Search
Manuel Fraga, Alfonso Osorio y Antonio Carro se desvinculan de los ex ministros que reclaman dinero al Estado

El Gobierno de Felipe González (PSOE) retira la pensión vitalicia a todos los exministros franquistas causando una demanda de 20 de ellos contra el Estado

HECHOS

El 16.09.1985 se hizo público el recurso de 20 ex ministros contra el Estado por retirarle la pensión vitalicia.

Los 20 ex ministros que reclaman dinero al Estado mediante recurso judicial: 

D. Laureano López Rodó (ministro del Plan de Desarrollo de 1962 a 1969, y de Asuntos Exteriores de 1973 a 1974). Fue considerado el instigador del recurso judicial contra el Estado para reclamar su pensión vitalicia argumentando que estaba en vigor en la ley vigente cuando tomaron posesión y que cualquier cambio legal sólo se debería aplicar a los ministros que lo fueron con posterioridad al cambio legislativo. 

D. Joaquín Gutiérrez Cano (Planificación, 1974-75). (Presidente de la Fundación Francisco Franco)

D. Fernando Suárez Gónzalez (Trabajo, 1975)

 D. Antonio María de Oriol y Urquijo (Justicia, 1965-73)

 D. Alfredo Sánchez Bella (Información y Turismo, 1969-72)

D. Gonzalo Fernández de la Mora Mon (Obras Públicas, 1969-74).

 D. Fernando de Liñan y Zofio (Información y Turismo, 1973-74)

 D. Federico Silva Muñoz (Obras Públicas, 1965-70).

 D. José Utrera Molina (Vivienda, 1974, y del Movimiento, 1974-75)

 D. Alejandro Fernández Sordo (Relaciones Sindicales, 1974-75).

D. Alfonso Álvarez Miranda (Industria, 1975).

D. José María Gamazo Manglano (Presidencia, 1973-74).

D.  Enrique García Ramal Cellalbo (Relaciones Sindicales, 1969-73). .

D. Tomás Allende y García Báxter (Agricultura, 1969-75).

D. José García Hernández (Gobernación, 1974-75).

D. León Herrera Esteban (Información y Turismo, 1974-75).

D. Alfredo Santos Blanco (Industria, 1974-75). . José María Sánchez Ventura (Justicia, 1975).

D. Vicente Mortes Alfonso (Vivienda, 1969-1973). , fallecido el 19 de febrero de 1985 en la catástrofe aérea del monte Oiz (Vizcaya)

D. Faustino García Moncó (Comercio, 1965-69).

D. Gregorio López Bravo (Industria, 1962-69 y de Asuntos Exteriores 1969-73). Presentó el recurso en 1984, pero en el momento de hacerse público el recurso ya había fallecido en un accidente de avión. 

FRAGA, OSORIO Y CARRO (DIRIGENTES DE AP) RECHAZAN UNIRSE A LA DEMANDA COLECTIVA.

    Los ex ministros D. Manuel Fraga Iribarne, D. Alfonso Osorio y D. Antonio Carro, han rechazado presentar recurso alguno contra la medida, desvinculándose de sus compañeros. Los Sres. Fraga, Osorio y Carro siguen siendo parlamentarios por Coalición Popular, la coalición que lidera Alianza Popular de la que el Sr. Fraga es Presidente. No ha sido ese el caso de D. Fernando Suárez, que también es diputado por Alianza Popular pero en su caso Sí se ha unido al recurso que reclama pensión vitalicia para ellos.

RUÍZ GIMÉNEZ (EN LA ÓRBITA DEL PSOE) TAMPOCO.

D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, también ex ministro franquista que en la actualidad es Defensor del Pueblo respaldado por el PSOE, también se negó  a firmar el recurso y se limitó a declarar que ‘respetaba’ la decisión de los que sí lo han hecho.

Fernández de la Mora: «El cambio no debe afectarnos a nosotros, sino a los siguientes»

El ex ministro Sr. Fernández de la Mora declaró que le parecía bien que la ley se ejecutara con los nuevos ministros, «pero no con nosotros», dijo. Y añadió: «Cuando juramos el cargo estaba establecido que, al abandonar el ministerio, pasaríamos a percibir una remuneración mensual». El Sr. Fernández de la Mora dijo también: «Sirvo a las leyes, al Derecho y a España, por eso he recurrido».

El Sr. Herrera Esteban, ex ministro, declaró «ninguno de nosotros ha recurrido por dinero, lo hemos hecho porque juzgamos que tenemos derecho a esa pensión. Desde la época de Isabel II, los ministros que juraban cargo tenían derecho a una remuneración vitalicia»

