Search
Aznar manda un mensaje a Batasuna tras no condenar el crimen: "Hasta aquí hemos llegado"

ETA asesina a la niña de seis años Silvia Martínez y al ciudadano Cecilio Gallego con una bomba en Santa Pola

HECHOS

El 4.08.2002 una bomba colocada ante la Casa Cuartel de Santa Pola asesinó a dos personas.

2002_santapola El atentado buscaba provocar una matanza de Guardias Civiles aunque sólo asesinó a uno y a una niña.

2002_otegi El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, se negó a condenar los dos asesinatos, aunque de ellos fuese una niña y responsabilizó al Gobierno español de ser el causante de todas las lamentables muertes que se producían por negarse a hacer concesiones a ETA. Es el primer asesinato que se produce tras la Ley de Partidos.

2002_AznarBasuraBatasuna El presidente del Gobierno D. José María Aznar compareció para decir que ya estaba harto de que “la basura que son los dirigentes de Batasuna” pudieran seguir siendo considerados dirigentes de un partido político legal, mientras los demócratas tenían que enterrar a una niña.

06 Agosto 2002

Comunidad de fines

José Antonio Zarzalejos

El registro dialéctico del lehendakari Ibarretxe cuando se produce un atentado terrorista -adjetivo que esquiva con esmero- consiste en una estudiada mixtificación de homilía repleta de obviedades y de inútil sentimentalismo gestual. Por eso, incluso cuando trata de mostrar su pesar por las muertes de Santa Pola -elude, claro está, el término asesinato- construye un discurso verdaderamente nauseabundo. Que éste presidente del Gobierno vasco apele al diálogo y la «sensatez» resulta ofensivo cuando se inhuman los cadáveres de un niña de seis años y de otro ciudadano inocente reventados por el explosivo etarra porque ambos son víctimas del terrorismo nacionalista de ETA, pero también de las políticas del PNV, EA e IU que ofrecen verosimilitud y horizonte político a los asesinos.
Sabe Ibarretxe, y con él todos los dirigentes del nacionalismo, que el dedo acusador de la opinión pública española -y de la vasca que no ha sucumbido al buzoneo de los bizkaitarras y a la amenaza de los etarras – les señala y lo seguirá haciendo hasta tanto no rompan -esta es la clave de la cuestión- la comunidad de fines que mantienen con la banda terrorista y su entorno.
Pueden los nacionalistas indignarse tanto cuanto quieran, amagar con querellas judiciales o imprecar a unos y a otros, pero sobre ellos pesa el estigma de compartir los propósitos últimos que ETA explicita con una suerte de claridad que el PNV y su Gobierno camuflan con eufemismos y ambigüedades. El resultado final siempre es el mismo: el PNV y EA buscan, como lo hacen los terroristas por medios criminales, la secesión utilizando para lograrla vías complementarias. El nacionalismo y ETA no desarrollan líneas paralelas que nunca llegarían a cruzarse; por el contrario, son trayectorias que buscan la convergencia aunque ocasionalmente se distancien para luego, de forma irremediable, volver a aproximarse. Los nacionalistas y los terroristas han creado un mecanismo de acciones reflejas de mutua asistencia extraordinariamente operativo. Si la sociedad vasca y del resto de España invade las calles como hace cinco años con motivo del asesinato de Miguel Angel Blanco, el PNV rescata a los terroristas del encanallamiento firmando con ellos y adláteres el Pacto de Estella; si los partidos constitucionalistas pisan los talones electorales a los nacionalistas, el entorno etarra presta a las candidaturas del PNV ochenta mil votos adicionales y si la banda terrorista se siente acuciada y perseguida por las policías española y francesa y hostigada en sus retaguardias, el PNV formaliza las pretensiones comunes en una declaración parlamentaria. ¿Más datos? Los hay, en la historia y en el presente: los nacionalistas no quieren la ley de partidos que podría ilegalizar a Batasuna, pero tampoco la vía penal de la Audiencia Nacional. En realidad no aceptarán ni una sola medida que altere el statu quo actual. La única rivalidad que existe entre unos y otros es de ámbito interno: determinar en su momento qué nacionalismo -el etarra o el peneuvista- lidera el movimiento nacional vasco. Mientras tanto, se mantiene bien vigente la comunidad de fines, la comunión de aspiraciones y la asistencia recíproca.
El nacionalismo, sin embargo, con ser burdo, no lo es tanto: ha logrado con gran eficacia construir una enorme ficción, un gran embuste. Puesto que la violencia etarra garantiza adhesiones de refugio y el clientelismo económico silencia disidencias de las clases más pudientes, él se presenta ora victimizado, ora perseguido y siempre incomprendido. Aunque las víctimas, los perseguidos y los incomprendidos sean, precisamente, los no nacionalistas.
La explotación por el PNV de las contradicciones nacionales de España es un recurso que, desde Sabino Arana a nuestros días, los nacionalistas han manejado con maestría. Es fácil en nuestro país utilizar a determinada intelectualidad mediática más interesada en impugnar al presidente del Gobierno que al del PNV; es bastante sencillo -a la vista está- amedrentar a unos obispos y alentar a otros para que en pastorales estridentes secunden todas sus tesis; no resulta dificultoso premiar con «la distinción» de Sabino Arana o como «vasco universal» a algún español de campanillas. Y, en último término, si el discurso debe modularse, se modula porque las lealtades del nacionalismo -desde 1895 a 2002, diga lo que diga Anasagasti en la tribuna del Congreso de los Diputados- brillan por su ausencia y han relucido ostentosamente con la monarquía alfonsina, con la dictadura de Primo de Rivera, con la II República, con el franquismo y, ahora, con la democracia.
El nacionalismo vasco no forma parte de la solución a la tragedia del terrorismo; es parte -y parte sustancial- del problema. Todos sus diagnósticos y comportamiento se insertan en una estrategia que pretende el motín político, la confusión y la desestabilización. El grado de radicalización, el calibre de los discursos, la desfachatez política estarán en función de las circunstancias. Si ahora se han incrementado los decibelios -más allá de los pésames de Ibarretexe- es porque el PNV debe revolverse ante la posibilidad de que Batasuna quede en la clandestinidad. Los proetarras son básicos en el diseño subversivo del nacionalismo, desempeñan una función crucial, disponen de unos recursos públicos que contribuyen a la «construcción nacional» y son la expresión permanente del «conflicto» que el PNV alimenta con dosis de alquimista avezado.
La vinculación objetiva entre Batasuna y ETA dispone ya de carta de naturaleza pero hasta tanto no se interiorice en la sociedad española que el nacionalismo vasco carece de discurso y posibilidades sin la violencia de la banda terrorista, no se habrá dado el paso psicológico para lograr el manejo democrático y razonable del denominado «problema vasco». Sin la violencia terrorista, el vasco sería un factor interno nacional que obligaría a difíciles pero lógicos equilibrios, pero sus dimensiones se situarían en parámetros de absoluta normalidad que diluirían el sentido fundacional del nacionalismo que nació y se ha desarrollado sobre factores de patología social de tal modo que, cuando éstos se superaron en el conjunto de España, apareció como una excrecencia del sectarismo el terrorismo que el domingo segó dos vidas más. Víctimas ambas de los asesinos, pero también -la causa de la causa es la causa del mal causado- de ese error histórico, de ese disparate anacrónico que es el nacionalismo que, en su extrema postración, es ya rehén de la comunidad de fines con los terroristas.
José Antonio Zarzalejos
06 Agosto 2002

