16 diciembre 1994
La detención del ex presidente, Mario Conde, se considera ya algo inminente
El juez de la Audiencia Nacional García-Castellón encarcela al ex vicepresidente del banco Banesto, Arturo Romaní
Hechos
El 15.12.1994 el juez de la Audiencia Nacional, D. Manuel García-Castellón, decretó el ingreso en prisión incondicional para D. Arturo Romaní, ex vicepresidente del banco Banesto y ex consejero delegado de la Corporación Industrial de la entidad.
Lecturas
El caso Banesto ha enviado por primera vez a prisión a uno de los hombres situados en la cúspide del banco durante la presidencia de Mario Antonio Conde Conde. Después de aproximadamente veinte horas de interrogatorio repartidas entre los días 14 y 15, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón García-Lomas ha decretado prisión provisional incondicional y sin fianza para Arturo Romaní Biescas, antiguo vicepresidente de Banesto y uno de los principales responsables de su Corporación Industrial y Financiera. Romaní ingresó durante la madrugada en Alcalá-Meco. Es el primer miembro del núcleo dirigente de la antigua administración de Banesto encarcelado dentro de esta causa; Conde todavía no ha declarado.
Romaní, nacido en Zaragoza en 1942, no era un banquero de segunda fila. Abogado del Estado, había desempeñado responsabilidades en la Administración y pasado por los consejos de empresas públicas como INI, INH, Telefónica y Tabacalera. Dentro del universo construido por Conde se convirtió en uno de sus colaboradores más próximos y, sobre todo, en un hombre fundamental de la Corporación Industrial y Financiera de Banesto, desde donde se administraba la extensa cartera de participaciones empresariales del grupo. En noviembre de 1992 Banesto comunicó a la CNMV su designación como vicepresidente segundo del banco y de la Corporación, conservando además el cargo de consejero delegado de esta última.
Precisamente esa posición explica la gravedad de las sospechas. La Corporación Industrial había absorbido enormes cantidades de financiación procedentes del banco y se encontraba en el centro de muchas de las operaciones que el Banco de España y posteriormente la Fiscalía comenzaron a analizar después de la intervención de Banesto del 28 de diciembre de 1993. El 14 de noviembre de 1994 la Fiscalía presentó una querella contra Conde, Romaní y otros antiguos responsables por posibles delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.
El auto de prisión de Romaní no pretende responsabilizarle del denominado «agujero» global de Banesto, sino de operaciones concretas. Entre ellas aparece Carburos Metálicos: en abril de 1990 Banesto concedió a Air Products Canada una opción sobre 672.000 acciones de Sociedad Española de Carburos Metálicos. El contrato fue firmado por Romaní en representación de Banesto y Air Products abonó 1.344 millones de pesetas por aquella opción. La investigación trataba de averiguar por qué ese dinero no terminó en las cuentas del banco.
Otra operación esencial afectaba a Prebetong Aragón y Hormifasa, la llamada posteriormente operación Cementeras. Sociedades vinculadas a Romaní y Conde participaron en la compraventa de paquetes accionariales que generaron cuantiosas plusvalías privadas. Una sociedad atribuida a Romaní, Data Transmission Systems, obtuvo alrededor de 1.226 millones, mientras Gay Cordon, controlada mayoritariamente a través de sociedades de Conde, consiguió otros 176 millones. Para García-Castellón existían indicios suficientes para investigar si beneficios que correspondían al banco habían sido desviados hacia sociedades vinculadas a sus propios administradores.
El juez examinaba además operaciones relacionadas con Dorna, Oil Dor, Inmobiliaria Concha Espina y sociedades vinculadas al financiero Jacques Hachuel, así como distintas operaciones de la Corporación Industrial. En esta fase inicial las calificaciones jurídicas oscilaron entre apropiación indebida, estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas. El auto consideraba las falsedades instrumentales respecto de otras operaciones y estimaba que el conjunto de hechos investigados podía superar los 5.000 millones de pesetas.
