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El PP trató sin éxito de recusar a tres jueces progresistas para que el balance pudiera estar a su favor

El Gobierno recusa a dos magistrados del Constitucional de la deliberación de la ‘enmienda Casas’ para ‘salvar’ a Mª Emilia Casas

HECHOS

  • El 20.10.2007 el Gobierno anunció la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional D. Roberto García Calvo y D. José Rodríguez Zapata para la votación del proyecto de ley que permitía prorrogar el mandato de Dña. María Emilia Casas como presidente del TC.

Los magistrados del Tribunal Constitucional, D. Roberto García Calvo (antiguo franquista) y D. José Rodríguez Zapata habían manifestado por escrito que Dña. María Emilia Casas debía abandonar la presidencia del TC, por lo que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero consideró que aquellos dos estaban ‘contaminados’ para poder votar la continuidad o no de la Sra. Casas.

Dado que los dos recusados eran considerados próximo al PP – que deseaba derribar a la Sra. Casas de la presidencia de cara al Estatut – el diario EL MUNDO recomendó al PP que ellos recusaran a tres jueces considerados próximos al PSOE, los magistrados D. Manuel Aragón, D. Pablo Pérez Tremps y D. Pascual Sala, cosa que llevó a cabo el portavoz del PP en el Congreso, D. Eduardo Zaplana. Pero su plan no salió adelante.

20 Octubre 2007

Lo que se esconde detrás de las recusaciones

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

El Consejo de Ministros tomó ayer una decisión inédita que supone una intromisión escandalosa en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Por primera vez en la historia de la Democracia, el Gobierno ha decidido recusar a dos magistrados de esta alta institución -considerados conservadores- con el fin de variar el equilibrio interno para dar la mayoría a sus magistrados afines, los llamados progresistas. La vicepresidenta del Gobierno y el abogado del Estado justificaron ayer la recusación de Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata en su «falta de imparcialidad» en el recurso que el PP interpuso contra la reforma de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del tribunal, más conocida como la enmienda Casas. Y ello porque ambos magistrados expresaron, por carta dirigida a la presidenta del tribunal, su «más profunda discrepancia» con la reforma.

Se trata de un asunto muy complejo desde el punto de vista jurídico, puesto que la petición puede tener fundamento, pero conviene no dejarse enredar en galimatías para explicar lo que hay detrás de esta aparente cuestión legal. La vicepresidenta De la Vega aseguró ayer solemnemente que el único objetivo del Gobierno es «garantizar y preservar la imparcialidad de los jueces». Sin embargo, a poco que se analice con detalle la actuación del Ejecutivo, la conclusión a la que se llega es la contraria. En realidad, el Consejo de Ministros asestó ayer un duro golpe a la credibilidad de la alta institución del Estado, puesto que ha recusado a dos magistrados con el fin de cambiar la correlación de fuerzas. Es decir, el Gobierno ha tomado esta decisión al prejuzgar que García-Calvo y Rodríguez-Zapata iban a defender posiciones contrarias a las tesis gubernamentales, lo cual es un insulto a la independencia de los magistrados del Constitucional. La recusación no está planteada, pues, para garantizar la «imparcialidad» del tribunal, sino para ganar un pleito que el Gobierno supone que de otra forma perdería.

Tampoco conviene olvidar que detrás de esta batalla de altos vuelos jurídicos en torno a la llamada enmienda Casas, lo que se esconde en realidad es el intento de que el Tribunal Constitucional se quede sin tiempo ni prestigio para pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Con estas maniobras dilatorias, las elecciones de marzo se celebrarán sin que haya sentencia sobre uno de los asuntos más trascendentales de la acción de Gobierno en esta legislatura. Mientras se intenta entretener al ciudadano con vídeos más o menos ocurrentes, la calidad de nuestra democracia sigue deteriorándose a pasos agigantados.

