6 septiembre 2002

El Gobierno Aznar con Federico Trillo como ministro de Defensa pone fin a las ‘capitanías generales’ en el Ejército

Hechos

El 6 de septiembre de 2002 el Consejo de Ministros aprobó una reforma de las Fuerzas Armadas que suprimía la figura de los capitanes generales en las distintas regiones españolas.

16 Septiembre 2002

Sin capitanes generales

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Los socialistas pedirán la comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso del ministro Federico Trillo para que explique las reformas previstas en los tres decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado día 6. Esos decretos -sobre estructura orgánica básica de los ejércitos, representación institucional de las Fuerzas Armadas, delegaciones de Defensa y consejerías de Defensa- suponen la culminación de un proceso de reforma que arrancó con la propia transición. La continuidad de ese proceso, con independencia del signo político del Gobierno de turno, confirma el carácter de Estado que las principales fuerzas atribuyen a la política de Defensa. Es lógico que así sea, dado que los proyectos de modernización requieren para su plasmación plazos largos, de varias legislaturas.

La sustitución de los mandos militares territoriales, volcados en la defensa del propio territorio frente al supuesto enemigo interior, a partir de la confusión entre defensa militar y orden público, por mandos funcionales dedicados a preparar a las Fuerzas Armadas para su proyección exterior, no se ha hecho de un plumazo, sino que ha sido un proceso progresivo que ahora toca a su fín.

Las capitanías generales, cuyos titulares ostentaban más poder que los propios representantes de la Administración civil, han pasado a la historia, por más que razones de tipo sentimental hayan llevado a recuperar la denominación de capitanías generales para las sedes de los mandos funcionales. Lo mismo cabe decir de la subordinación de los responsables de personal o de adquisición de armamentos de los respectivos ejércitos a quienes, desde el órgano central del ministerio, dirigen dichas políticas. Aunque el Ministerio de Defensa se creó hace 25 años, por impulso del general Gutiérrez Mellado, la inercia hizo que los tres ministerios militares que le precedieron, uno por ejército, pervivieran por mucho tiempo.

Pese al carácter globalmente positivo de esta reforma, algunos de sus aspectos son cuestionables. Entre otros, el excesivo peso de factores de política local que han llevado, por ejemplo, a mantener un teniente general en Galicia, feudo tradicional del PP, o a nombrar un almirante en Cartagena, ciudad a la que está muy vinculado el actual ministro de Defensa.

Otros apartados sólo será posible juzgarlos cuando se desarrolle una reforma que, aunque consagra los mandos funcionales, no explica sus funciones. También habrá que esperar a la configuración definitiva de las delegaciones de Defensa para saber si la estructura periférica del Ministerio de Defensa se adapta finalmente al carácter autonómico del Estado. No se ha hecho así, aunque quizá no era posible, en el decreto de representación institucional, que es excesivamente detallado e incluye innecesariamente al Rey y al presidente del Gobierno. El Rey y el presidente no ostentan la máxima representación institucional de las Fuerzas Armadas, sino la del Estado, que es mucho más.

En todo caso, lo más cuestionable es la propia oportunidad de la reforma. Desde antes del verano está pendiente la aprobación de la revisión estratégica, el documento que debe marcar las líneas maestras de la política de Defensa en los próximos 15 años. Lo lógico hubiera sido esperar a tener este documento, a cuya gestación se mantiene hasta ahora ajena la opinión pública para, a partir de ahí, deducir la estructura de las Fuerzas Armadas, que sólo cobra sentido a la luz de los riesgos previsibles y de los medios que España está dispuesta a poner para prevenirlos o conjurarlos. La prueba de que ambos planos no pueden ser ajenos está en la incorporación, a última hora, de mandos conjuntos para Ceuta y Melilla como consecuencia de la crisis del islote Perejil en julio pasado.

Sorprende que se hayan sacado lecciones de una crisis de carácter local y, en cambio, no se haya dicho una palabra sobre las consecuencias que, para la política de Defensa y la organización de la Fuerzas Armadas, ha tenido el 11 de septiembre, un suceso obviamente de mucha mayor trascendencia y calado.