El Gobierno del PSOE indulta a los Guardias Civiles condenados por torturar a Juana Goikoetxea investigada por colaborar con ETA

EL INDULTO es manifestación del derecho de gracia, no de la arbitrariedad, y su concesión siempre debe responder a motivos de equidad. Ninguno de estos requisitos, sin embargo, concurren en el que acaba de otorgar el Gobierno a los guardias civiles condenados en firme por el Supremo como autores de un delito de torturas a Juana Goikoetxea, detenida en 1982 por sospechas de colaboración con ETA, que luego se demostraron infundadas. La concesión de dicho indulto aparece como un acto de Voluntad del poder, en modo alguno inducido por la necesidad de equilibrar una situación injusta -equidad- que la ley por sí sola es incapaz de resolver.Es arbitrario porque responde a una actitud previa de sistemática benevolencia de Interior hacia los agentes policiales condenados por torturas. De ahí que prácticamente ninguno de ellos llegue a ingresar en prisión, se les recicle en otras funciones oficiales -burlando las penas de suspensión o de inhabilitación que conllevan sus condenas-, se les condecore y, llegado el momento, se les indulte.

Y no es equitativo porque no se da ninguna circunstancia -conducta del reo merecedora de la condonación de la pena, condena excesiva o delito socialmente tolerado- que haga aconsejable recurrir a la vía extraordinaria del derecho de gracia para suplir las limitaciones de la ley.

Desde el Gobierno ha solido justificarse su enérgica reivindicación de la presunción de inocencia, también de los agentes acusados de torturas, por su compromiso en aplicar todo el peso de ley a aquellos cuya culpabilidad fuera posteriormente establecida por los tribunales. Casos como éste demuestran que tal voluntad parece no existir y que, a la postre, Interior no duda en sortear la justicia otorgando su protección a los autores convictos de prácticas tan denigrantes -para la sociedad y para las propias fuerzas de seguridad del Estado- como la tortura.

Pese a las palabras del ministro del Interior, no se puede dar cobijo a agentes torturadores. El derecho de gracia, bien entendido, es un complemento de la justicia, no va contra ella ni la suplanta. Cuando sucede esto último su ejercicio se llama arbitrariedad.