El juez Garzón ‘clausura’ judicialmente a Batasuna como partido político y ordena el cierre de todas sus sedes

En el pleno parlamentario del lunes sobre la ilegalización de Batasuna, ninguno de los grupos que se abstuvieron o votaron en contra de la aplicación de la Ley de Partidos -en el ejercicio de un legítimo y democrático derecho a discrepar de la mayoría- defendió abiertamente el mantenimiento de la legalidad de esa formación pase lo que pase. Incluso expresaron su apoyo a la ilegalización por la vía penal; es decir, si se demostrase en sede judicial que forma parte de un entramado claramente delictivo. Y eso es, justamente, lo que se demuestra en el auto del juez Garzón.

Sus casi cuatrocientos folios se fundamentan en la sistematización de datos aportados por la policía, y en particular en un informe, fechado en julio pasado, de la Unidad Central de Inteligencia. Algunos de esos datos -tomados de boletines internos de ETA, transcripciones de conversaciones, actas de reuniones- eran desconocidos, pero otros habían aparecido en la prensa o en libros recientes. Y era de conocimiento público que Batasuna presentaba casi siempre a presos de ETA en sus listas electorales. En las municipales de 1995, por ejemplo, hubo 32 presos en las candidaturas, según recoge el escrito del instructor.

La novedad no es tanto los datos como su sistematización. Leído de seguido, lo que más choca del auto es la transparencia de los jefes de ETA: les parecía tan natural que lavanguardia armada dirigiera todo el tinglado, incluyendo un partido que competía en las elecciones y cobraba subvenciones públicas, que dejaban constancia escrita de ello. Sólo muy recientemente, cuando Garzón se acercaba a lo que buscaba, tomó esa vanguardia decisiones como la de enmascarar, primero, y negar, más tarde, la existencia de KAS, la coordinadora utilizada por ETA para ejercer el mando. Fue Arnaldo Otegi el que, a finales de 1998, informó de que hacía años que KAS había desaparecido, cosa que se ignoraba; a fines de 1999 aparecía Ekin, que asumió, según Garzón, las mismas funciones.

Episodios como la intervención directa de ETA en los congresos del partido Hasi, núcleo ideológico duro de la vieja Herri Batasuna, incluyendo las purgas fulminantes, se conocían por las memorias de algunos protagonistas y otras fuentes. Pero el auto incorpora actas de numerosas reuniones de KAS que revelan el modo de funcionamiento. Todos tienen voz, pero la última palabra la tiene ETA. Su intervención se extiende a los nombramientos de directivos de medios de comunicación, y hasta al estilo poco entusiasta de algún locutor de uno de esos medios. También hay papeles relacionados con la participación de personas de la trama civil en el cobro del llamado impuesto revolucionario, y evidencias sobre una financiación de doble dirección: la rama ilegal financia iniciativas legales, pero a partir de un momento dado los beneficios de ciertos montajes legales sirven para financiar actividades ilegales, según se desprende del auto.

Lo que se deduce del conjunto no es tanto que ETA y Batasuna sean lo mismo, sino que ambas estructuras forman parte de un entramado común dirigido por ETA; pero esa ETA dirigente puede estar formada por miembros de los comandos y otras personas que no se dedican a eso. Ésa es la hipótesis de fondo de Garzón.

El auto tiene efectos inmediatos, aunque haya recursos. La ejecución de la sentencia -que en el País Vasco corresponde a la Ertzaintza en funciones de policía judicial- había planteado inquietudes políticas, a la vista de algunos gestos rupturistas del PNV en los últimos meses. Sin embargo, tal como adelantó el lehendakari y defendió el diputado Anasagasti en el pleno, el Gobierno de Vitoria ‘aplica la ley, como no puede ser de otra manera’, y en este caso la resolución judicial. Los desalojos de las sedes de Batasuna en las capitales vascas por parte de la Ertzaintza provocaron ayer varios incidentes, pero no las catástrofes que algunos habían augurado.

Lo más importante es la actitud política de las autoridades vascas. Una negativa a actuar, como le exigían los dirigentes de Batasuna, sería equivalente a una declaración de rebeldía: al conflicto. El PNV, un partido con vocación institucional y tradición democrática, se habría separado de su electorado de haberse resistido a ejecutar la sentencia. La divergencia política con una iniciativa como la Ley de Partidos, o la jurídica con la del juez Garzón, no debe ser incompatible con el acatamiento de la legalidad. Ésa fue la doctrina del PNV tras la aprobación de la Constitución. El diputado nacionalista Iñaki Anasagasti declaró ayer que quizá ‘deberíamos volver al Pacto de Ajuria Enea’. Sería un efecto colateral muy beneficioso de la iniciativa del juez Garzón.

A las pocas horas de que el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Jon Imaz (el lehendakari permanece ahora incomprensiblemente mudo ante la expulsión a la clandestinidad de una parte sustancial de la ciudadanía para la que gobierna) insistiera en que el Ejecutivo autonómico, el Parlamento de Gasteiz y ‘la amplia mayoría de la sociedad vasca’ es contraria a la ilegalización de Batasuna, las fuerzas policiales dependientes de ese mismo Gobierno entraban a golpes en las sedes de la formación independentista para proceder a su desalojo y clausura. Ya lo había anunciado la pasada semana con innecesaria suficiencia el propio Juan José Ibarretxe: «las instituciones vascas cumplirán siempre la ley, como es debido». Como es debido a un régimen de mera descentralización administrativa en la que el Estado sigue imponiendo sus principios. Como es debido en un tripartido acomplejado ante el nacionalismo español, con el que sólo se atreve a encararse en rifirrafes dialécticos que nunca van más allá del espacio que ocupan en los medios de comunicación, mientras que para la izquierda abertzale reserva los golpes – como los que con no poco entusiasmo propinaron ayer algunos ertzainas a las puertas de las sedes – y la práctica del aislamiento político.

