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Alicia Navarro Mañas defiende a su padre, que había apoyado al juez Gómez de Liaño en su cruzada contra el grupo mediático de Jesús Polanco

El Grupo PRISA carga contra Joaquín Navarro Estevan, por pasar de haber sido franquista a ser anti-sistema pro-abertzade

HECHOS

El 5.04.1998 el diario EL PAÍS (del Grupo PRISA) publicó un reportaje y un editorial sobre el juez D. Joaquín Navarro Estevan.

DE PUBLICAR LIBROS PRO-GARZÓN A LIBROS PRO-LIAÑO

En 1995 D. Joaquín Navarro Estevan publicaba grandes elogios al juez D. Baltasar Garzón en su prólogo del libro ‘Manos Sucias’. Por contra, en el libro que publicó en 1998 con el título «Palacio de injusticia», D. Joaquín Navarro cargaba contra el Sr. Garzón al que acusba de ‘maldad’, ¿qué había pasado entre 1995 y 1998? El caso Sogecable, la acciones judiciales del juez Gómez de Liaño contra el Grupo PRISA en una batalla en la que el juez Garzón se convirtió en el gran defensor de PRISA. Se dio la circunstancia de que el Sr. Garzón llegó a denunciar que D. Joaquín Navarro y D. Antonio García-Trevijano eran cómplices del Sr. Gómez de Liaño en el complot contra PRISA.

REPORTAJE «LA LARGA MARCHA DEL JUEZ NAVARRO»

D. José Comas publicaba en EL PAÍS el 5 de abril un amplio reportaje sobre ‘la evolución’ del Sr. Navarro Estevan, que había pasado de ser franquista a ser antisistema, en posiciones próximas incluso a la izquierda abertzade, pero que a la vez era tertuliano de la COPE en el programa de D. Antonio Herrero con quien coincidía en su posicionamiento anti-PSOE y antifelipista, así como enemigo del Grupo mediático PRISA un posicionamiento que reunía en el mismo bando a figura tan dispares como D. Antonio García Trevijano, D. Jaime Campmany o el citado Sr. Navarro.

La hija de D. Joaquín Navarro, Dña. Alicia Navarro Mañas, salio en defensa de su padre, también desde las páginas de EL PAÍS.

 

05 Abril 1998

Juicios y prejuicios

Editorial (Director: Jesús Ceberio)

El deterioro de la imagen de la justicia no puede ser ajeno al protagonismo social de algunos jueces más dados al espectáculo que a la administración de justicia. Son pocos, pero su atosigante, presencia en los medios está teniendo un efecto desastroso. Esta misma semana, el Consejo del Poder Judicial ha acordado expedientar al juez Joaquín Navarro, el famoso juez de las ondas, por un artículo publicado en El Mundo ¡hace siete meses!, y abrir una investigación en relación a otro aparecido en el mismo medio el 24 de marzo.En el primero de dichos artículos, el conocido juez, habitual de las tertulias radiofónicas, arremetía contra su colega Baltasar Garzón, al que acusaba de constituir un caso de «vanidad patológica», de actuar guiado por el «odio» hacia su compañero el también juez Gómez de Liaño, y de dictar resoluciones «prevaricadoras», entre otras cosas. El segundo texto contenía, según la denuncia formulada por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, José Jiménez Villarejo, «calumniosas imputaciones y graves injurias» contra dos magistrados -de esa sala, siempre en torno a la admisión a trámite de una querella contra Gómez de Liaño presentada por directivos del Grupo PRISA.

El prestigio de la Administración de justicia es en España ínfimo y decreciente, según diversas encuestas. La última, difundida por el CIS hace una semana, certifica que es la institución peor valorada y la que inspira menos confianza a los ciudadanos. Esas encuestas revelan que la justicia es percibida desde hace años como lenta, ineficaz, arbitraria, incoherente, discriminatoria, abusiva y depositaria de un poder excesivo. Sin duda hay motivos materiales y organizativos que explican ese deterioro, y así lo hacía constar el Libro Blanco presentado en octubre pasado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado. Pero seguramente no es menos determinante la contradicción entre la imagen ideal de los jueces que tienen los ciudadanos, y la evidencia de comportamientos muy subjetivos -demasiado humanos- de algunos magistrados muy famosos.

