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Las Administraciones públicas podrán seguir ayudando a la prensa a través de la publicidad y en el caso de Cataluña mantendrá la subvención a los medios que fomenten el idioma catalán

El Gobierno del PSOE suprime oficialmente el ‘fondo de reptiles a la prensa’ a instancias del Senado: los periódicos dejarán de recibir subvenciones directas

HECHOS

Fue noticia el 6 de enero de 1991.

06 Enero 1991

Ronresalia nocturna

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

MEDIANTE UNA enmienda presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista han quedado eliminadas de los presupuestos para 1991 las partidas destinadas a ayudas a la prensa. En realidad, las ayudas directas -por difusión, en compensación por el consumo de papel nacional y para la reconversión tecnológica- contempladas en la ley de 1984 habían desaparecido ya. De aquella ley sólo quedaban en pie las llamadas ayudas indirectas: beneficios de carácter tributario, crediticio, postal, de distribución y análogos. Tales ayudas indirectas nunca llegaron a ser plenamente desarrolladas, y desde hace meses existían negociaciones entre los editores de periódicos y la Administración para fijar las modalidades precisas de llevarlas a la práctica. Entonces, y antes de cualquier otra consideración, es preciso llamar la atención sobre el método seguido por el Grupo Socialista para introducir su enmienda. Por sorpresa, sin consulta previa o comunicación a los interesados, en el Senado, y tras haber pasado por el Congreso sin mención al asunto, en ausencia de explicaciones a la opinión pública, aprovechando el relajo de las vacaciones navideñas: casi con nocturnidad.Para justificar este vaciamiento de una ley cuya existencia fue reiteradamente solicitada por los socialistas cuando estaban en la oposición sería preciso demostrar que los motivos entonces aducidos, y que figuran en el preámbulo de la norma aprobada el 2 de agosto de 1984, han desaparecido. La prensa, se decía en dicho preámbulo, «cumple la importante función de contribuir a formar una opinión pública pluralista», por lo que «la mayoría de los países democráticos ha establecido una política de ayudas estatales para asegurar la supervivencia de una prensa plural acorde con las distintas concepciones que conviven en una sociedad libre». Tales ayudas, se añadía, «tienen su último fundamento en el interés del ciudadano, que se convierte en el destinatario de las mismas a través de las empresas periodísticas». En el caso de España, factores como el «aumento acelerado de los costes de producción, los gastos de distribución y la competencia de los modernos medios audiovisuales, unidos a los bajos índices de lectura», justificaban, según precisaba la ley, la aplicación de las ayudas directas e indirectas que se enumeraban.

Las directas a la difusión y por consumo de papel prensa -en realidad una subvención a la industria papelera- fueron suprimidas a finales de 1988 en función, según se dijo entonces, de un requerimiento de la Comunidad Europea. Las destinadas a la reconversión desaparecieron en junio pasado. Las indirectas ahora eliminadas, y que se aplican en mayor o menor medida en casi todos los países civilizados, tienen el mismo fundamento que el que justifica las subvenciones, exenciones fiscales y demás ventajas aplicadas a otras iniciativas culturales: impulsar el hábito de la lectura, favorecer el aumento del caudal informativo de los ciudadanos, estimular la difusión de la cultura española en el extranjero, etcétera. Ese sentido tiene que la mayor parte de los Gobiernos apliquen tarifas postales especiales para la distribución de periódicos a domicilio, reduzcan el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la prensa, establezcan descuentos en las telecomunicaciones utilizadas por los diarios, faciliten el acceso a créditos oficiales con bonificaciones.

Si no se aducen razones que contradigan los argumentos en nombre de los cuales se regularon las ayudas y tampoco se explica qué medidas sustitutorias han sido previstas para cumplir las funciones de interés social que cumplían, y si la supresión de tales ayudas coincide con el momento de máxima tensión entre el poder político y los medios, y si finalmente la medida se toma poco menos que a escondidas, ¿cómo evitar la impresión de que se trata de una represalia?

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