Debe insistirse en que el 15 de diciembre de 1994 Romaní es un investigado sometido a prisión provisional, no un condenado. Pero su encarcelamiento adquiere una enorme importancia porque afecta precisamente al hombre que estaba situado inmediatamente detrás de Conde en buena parte de la ingeniería empresarial del grupo. Tres días después el propio Conde tendrá que comparecer ante García-Castellón. El interrogante que plantea la prisión de Romaní es inevitable: si el vicepresidente y responsable fundamental de la Corporación ha terminado en Alcalá-Meco por determinadas operaciones realizadas durante la presidencia de Conde, ¿hasta dónde llegará la responsabilidad del presidente?
CRONOLOGÍA JUDICIAL DE ARTURO ROMANÍ
28 de diciembre de 1993 — Intervención de Banesto. El Banco de España interviene la entidad y sustituye a su consejo de administración. A partir del examen de la gestión anterior empiezan a aflorar operaciones de la etapa de Mario Conde y de la Corporación Industrial, donde Romaní había desempeñado una función central.
1994 — Comisión parlamentaria e investigaciones. Romaní comparece ante la comisión del Congreso sobre Banesto y defiende la actuación de la Corporación Industrial. El propio Juan Abelló Gallo, antiguo socio de Conde y vicepresidente del banco hasta 1989, explica ante el Congreso que ya había discrepado sobre la política de dividendos y la necesidad de introducir una gestión profesional por debajo de la presidencia.
14 de noviembre de 1994 — Querella de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal presenta querella contra Conde, Romaní y otros antiguos administradores de Banesto por falsedad documental, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas. La investigación queda en manos del Juzgado Central de Instrucción número 3 de García-Castellón. Posteriormente la querella será ampliada a otros responsables.
14-15 de diciembre de 1994 — Veinte horas de interrogatorio. Romaní declara durante dos jornadas. Es uno de los primeros integrantes del núcleo duro de Banesto interrogados extensamente sobre la Corporación Industrial y sus operaciones.
15 de diciembre de 1994 — Prisión provisional incondicional. García-Castellón ordena su ingreso en Alcalá-Meco. Las imputaciones iniciales comprenden apropiación indebida, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas; el auto desarrolla operaciones como Carburos Metálicos, Cementeras, Dorna, Oil Dor y Concha Espina. Romaní se convierte en el primer alto dirigente de la etapa Conde encarcelado por el caso Banesto.
23 de diciembre de 1994 — Conde sigue el mismo camino. García-Castellón envía también a Mario Conde a Alcalá-Meco. Romaní había precedido en ocho días a quien había sido su presidente.
30-31 de enero de 1995 — Libertad bajo una fianza extraordinaria. La Sección Segunda de la Audiencia Nacional considera que la gravedad de las acusaciones no basta por sí sola para mantener indefinidamente la prisión preventiva. Fija 2.000 millones de pesetas para Conde y 1.000 millones para Romaní. Bankinter presta los avales y ambos abandonan Alcalá-Meco en la madrugada del 31 de enero. Romaní queda obligado a comparecer semanalmente y no puede abandonar España.
1995-1996 — La causa crece. Las investigaciones periciales del Banco de España y de la Audiencia reconstruyen numerosas operaciones. En marzo de 1996 la Audiencia mantiene la fianza de 1.000 millones de Romaní.
28 de mayo de 1996 — Apertura de juicio oral. García-Castellón acuerda que Romaní, Conde y otros seis antiguos gestores sean juzgados por estafa, apropiación indebida y falsedad continuada. Se fija una responsabilidad civil conjunta que supera los 16.281 millones de pesetas.
1996-1997 — Las acusaciones se amplían. El procedimiento termina examinando operaciones denominadas Cementeras, Carburos Metálicos, Dorna, Euman-Valyser/Isolux, Promociones Hoteleras, Veblinsa, Telson y artificios contables, entre otras. Para Romaní, el fiscal llegó inicialmente a solicitar unos 23 años de prisión.
1 de diciembre de 1997 — Comienza el gran juicio Banesto. Romaní se sienta junto a Conde y otros antiguos responsables ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El proceso terminará convirtiéndose en uno de los juicios económicos más voluminosos celebrados hasta entonces en España.
1999 — Conclusiones definitivas. Después de una larguísima vista, el fiscal eleva considerablemente sus peticiones. Para Romaní llega a solicitar 42 años y medio, al atribuirle participación en siete de las operaciones enjuiciadas. Romaní sólo quedaba fuera de la denominada retirada de caja de 300 millones atribuida personalmente a Conde.
