El Gobierno recusa a dos magistrados del Constitucional de la deliberación de la ‘enmienda Casas’ para ‘salvar’ a Mª Emilia Casas

El Consejo de Ministros tomó ayer una decisión inédita que supone una intromisión escandalosa en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Por primera vez en la historia de la Democracia, el Gobierno ha decidido recusar a dos magistrados de esta alta institución -considerados conservadores- con el fin de variar el equilibrio interno para dar la mayoría a sus magistrados afines, los llamados progresistas. La vicepresidenta del Gobierno y el abogado del Estado justificaron ayer la recusación de Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata en su «falta de imparcialidad» en el recurso que el PP interpuso contra la reforma de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del tribunal, más conocida como la enmienda Casas. Y ello porque ambos magistrados expresaron, por carta dirigida a la presidenta del tribunal, su «más profunda discrepancia» con la reforma.

Se trata de un asunto muy complejo desde el punto de vista jurídico, puesto que la petición puede tener fundamento, pero conviene no dejarse enredar en galimatías para explicar lo que hay detrás de esta aparente cuestión legal. La vicepresidenta De la Vega aseguró ayer solemnemente que el único objetivo del Gobierno es «garantizar y preservar la imparcialidad de los jueces». Sin embargo, a poco que se analice con detalle la actuación del Ejecutivo, la conclusión a la que se llega es la contraria. En realidad, el Consejo de Ministros asestó ayer un duro golpe a la credibilidad de la alta institución del Estado, puesto que ha recusado a dos magistrados con el fin de cambiar la correlación de fuerzas. Es decir, el Gobierno ha tomado esta decisión al prejuzgar que García-Calvo y Rodríguez-Zapata iban a defender posiciones contrarias a las tesis gubernamentales, lo cual es un insulto a la independencia de los magistrados del Constitucional. La recusación no está planteada, pues, para garantizar la «imparcialidad» del tribunal, sino para ganar un pleito que el Gobierno supone que de otra forma perdería.

Tampoco conviene olvidar que detrás de esta batalla de altos vuelos jurídicos en torno a la llamada enmienda Casas, lo que se esconde en realidad es el intento de que el Tribunal Constitucional se quede sin tiempo ni prestigio para pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Con estas maniobras dilatorias, las elecciones de marzo se celebrarán sin que haya sentencia sobre uno de los asuntos más trascendentales de la acción de Gobierno en esta legislatura. Mientras se intenta entretener al ciudadano con vídeos más o menos ocurrentes, la calidad de nuestra democracia sigue deteriorándose a pasos agigantados.

Los Servicios Jurídicos del Estado presentaron el pasado viernes -en cumplimiento de un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el mismo día- un escrito ante el Constitucional para apartar a los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata del recurso interpuesto por el Partido Popular contra dos preceptos de la ley de 24 de mayo de 2007 que reforma la norma reguladora de la institución (LOTC). La recusación en marcha es otra vuelta de tuerca en la lucha sin cuartel librada dentro y fuera del tribunal con el propósito de sustituir a su actual presidenta.

El objetivo inicial del Tribunal Constitucional (TC), materializado en gran medida bajo el mandato de sus primeros presidentes (Manuel García Pelayo y Francisco Tomás y Valiente), situó a la institución por encima de los intereses partidistas y le encomendó una triple tarea: la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones normativas contrarias al texto constitucional, el amparo de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos y el arbitrio de los conflictos de competencia entre la Administración central y las comunidades autónomas. Pero la independencia de la institución está sufriendo un paulatino deterioro desde los tiempos de Aznar y se halla ahora en serio peligro. Los dos grandes partidos de ámbito estatal, ayudados por las asociaciones judiciales afines, tratan cada vez con mayor descaro de usar como correas de transmisión a los magistrados del TC: ocho elegidos por el Parlamento con mayoría cualificada de los 3/5, dos por el Consejo General del Poder Judicial y otros dos por el Gobierno. A este respecto, la humillante regañina a la que fue sometida la presidenta Casas por la vicepresidenta del Gobierno en una tribuna del desfile militar del pasado 12 de octubre resultó un espectáculo escandaloso, causante de sonrojo personal e institucional.

