El juez Francisco Javier de Urquía es suspendido al ser acusado de haber recibido dinero y cocaina de los implicados en la Operación Malaya

El juez Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado 2 de Marbella, será procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras ser imputado de cohecho y prevaricación en una causa derivada del caso Malaya.

El magistrado del TSJA Miguel Pasquau asegura no albergar «duda alguna» de que el cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, entregó 78.300 euros a Urquía para la compra de su vivienda a cambio de que le asesorara. Urquía (Alicante, 1968) rechaza las severas acusaciones en esta entrevista realizada a través de correo electrónico.

Pregunta. ¿Cómo explica que el TSJA asegure no tener dudas sobre el supuesto pago de Roca?

«El juicio es lo de menos. Lo importante es el daño ya causado»

«Mi honor está marcado por una ofensiva mediática desproporcionada»

Respuesta. No dice eso el TSJA, sino el instructor, que sigue la estela del informe policial sin hacer apreciación alguna de las pruebas de descargo, excepto para decir que dos testigos no prestaron juramento, cuando el tomarlo es función suya. Un juez debe basarse en hechos y no en corazonadas o en ideas preconcebidas. En una conversación telefónica en la que no participé se dice que se oye mi voz al fondo; la policía dice que es algo científicamente imposible de determinar por la mala audición de la cinta, que debe estar grabada en un bar, lo que no es obstáculo para que el juez Torres y el juez Pasquau, como auténticos peritos en materia de audición, decidan que la voz es mía. Ambos deben tener poderes que escapan a mi comprensión. Visto lo visto, resultaría una garantía que la acusación por cohecho fuese enjuiciada por los ciudadanos a través del jurado.

P. ¿Conocía a Roca? ¿Mantenían algún tipo de relación?

R. Ninguna. Me lo presentaron en una ocasión en compañía de muchas personas. Y nada más. De hecho, Roca tuvo sus teléfonos intervenidos durante más de un año y no consta ninguna conversación conmigo. Ni una. Por ello, la afirmación de la Policía de que éramos amigos es completamente gratuita.

P. ¿Solicitó una ampliación del 100% del importe de la hipoteca tras la detención de Roca? ¿Cómo explica dicha coincidencia?

R. En aquellas fechas mi familia iba a vender un terreno en Jaen, operación que se aplazó, aunque parece que ahora se llevará a cabo.El instructor lo comprobó tomando declaración al comprador, quien aportó a las actuaciones el contrato de opción de compra que firmó con mi padre y sus hermanos. Sin embargo, en el auto de conversión a procedimiento abreviado no hace ninguna mención a las pruebas que me favorecen y que él mismo acordó.

P. En su comparecencia admitió el pago de dinero no declarado que le facilitó su familia. ¿Le parece ético? ¿Está arrepentido?

R. Hemos acreditado que el dinero de mi familia salió del banco, por lo que era un dinero declarado. En todo caso, una donación familiar ínter vivos no me produce ningún problema ético.

P. ¿Le parece una gran suma de dinero 78.300 euros?

R. Con independencia de que no es ésa la suma que yo pagué como señal de la vivienda, me parece una cantidad importante, pero mi familia dispone de patrimonio para hacer frente a su pago y yo estaba autorizado por mis padres para disponer incluso de una cantidad superior, como se ha acreditado en el procedimiento mediante la correspondiente certificación bancaria que obra en poder de la Udyco, y que la policía «olvidó» incluir en su informe.

P. ¿Se extralimitó la policía al valorar que «se había vulnerado un pilar básico del Estado de Derecho»?

R. Cualquier operador jurídico sabe que la policía adorna sus atestados para influir en jueces y fiscales. Esa valoración es una tontería, como lo son otras de las afirmaciones que hizo la policía sobre mí, que se publicaron y que luego se han demostrado falsas, y de las que hoy nadie se acuerda, habiendo sido desechadas por la investigación

P. ¿Cuál fue su primera reacción ante la suspensión por parte del Consejo?

R. Me enteré por una llamada del secretario del Consejo, quien no pudo informarme de la razón de tal medida porque las diligencias eran secretas y el Consejo no sabía a ciencia cierta lo que se me imputaba. Me extrañó que se acordara la medida de suspensión sin un título de imputación formal, según exige el art. 383 de la LOPJ, lo que no tiene precedentes en la historia judicial española. De hecho, tuve conocimiento del auto porque me lo leyó por teléfono un amigo que lo había oído en la radio antes de que lo supieran mi procurador y mi abogado, a quienes informé inmediatamente.

P. ¿Cómo afronta el juicio oral, con qué ánimo?

R. Con la tranquilidad que da saberse inocente y contar con pruebas de descargo que lo acreditan, frente a meras suposiciones. De todas formas, el juicio es lo de menos. Lo importante es el daño que ya se ha causado y que no tiene reparación posible.

P. ¿Cómo explica la confusión de fechas en la notificación de la querella por el programa de televisión sobre Roca entre el 15 y el 16 de marzo?

R. No hay ninguna confusión. Las resoluciones judiciales se notifican el mismo día de su fecha o al día siguiente, y no es función del juez practicarlas. También depende del celo de las partes y de sus procuradores en conocer las resoluciones recaídas.