Aquí se conoce mejor el sistema judicial norteamericano que el español. En cambio, estamos perfectamente al día de las opiniones -y prejuicios- que unos cuantos jueces tienen sobre política, moral y hechos varios. Y no por los autos que redactan, sino por sus artículos o su presencia en las tertulias de radio. El más prolífico de todos es el juez Navarro, un antiguo falangista -autor de un libro- de texto de Formación del Espíritu Nacional y ex profesor de la Escuela de Mandos José Antonio-, que después de pasar por el PSP y el PSOE -fue secretario general de ese partido en Almería, además de senador y diputado- se ha convertido en uno de los teóricos de la cruzada antifelipista, sector apocalíptico. El mismo día que el Consejo del Poder Judicial acordaba investigarle, se presentaba en Madrid el último producto de su pluma con Julio Anguita como presentador apologeta.

En otro libro anterior sostenía tal juez, entre otras muchas opiniones igual de ponderadas, que las características del Gobierno socialista eran «la cleptocracia, la canallocracia, el envilecimiento y la putrefacción», y que actuaba, como los vampiros, «desde las sombras, para asegurar así la indefensión de las víctimas». ¿Qué garantías de imparcialidad puede ofrecer un juez que hace ostentación de semejantes creencias o prejuicios? Esa facilidad para pasar directamente del púlpito al tribunal ¿no resulta contradictoria con la función jurisdiccional, que permite al juez enviar a los ciudadanos a prision por largos años?

Una cierta sobriedad de estilo no es que sea deseable, sino que forma parte del bagaje necesario del juez, del mismo modo que la discreción es consustancial al oficio de confesor y el valor al de soldado. La Constitución prohíbe expresamente la militancia política o sindical de los jueces, a fin de subrayar la imagen de neutralidad consustancial a su función. Pero tal prohibición le parece al juez de las ondas «un insulto a la inteligencia media del ciudadano, una estupidez». Afirmar, como sus hooligans en los medios, que cuando expresa esas opiniones lo hace en su condición de ciudadano y no de juez es una falacia: es imposible desligar ambas, y así lo subrayan los propios medios en que escribe o perora, y en los que se requiere su opinión precisamente en tanto que juez o magistrado.

El juez Navarro asegura que su amigo Gómez de Liaño es agredido por Ia justicia que complace al príncipe». ¿A qué príncipe complacía Joaquín Navarro cuando en su manual de formación político-social y cívica explicaba en 1969 que el gobernador civil «representa en la provincia ésa comunidad de los españoles en unos mismos ideales que es el Movimiento»?

14 Abril 1998

Sobre el juez Navarro

Alicia Navarro Mañas

Me veo obligada a escribirle con relación a las malintencionadas opiniones vertidas sobre mi padre, el magistrado Joaquín Navarro, en su editorial del pasado domingo 5 de abril y en la artículo de José Comas publicado en las páginas Domingo del mismo número. Éste es, a mi modo de ver, el tuétano de ambos artículos.- Que el hecho de ser magistrado, por propios méritos y esfuerzo, debe ser incompatible con el derecho a opinar en cualesquiera foros; le atribuye usted los epítetos »famoso», «demasiado humano» o »falto de sobriedad» asociados a algo intrínsecamente indeseable o sospechoso al tratarse de un trabajador de la justicia.

– Dentro de esta línea de definir lo que configura el «bagaje necesario del juez» (sic), llega usted a compararlo, para mi desolación, con la «discreción del oficio de confesor» o «el valor del soldado»; ¿debo entender que continúan ustedes anclados en aquella vetusta concepción de jueces y magistrados (la provinciana tema juez, médico y cura) integrantes de una casta semimística, oscurantista y metahumana?

– De igual modo, recuerda usted en su editorial la «prohibición constitucional de militancia política o sindical de los jueces a fin de subrayar la imagen de neutralidad consustancial a su función»: ¿cree usted posible o deseable la existencia de ciudadanos, sea cual fuere su oficio, sin ideología, sin ideales, esto es, sin ideas? ¿Por qué regla de tres el hecho de que un juez albergue legítimas concepciones políticas y sociales y haga uso de su también constitucional derecho a expresarlas puede o debe interferir en su honestidad o imparcialidad en el desempeño de sus funciones? ¿Cómo se las arreglan entonces la multitud de jueces conservadores, e incluso reaccionarios (a la par que, gracias a Dios, «discretos», «sobrios» y sólo «ligeramente humanos»), para que sus ideas no entorpezcan su neutralidad profesional? ¿O debo inferir que lo importante no es el ser, sino el parecer?

