de la debacle energética del país quienes decidirán a gusto y antojo cómo funcionará la futura YPF, merecía una mirada más atenta.

No deja de ser curioso, asimismo, que muchos de los dirigentes de la oposición hoy alineados con la idea del Gobierno sean los mismos que en su momento respaldaron felices el traspaso de los fondos de las AFJP al Estado y, pocos días después, estaban denunciando que el Gobierno manejaba el dinero de los jubilados a su antojo, en tanto hoy pronostican un futuro catastrófico para la clase pasiva. ¿Pecado de ingenuidad o falta de compromiso para dar una batalla que iba mucho más allá que denostar al neoliberalismo? En cualquier caso, los resultados están a la vista y, vale reiterarlo, expuestos por ellos mismos, que también han denunciado como fracasos otras inventivas populistas del kirchnerismo como las de Enarsa y Aerolíneas Argentinas. ¿Ocurrirá lo mismo esta vez?

La oposición hace un cálculo político erróneo al considerar que con la exaltación nacionalista que ha fomentado el Gobierno en torno de la causa Malvinas, y ahora YPF, no es políticamente conveniente ni oportuno criticar la confiscación. Lo cierto es que muchos de esos dirigentes tampoco se opusieron a la estatización de las AFJP ni a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Más allá de que el oficialismo tenga los números para lograr por sí mismo la aprobación del proyecto de confiscación, amplios sectores de la oposición han perdido nuevamente la oportunidad de demostrar que, aun estando de acuerdo con una iniciativa oficial, son capaces de ejercer responsablemente el rol de contralor y contrapeso que les compete.