26 Octubre 2007

El TC, al borde del bloqueo

ABC (Director: José Antonio Zarzalejos)

El hecho de que el Gobierno, en una decisión inédita, haya decidido recusar a dos magistrados del TC aduciendo su contaminación para resolver el recurso contra la prórroga del mandato de su presidenta, no justifica que el PP se disponga a devolverle la pelota apartando a otros tres magistrados del «bloque progresista» del Alto Tribunal. Siendo jurídicamente más que discutibles los argumentos del Gobierno para justificar una recusación de dos magistrados conservadores -sólo hay una explicación posible, la lucha por el control de las mayorías en el Tribunal-, también lo es que el Partido Popular responda a la maniobra del Gobierno con un movimiento reactivo que, en esencia, le mueve a emplear las mismas armas que el partido de Rajoy critica del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Sentada esta premisa y por discutibles que sean los argumentos, lo cierto es que el PP aduce su legítimo derecho a defenderse de la agresión institucional en que el Gobierno socialista está convirtiendo cada uno de sus movimientos para no perder el control de las mayorías en el Tribunal. Y todo, con el único objetivo de que el PSOE se evite sentencias adversas contra algunas de sus «leyes estrella» de la legislatura o contra el Estatuto catalán, por ejemplo.
Con su decisión, el PP -cuyos sólidos argumentos de fondo dejaban hasta ayer en evidencia al Gobierno- se pone a la altura del Ejecutivo socialista con un movimiento precipitado en el que algunas de sus razones sucumben al impulso reactivo. No puede decirse que la medida se hiciera pública de la manera más acertada, teniendo en cuenta que el PP cuenta con dirigentes más autorizados en materia jurídica que el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien acostumbra a practicar políticas de hechos consumados que generan una notable irritación en el partido. Además, resulta llamativo que el PP anuncie una medida tan drástica y de tan graves consecuencias, que sitúan al TC al borde del bloqueo, sin concretar los fundamentos, más aún si se tienen en cuenta las críticas que los populares hicieron a las dos recusaciones promovidas por el Gobierno la pasada semana. En todo caso, este nuevo episodio de recusaciones en el TC es resultado de la situación crítica que ha provocado la injerencia inaceptable del Gobierno en su funcionamiento interno, con una reforma legal ad hominem, pensada para prorrogar el mandato de la actual presidenta y preservar su voto de calidad en caso de empate entre los bloques «conservador» y «progresista».
Si el Gobierno rompe las más elementales convenciones del principio de división de poderes y convierte el terreno de juego en un campo embarrado, todo se ensucia. Ahora, la recusación de tres magistrados progresistas supondría un paso más, no el primero, en una escalada de tensión que tiene un origen muy concreto, la interferencia del Gobierno en el TC, sin la cual nada de esto estaría sucediendo. No es una buena noticia que el PP recuse a otros tres jueces del TC y lo deseable habría sido que no se produjera, aunque es Rodríguez Zapatero el que ha repartido estas cartas y los populares, entre quedarse fuera o jugar con ellas, han optado por esto último. Ahora ya se sabrá, al menos, si estas recusaciones -tanto las del Gobierno como las del PP- se han presentado de forma extemporánea y, sobre todo, si tienen fundamento, porque los criterios para resolver estas dudas habrán de ser comunes a todas las recusaciones. Este es el propósito real de la iniciativa del PP, que aprovecha la irresponsabilidad del Gobierno de haber abierto un debate sobre la imparcialidad de los dos magistrados «conservadores» recusados, sin reparar en que el mismo rasero podía ser aplicado a los del bloque «progresista» y dar lugar a un bloqueo del TC para resolver este concreto recurso si finalmente no pudiera constituirse por carecer de quórum suficiente.
La responsabilidad política del Gobierno socialista en esta grave crisis del TC es incuestionable. El temor del Ejecutivo a que sus leyes más importantes sean revocadas le ha llevado a perder los nervios y utilizar temerariamente instrumentos legales, como la recusación, que están reservados para supuestos muy tasados. Por eso, resulta cuestionable que el PP responda con la misma moneda.
26 Octubre 2007

Sansón en el Tribunal

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

La recusación de otros tres magistrados del Tribunal Constitucional, anunciada ayer por el PP en respuesta a la previa de otros dos por el Gobierno, no tiene otro objetivo que el de Sansón en el templo lleno de filisteos: derribarlo si no puede controlarlo; o mejor dicho: derribarlo para intentar recobrar el control.