La dirección de los partidos no parece exigir a los candidatos prestigio profesional, competencia jurídica y criterio firme sino militancia ideológica, carácter disciplinado y obediencia política. Aunque la reforma de la LOTC ordena la comparecencia previa ante las respectivas comisiones parlamentarias de los candidatos designados por el Congreso o el Senado, hasta ahora los dos partidos capaces de alcanzar la mayoría cualificada en ambas Cámaras -socialistas y populares- habían venido negociando sus cuotas respectivas como casilleros en blanco, rellenados luego libremente a veces para pagar facturas pendientes y siempre para asegurarse fidelidades ciegas.

Tras la desleal recusación de que fue víctima el pasado mes de febrero Pablo Pérez-Tremps con el fin de apartarle del conocimiento del recurso contra el Estatuto de Cataluña, la agenda oculta del bloque de magistrados afines al PP -la mitad del TC- aspira a conquistar la presidencia de la institución, cargo que permite fijar el calendario de los debates y deshacer los eventuales empates mediante el voto de calidad. El primer paso sería conseguir el lanzamiento domiciliario de la actual inquilina. El auto que aceptó la semana pasada la abstención de Casas para conocer el recurso del PP contra la ley de reforma de la LOTC resolvió que la actual presidenta no podrá intervenir en el debate sobre la prórroga legal de los mandatos presidenciales (hasta que concluya la renovación del tribunal), implantada ya como costumbre. Comenzó así la cuenta atrás para que el pleno purgado de diez miembros acepte el recurso del PP y Casas -su mandato venció formalmente en junio- sea sustituida en la presidencia por un colega conservador.

La recusación del Gobierno trata evidentemente de impedir ese desenlace. Si la impugnación de los dos magistrados tuviese éxito, el recurso del PP contra la reforma de la LOTC podría ser rechazado y el mandato de la presidenta quedaría prorrogado automáticamente, tal y como establece la ley orgánica de 24 de mayo de 2007. Sin duda, es la hipótesis más probable. Pero así como los fundamentos jurídicos del auto que admitió torticeramente la abstención de Casas guardaban escasa relación con el mundo del derecho y sonaban de manera preocupante a simple intriga política, ese pronóstico a favor de la recusación no descansa sobre razonamientos legales sino sobre el análisis de las relaciones de fuerza.

La segunda purga dejaría al Pleno del TC reducido a sólo ocho magistrados: con dos miembros abstenidos a la fuerza (Casas y Jiménez) y otros dos recusados igualmente contra sus deseos (García-Calvo y Rodríguez-Zapata). La disminución del bloque conservador -como la piel de zapa balzaquiana- hasta contar sólo con tres magistrados daría a sus cinco colegas afines al Gobierno la oportunidad de imponer su criterio. Dado que el artículo 14 de la LOTC exige la presencia de dos tercios de sus miembros para que el Pleno pueda adoptar acuerdos, la cifra de ocho magistrados es el quórum mínimo; cualquier baja por enfermedad -como sucedió ayer con Salas y Pérez Tremps- bloquearía su funcionamiento.

La recusación de otros tres magistrados del Tribunal Constitucional, anunciada ayer por el PP en respuesta a la previa de otros dos por el Gobierno, no tiene otro objetivo que el de Sansón en el templo lleno de filisteos: derribarlo si no puede controlarlo; o mejor dicho: derribarlo para intentar recobrar el control.

La recusación personal es un procedimiento extremo, excepcional, a manejar con mucha prudencia. Partiendo de la de Pérez Tremps, ya muy discutible, y con evidente motivación política, se ha ido produciendo una banalización creciente de ese recurso, hasta llegar al absurdo de la de estos tres magistrados, sin otro fundamento que una supuesta opinión verbal favorable a la reforma de la ley del TC en una reunión -no en pleno- de algunos magistrados con la presidenta.

La recusación de esos tres magistrados, si es admitida a trámite, dejaría al Tribunal por debajo del quórum mínimo, que es de ocho miembros. Es decir, quedaría paralizado, inutilizado, para resolver su propio recurso contra la prórroga del mandato de la presidenta y del vicepresidente hasta cesar como magistrados. Pero es posible que el PP haya calculado mal las consecuencias de este último movimiento. El estudio simultáneo de las cinco recusaciones es un imposible lógico, ya que al tener que ausentarse de la votación que les afecta sólo quedarían cinco, es decir, por debajo del quórum.

