ETA asesina a la niña de seis años Silvia Martínez y al ciudadano Cecilio Gallego con una bomba en Santa Pola

El atentado de Santa Pola, el primero cometido por ETA tras la entrada en vigor de la Ley de Partidos, ha provocado que las formaciones políticas vuelvan sus miradas hacia Batasuna. La no condena del atentado por ese partido, que pasa por ser el brazo político de ETA y sobre el que el juez Garzón ha lanzado sospechas fundadas de ser la marca legal del conglomerado etarra, ha sido valorado como un dato relevante a los efectos de poner en marcha las previsiones de dicha ley.

La ausencia de condena por parte de Batasuna del atentado de Santa Pola mientras el resto de las fuerzas políticas lo han condenado, incluida Aralar (la formación política escindida de Batasuna), es más que elocuente. Sólo cabe interpretarla como una muestra de complicidad política con los asesinos de la niña de seis años y del hombre de 57 en el atentado del domingo en Santa Pola, que acentúa todavía más los ribetes más negros de Batasuna, cada vez más aislada del resto de partidos políticos y de la ciudadanía vasca.

Por si hiciera falta, su portavoz Arnaldo Otegi ha venido a subrayar aún más esa complicidad con una de sus explicaciones al uso, atribuyendo el atentado de ETA en Santa Pola a la persistencia de ‘un conflicto que dura ya dos siglos’ y endosando a Aznar la responsabilidad ‘de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en el futuro’. Bien es cierto que Otegi se cura en salud y toma sus precauciones ante la Ley de Partidos asegurando que ‘no justifica ni ampara lo ocurrido ayer’, pero la explicación que ofrece es difícil no interpretarla como una exculpación o eximente del crimen cometido por ETA en la ciudad alicantina.

La omisión de una condena explícita, aunque revele una evidente complicidad política, tiene una difícil articulación legal, incluso al amparo de la Ley de Partidos. El texto legal se refiere expresamente a ‘justificar o exculpar los atentados’, a dar ‘apoyo expreso o tácito al terrorismo’ y a ‘exculpar o minimizar su significado’. Se trata de aspectos sujetos a interpretación judicial y, por tanto, endebles y azarosos para sustentar por sí solos una demanda de ilegalización. Pero esa actitud, que desmarca tan clamorosamente a Batasuna del comportamiento de los partidos democráticos, no puede sino poner en situación de alerta al conjunto de fuerzas políticas, al Parlamento y al Gobierno. No basta seguramente por sí sola para actuar judicialmente contra Batasuna, pero sí para poner en marcha el reloj de su futura ilegalización, dejando a las fuerzas políticas parlamentarias y al Gobierno la elección del momento procesalmente oportuno.

En todo caso, no hay que olvidar que la Ley de Partidos, a medio camino entre lo penal y lo civil, es un intrumento a la vez político y jurídico. En consecuencia, debe ser utilizado con prudencia y no ‘cuanto antes’, por más que los dirigentes de Batasuna se comporten moralmente como ‘basura’ (algo que, aunque sea cierto, es impropio que lo diga el presidente del Gobierno), sino cuando proceda y con el mayor fundamento legal posible. Precipitarse en una cuestión tan importante podría ser tan contraproducente como demorarse más de lo debido. La Ley de Partidos, como todas las leyes, está para aplicarse, pero no de cualquier modo y arriesgando un desenlace judicial distinto del perseguido. En ese sentido, la actitud del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, es políticamente prudente y jurídicamentee cautelosa: no actuar antes de disponer de los pertinentes informes jurídicos sobre la cuestión, como corresponde a una decisión que implica aplicar por primera vez en España una ley que podría dejar fuera de la legalidad a una formación política a la que votan varias decenas de miles de ciudadanos.

Mientras tanto, la batalla para acabar con ETA sigue pasando por el acoso policial, la detención y puesta a disposición judicial de suscomandos y la gestión leal del Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE. Y por la desaparición de obstáculos tan formidables para su éxito como la ruptura de las fuerzas democráticas en el País Vasco y la ausencia del imprescindible diálogo institucional entre Madrid y Vitoria. Pero esa situación será difícilmente reversible mientras el nacionalismo democrático vasco se separe de los partidos democráticos y limite su política a estrategias soberanistas coincidentes con los fines por los que ETA atentó y asesinó el domingo en Santa Pola y que pone en entredicho el pacto constitucional y estatutario que garantiza la convivencia entre los vascos. Lo quiera o no Ibarretxe, esas estrategias rompen el clima imprescindible de lealtad y confianza entre las fuerzas políticas y dificultan cualquier intento de ‘combatir juntas a ETA’ como ayer reclamaba el lehendakari.