La recusación personal es un procedimiento extremo, excepcional, a manejar con mucha prudencia. Partiendo de la de Pérez Tremps, ya muy discutible, y con evidente motivación política, se ha ido produciendo una banalización creciente de ese recurso, hasta llegar al absurdo de la de estos tres magistrados, sin otro fundamento que una supuesta opinión verbal favorable a la reforma de la ley del TC en una reunión -no en pleno- de algunos magistrados con la presidenta.

La recusación de esos tres magistrados, si es admitida a trámite, dejaría al Tribunal por debajo del quórum mínimo, que es de ocho miembros. Es decir, quedaría paralizado, inutilizado, para resolver su propio recurso contra la prórroga del mandato de la presidenta y del vicepresidente hasta cesar como magistrados. Pero es posible que el PP haya calculado mal las consecuencias de este último movimiento. El estudio simultáneo de las cinco recusaciones es un imposible lógico, ya que al tener que ausentarse de la votación que les afecta sólo quedarían cinco, es decir, por debajo del quórum.

Lo lógico sería que se vieran primero las dos recusaciones presentadas por el Gobierno y que fuera ese tribunal de ocho miembros el que estudiara si aceptar o no las tres posteriores, que tendrían escasísimas posibilidades de prosperar, en este caso no sólo por la relación de fuerzas sino por falta de fundamento, dada la artificiosidad del motivo alegado. Así, la situación creada podría acabar favoreciendo al Gobierno como propulsor de la reforma de la ley del TC.

Desmontar la maniobra del PP, que lleva tres años intentando potenciar el papel político de los magistrados, sería bueno en sí mismo, pero no evitaría el desprestigio que están acumulando el Tribunal y el sistema judicial en su conjunto. Porque es todo el entramado institucional el que puede resquebrajarse. Si el TC está en riesgo, el Consejo del Poder Judicial está moribundo, al menos hasta que al PP le interese reanimarlo.

El Gobierno y el PSOE, de un lado, y el PP, de otro, deben parar en seco esta rueda de insensateces; tal vez el bloqueo que parece estar a punto de producirse obligue a unos y otros a buscar una salida, como regresar al punto de partida: a la retirada o reconsideración de todas las recusaciones y la vuelta a la normalidad de un tribunal integrado por sus 12 magistrados; y que entre todos acuerden no dilatar más la resolución de los importantes recursos que tienen entre manos, empezando por la reforma del propio Tribunal, con independencia de que convenga a unos o a otros: y, claro está, con criterios exclusivamente jurídicos.

26 Octubre 2007

Adiós, Montesquieu, adiós

Luis María Anson

La posición tradicional del PSOE ha sido siempre la liquidación de Montesquieu. La separación de poderes parece una incongruencia a buena parte de los teóricos socialistas españoles. No hay otro poder que el Ejecutivo. Las Cámaras están para aprobar lo que decida el Gobierno. Y la obligación de la Justicia consiste en respaldar la política gubernamental.

Siempre ha sido así desde que en 1978 se puso en marcha la democracia constitucional española. Felipe González, nada más ascender al poder, obligó al Tribunal Constitucional a respaldar la tropelía cometida contra Rumasa, lo que provocó el exilio de su presidente, un hombre honrado. La muerte de Montesquieu fue la doctrina oficial proyectada desde Moncloa hasta el último de los Juzgados. Con 202 diputados, que si galleaban mínimamente no salían en la foto, el PSOE triunfante no quería saber nada de poderes independientes que limitaran su euforia.