Lo lógico sería que se vieran primero las dos recusaciones presentadas por el Gobierno y que fuera ese tribunal de ocho miembros el que estudiara si aceptar o no las tres posteriores, que tendrían escasísimas posibilidades de prosperar, en este caso no sólo por la relación de fuerzas sino por falta de fundamento, dada la artificiosidad del motivo alegado. Así, la situación creada podría acabar favoreciendo al Gobierno como propulsor de la reforma de la ley del TC.

Desmontar la maniobra del PP, que lleva tres años intentando potenciar el papel político de los magistrados, sería bueno en sí mismo, pero no evitaría el desprestigio que están acumulando el Tribunal y el sistema judicial en su conjunto. Porque es todo el entramado institucional el que puede resquebrajarse. Si el TC está en riesgo, el Consejo del Poder Judicial está moribundo, al menos hasta que al PP le interese reanimarlo.

El Gobierno y el PSOE, de un lado, y el PP, de otro, deben parar en seco esta rueda de insensateces; tal vez el bloqueo que parece estar a punto de producirse obligue a unos y otros a buscar una salida, como regresar al punto de partida: a la retirada o reconsideración de todas las recusaciones y la vuelta a la normalidad de un tribunal integrado por sus 12 magistrados; y que entre todos acuerden no dilatar más la resolución de los importantes recursos que tienen entre manos, empezando por la reforma del propio Tribunal, con independencia de que convenga a unos o a otros: y, claro está, con criterios exclusivamente jurídicos.

La posición tradicional del PSOE ha sido siempre la liquidación de Montesquieu. La separación de poderes parece una incongruencia a buena parte de los teóricos socialistas españoles. No hay otro poder que el Ejecutivo. Las Cámaras están para aprobar lo que decida el Gobierno. Y la obligación de la Justicia consiste en respaldar la política gubernamental.

Siempre ha sido así desde que en 1978 se puso en marcha la democracia constitucional española. Felipe González, nada más ascender al poder, obligó al Tribunal Constitucional a respaldar la tropelía cometida contra Rumasa, lo que provocó el exilio de su presidente, un hombre honrado. La muerte de Montesquieu fue la doctrina oficial proyectada desde Moncloa hasta el último de los Juzgados. Con 202 diputados, que si galleaban mínimamente no salían en la foto, el PSOE triunfante no quería saber nada de poderes independientes que limitaran su euforia.

Hasta aquí, todo archisabido. Que el Gobierno Zapatero se rebele contra el Tribunal Constitucional y cometa la infamia de recusar a dos de sus magistrados está en la lógica socialista. Para el presidente por accidente, el alto Tribunal se debe limitar a respaldar jurídicamente lo que decida el Gobierno. Es así que existen dudas porque se teme que vaya a actuar de forma independiente. Pues se le socava y se le asalta.

Lo que no parece de recibo es el cinismo elevado al cubo. Se intenta cometer una tropelía para doblegar al Tribunal Constitucional y que se ponga de hinojos ante Zapatero, y los ministros, los medios de comunicación adictos y los tertulianos domesticados se lanzan a una frenética campaña asegurando que todo se hace para garantizar la independencia de la Justicia. Ésa es la estrategia zapatética: la mentira descarada. El proceso de rendición ante Eta, el rechazo con la boca chica de la banda para evitar la hemorragia electoral, el Estatuto de Cataluña, la entrevista con Ibarreche, el entendimiento bajo cuerda con Fidel Castro, el asalto al Tribunal Constitucional, todo forma parte de la colosal mentira que envuelve a Zapatero. Con ese instinto que tiene el pueblo para detectar las desviaciones, la multitud grita en las manifestaciones públicas: «Zapatero, embustero, Zapatero, embustero».

No. El Gobierno del PSOE no pretende que el Tribunal Constitucional sea independiente. Lo dice con cinismo, pero lo que quiere es convertirlo en una marioneta con los hilos manejados desde Moncloa para que diga sí a las decisiones anticonstitucionales de Zapatero y respalde las mercedes por él concedidas.