31 de marzo de 2000 — Romaní recibe la pena más alta. La Audiencia Nacional condena a Arturo Romaní a 13 años y ocho meses de prisión, frente a los 10 años y dos meses de Mario Conde. Quedan acreditadas respecto de Romaní responsabilidades en Cementeras, Carburos Metálicos y las estafas de Oil Dor/Centro Comercial Concha Espina. En Cementeras se consideró apropiada indebidamente una cantidad próxima a 1.500 millones; en Carburos, 1.344 millones que correspondían a Banesto; y las restantes operaciones completaron su responsabilidad por apropiación indebida y estafa.
El resultado tiene una apariencia paradójica: el vicepresidente recibe más cárcel que el presidente. La propia sentencia recuerda, sin embargo, que la responsabilidad penal es individual y que cada acusado responde por los hechos concretos que puedan probarse contra él, no por su posición jerárquica.
Abril de 2000 — Fiscalía, sindicatos y Ausbanc piden medidas cautelares. Tras la condena, Fiscalía, UGT, CCOO y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) solicitan que Conde y Romaní ingresen nuevamente en prisión mientras se tramitan los recursos. La Audiencia establece medidas cautelares y fianzas. Estas organizaciones habían actuado como acusaciones en el procedimiento; UGT, por ejemplo, ejerció la acción popular y recurrió posteriormente al Supremo aspectos absolutorios de la sentencia.
29 de julio de 2002 — El Tribunal Supremo. La Sala Segunda dicta la sentencia definitiva. Para Romaní, el resultado cambia poco: confirma los 13 años y ocho meses. Para Mario Conde, en cambio, cambia radicalmente. El Supremo estima parcialmente los recursos de las acusaciones y eleva su condena desde 10 años y dos meses hasta 20 años de prisión. También eleva la pena de Rafael Pérez Escolar a diez años y dos meses y condena a Enrique Lasarte y Jacques Hachuel a cuatro años cada uno.
Respecto de Romaní, la sentencia firme mantiene fundamentalmente responsabilidades por apropiación indebida y estafa en las operaciones Cementeras, Carburos Metálicos y Oil Dor/Centro Comercial Concha Espina. No debe, por tanto, trasladarse retrospectivamente a Romaní como hechos probados todo cuanto apareció durante la instrucción de 1994-1999.
17 Diciembre 1994
El juez se acerca
Los siete primeros miembros del Consejo de Banesto imputados en la querella presentada por la fiscalía que declararon ante el juez fueron puestos en libertad. Seguramente porque le convencieron de su desconocimiento del verdadero carácter de las operaciones que autorizaron y de las que la querella deduce la existencia de delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento y apropiación indebida. El jueves, el juez decretó prisión provisional para el octavo declarante, Arturo Romaní. Una interpretación plausible de esa diferente decisión del juez es que Romaní, número dos del Consejo y consejero delegado de la Corporación Industrial de Banesto en los años en que se produjeron esos supuestos delitos, no tenía posibilidad de alegar desconocimiento o desplazar la responsabilidad hacia otras personas. Con la excepción de su número uno, Mario Conde. Éste declarará el próximo lunes. Pero si Romaní conocía, y se benefició personalmente, es difícil admitir que Conde desconociera.De momento, se sabe que el juez García Castellón imputa a Romaní un delito de estafa estimado en unos 5.000 millones de pesetas, que no figuraba en la querella del fiscal. Hablar de estafa es hablar de engaño. El consistente en «producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero». Quién sea ese otro (u otros) que ha podido ser engañado por Romaní se desconoce de momento, dado el secreto del sumario. Pero es presumible que se trate de los miembros del comité ejecutivo de Banesto que aprobaron corporativamente decisiones que perjudicaban a la entidad., que gestionaban en la misma medida en que favorecían los intereses particulares de algunos de ellos.
