El Gobierno Zapatero logra la autorización del Congreso para negociar con ETA si estos abandonan los asesinatos

Ocho de los nueve grupos parlamentarios respaldaron ayer la resolución propuesta por el PSOE a favor del diálogo con ETA si se dan determinadas condiciones. Votó en contra el primer partido de la oposición, el PP, que cuenta con 148 diputados. Aunque la resolución se refiere a un futuro indeterminado -cuando ETA decida abandonar las armas-, el aval de la Cámara otorga al Gobierno un cierto margen para explorar las posibilidades de acelerar el fin de ETA con iniciativas que sólo podrán concretarse tras su renuncia al terrorismo. De momento, la perspectiva de una salida avalada por el Parlamento español puede animar y dar credibilidad a movimientos del entorno de ETA y Batasuna en favor del abandono de las armas.

Si aparecen posibilidades de avanzar por ese camino, el respaldo de otros partidos será conveniente, especialmente el del PNV, pero el del PP será tarde o temprano imprescindible. No sólo para evitar que el miedo al fracaso paralice iniciativas plausibles, sino porque el proceso, si arranca, durará años, incluso varias legislaturas, como el de Irlanda, iniciado en 1993. Si se esperaba recuperar al PP para el consenso mediante la resolución votada ayer, alguien ha cometido un error. Tras lo oído en el debate sobre el estado de la nación era evidente que el PP no la apoyaría; la astucia de incluir en el texto párrafos del Pacto de Ajuria Enea, firmado en su día por el PP, no ha sido una buena idea. El argumento del PP es precisamente que la experiencia que culminó en Argel y Zúrich (y en Lizarra en su versión nacionalista) demostró la imposibilidad de alcanzar la paz por la vía negociadora; y por eso se planteó, tras la ruptura de la tregua, cerrar el paso, mediante el Pacto Antiterrorista, a cualquier expectativa de diálogo con los terroristas.

La ruptura, casi consumada, de ese pacto sería una desgracia en la misma medida en que su existencia ha sido un éxito: las condiciones que hoy hacen verosímil la hipótesis de la derrota de ETA, cualquiera que sea la forma en que se concrete, son efecto en buena medida de ese entendimiento entre PP y PSOE. Pero uno de los fundamentos del pacto es que la dirección de la política antiterrorista corresponde al Gobierno y, salvo vulneración flagrante, el papel de la oposición será respaldar sus iniciativas. Así lo hizo el PSOE, que renunció expresamente a hacer de la política antiterrorista un eje de oposición, mientras que desde el 14-M, el PP no ha dejado de cuestionar las iniciativas de Zapatero. Todavía ayer el portavoz popular, Eduardo Zaplana, insistió en la falacia de que la prueba de la fidelidad del PSOE al pacto sería que instase la ilegalización del partido para el que pidió el voto Batasuna.

Zaplana se abstuvo de dar el pacto por muerto, y tampoco lo hizo el portavoz del PSOE, López Garrido, lo que deja un resquicio para pensar que los contactos discretos que han faltado en los últimos meses puedan en los próximos ayudar a recuperar el consenso que interesa a ambos partidos y desea la mayoría de los ciudadanos.

Sobre la base del axioma según el cual el único destino de ETA es «disolverse y entregar las armas» (sin que ese desenlace pudiese implicar nunca el pago de «un precio político» por el Gobierno), una moción del Grupo Socialista aprobada ayer por la mayoría del Congreso -con el voto en contra del PP- reabre las perspectivas de eventuales «procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia» en el exclusivo supuesto de que se produjesen las condiciones adecuadas y se constatase «una clara voluntad» y «una actitud inequívoca» en tal sentido de la banda. La resolución no es una novedad doctrinal, sino la reiteración de una cláusula habitual de los acuerdos antiterroristas que contaron con el voto de los populares desde el Pacto de Ajuria Enea de enero de 1988 hasta una moción del Congreso de 14 de mayo de 1998. Si el presidente Zapatero hiciera uso de esa habilitación parlamentaria, retomaría el camino emprendido previamente por sus antecesores en el cargo con diferentes resultados: Leopoldo Calvo-Sotelo logró en 1981 la disolución de ETA político-militar, pero tanto Felipe González (Argelia, 1989) como Aznar (Zúrich, 1999) fracasaron en sus tratos con ETA militar.