P. ¿Actuó el juez Torres de manera poco correcta en una investigación concerniente a un compañero de juzgado?

R. No voy a entrar en la opinión que me merece el juez Torres desde un punto de vista personal. Si éramos compañeros o amigos es algo que no debe de influir en su actuación como juez. Sí considero que tanto él como el fiscal anticorrupción no debieron limitarse a copiar el informe policial sin efectuar la más mínima comprobación, como examinar las diligencias de Roca contra Toro [Cristobal Toro, ex policía marbellí] y ver si existía o no una resolución injusta, para lo cual sólo tenían que bajar dos pisos del edificio de los Juzgados. El propio instructor dice en un auto textualmente que las resoluciones recaídas en ese procedimiento son irreprochables y que la medida de suspensión acordada era la adecuada, aunque a continuación imputa un delito de prevaricación, lo que resulta inexplicable.

P. ¿Qué opinión le merece Juan Antonio Roca?

R. Reitero que no lo conozco. Y evidentemente no entraré en las imputaciones, sobre las que se pronunciarán los tribunales.

P. ¿Le pidió a la abogada Inmaculada Gálvez que presentara la imputación contra Roca en su juzgado?

R. De todas las tonterías que se han dicho sobre mi persona esta es la más inofensiva, hasta el punto de que la instrucción no se ha detenido ni un momento en ella. Se aprovecha de la afirmación de la policía, el fiscal y el juez Torres de que me quedé el asunto de Roca contra Toro sin corresponderme. Pero el conocimiento del asunto me correspondía nada menos que por tres normas de reparto y así lo entendió también el Juzgado n.º 3 de Marbella, al que se turnó la querella y que se inhibió a mi juzgado. El presunto quebrantamiento de las normas de reparto -que no existe- nunca sería prevaricación, como debe saber el instructor.

P. ¿Qué papel jugó su amigo Arnau Fabrice Albouhair en la compra de su vivienda?

R. Le pedí que a través de sus abogados me consiguiera un modelo de contrato de compraventa, ya que obviamente yo sólo tenía modelos de resoluciones judiciales. No tiene más papel en este asunto. Su imputación sería cómica de no ser todo este asunto trágico.

P. ¿Volverá a su juzgado marbellí si es declarado inocente?

R. Esa es una decisión que tendré que tomar en su momento y para la que habré de contar con la opinión de personas a las que debo mucho y que me han apoyado en estos momentos difíciles. Me refiero a mi familia y a los funcionarios de mi juzgado. Con ellos no puedo ser ingrato, independientemente de mis sentimientos personales.

P. ¿Considera que su nombre en la carrera judicial quedará marcado, o existe un margen para restituir su honorabilidad como magistrado?

R. Mi honor está marcado por una ofensiva mediática desproporcionada que entendemos ha sido dirigida. Al día siguiente de mi suspensión, dos periódicos de tirada nacional pedían mi ingreso en prisión cuando yo todavía no sabía de qué iba el tema, por estar las diligencias secretas.

De todas formas, la prensa se ha limitado a publicar aquello que se le ha filtrado interesadamente. Y eso se ha hecho a niveles inauditos. Nos enteramos de algunas de las resoluciones por la prensa antes de por la notificación correspondiente. Por poner otro ejemplo, cuando acudimos a la prueba de reconocimiento de voz no necesité oír la grabación porque alguien la había colgado dos días antes en internet, aunque después desapareció. El que mi honorabilidad se restituya dependerá del resultado final del procedimiento, aunque temo que si me es favorable no mereceré una nota a pie de página.

Sólo el peor corporativismo puede explicar que un juez que se ha vendido y ha utilizado la toga para delinquir no entre en prisión. Francisco Javier de Urquía, que fue titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, fue condenado ayer por pedir dinero al ex asesor de Urbanismo de ese municipio Juan Antonio Roca y cobrar 73.800 euros a cambio de dictar un auto para beneficiarle.

Pese a dar por probados los hechos, los compañeros de Urquía en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han acabado aplicándole la condena mínima por el delito de cohecho, que es de dos años de cárcel. No han tenido en cuenta que el fiscal solicitaba que la pena de privación de libertad fuera en este caso de tres años, que sí llevaba implícita la entrada del condenado en prisión.

Estamos ante un delito que repugna especialmente a la ciudadanía, y con razón, porque la Justicia es uno de los pilares de la democracia y una sociedad con jueces corruptos ve socavados sus cimientos. Pero es que además, este caso concreto reúne otros ingredientes particularmente detestables. Se trata de un delito cometido al calor de la corrupción urbanística, que confirma las sospechas de los ciudadanos de que el sector del ladrillo es el gran comprador de voluntades en España. En nuestra encuesta sobre el chequeo a 30 años de democracia publicada este mismo miércoles, una gran mayoría (el 57,2%) mostraba esa convicción.

Además, el juez Urquía utilizó su posición para cercenar un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, ya que el dinero del cohecho lo cobró por impedir a una televisión local emitir en 2006 un programa alusivo a las oscuras actividades de Juan Antonio Roca, curiosamente sólo dos semanas antes de que se destapara la operación Malaya, que descubrió la mayor trama de corrupción urbanística en España.

Por si fuera poco, la sentencia deja entrever que el juez podría haber tenido la tentación de haberse vendido en más ocasiones. En el banco «siempre terminaba los meses con saldo negativo», especifica el fallo.

Aunque siempre pueda haber sospechas de corrupción en la Justicia (en nuestra encuesta un 14,4% cree que la hay en este ámbito) es muy difícil poder probar que un magistrado delinque en el ejercicio de sus funciones. De ahí que se den muy pocas condenas y de ahí, también, que cuando se demuestren casos de esa naturaleza las sentencias debieran ser ejemplares. La Justicia tendría que ser la primera interesada en demostrar que es capaz de limpiar su casa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha perdido una oportunidad y, por contra, los ciudadanos tienen un argumento más para pensar que tenemos una democracia de mala calidad.