La utilización de empresas instrumentales tras las que figuraban esos directivos ha dificultado la investigación. Pero de las decisiones judiciales -primero, la presentación de la querella, y, ahora, la prisión del ex vicepresidente de Banesto- parece deducirse que eran algo más que artificios contables, entendidos éstos como técnicas más o menos discutibles de gestión, lo que había detrás del desastre que supuso pérdidas considerables a la entidad. De manera que si hay dudas sobre quiénes pudieron ser las personas «inducidas a error» -más o menos culpable; ya se verá-, sí se sabe quiénes fueron los perjudicados: los accionistas y trabajadores de Banesto y de las empresas participadas. Además de los contribuyentes españoles, cuyos impuestos sirvieron para cubrir una parte del agujero dejado por el anterior equipo directivo.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria, el presidente actual de la entidad, Alfredo Sáenz, habló de cantidades desaparecidaso evaporadas, insistiendo en que no era lo mismo que perdidas. Los pagos de enormes comisiones o la venta con cuantiosas ganancias a la Corporación de Banesto de compañías previamente adquiridas por empresas propiedad de, o participadas por, miembros del Consejo podrían tal vez explicar el destino de esas desapariciones. Definir tales prácticas mediante el eufemismo de «ingeniería financiera» resulta tan poco convincente como la metáfora del banquero independiente, símbolo de la sociedad civil y víctima, por ello, de una conspiración universal, ideada por sus agradecidos hagiógrafos.
El blindaje fabricado por ellos no sirvió para ocultar la realidad de la mala gestión de Banesto que llevó a la intervención del 28 de diciembre pasado. La cortina de humo posteriormente extendida aspiraba a convencer a la opinión pública de que esa intervención se había producido por motivaciones políticas. La red últimamente desplegada bajo el audaz trapecista pretendía reducir el asunto a un problema de errónea gestión, similar al planteado en tantas otras empresas en los años de crisis.
En esto están ahora. Pero por lo que va sabiéndose, se entiende perfectamente por qué el libro de Mario Conde habla de todo excepto de su gestión como presidente del Banco Español de Crédito. Y todo parece indicar que para conocer los detalles más interesantes de esa gestión tendremos que esperar al, desenlace del procedimiento judicial en curso. Realizado con todas las garantías y de acuerdo con los exigentes procedimientos del derecho penal.
El Análisis
EL VICEPRESIDENTE NO ESTABA DE ADORNO
Resultaría demasiado sencillo contemplar el desastre de Banesto como la historia de un solo hombre llamado Mario Conde y convertir al resto de su consejo en espectadores de una aventura ajena. Arturo Romaní obliga a plantearse una pregunta diferente: ¿para qué sirve un vicepresidente si cuando llega el momento de responder por lo sucedido resulta que todo dependía exclusivamente del presidente? Romaní no era un consejero que acudiese periódicamente a escuchar informes. Dirigió la Corporación Industrial, intervino personalmente en algunas de sus operaciones y terminó ocupando la vicepresidencia del banco. Si las investigaciones judiciales confirman que sociedades relacionadas con administradores obtuvieron beneficios a costa de operaciones de Banesto, cada responsable deberá responder exactamente por aquello que conoció, decidió, autorizó o ejecutó. La responsabilidad penal no se transmite por organigrama y Romaní no puede ser condenado por ser el número dos de Conde; pero tampoco puede convertir ese mismo organigrama en una excusa para presentarse como alguien ajeno a la gestión. Precisamente porque era vicepresidente, la pregunta no es solamente qué hizo: también importa determinar qué sabía del sistema que ayudaba a administrar.
Vista desde hoy, resulta inevitable recordar a Juan Abelló Gallo. Él había acompañado a Conde en la extraordinaria operación que llevó a ambos desde Antibióticos hasta el control de Banesto, llegó a ser vicepresidente y, sin embargo, se marchó en 1989. Años después explicaría que discrepaba sobre la política de dividendos, que consideraba necesario reforzar la gestión profesional del banco y que Conde había comenzado a contar menos con él. Sería aventurado afirmar que Abelló previó en 1989 las operaciones que terminarían en los tribunales o que huyó para evitar responsabilidades futuras. Pero el contraste es formidable. Uno de los hombres que llegó con Conde supo abandonar el barco cuando todavía navegaba; Romaní permaneció, aumentó su poder y acabó convirtiéndose en uno de los ejecutores esenciales de aquella etapa. Abelló terminó compareciendo como testigo; Romaní terminó compareciendo como acusado. La diferencia no demuestra clarividencia penal, pero sí recuerda que en el mundo empresarial saber cuándo dejar de acompañar a alguien puede resultar tan importante como saber cuándo asociarse con él.
JF