Las bombas explosionadas en la madrugada del domingo por ETA sonaron como una negativa anticipada de los terroristas a escuchar la oferta del Congreso: si los desalentadores precedentes de 1989 y 1999 tuviesen el valor de prueba dirimente, pocas dudas restarían sobre la inutilidad del esfuerzo. De añadidura, no faltan motivos para recelar de la oportunidad de la moción parlamentaria: además de prestar oídos sordos a la propuesta, la banda terrorista podría interpretar su mero enunciado como un signo de debilidad del Estado, cobrando así nuevos ímpetus su actividad criminal y aprovechando la ocasión -como en 1998- para reponer fuerzas y reorganizarse. En cualquier caso, los pronósticos en este ámbito resultan endiablados: la opacidad de los procesos de toma de decisión de las bandas terroristas y la irracionalidad de los grupúsculos ideologizados y violentos hacen azaroso cualquier diagnóstico. La falta de respeto mostrada por ETA hacia las reglas de juego en cualquier negociación (baste con recordar su deslealtad con el PNV y EA al revelar en abril de 2000 el pacto secreto entre los tres de 1998) hace presumir que tampoco vacilarían en engañar a sus interlocutores.

Si resultara improbable que una organización como ETA estuviese dispuesta a abandonar las armas sin cobrar un precio político a cambio y fuera previsible su voluntad de instrumentalizar las ofertas de diálogo de los Gobiernos democráticos para ganar tiempo y mejorar sus posiciones, ¿tendría sentido la moción aprobada ayer por el Congreso? El optimismo antropológico del que presume Zapatero no sería indispensable para contestar -con las debidas cautelas- de manera afirmativa; tal vez bastase con el pesimismo animado que Dionisio Ridruejo defendía durante su exilio en 1963 (Materiales para una biografía, edición de Jordi Gracia, Fundación SCH, 2005, pág. 347). En cualquier caso, la grosera falsificación y la manipuladora caricatura de la moción parlamentaria socialista perpetradas con cínica alevosía por los dirigentes del PP, a fin de presentar la iniciativa del presidente del Gobierno como una «traición a los muertos» y como un anticipo del «precio político» pagado a la banda terrorista contra la entrega de las armas, constituyen una obscena villanía.

¿Cómo negar a Zapatero el derecho a explorar un camino para acabar con la violencia que le fue reconocido -en cambio- por la oposición a Suárez, Calvo-Sotelo, González y Aznar? Aunque el entonces ministro del Interior Mayor Oreja advirtió a su presidente -gracias a un topo infiltrado- de que el alto el fuego declarado por ETA en septiembre de 1998 era una tregua-trampa, Aznar dio tratamiento oficial al MLNV (las siglas de Movimiento de Liberación Nacional Vasco utilizadas por ETA para hacerse respetable), ordenó el acercamiento de presos al País Vasco y envió una delegación formada por el secretario de Estado de Interior y dos miembros del gabinete presidencial a entrevistarse, primero en Burgos con representantes de Batasuna y después en Zúrich -reforzada cristianamente por el obispo Uriarte- con la cúpula de ETA.