En mayo del 97, dentro de la extensa entrevista que le hice con motivo del primer aniversario de su investidura, yo le pregunté literalmente al presidente Aznar: «¿Ha tenido alguna vez la sensación de que el PNV utilizaba esos elementos específicos de la violencia en el País Vasco como palanca para negociar asuntos más materiales?» Y su respuesta categórica fue: «No, el comportamiento del PNV siempre ha sido leal, dentro del marco de las reglas del juego». Es evidente que cinco años después no contestaría lo mismo y que quien ha cambiado no es él, sino el PNV. Hasta un árbitro con tan pocas simpatías hacia el presidente como el PSOE lo interpreta también así, por si no hubiera suficiente huella documental antes de Estella, durante Estella y después de Estella.

Las cosas hay que decirlas claramente: sin este viraje del PNV que algunos como el ex lehendakari Ardanza consideran desde dentro como un tremendo error estratégico de sus sucesores y otros, como ciertos antinacionalistas crónicos con megáfono en Madrid, celebran desde fuera como el clarificador destape de su verdadero ser; sin este bandazo del PNV desde el acomodo con un marco constitucional, cuestionado en teoría pero legitimado en la práctica, hasta la declarada pretensión y explícita praxis de contribuir a destruirlo, ni para el Gobierno ni para la sociedad española sería una necesidad prioritaria la ilegalización de Batasuna.

Históricamente, tanto la ciudadanía como su representación política han sabido distinguir entre el partido catalizador de un nacionalismo que unas veces se apellidaba «moderado» y otras «democrático» a secas y el conglomerado urdido en torno a ETA. El delirio de los terroristas nunca podría consumarse, alegábamos según las épocas, porque su apoyo no excedía del quince, diez o doce por ciento del electorado. Los grandes partidos nacionales siempre consideraron al PNV y a su escindida EA, del conciliador y pacifista Garaikoetxea, como los mejores diques de contención frente a un separatismo tan irracional como sanguinario. Por eso se les ayudó a protagonizar la transición en el País Vasco cediéndoseles incluso la Presidencia del Gobierno autonómico cuando no habían sido la fuerza más votada. Por eso se les permitió convertir la bandera de su partido en la de la Comunidad Autónoma. Por eso se les permitió ejercer la competencia de orden público y seguridad ciudadana a través de unos ertzainas dispuestos a sacrificar sus vidas para defender un marco estatutario que emanaba expresa e inequívocamente del constitucional.

Fue hermoso mientras duró. Pese a toda la sangre ignominiosamente derramada de sus funcionarios y cargos electos, el Estado español ha dado durante este cuarto de siglo un ejemplo de pluralismo interno y flexibilidad institucional al dotar a una comunidad con raíces históricas, a la vez compartidas y específicas, de unas cotas de autogobierno que para sí quisieran pueblos con la identidad y la solera de bávaros, corsos o escoceses. Con mejor o peor cara, el caso es que todos los partidos representados en el Ejecutivo autonómico contribuían, mediante los pactos de Madrid y Ajuria Enea, a la lucha antiterrorista y al extrañamiento político y moral de los proetarras.

Solamente cuando eso ha dejado de ser así es cuando se ha abierto el abismo que necesariamente habrá de tragarse a Batasuna tan pronto como la ley lo permita. Como en el clímax de la peor pesadilla, en unos casos de repente y en otros poco a poco, hemos descubierto que existe un proyecto compartido entre PNV, EA y Batasuna que, con la adherencia de algún destacado aspirante al titulo de tonto del milenio, pretende sumar en la calle, en las urnas y en las instituciones esos diez, quince o doce por ciento de votos apestados a los del nacionalismo supuestamente moderado o democrático, con la pretensión de completar una mayoría aritmética desde la que destruir el Estado que a todos nos ampara y al que ellos tanto deben. Se trata lógicamente de una orquesta de instrumentos desafinados que a menudo discrepa incluso de cuál debe ser la partitura pero que, tal y como vino a quedar patente en el último pleno del Parlamento vasco, en las grandes ocasiones nunca deja ya de tocar junta.

