El Gobierno Aznar concede canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) a EL MUNDO (VEO) y a ABC (NET)

El Consejo de Ministros adjudicó ayer dos nuevas licencias de televisión digital al consorcio Net TV, encabezado por el diario ABC, y al consorcio Veo Televisión, en el que participan Unidad Editorial y el Grupo Recoletos. El Gobierno exigía como requisito para optar a este concurso que las empresas solicitantes no tuviesen participación en otras cadenas de TV. Por tanto, la concesión de estas dos nuevas licencias refuerza la oferta audiovisual y la pluralidad informativa. Para la empresa editora de EL MUNDO, se trata de un paso muy importante para impulsar la creación de un grupo multimedia, que permitirá desarrollar la filosofía fundacional de EL MUNDO a través de nuevos soportes. También es un paso importante para consolidar la colaboración estratégica iniciada con Recoletos tras su adquisición del 30% del capital de nuestro periódico. Ambos grupos están realizando ya una fuerte apuesta por el sector audiovisual. EL MUNDO y Marca son líderes en Internet. Unidad Editorial ha iniciado con éxito la producción audiovisual, Recoletos ha puesto en marcha el canal Expansión Financiera y los dos colaboran en el desarrollo de la radio digital y de una red de emisoras de FM. Unidad Editorial y Recoletos comparten una vocación multimedia, frustrada hasta 1996 por la concentración de los favores del felipismo en quienes le bailaban el agua. La decisión de este Gobierno ayuda a la configuración de un panorama informativo más plural. Así mismo, resulta irreprochable su cuidado de las formas: Anna Birulés, por sus anteriores vínculos profesionales con Quiero TV, y Rodrigo Rato, por haber heredado un pequeño paquete de acciones de ABC, se abstuvieron de participar en la resolución del concurso.

El Gobierno adjudicó ayer dos canales de televisión digital terrestre a sendos grupos vinculados con los dos diarios más adictos a Aznar: EL MUNDO y ABC. Fuera se han quedado las opciones del Grupo Godó (LA VANGUARDIA), la COPE (propiedad de la Iglesia católica) y un consorcio sueco independiente. Una vez fracasado el intento de que los aspirantes se agruparan en dos consorcios, el Gobierno ha actuado conforme a sus intereses políticos privados: a los más obedientes. Como ha señalado el Grupo Godó, ha sido un golpe a la indiscutible tradición y vocación catalanas en la industria audiovisual. Bajo el estandarte de ampliar el pluralismo de la oferta televisiva, lo que en realidad ha hecho el Gobierno es concederse dos nuevos canales de televisión a la mejor gloria de Aznar.Las emisiones de televisión analógica desaparecerán en España en el 2011. Las nuevas licencias son para dos cadenas de televisión digital terrestre -sin cables ni parabólicas para su recepción-, y serán en abierto, a diferencia de la anterior licencia concedida a Retevisión (el canal Quiero) para una plataforma digital terrestre de pago. El Gobierno ha impedido a los actuales operadores y a sus accionistas participar en el concurso, que ha terminado adjudicando según criterio no ya de afinidad ideológica, sino de directa dependencia política y personal, y con colusión entre intereses particulares y públicos, de actuales y antiguos altos cargos y amigos del presidente. Es decir, pago de servicios prestados y regalo para los amigos.

No servirá de consuelo al Grupo Godó la concesión de una licencia de radio digital (la otra concedida ayer fue para el Grupo Correo-TELECINCO), de peores características técnicas que las diez que -dos días antes de las elecciones- otorgó el PP. El Gobierno de Aznar, que en su día criticó con extrema dureza la concesión por el Gobierno socialista de las primeras televisiones privadas -en particular la de CANAL PLUS, proyecto participado por el Grupo PRISA-, no ha tenido ahora recato alguno en intervenir en provecho propio en un mercado que debiera ser libre y sólo regulado por autoridades independientes del Ejecutivo. Exactamente lo contrario de una política liberal y lo propio de un Gobierno intervencionista y arbitrario.

El Consejo de ministros resolvió ayer el concurso convocado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la concesión de dos licencias de televisión digital terrestre. Y la solución no ha sido precisamente  salomónica. Las licencias han sido concedidas al consorcio VEO TELEVISIÓN S. A. liderado por el diario EL MUNDO y el Grupo Recoletos y a NET TV en el que el diario ABC participa en un 25 por ciento. Es decir, dos grupos de Madrid.