El Grupo Popular del Congreso anunció ayer que el partido ha decidido recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional para que no intervengan en la sentencia sobre la enmienda Casas. Esas recusaciones vienen a sumarse a las dos planteadas por el Gobierno el pasado viernes contra Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Como, a lo largo del día, el PP no presentó el escrito de recusación anunciado, se especuló con que finalmente podría renunciar a tomar esta iniciativa. Sin embargo, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala serán recusados alegando los mismos motivos que el Gobierno emplea contra García-Calvo y Rodríguez-Zapata.

El fundamento del escrito del PP descansa en una reunión celebrada el pasado 12 de junio -de la que ayer dio cuenta este periódico- en la que los tres magistrados se mostraron partidarios de la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional que prorroga el mandato de María Emilia Casas como presidenta y sobre la que próximamente tendrá que pronunciarse el Pleno del Tribunal.

La decisión del PP de recusar a los tres magistrados es un error estratégico, político e incluso jurídico que, a la postre, se puede volver en contra de sus intereses como principal partido de la oposición y de la propia sociedad española, intereses que pasan por obtener un fallo justo sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán. Porque, no nos engañemos, la zarabanda montada en torno a las recusaciones es un intento de embarrar el campo de juego para que el TC retrase el mayor tiempo posible la decisión sobre el Estatuto.

Es obvio el interés político del Gobierno, pero no se entiende qué interés puede llevar al PP a responder al Ejecutivo con la misma moneda. Más aún por cuanto estas recusaciones carecen de base sólida. Desde luego, no tienen nada que ver con la recusación que obliga a Pérez Tremps a no intervenir en los recursos de inconstitucionalidad sobre el Estatuto, como consecuencia de haber redactado un informe sobre el texto a cuenta de la Generalitat. Su caso era de libro. En cambio, las probabilidades de que el PP fracase ahora en sus intentos de recusación son muy altas, vista la endeblez de los fundamentos jurídicos.

Tras la decisión del Consejo de Ministros de recusar a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata, Rajoy acusó al Gobierno, con toda la razón, de querer convertir el TC en «una gestora del PSOE». Hacer lo mismo que se critica es un contrasentido.

Lo que con gran escándalo está sucediendo en el Tribunal Constitucional tiene manifiestas causas externas, pero no se habría llegado a esta situación sin la activa colaboración, o al menos la complacencia, de una parte de sus magistrados. La principal de estas causas es el uso instrumental de la recusación por parte del Partido Popular para forzar una composición del órgano acorde con su estrategia política contra el Estatuto catalán. Pero ha sido la inicial recusación por el PP del juez Pérez Tremps, aceptada al segundo intento por los miembros más afines a la estrategia de este partido, la que ha traído estos lodos: una inextricable madeja de abstenciones, recusaciones y contrarrecusaciones que amenaza con paralizar al tribunal y desacreditar su función jurisdiccional para el futuro. Eso será fatalmente así, a menos que todos o la mayoría de sus 12 componentes, y no sólo su presidenta, den un puñetazo sobre la mesa y frenen en seco lo que esta última denuncia como «intentos de desestabilización intolerables» de la institución que preside.

El desmentido del magistrado Ramón Rodríguez-Arribas, alineado en el llamado sector conservador, a la falsa noticia del diario El Mundo que ha servido al PP para montar la recusación de tres jueces, como réplica a la recusación de otros dos por parte del Gobierno, parece tener este significado. En una mayoría de magistrados está prendiendo la idea de que, más allá de sus diferentes posicionamientos jurídicos, lo que está en juego es no sólo la dignidad de la institución sino la suya propia. Este desmentido, como el de los otros cinco miembros presentes en la reunión en la que, según la información periodística, tres de ellos avanzaron una opinión favorable a la prórroga del mandato de la presidenta, pone negro sobre blanco lo que ya se sospechaba: el carácter prefabricado y temerario de la recusación formulada por el PP, basada en un bulo periodístico probablemente encargado e igualmente prefabricado, cuyo objetivo era crear el caos en el tribunal -algo, de momento, ya alcanzado- para doblegarle a sus pretensiones; es decir, conseguir un tribunal ad hoc y a medida.