– Por otro lado, la base sobre la que sustenta José Comas su artículo es la bufa de la legítima evolución ideológica de Joaquín Navarro hacia la izquierda desde un punto de partida familiar y social altamente opresivo, censurador y limitador, lo cual no hace más que acentuar la bondad de una paulatina afirmación, a contracorriente, de las convicciones propias; ¿no estará siendo usted aquí el apologeta del tradicional inmovilismo político y personal de la derecha? ¿Acaso no se ha apercibido usted aún de que la vida es necesariamente búsqueda, tanteo de aciertos y descalabros, afectos y desafectos? (esto, por lo referente a amistades y compañeros de viaje). En el caso de mi padre, si hay que destacar una constante en su trayectoria profesional, ésta debe ser la pasión por. la cultura y la justicia y una intachable, valerosa y denodada defensa de los derechos humanos, sobradamente reflejada en sus facetas de juez, parlamentario, profesor universitario, escritor y articulista.

– Finalmente, me aturulla la facilidad con la que montan ustedes camarillas y conspiraciones en torno a «compañías poco recomendables». La que suscribe, izquierdista activa y convencida, además de miembro de Aministía Internacional y Greenpeace, se enorgullece de tener excelentes amigos y amigas de ideologías muy dispares y en ocasiones opuestas a la suya; jamás pensé que la diversidad de pensamientos deba suponer, necesariamente, enemistad o sospecha personal o profesional. A mi modesto juicio, el respeto en la diferencia debe constituir la base de una convivencia pacífica, moderna y democrática. ¿O es que EL PAÍS no ha conseguido curarse aún del síndrome machadiano de «las dos españas»

Alicia Navarro Mañas

09 Abril 1998

El imperio contraataca

Joaquín Navarro Estevan

CUENTA Dario Fo en su Misterio bufo que el Papa Bonifacio VIII mandaba que clavaran de la lengua -en los portales nobles de algunas ciudades- a los frailes pauperistas y heréticos que tenían la pésima costumbre de hablar mal de sus señores. No lo hacía el Papa en persona, pues le horrorizaba la sangre. Tenía hombres de sobra para hacerlo. Además, no era egoísta, y procuraba repartir aquel placer entre sus más destacados barones. Nada se dice del nombre de éstos pero, si hemos de creer a Fo, las escenas de cátaros y patarinos clavados de la lengua dejaban mudos de espanto a los comuneros más contumaces y a los juglares más deslenguados. Nada tampoco se dice de que hubiese entre las víctimas algún juez -oidor o pesquisidor- que, habiendo censurado desafueros e iniquidades, lejos de huir de los esbirros de Bonifacio, permaneciese entre los suyos, con toda altanería, hasta ser capturado. Nada se dice de ello, pero es perfectamente verosímil.

Debo confesar mi culpa. Cuando permití el lapsu calami de que, al pie de mis colaboraciones en este diario, apareciese mi oficio de juez, es evidente que me prevalí del mismo, es decir, que me aproveché o me malserví de él haciendo pensar a mis ingenuos conciudadanos que, al escribir lo que escribía, estaba en el ejercicio de mi cargo judicial y que, por tanto, mis opiniones tenían el valor de una sentencia. Que así se escriba y así se cumpla. Igual que se dice de los muy beatos que mean agua bendita, se puede decir de los jueces jetones, que se atreven a expresar su opinión de ciudadanos en periódicos o emisoras, que mean tinta togada. Jueces las 24 horas. Hasta cuando holgamos con nuestra pareja en el jardín de las Hespérides o al este del Edén. Todo sacerdocio imprime carácter. Cada mochuelo a su olivo. Zapatero a sus zapatos. Que cada palo aguante su vela.

El miedo a la libertad y a la publicidad ha sido siempre profundo en las áreas de la Justicia. Para muchos, los jueces deben ser mudos, ciegos y sordos. Ciudadanos tan especiales que, en realidad, no lo son. Han de amparar frente a todos -singularmente frente al poder- los derechos y las libertades de sus conciudadanos, pero ellos no deben aspirar a ser libres. Son como eunucos que defienden la libertad sexual de los demás. A cambio de la capadura, se les ha de proteger muy especialmente de la insolencia y de la crítica. A ello respondía la figura del desacato, la «falsa braga del honor» de jueces y tribunales, que daban por buena su irresponsabilidad y dependencia si se les garantizaba la inmunidad frente a toda crítica y frente a cualquier otra manifestación de control social. Protegidos por los poderosos y con ellos reverentes, quedaban preservados del común de los ciudadanos por un doble manto de silencio e impunidad. Bueyes para sus señores, tigres para el resto de sus conciudadanos. A cambio de la sumisión, la impunidad.