Hasta aquí, todo archisabido. Que el Gobierno Zapatero se rebele contra el Tribunal Constitucional y cometa la infamia de recusar a dos de sus magistrados está en la lógica socialista. Para el presidente por accidente, el alto Tribunal se debe limitar a respaldar jurídicamente lo que decida el Gobierno. Es así que existen dudas porque se teme que vaya a actuar de forma independiente. Pues se le socava y se le asalta.

Lo que no parece de recibo es el cinismo elevado al cubo. Se intenta cometer una tropelía para doblegar al Tribunal Constitucional y que se ponga de hinojos ante Zapatero, y los ministros, los medios de comunicación adictos y los tertulianos domesticados se lanzan a una frenética campaña asegurando que todo se hace para garantizar la independencia de la Justicia. Ésa es la estrategia zapatética: la mentira descarada. El proceso de rendición ante Eta, el rechazo con la boca chica de la banda para evitar la hemorragia electoral, el Estatuto de Cataluña, la entrevista con Ibarreche, el entendimiento bajo cuerda con Fidel Castro, el asalto al Tribunal Constitucional, todo forma parte de la colosal mentira que envuelve a Zapatero. Con ese instinto que tiene el pueblo para detectar las desviaciones, la multitud grita en las manifestaciones públicas: «Zapatero, embustero, Zapatero, embustero».

No. El Gobierno del PSOE no pretende que el Tribunal Constitucional sea independiente. Lo dice con cinismo, pero lo que quiere es convertirlo en una marioneta con los hilos manejados desde Moncloa para que diga sí a las decisiones anticonstitucionales de Zapatero y respalde las mercedes por él concedidas.

26 Octubre 2007

El PP no debería recusar

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

El Grupo Popular del Congreso anunció ayer que el partido ha decidido recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional para que no intervengan en la sentencia sobre la enmienda Casas. Esas recusaciones vienen a sumarse a las dos planteadas por el Gobierno el pasado viernes contra Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Como, a lo largo del día, el PP no presentó el escrito de recusación anunciado, se especuló con que finalmente podría renunciar a tomar esta iniciativa. Sin embargo, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala serán recusados alegando los mismos motivos que el Gobierno emplea contra García-Calvo y Rodríguez-Zapata.

El fundamento del escrito del PP descansa en una reunión celebrada el pasado 12 de junio -de la que ayer dio cuenta este periódico- en la que los tres magistrados se mostraron partidarios de la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional que prorroga el mandato de María Emilia Casas como presidenta y sobre la que próximamente tendrá que pronunciarse el Pleno del Tribunal.

La decisión del PP de recusar a los tres magistrados es un error estratégico, político e incluso jurídico que, a la postre, se puede volver en contra de sus intereses como principal partido de la oposición y de la propia sociedad española, intereses que pasan por obtener un fallo justo sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán. Porque, no nos engañemos, la zarabanda montada en torno a las recusaciones es un intento de embarrar el campo de juego para que el TC retrase el mayor tiempo posible la decisión sobre el Estatuto.

Es obvio el interés político del Gobierno, pero no se entiende qué interés puede llevar al PP a responder al Ejecutivo con la misma moneda. Más aún por cuanto estas recusaciones carecen de base sólida. Desde luego, no tienen nada que ver con la recusación que obliga a Pérez Tremps a no intervenir en los recursos de inconstitucionalidad sobre el Estatuto, como consecuencia de haber redactado un informe sobre el texto a cuenta de la Generalitat. Su caso era de libro. En cambio, las probabilidades de que el PP fracase ahora en sus intentos de recusación son muy altas, vista la endeblez de los fundamentos jurídicos.

Tras la decisión del Consejo de Ministros de recusar a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata, Rajoy acusó al Gobierno, con toda la razón, de querer convertir el TC en «una gestora del PSOE». Hacer lo mismo que se critica es un contrasentido.

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