Batasuna no condena

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

El atentado de Santa Pola, el primero cometido por ETA tras la entrada en vigor de la Ley de Partidos, ha provocado que las formaciones políticas vuelvan sus miradas hacia Batasuna. La no condena del atentado por ese partido, que pasa por ser el brazo político de ETA y sobre el que el juez Garzón ha lanzado sospechas fundadas de ser la marca legal del conglomerado etarra, ha sido valorado como un dato relevante a los efectos de poner en marcha las previsiones de dicha ley.

La ausencia de condena por parte de Batasuna del atentado de Santa Pola mientras el resto de las fuerzas políticas lo han condenado, incluida Aralar (la formación política escindida de Batasuna), es más que elocuente. Sólo cabe interpretarla como una muestra de complicidad política con los asesinos de la niña de seis años y del hombre de 57 en el atentado del domingo en Santa Pola, que acentúa todavía más los ribetes más negros de Batasuna, cada vez más aislada del resto de partidos políticos y de la ciudadanía vasca.

Por si hiciera falta, su portavoz Arnaldo Otegi ha venido a subrayar aún más esa complicidad con una de sus explicaciones al uso, atribuyendo el atentado de ETA en Santa Pola a la persistencia de ‘un conflicto que dura ya dos siglos’ y endosando a Aznar la responsabilidad ‘de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en el futuro’. Bien es cierto que Otegi se cura en salud y toma sus precauciones ante la Ley de Partidos asegurando que ‘no justifica ni ampara lo ocurrido ayer’, pero la explicación que ofrece es difícil no interpretarla como una exculpación o eximente del crimen cometido por ETA en la ciudad alicantina.

La omisión de una condena explícita, aunque revele una evidente complicidad política, tiene una difícil articulación legal, incluso al amparo de la Ley de Partidos. El texto legal se refiere expresamente a ‘justificar o exculpar los atentados’, a dar ‘apoyo expreso o tácito al terrorismo’ y a ‘exculpar o minimizar su significado’. Se trata de aspectos sujetos a interpretación judicial y, por tanto, endebles y azarosos para sustentar por sí solos una demanda de ilegalización. Pero esa actitud, que desmarca tan clamorosamente a Batasuna del comportamiento de los partidos democráticos, no puede sino poner en situación de alerta al conjunto de fuerzas políticas, al Parlamento y al Gobierno. No basta seguramente por sí sola para actuar judicialmente contra Batasuna, pero sí para poner en marcha el reloj de su futura ilegalización, dejando a las fuerzas políticas parlamentarias y al Gobierno la elección del momento procesalmente oportuno.