Estas adjudicaciones significan que Cataluña queda fuera del mapa español de la televisión digital. Mala noticia. El proyecto presentado por la sociedad Horizonte Digital, en la que participan empresas, entre ellas el Grupo Godó y Planeta, que son líderes en medios de comunicación, edición y nuevas tecnologías no ha sido tenido en cuenta. Y no resulta fácil entender la decisión del Consejo de Ministros. ¿Responde simplemente a unos criterios técnicos? Si fuera así, sería difícil de justificar. Pero si fueran otros los criterios en los que se ha basado la adjudicación el resultado todavía sería más preocupante.

Lo más lamentable es que se ha desaprovechado una oportunidad excelente para convertir en hechos las buenas palabras que a menudo se refieren a la necesaria integración de Cataluña. Un discurso político que pretende ser moderno suele sugerir que la integración ya no debe basarse en las reivindicaciones históricas continuas, sino que debe adaptarse a la nueva realidad económica y social de un mundo cada vez más global e interdependiente. Y seguramente es así. Pero si de eso se trata, el rechazo del proyecto presentado por la sociedad Horizonte Digital significa una contradicción desafortunada. ¿Por qué? Sencillamente porque el proyecto que procedía de Cataluña ha sido excluido.

Que eso se haya producido con dos catalanes sentados en el Consejo de Ministros, cuanto menos pone en entredicho su capacidad real de influencia en la configuración de una España con más de un centro estratégico en el terreno de la comunicación televisiva. Y es que si es difícil entender que siempre se apueste por potenciar que Madrid tenga el monopolio de la televisión, aún más extraño resulta que ese criterio sea compartido y avalado por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué y la titular de Ciencia y Nuevas Tecnologías, Anna Birulés, bajo cuyo ministerio recae la responsabilidad de que las dos licencias hayan ido a parar a grupos informativos de Madrid.

La oferta presentada por Horizonte Digital es un proyecto integrador, en el que participa un amplio abanico de grandes empresas catalanas que apuestan por el futuro. Y este proyecto, además, se basa en el convencimiento de que España no debe ser una excepción dentro de la norma descentralizadora que se sigue en las sociedades postindustriales en cuanto a las nuevas tecnologías. En definitiva, lo lamentable es que el Gobierno haya desaprovechado una ocasión de demostrar su modernidad. La televisión moderna puede ser digital, pero nunca un premio.

Hace tiempo que es proverbial en la vida española la mezquindad con que el diario El País silencia o maltrata a quienes cuestionan el sistema teocéntrico en el que no hay más astro rey que ese «imaginario colectivo» con el que pretenden representar el legitimismo progresista y que en realidad no es sino una burda parodia de «la voz de su amo». No nos sorprendería, pues, el raudal de insultos con que su página editorial ha acogido la concesión de las dos nuevas licencias de televisión digital a consorcios en los que participamos directos competidores suyos, si no fuera por el nivel de amnesia que denota. Esperar de un diario como El País el suficiente fair play como para recibir con un mínimo de elegancia o al menos de cortesía la posibilidad de que EL MUNDO y ABC también puedan formar parte del pluralismo audiovisual sería no conocer el nivel de encono y antipatía que impregna la actitud vital de alguno de sus principales directivos. Pero, a falta de otras virtudes, bien deberían practicar al menos la de la prudencia. Porque si alguien no puede hablar de favoritismo gubernamental en ese campo es quien recibió una televisión de pago en un concurso convocado bajo el principio del interés público o quien pudo engullir a su competencia radiofónica gracias a una flagrante ilegalidad del Consejo de Ministros, revocada ahora estérilmente por el Tribunal Supremo. Al margen de que desde su uniformismo autoritario resulte grotesco tildar a EL MUNDO de «obediente» respecto a cualquier poder constituido, no está de más subrayar que nuestro periódico podrá estar a favor o en contra de tal acierto o desacierto gubernamental -respetando siempre el pluralismo de sus colaboradores- pero jamás encubrirá la corrupción y el crimen de Estado a cambio de privilegios contantes y sonantes como hicieron ellos.