¿Es este análisis una mera expresión de nacionalismo español contrapuesto al nacionalismo vasco? No, de ninguna manera. Al margen de cuáles fueran las reglas, las mayorías cualificadas y los ámbitos de decisión para que una generación pudiera romper el legado de las anteriores y determinar el futuro de las siguientes, la conducta del PNV y sus adjuntos sería antipática, taimada, traicionera e incluso, por todo ello, odiosa; pero sería legítima si la coacción más repugnante no hubiera contribuido y no continuara contribuyendo a sembrar la cosecha que ahora pretende recoger en comandita con las ensangrentadas hoces y guadañas de Batasuna.

Acabamos de ver la previsible reacción de ambos partidos al asesinato de una niña de seis años. Al PNV le da «asco» y le produce el suficiente rechazo como para pedir por enésima vez a ETA -en la seguridad de que no lo va a hacer- que se autodisuelva. A Batasuna no le parece sino un lamentable «exponente del conflicto político de Euskal Herria» e incluso tiene el cinismo de declararse solidaria con la familia de la víctima. Pero ni uno ni otro están dispuestos a penalizar a los asesinos por los medios políticos al alcance de su mano. Otegi y Morcillo porque están a las órdenes de ETA para construir una sociedad totalitaria. Ibarretxe y Arzalluz porque no sienten el menor escrúpulo al seguir utilizándola como palanca para el desistimiento de cuantos se oponen a la creación de su mítico Estado vasco.

Ambas formaciones son en la práctica rehenes del tigre en cuyos lomos cabalgan. Tanto Batasuna como el PNV desearían que el agujero negro del olvido engullera cuanto antes la memoria de Silvia y su delantalito blanco, como la de todas las demás víctimas, para reanudar, cada uno a su ritmo, sus espasmódicos avances hacia la revolución o la ruptura, sin nuevas salpicaduras de sangre ni incomodidad moral alguna. A ambos partidos les hubiera convenido que la impresión de tregua tácita, fruto en realidad de las dificultades operativas de ETA, se hubiera prolongado hasta mediados del mes próximo para enmarcar el envite al Estado, pergeñado al alimón entorno al traspaso de competencias, con una apariencia de estricta confrontación política. Pero los cadáveres de la niña y el transeúnte de la parada del autobús están ahí, ahuyentando a los bañistas de las playas de Santa Pola y a los intelectuales, empresarios o simples ciudadanos no nacionalistas del País Vasco. Como buena gestora del terror, tal y como lo inventaron los jacobinos, ETA se recrea además en la suerte con nuevas amenazas de bomba contra los convecinos de las víctimas, como si exhibiera macabramente sus cabezas en la punta de una pica; y la cruda realidad es que todos los diputados nacionalistas del Parlamento vasco, además de los de Esker Batua, continúan bailando la caramañola en torno a madame Guillotina.

¿Qué hacer? Sin habernos recuperado del pasmo que para muchos espíritus bienpensantes supusieron los acuerdos secretos de PNV y EA con ETA en el verano del 98, aún estamos bajo el shock que nos produjo comprobar el respaldo que el electorado nacionalista otorgó a ese viraje en la primavera de 2001. Lo primero es, pues, entender todo lo ocurrido y eso no cabe en dos páginas de periódico. Por analogía merece la pena acompañar en su perspicaz viaje intelectual a quien ha empleado un volumen de 915 páginas para diseccionar un antecedente histórico plagado de inquietantes similitudes. La obra comienza asi: «Este libro trata de lo que sucedió cuando sectores de las elites y las masas de gente normal y corriente decidieron renunciar… a sus facultades críticas individuales a favor de una política basada en la fe, la esperanza, el odio y una autoestima sentimental colectiva de su propia raza y nación. Es, por tanto, una historia muy del siglo XX. Se aborda en ella el colapso moral progresivo y casi total de una sociedad industrial avanzada del corazón de Europa, muchos de cuyos ciudadanos abandonaron la carga de pensar por sí mismos, a favor de lo que George Orwell describió como el ritmo de tamtam de un tribalismo de nuestro tiempo».

Se trata del primer párrafo de El tercer Reich de Michael Burleigh, el gran ensayo que, después de ser elegido como mejor libro de no ficción el año pasado en Gran Bretaña, ha pasado ahora la dura criba de entrar en el zurrón de lecturas veraniegas de José María Aznar, después de que el presidente quedara enganchado por la personalidad del autor a través de la reciente entrevista que Ana Romero le hizo en EL MUNDO. Aunque el otro libro de historia que se ha llevado a Menorca es el segundo tomo de una obra que yo he prologado -las memorias de la II Guerra Mundial de Churchill-, mi recomendación al padre de la novia es que aproveche la oportunidad de abstraerse en estas próximas semanas del creciente ajetreo familiar y se empecine con Burleigh desde la primera a la última página. Enseguida irá reconociendo con contornos bien precisos esos paralelismos que de forma mucho más vaga e intuitiva le habían venido reiteradamente a la cabeza en los últimos años.