En todo caso, no hay que olvidar que la Ley de Partidos, a medio camino entre lo penal y lo civil, es un intrumento a la vez político y jurídico. En consecuencia, debe ser utilizado con prudencia y no ‘cuanto antes’, por más que los dirigentes de Batasuna se comporten moralmente como ‘basura’ (algo que, aunque sea cierto, es impropio que lo diga el presidente del Gobierno), sino cuando proceda y con el mayor fundamento legal posible. Precipitarse en una cuestión tan importante podría ser tan contraproducente como demorarse más de lo debido. La Ley de Partidos, como todas las leyes, está para aplicarse, pero no de cualquier modo y arriesgando un desenlace judicial distinto del perseguido. En ese sentido, la actitud del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, es políticamente prudente y jurídicamentee cautelosa: no actuar antes de disponer de los pertinentes informes jurídicos sobre la cuestión, como corresponde a una decisión que implica aplicar por primera vez en España una ley que podría dejar fuera de la legalidad a una formación política a la que votan varias decenas de miles de ciudadanos.

Mientras tanto, la batalla para acabar con ETA sigue pasando por el acoso policial, la detención y puesta a disposición judicial de suscomandos y la gestión leal del Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE. Y por la desaparición de obstáculos tan formidables para su éxito como la ruptura de las fuerzas democráticas en el País Vasco y la ausencia del imprescindible diálogo institucional entre Madrid y Vitoria. Pero esa situación será difícilmente reversible mientras el nacionalismo democrático vasco se separe de los partidos democráticos y limite su política a estrategias soberanistas coincidentes con los fines por los que ETA atentó y asesinó el domingo en Santa Pola y que pone en entredicho el pacto constitucional y estatutario que garantiza la convivencia entre los vascos. Lo quiera o no Ibarretxe, esas estrategias rompen el clima imprescindible de lealtad y confianza entre las fuerzas políticas y dificultan cualquier intento de ‘combatir juntas a ETA’ como ayer reclamaba el lehendakari.

06 Agosto 2002

El Gobierno no debe precipitarse en la ilegalización de Batasuna...

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Cientos de miles de ciudadanos salieron ayer a la calle en numerosas ciudades españolas para dejar patente su repulsa por el atentado de ETA en Santa Pola. Aznar, visiblemente indignado, calificó de «basura humana» y «chulos que se pasean libremente» a los dirigentes de Batasuna, que se negaron a condenar la criminal acción de la banda terrorista en los ayuntamientos de Vitoria, Pamplona y San Sebastián.

El presidente del Gobierno se mostró a favor de una ilegalización «cuanto antes» de Batasuna, mientras que Angel Acebes, ministro de Interior, subrayó que «es difícil de entender» que un partido que no condena la violencia sea legal. Acebes tiene razón, pero una cosa es que cualquier demócrata sienta repugnancia moral hacia los silencios y omisiones de Batasuna y otra que la negativa de esta formación a condenar expresamente los atentados pueda constituir per se motivo de ilegalización.

La Ley de Partidos, aprobada el 27 de junio, establece en su artículo 9 una serie de supuestos que darían lugar a la ilegalización de una formación política. Entre estos supuestos, figuran «dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo», «justificar o exculpar los atentados», «fomentar, propiciar o legitimar la violencia» e «intimidar a quienes se oponen a la confrontación civil». Pero la Ley de Partidos no incluye -no podría hacerlo- el silencio como causa de ilegalización. Tomás Moro fue condenado por callar sobre el matrimonio de Enrique VIII y Ana Bolena, por lo que fue considerado un mártir de la tiranía real. Otegi y sus compañeros no son santos como Moro sino meros cómplices de ETA, a los que no hay que dar la oportunidad de presentarse como víctimas.

No parece, pues, posible ni aconsejable que el Gobierno o el Parlamento pongan en marcha el proceso legal contra Batasuna un mes después de la entrada en vigor de la ley y con tan escaso bagaje argumental.

Tiempo habrá para acometer la ilegalización de Batasuna, ya que, tarde o temprano, sus dirigentes participarán en actos de apoyo a ETA, justificarán expresamente la violencia terrorista o promoverán desordenes callejeros, como lo han venido haciendo desde hace muchos años.

La Ley de Partidos establece que una formación sólo puede ser ilegalizada por el Supremo. Por ello, el Gobierno debe ir acumulando pacientemente las pruebas que hagan irrefutable la decisión judicial, que, al margen de juicios morales, debe estar sólidamente fundamentada en lo jurídico.

by BeHappy Co.