El Banco de España interviene la Caja Castilla la Mancha (CCM) echando a su presidente Hernández Moltó (PSOE)

Los viejos del lugar recordamos uno de los episodios más repugnantes de la historia reciente del socialismo español, cuando el diputado Juan Pedro Hernández Moltó, presumiendo de honradez acrisolada en un partido corrupto hasta el tuétano, como demostró la Justicia, le espetó al ex gobernador del Banco de España: «Míreme a los ojos, señor Rubio». Los que entonces sentimos asco ante tamaña demagogia podemos fantasear ahora con que el tiempo pone a cada uno en su sitio. A Hernández Moltó, sí. Pero no a todos. CCM, que siempre negó tener el agujero contable que tiene, realizó una apuesta en el sector inmobiliario, más tarde y peor que las demás.

Esto motivó el recelo de Unicaja de quedarse con CCM, en una operación respaldada por el Banco de España y a la que Pedro Solbes se refirió triste y elípticamente ayer en su rueda de prensa, al hablar de los intentos de que al señor Hernández Moltó le sacara las castañas del fuego «el sector privado».  Al final no pudo ser, y, como en todas estas operaciones hechas supuestamente en atención al interés general, el de los contribuyentes está en peligro, porque, al revés de lo que afirmó esa lumbrera socialista, Carmen Calvo, el dinero público sí es de alguien: es, concretamente, de usted. Y no vaya a creer usted que no se lo quitarán.

Ayer la Madre Teresa Fernández de la Vega dijo que todos podíamos dormir tranquilos. Pedro Solbes, porque puestos a soltarse el pelo (y lo dice un calvo) hay días en que no hay límites, desbarró asegurando que CCM es «una caja solvente», que no hay nada parecido a un «agujero», y que nuestro sistema financiero es «uno de los más sólidos del mundo». Por cierto ¿dónde está Smiley? Pues dando vueltas por el mundo como líder cósmico que es. O cómico. Pero fue él el que aseguró que éramos la repanocha financiera universal. Bueno, él y el impar Hernández Moltó, que hace unos meses aseguró en Cuenca que todos debíamos conservar la «serenidad, ya que las previsiones siguen situando a España como un país envidiable en crecimiento económico». Míreme a los ojos.

La intervención por el Banco de España de la Caja de Castilla La Mancha (CCM), que obligó a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario ayer en plena jornada festiva, supone la irrupción de la crisis bancaria que afectaba a otros países en la economía española y que aquí se consideraba improbable por la tan predicada solvencia del sistema financiero español.

La intervención implica la destitución de su Consejo de Administración y el control por parte del Banco de España de sus activos. El Consejo de Ministros, reunido de urgencia, aprobó un real decreto ley que concede a la CCM un aval por un importe de hasta 9.000 millones de euros. El objetivo es garantizar sus obligaciones con acreedores y depositantes, pero no significa, según el vicepresidente Solbes, que la entidad esté en quiebra, sino que tiene problemas de liquidez que la intervención debe solventar.

CCM es una entidad crediticia cuyos activos vinculados al sector inmobiliario son relativamente importantes. El desplome de ese sector, muy dependiente de la financiación bancaria, es una de las causas más serias del crecimiento del desempleo y éste, a su vez, el determinante del crecimiento de la morosidad de las familias y empresas que afecta a la solvencia de los prestamistas bancarios.

En la adopción de una decisión tan radical han pesado las dificultades para que prosperara la proyectada fusión con la principal caja andaluza, Unicaja, a la que ambos Gobiernos regionales y el propio Banco de España habían concedido su apoyo. Las últimas noticias vinculaban los avances en esa integración a las posibilidades de apoyo del propio Banco de España a la caja resultante.

El desenlace pone de manifiesto que algo con lo que se contaba inicialmente ha fallado, invalidando las pretensiones de que los ajustes que esta crisis financiera va a exigir pudieran llevarse a cabo mediante operaciones entre operadores privados, con criterios de racionalidad, y sin intervención pública. Lo que sugiere la racionalidad es que la respuesta a ese deterioro en la calidad de los activos de las entidades crediticias podría ser la reducción del número de cajas y bancos, dado el manifiesto exceso de oferta en el sistema bancario español que esta crisis está revelando.

La CCM no es una entidad de envergadura como para poner en peligro al conjunto del sistema (supone menos del 1% de los activos totales), pero es probable que la desconfianza latente en el mismo, en particular en el sector de cajas, aumente en las próximas jornadas. Y ello pese a que objetivamente la intervención reduce los riesgos que amenazan teóricamente al sistema financiero.

Los episodios recientes en Caja Madrid han avalado las presunciones de los más escépticos acerca del excesivo grado de politización de las cajas de ahorros. Durante muchos años, desde su completa liberalización en 1977, las cajas no sólo no han perturbado la estabilidad financiera española, sino que han contribuido de forma significativa a la mayor competencia y eficiencia del conjunto del sistema bancario. Que no fueran sociedades anónimas no significaba que presentaran peores resultados que sus colegas bancarios. Lo peor no era que las administraciones públicas mantuvieran el control de las cajas, sino que lo hicieran sin la suficiente profesionalidad, atendiendo a intereses de los partidos o de sectores de los mismos. El espectáculo de Caja Madrid es altamente ilustrativo al respecto.

El Gobierno ya ha explicado, por boca de sus dos vicepresidentes, la decisión adoptada por el Banco de España, pero deberá ser el propio gobernador quien, además de justificar su pertinencia, ayude a esclarecer si se trata de un episodio aislado o de la emergencia de algo más difícil de gestionar que una mera intervención de una caja de ahorros de tamaño medio.