Si, como parece, el PP no está dispuesto a retirar su recusación, a pesar de estar basada en un bulo periodístico, el TC tendría que encontrar la manera de rechazarla de plano, sin entrar siquiera en su consideración. Es lo que sucede en la justicia ordinaria con las demandas manifiestamente temerarias. Sería, además, la forma más clara y contundente de decir basta a la burda instrumentalización a que le tiene sometido el PP, pretendiendo ganar en su ámbito lo que ha perdido en el Parlamento, llámese Estatuto catalán o ley de matrimonio homosexual, entre las 19 leyes que tiene recurridas por supuesta inconstitucionalidad.

El TC estaría en las mejores condiciones, tras ese gesto a la vez de dignidad y autoridad, de reparar los errores con lo que ha contribuido a llegar a esta situación, el más grave de todos el olvido que una buena parte de sus magistrados ha hecho de su deber de preservar a toda costa el ejercicio de su función jurisdiccional. Los magistrados la han puesto en peligro al entrar con frívola facilidad en un juego de abstenciones y recusaciones letal para la institución. Contraviniendo, además, los criterios estrictos mantenidos hasta ahora en la materia. La solución más innovadora y beneficiosa sería dar marcha atrás y volver al pleno institucional de 12 magistrados del funcionamiento ordinario del TC. La abstención voluntaria de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez fue un ejemplo de dignidad profesional, pero su aceptación por sus colegas del sector conservador contribuyó a aumentar el riesgo de inestabilidad que vive ahora el tribunal.

Es difícil encontrar en los anales del Tribunal Constitucional, y posiblemente en los de la justicia ordinaria, una reprimenda judicial tan fuerte (y razonada) como la que le ha propinado al Partido Popular (PP) por su modo de proceder en la recusación planteada contra tres de sus magistrados. Bien es cierto que no hay registro de un precedente de temeridad y mala fe comparable.

La decisión del Constitucional, rechazando de plano las falsas recusaciones del PP y poniendo al descubierto su maniobra, constituye un gesto de autoridad propio de su función que se venía echando en falta para poner coto a los intentos cada vez más descarados de instrumentalizarlo. Pero también lo es de dignidad, tanto más necesario cuanto burdo y desconsiderado ha sido el ardid con el que se le ha querido enredar.

Un litigante particular o ciudadano normal que se viera acusado de pretender engañar a un tribunal y de faltarle el respeto seguramente se sentiría avergonzado. Por eso resulta escandaloso que un partido de gobierno como el PP, que lo ha ejercido y espera ejercerlo, que representa a 10 millones de ciudadanos y que en los últimos tiempos ha hecho bandera de la defensa de la Constitución, se haga merecedor de los reproches de abuso de derecho, fraude procesal y falta de respeto que le hace el Constitucional. Y que se concretan, especialmente, en el redactor del escrito de recusación, el antiguo subsecretario de Justicia y secretario de Estado de Seguridad y hoy diputado Ignacio Astarloa, al que se le exige guardar «el respeto que institucionalmente le es debido al tribunal y a sus miembros, exigencia que no se ha observado en el escrito de alegaciones del 20 de noviembre».

Sería exigible que una actuación así tuviera algunas consecuencias tanto para quienes la han urdido y le han dado cobertura jurídica como para los cooperadores necesarios en la fabricación de la falsa noticia sobre la que se montó el engaño. Utilizar como prueba un recorte de prensa con una falsa noticia, desmentida por los únicos que podían conocer lo sucedido, es burlarse del tribunal.

El PP o los sectores de ese partido avergonzados por este episodio (jurídicos en particular) harían bien en tomar nota de la reconvención que se les hace para poner freno a la instrumentalización de las instituciones, y también de los símbolos compartidos, que sus dirigentes vienen haciendo a lo largo de la legislatura. Desoyendo las llamadas del resto de los partidos, el PP sigue impertérrito con su bloqueo del Consejo del Poder Judicial y se apresta a repetir la jugada con la próxima renovación por el Senado de cuatro magistrados del Constitucional.

Su estrategia no deja lugar a dudas: aplazar a su conveniencia los recambios en las instituciones hasta después de las elecciones, por si las gana. Que se preste a este juego un partido que es el principal de la oposición es para preocuparse. Por él; y por la democracia.