En esto consiste el marco constitucional y autonómico, en que una policía supuestamente autóctona, a las órdenes de partidos que se dicen nacionalistas vascos, sea la encargada de hacer cumplir con las armas en la mano, las leyes españolas. En que sus agentes rompan las instalaciones del segundo partido con mayor representación municipal en Euskal Herria y saquen a volandas a sus dirigentes, entre ellos varios parlamentarios autonómicos, por orden de un juez de un tribunal especial. Para cualquier abertzale es evidente que en ese marco es imposible construir una nación soberana.

Como también cualquier abertzale volverá a lamentar que PNV y EA hayan desaprovehcado una nueva ocasión de plantar cara a los dictados de Madrid. De nada sirve decir que los autos de Garzón o la ley de partidos conculcan derechos fundamentales y comprometen seriamente el futuro del país, si a renglón seguido se pone todo el entramado institucional del que se dispone al servicio de la Audiencia Nacional. Los principios éticos y las obligaciones morales que el tripartido arguye ante la izquierda abertzale se diluyen como un azucarillo en medio de una tormenta ante las órdenes españolas.

La democracia española vivió ayer una jornada histórica. Tanto la transcendente votación en el Congreso de los Diputados como el auto puesto en marcha por el juez Garzón consiguieron colocar ayer en capilla a Batasuna y a todo lo que representa como entramado de apoyo a la organización terrorista ETA.

Por un lado los partidos políticos decidieron por una abrumadora mayoría -295 a favor, 10 en contra y 29 abstenciones- votar a favor de la proposición presentada de manera conjunta por PP y PSOE para que el Gobierno de José María Aznar reclame al Tribunal Supremo su ilegalización por haber vulnerado la Ley de Partidos Políticos. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó suspender por tres años las actividades de Batasuna y cerrar sus locales.

El precinto físico de las sedes de la coalición abertzale, ordenado en el auto del juez, supone sin duda una figura muy gráfica de la situación en que la democracia coloca a un partido abocado hacia lo que será la última recta de su nefasto camino.

En el Pleno del Congreso, los rostros morenos, los trajes claros de las diputadas y las corbatas vistosas de los diputados reflejaban la primera sesión del Parlamento que se ha celebrado, excepcionalmente, en un mes de agosto. Al margen de la anécdota, todos eran conscientes de la trascendencia del momento. No hubo sorpresas y cada grupo expuso sus convicciones en el sentido en el que estaba previsto.Los defensores del sí desplegaron sus argumentos meridianos sobre la necesidad de ilegalizar a un partido que justifica a ETA y que vulnera grave y reiteradamente los principios democráticos.

Los defensores de la abstención -CiU e IU especialmente- se alejaron de cualquier connivencia con el terrorismo y propugnaron también el derecho a la vida por encima de cualquier otra consideración.Sus objeciones fueron más de procedimiento. Insistieron en su preferencia por la vía penal y en lo innecesario de la vía parlamentaria.

Precisamente el auto de Garzón y sus consecuencias prácticas han dejado claro que ambos sistemas son complementarios. Sólo la ilegalización podrá impedir, por ejemplo, que los cargos electos de Batasuna continuen formando grupos propios en las instituciones ya que el juez no es competente para intervenir en las normas internas de los parlamentos vasco o navarro. Por cierto que la mayor prueba de que la Ley de Partidos no supone ningún ataque a la libertad de expresión o a la disidencia política se reflejó ayer en la intervención furibunda y ofensivamente antiespañola del representante de ERC.

El PNV, por su parte, a través de un Anasagasti desazonado, se preguntaba ayer si ellos serán los próximos. La respuesta es clara. Mientras respeten la legalidad -y ayer reiteraron que lo harán- sólo cabe respetar sus deplorables planteamientos.

Los de LA RAZÓN constataban en portada que ‘El 88% del pueblo español, representado por sus diputados, aprueba deslegalizar HB». Del pueblo vasco no decían ni pío.

Los tres editoriales de Anson se ligaba en un único titular: «El pueblo contra el terror… la hora de los jueces… Garzón ilumina el camino». Pues iluminará mucho Garzón, pero hasta el entusiasta editorialista reconocía que ‘aún tendremos que sufrir’, con lo que no se entiende mucho por qué tanta alegría. Mejor nos iría a todos si no se entusiasmara nadie.

El miércoles Carlos Dávila (El tercer grado, La 2) inauguró su temporada de entrevistas de agitación y propaganda política. Entrevistó al ministro del Interior, Ángel Acebes. Le dijo el periodista: «Hay quien dice que la ilegalización de Batasuna traerá más sangre todavía». Contestó el político: «Ilegalizarlos es el mejor camino para acabar con el terrorismo. ETA está en uno de los momentos más débiles de su historia». Al es cuchar esta sentencia entró en casa un golpe de aire frío. ¡Dios mío! En los últimos 20 años cada vez que un ministro ha dicho que ETA está débil, o mortecina, el atentado subsiguiente ha sido más escalofriante que nunca. Mal camino, y falso, el del triunfalismo en la lucha antiterrorista. Cuánto desearía equivocarme y darle la razón, señor ministro.