Quien le iba a decir al entonces diputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó cuando le espetó a Mariano Rubio en 1992 que le mirara a la cara en el Congreso que algún día los colegas del ex gobernador del Banco de España le podrían requerir inquisitorialmente lo mismo a él por su desastrosa gestión de Caja Castilla-La Mancha (CCM).

El Consejo de Ministros se reunió ayer por la tarde para acordar la concesión de un aval del Tesoro a la entidad financiera manchega por importe de 9.000 millones de euros, que le permitirá obtener créditos del Banco de España. Este había acordado previamente destituir a todo el Consejo de CCM, que será reemplazado por tres de sus inspectores.

Hay que recordar que la última intervención de una entidad financiera fue en diciembre de 1993, cuando el Gobierno de González decidió tomar las riendas de Banesto, que tenía un agujero contable de más de 3.000 millones de euros. No es posible estimar todavía las pérdidas encubiertas de CCM, sometida a una continua fuga de depósitos desde que surgieron los rumores sobre su mala situación hace seis meses, pero la cuantía del aval del Tesoro da una pista sobre su dimensión.

Pedro Solbes reconoció ayer que CCM había intentado fusionarse con otra caja y que esa solución no había sido posible. Es cierto: Unicaja se echó para atrás cuando sus técnicos se dieron cuenta de la magnitud del agujero. Solbes aseguró ayer que CCM no tiene ningún problema de solvencia y que su patrimonio neto es positivo.Si es así, ¿por qué el Consejo de Ministros se reunió con urgencia un domingo por la tarde para asegurar que quedan «garantizados» todos sus depósitos? La realidad es que el Gobierno y el Banco de España han intervenido para evitar la quiebra de la caja.

Zapatero se jactó de la fortaleza de nuestro sistema financiero, demostrando un optimismo que los hechos no han corroborado. La actitud del Gobierno ha sido negar la importancia del problema, lo que ha tenido como consecuencia su agravamiento. Por ello, tuvo que actuar ayer in extremis en CCM y cuando no había otro remedio. Pero nadie duda de que no será el último episodio.

La mala situación de CCM se hizo patente cuando su vicepresidente Jesús Barcenas se negó a firmar en enero las cuentas del año pasado y los consejeros del PP protestaron por el secretismo de la gestión de Hernández Moltó. Desde entonces, la fuga de depósitos ha sido alarmante.

Además de esta circunstancia, las causas del quebranto de CCM apuntan a la desastrosa gestión de Hernández Moltó, que realizó una serie de apuestas temerarias que le han salido mal. Ahí está su participación del 25% en el aeropuerto de Ciudad Real, sus vínculos con Inmobiliaria Colonial, el préstamo de 100 millones de euros a Martinsa tres meses antes de suspender pagos y la concesión de créditos de altísimo riesgo a amigos y empresarios cercanos. Ello pone de relieve la necesidad de cambiar el estatuto jurídico de las cajas, despolitizar sus órganos rectores y establecer nuevos y más rigurosos controles.

El Banco de España tiene que investigar ahora, como hizo en Banesto, las responsabilidades de Hernández Moltó, sin descartar que éstas puedan ser penales. Y el PSOE debería aceptar la propuesta del PP de crear una comisión en el Parlamento de Castilla-La Mancha.

El PP pidió ayer «una hoja de ruta» al Gobierno en el sector financiero. Lo mejor que puede hacer Solbes es reconocer la gravedad del problema y afrontarlo sin dilación. De nada sirve ya negar su existencia, como hizo ayer. Pensar que la crisis de algunas entidades se va a arreglar por sí sola es una temeridad. Si el vicepresidente sigue dejando que la situación se deteriore, llegará algún día en que alguien le exigirá que le mire a los ojos, como le ha sucedido a Hernández Moltó.

Las explicaciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la intervención de la Caja Castilla La Mancha (CCM) ofrecen pocos flancos para una crítica técnica e institucional. Las razones de la intervención están claras: sus cuentas mostraban una deficiente gestión del riesgo, no cumplían los requisitos de solvencia, los gestores de la institución no fueron capaces de mejorar los ratios financieros y era necesario atajar el peligro de una retirada en masa de los depósitos. El procedimiento también parece correcto: el Banco de España recomendó previamente a CCM que mejorase la calidad crediticia, redujese sus riesgos inmobiliarios y se fusionase con otra caja. La intervención era obligada después del fracaso de las negociaciones con Unicaja y, antes, con Ibercaja.

Pero la comparecencia del gobernador ante la Comisión de Economía del Congreso tiene gran importancia por tres aspectos fundamentales. El primero es su resistencia a admitir que las fusiones entre cajas de ahorros tropiezan con dificultades de tal magnitud que en la práctica las hacen inviables. El segundo aspecto es la necesidad de crear nuevos instrumentos que permitan, por una parte, reforzar el capital de las cajas -un fondo público de recapitalización- y, por otra, intervenir con presteza sin que haya que recurrir a escenificaciones truculentas y reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros, como sucedió en el caso de CCM. Ambas peticiones deberían ser atendidas.

Por último, el gobernador aludió a la «prudencia y el sigilo» que deben acompañar a los procesos de intervención financiera y reestructuración bancaria. No hay más remedio que darle la razón en este punto, porque, como es obvio, la publicidad dada a las negociaciones entre Unicaja y CCM, con las continuas intromisiones políticas y el tremendismo del PP, han perjudicado objetivamente la operación. Aunque los motivos del fracaso fueran otros.