Una vez aprobada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispone ya del aval del Congreso para iniciar el proceso del «final dialogado» del terrorismo de ETA. Aún queda por determinar en qué consiste ese proceso, porque el Gobierno no lo ha concretado en sus objetivos, medios y costes. Aun así, Rodríguez Zapatero tiene lo que quería: manos libres y una alternativa al Pacto Antiterrorista suscrito con el PP en diciembre de 2000. La mayor incógnita que se le plantea a la sociedad española es si la lucha contra ETA se halla ahora mejor respaldada que antes y si los apoyos políticos del Gobierno le permiten abordar esta arriesgada aventura con un mínimo de garantías. Por lo pronto, el nuevo consenso sobre ETA genera más incertidumbres que certezas, muy al contrario del efecto que producía el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000. Este Pacto sí reflejaba un final concreto para ETA: su derrota incondicional, y establecía unas condiciones muy estrictas para recuperar la colaboración política con el PNV, aplicables por extensión a todo partido que hubiera realizado acuerdos con los terroristas, como Esquerra Republicana de Cataluña. Lo cierto es que ninguna de estas formaciones ha hecho acto de contricción ninguno, sino todo lo contrario, porque el PNV ha respondido con el Plan Ibarretxe -que custodia celosamente a la espera de acontecimientos- y ERC se ha congratulado de que haya sido el PSOE el que se moviera a sus posiciones «dialogantes». El primer cambio de la situación es patente: el PSOE ha descartado al PP, haciendo impracticable el Pacto Antiterrorista, y lo ha sustituido por unos aliados de conveniencia que le van a secundar en un abordaje suave del diálogo con ETA porque esperan rentabilizarlo políticamente.
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El segundo cambio del consenso sobre terrorismo se refleja en la extensión cuantitativa del mismo. Quizá no sea un método muy científico, pero sí es un dato muy ilustrativo constatar que el nuevo consenso alcanzado por Rodríguez Zapatero representa electoralmente a unos trece millones de ciudadanos. El Pacto Antiterrorista de 2000 rondaba los veinte millones. Para quien, como el presidente del Gobierno, quiere liderargrandes voluntades colectivas, el cambio de aliados supone un retroceso muy significativo. Además, siempre llegará un punto crítico en el que la legitimidad política que representa el PP será imprescindible para que el Gobierno transfiera a ese nebuloso proceso de paz un contenido admisible por la inmensa mayoría de los ciudadanos.
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En tercer lugar, el Gobierno y el PSOE tienen que estar prevenidos y advertidos sobre la calidad política de sus nuevos aliados. Nadie puede discutir la legitimidad representativa de PNV, ERC o IU, pero otra cosa es el juicio que merece su fiabilidad en la lucha contra ETA, que oscila entre los episodios de Estella y Perpiñán. Esas formaciones no han apoyado una sola de las reformas y acciones legales que pactaron PP y PSOE desde diciembre de 2000 y gracias a las cuales -fundamentalmente, la Ley de Partidos Políticos y la ilegalización de Batasuna-, ETA aún se encuentra en ese estado de postración que ha permitido al Gobierno plantearse la elección de cómo poner fin al terrorismo. Si de sus aliados hubiera dependido, el Estado no habría dado el salto decisivo que dio en los últimos años. Por esto mismo, está por ver que los nuevos socios del PSOE en la política antiterrorista, los mismos que tantas zancadillas han puesto al Estado, lleguen a ser capaces de apoyar los mínimos éticos y de justicia material que a los que el Gobierno no puede ni debe renunciar, siquiera en la más flexible de las interpretaciones que pudiera dar al «final dialogado» de la violencia.
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Por último, es preciso que en esta nueva etapa política, tan confusa y llena de incertidumbres, se forme una opinión pública exigente y perseverante, capaz tanto de reconocer la legitimidad de todo Gobierno para establecer su propia política en los asuntos de Estado, como de exigir responsabilidades en la misma medida, y no sólo por los resultados que se obtengan, sino también por los costes éticos y políticos, que ya empiezan a ser demasiados onerosos, aunque sólo sea desde el punto de vista de la reparación moral a las víctimas. Esa vigilancia ha de ser también la principal tarea de una oposición, el PP, orillada con manifiesta hostilidad en la proposición con la que el PSOE ha cambiado la alianza antiterrorista.
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Desde ahora, el final de ETA ha dejado de ser un resultado que dependa exclusivamente de la determinación del Estado y se ha convertido en el hilo argumental de un complicado equilibrio de intereses políticos, algunos minoritarios, egoístas y centrífugos, a rebufo de la administración que los terroristas vayan haciendo en los próximos meses de las generosa ventaja otorgada ayer por el Parlamento. Por lo pronto, hoy informa ABC de los respetables interlocutores que ETA piensa sentar a negociar con el Gobierno: Ternera, Pakito y Txikierdi.