Como ha dicho Ferrajoli, «la crítica pública de las actividades judiciales, que se funda en la razón y no en el poder, es tanto más eficaz si procede de otros magistrados, por la ruptura que provoca de la solidaridad corporativa y de la apariencia técnico-jurídica que envuelve las decisiones de los tribunales». Se rompe así en mayor medida la separación de la función judicial respecto a la comunidad, se emancipa a los jueces de vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se deslegitiman los malos magistrados y la mala jurisprudencia y se da nuevo aliento a la ética exigente de una justicia democrática.

Al parecer, el Consejo del Poder Judicial y la Sala II del Tribunal Supremo no lo entienden así. Suspiran por el desacato perdido y, mientras se decide su resurrección, lo quieren sustituir por las embestidas disciplinarias contra los jueces que se atreven a actuar como ciudadanos libres de un país libre. Esta actitud constituye un grave fraude de ley y un flagrante atentado contra la Constitución y el ordenamiento jurídico. Se vista como se vista, mona se queda. Sobre todo cuando su vestimenta de ocasión responde a la necesidad de que determinados procesos -los de los GAL a la cabeza- se sustraigan al máximo posible del escrutinio público y del control social.

Sólo así cabe entender -nunca justificar- que este Consejo se sienta obligado a despreciar la actitud de los tres Consejos anteriores (que archivaron de inmediato las iniciativas inspectoras causadas por el ejercicio de la libertad de expresión y crítica de los jueces como ciudadanos), de su propia Inspección (que propuso el archivo de las diligencias que se abrieron por dos de mis artículos en EL MUNDO) y de las cuatro asociaciones judiciales, cuyos portavoces rechazaron la legitimidad de aquellas diligencias. Sólo así cabe explicar que la requisitoria -ciertamente airada y hasta apocalíptica- de José Jiménez Villarejo contra mi persona sacudiese los cimientos del Consejo empujándolo a los senderos de Marte y del Santo Oficio. Sólo así es posible entender que todo ello coincida -¡qué sorprendente casualidad!- con la publicación de mi libro Palacio de Injusticia.

Cuando la reciente encuesta del CIS nos dice que nuestro pueblo valora la Justicia como la peor de las instituciones del Estado, denunciando que no es igual para todos, (la justicia del poderoso y la justicia del débil, la del rico y la del pobre, la del lujo y la de la necesidad), que no es imparcial ni independiente ni eficaz, lo razonable no es intentar el amordazamiento o la represión de las críticas, sino afrontar el problema en su raíz. Lo razonable no es ceder a la prepotencia de los más poderosos y suspicaces ni embozarse en el silencio ni en el miedo a la libertad ni blindarse frente a enemigos inexistentes ni plegarse a la presión de imperios mediáticos y económicos de muy dudosa laya y peor coturno. Pedir justicia para la Justicia es exigir su independencia al servicio de la libertad y la igualdad de todos. Es exigir que se aplaste de una vez la cabeza de la víbora que sigue siendo en nuestro país la arbitrariedad y la ilegalidad. Es liberar a los jueces de superiores políticos y jerárquicos para que puedan ser independientes y justos.

Dícese que el mismísimo titular del imperio polanco-felipista anda por ahí asegurando que tiene «contra las cuerdas a los dos jueces», es decir, a Javier Gómez de Liaño y al que esto escribe. Si consigue las brillantes colaboraciones necesarias, su mayor triunfo consistiría en que se nos arrojara fuera de la judicatura. Pero con las manos limpias y la dignidad intacta. A los que colaboren en la infamia siempre se les podrá decir «que les aproveche, señores». Sin esperanza y sin miedo. Fieles, aunque afligidos. Fieles a nuestros principios y a nuestras convicciones, aunque afligidos por el desvarío, la desmesura y el odio de algunos.

Para otros las mercedes, los honores, el poder y la riqueza. Para otros, gardingos del imperio, el gran eructo que, según cuenta Dario Fo, disparaba Bonifacio VIII en los grandes banquetes con tal fuerza que apagaba velas a tres metros de distancia. Un eructo parecido al que me dedicó el buque insignia de la flota mediática del imperio. Puede ser que algunos de sus jenízaros pretendan clavarme de la lengua como ejemplo y aviso a los navegantes que se atrevan a ignorar el poder y la gloria del imperio y a denunciar su connivencia con los que -míster X a la cabeza- asesinaron, torturaron, secuestraron y robaron. Como dijo Séneca, «lo peor del encubrimiento es que no se puede dar marcha atrás y que siempre hay que cometer nuevos crímenes para ocultar los anteriores». Ahora están empeñados en la impunidad de sus verdugos.

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Joaquín Navarro Estevan

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