18 Septiembre 1985

La vejez del ex ministro

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

LA PETICIÓN de 21 antiguos ministros del régimen de Franco para que se respeten las pensiones que creen debidas al desempeño de su cargo no es popular. Estamos en un momento histórico en el que trabajadores de toda la vida ven mermados sus derechos. El contraste es demasiado duro. Sobre todo si se hace con personas a algunas de las cuales se atribuye una riqueza previa y posterior al cargo; y la sospecha -justificada o no- tiende a creer que ese cargo y la ascendente carrera que les llevó hasta él en una época en la que nadie les elegía, sino que se les designaba, ha contribuido en alguna medida a su bienestar. Ellos mismos ridiculizan su causa cuando dicen que no han recurrido por dinero, sino porque juzgan que están en su derecho, esto es, en su privilegio. El alegato contrario hubiese interesado más. Nadie negaría su socorro a un ex ministro al que se viera situado en un buen semáforo exhibiendo una pancarta petitoria a los automovilistas. Quizá alguno de la lista esté pasando estrecheces económicas por culpa de su antigua honestidad como administrador público. Decirlo así no sería humillante para él, sino honroso.Éste es un país que colocaba bien a sus ex ministros. La costumbre que instauró Franco les catapultaba -salvo casos de dignidad ejemplar o de desgracia absoluta- hacia presidencias de bancos, embajadas, dirección de empresas públicas o sinecuras importantes de cualquier orden. Era como un montepío invisible por el cual los que estaban en el poder favorecían a los que lo perdían, por si algún día se veían en tan molesto trance. Esta realidad, unida a las leyendas de que algunos han creado redes de influencia suficiente como para hacer un tráfico con ellas desde el exterior del poder, hace menos agradable la petición de estos ex ministros que quieren mantener privilegios también en forma de pensión vitalicia.

Otra cuestión puede ser la razón jurídica, que tendrán que examinar los tribunales. Estos ministros lo fueron cuando estaban en vigor las leyes de pensiones vitalicias para su cargo -que funcionaban aunque sólo hubiesen sido ministros un día, el del juramento, como ha sucedido en algún Gobierno, y que no son responsabilidad del franquismo- y formaban parte de sus condiciones laborales. Podrían ahora defender la idea de que si hubieran sabido que se iban a suprimir las pensiones vitalicias no hubieran aceptado el cargo o el alegado y supuesto sacrificio de sus vidas privadas. Pero, dada la incredulidad reinante en este país, la sombra que pesa sobre el período de su Gobierno y el malestar que sienten los simplemente villanos -ciudadanos de la villa- por lo que les está pasando con la Seguridad Social, ese argumento no va a ser bien acogido. En el terreno jurídico, esta insólita invocación a la doctrina de los derechos adquiridos con el fin de perpetuar una merced graciosamente concedida, de la que se beneficiaban personas designadas discrecionalmente para ocupar cargos ministeriales durante un régimen carente de legitimación democrática, proporcionará al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional una excelente ocasión de aclarar las fronteras, hoy por hoy demasiado imprecisas que separan los derechos conquistados de los privilegios regalados.

Sea cual sea el resultado de sus recursos legales, la discreción de los demandantes les debía llevar a retirarlos. Están estimulando la idea de una voracidad sin límites, ayudando a engordar la imagen insana de todo el que, fue ministro de Franco. Algunos se han abstenido: parecen ser los mismos que esperan volver a ser ministros, con pensión o sin ella, o tienen esperanzas de salir adelante gracias al dictamen público. Pero si Manuel Fraga, Alfonso Osorio y Antonio Carro desean recibir un elogio sin reticencias por su renuncia a la demanda, deben pasar de la abstención discreta a la crítica pública de sus codiciosos ex colegas. Los más insistentes parecen ser aquellos que han sido jubilados realmente por la vida política y que no tienen grandes esperanzas de renovación: les debe dar igual la opinión pública. Con una excepción singular: Fernando Suárez, ex ministro de Trabajo con Franco, diputado de Alianza Popular y demagógico crítico precisamente de la política de pensiones del Gobierno socialista. Todas van a verse recortadas, pero no, quizá, la suya.

El Análisis

POLÍTICOS SIN EXPECTATIVAS

JF Lamata

Igual que una Administración de concede unas prerrogativas a un colectivo profesional, otra administración puede retirárselo. Si el Gobierno socialista quería reducir gastos era lógico que empezara por aquellos que tenía heredados del antiguo ‘régimen’. Los exministros franquistas tenían todo el derecho de defender la legitimidad de sus pensiones, conforme a su legalidad, pero teniendo el PSOE mayoría absoluta en las Cámaras era una batalla inútil, pues de ellas dependían las leyes.

Lo más interesante del recurso no es tanto los ministros franquistas que reclamaron como los que no lo hicieron: D. Joaquín Ruiz Giménez, D. Manuel Fraga Iribarne o D. Alfonso Osorio. Probablemente porque estaban más interesados en defender sus carreras políticas aún en vigor y, por tanto, lo que menos les podía apetecer es ser recordados como ‘ministros franquistas’ ahora en democracia. Figuras como el Sr. López Rodó o el Sr. Fernández de la Mora, no tenían ya aspiración alguna en política pero estos sí. El Sr. Ruiz Giménez era Defensor del Pueblo apoyado por los socialistas, y el Sr. Fraga aspiraba a ser presidente del Gobierno, aunque se tuviera que conformar con la Xunta de Galicia, que ya es más que lo que tuvo el Sr. Osorio, cuyas aspiraciones de volver al Gobierno no fructificarían.

Reclamara o no, por tanto, no era una cuestión de dinero o de interpretación de la legalidad, era una cuestión de expectativas de futuro

J. F. Lamata

by BeHappy Co.