Empezando por el factor emocional que tan bien han descrito en el caso vasco un Jon Juaristi o un Bernardo Atxaga y que Burleigh borda con puntadas precisas: «Un cálido brillo sensiblero dejaba sin destacar y sin examinar contradicciones estridentes. Reemplazaba al dolor una morbidez adolescente; a la política habitual de dignidad, pragmatismo, decoro y buen juicio, un atroz sentimentalismo de masas, compuesto de ira, miedo, resentimiento y autocompasión, así como la idea de que el destino nacional debería determinarlo el juicio soberano de individuos independientes. Creencia, fe, sentimiento y obediencia al instinto derrotaban al debate, el escepticismo y el acuerdo. La gente se entregaba voluntariamente a las emociones de rebaño o de grupo, algunas de un género notoriamente repugnante. Entre los creyentes decididos, un mundo mítico de primavera eterna, héroes, demonios, fuego y espadas (en una palabra el mundo de fantasía del parvulario) desplazaba a la realidad…Esto era política de niños para adultos».

Y siguiendo por el sinfín de trazos equivalentes: el papel de la bandera del partido y su transformación en enseña nacional, los cánticos a la memoria de los caídos por la causa, la escenificación de los mítines de la dirigencia -esa «chusma malvada»- en exteriores idóneos para el rito, el valor de la oratoria al servicio de la sinsustancia, la mística quasi religiosa, el constante coqueteo con la jerarquía eclesiástica, el papel de las organizaciones juveniles, el adoctrinamiento en las escuelas, la tergiversación de la Historia, la depuración del profesorado en función del canon racial (o idiomático), la infiltración en el sindicalismo, la constante movilización social bajo la apariencia de marchas, eventos culturales o deportivos, la intimidadora exhibición de poder en la vía pública, las pintadas contra personas y comercios, la condescendencia ante la violencia callejera y los peores crímenes, el trato de favor a los terroristas presos, la pugna por su excarcelación, la domesticación de la judicatura, la exaltación de la pureza étnica a través de una pseudociencia, la exclusión de los impuros y rebeldes de la comunidad nacional, la negación de sus derechos, el acoso a sus propiedades, los ataques a su integridad física, su expulsión por la vía del exilio… Y todo ello, adobado de un constante victimismo por el que los más contumaces agresores terminan creyendo ser los permanentes agredidos, depositarios de una duda eterna por cobrar. (No, el nacionalismo español no tiene nada de esto: aquí nadie denuncia en el Ayuntamiento a un municipal por exclamar fuera de servicio y de paisano que el país «es una mierda»…)

El catalogo de diferencias respecto al análisis anatómico de Burleigh también podría ser extenso, entre otras razones porque la más importante de todas ellas es que el nazismo se apoderó por completo del poder en Alemania y en el País Vasco, de momento, sólo lo ha hecho a medias. De todas cuantas nos aporta el ex profesor de Oxford y Stanford, la reflexión más útil y de mejor extrapolación inmediata es la que se refiere al modo en que, al cabo de unos años, se produjo la transformación total de una sociedad hasta el punto de hacerla irreconocible respecto a sus pautas anteriores. Es decir, al porqué ese País Vasco apreciado por todos sus vecinos, en el que personas a las que todos queremos y admiramos eran representativas de un tono y un talante convivencial e integrador, se ha convertido ahora en una antipática amenaza para navarros, cántabros y riojanos y un foco de emigración tan intenso como para generar un exilio que ronda ya las 200.000 almas.

Por dos veces, tanto en la introducción como en el capítulo tercero, Burleigh subraya la clarividencia del anónimo informante de la cúpula del Partido Socialdemócrata refugiada en Viena que en 1937 explicó a sus líderes lo ocurrido, comparándolo con la reconstrucción del puente de una línea férrea: «Los ingenieros no podían limitarse a demoler una estructura ya existente, debido a las repercusiones en el tráfico ferroviario. Lo que hacían en su lugar era ir renovando lentamente cada viga, tornillo y raíl, un trabajo que apenas sí hacía levantar la vista de los periódicos a los pasajeros. Sin embargo, un día se darían cuenta de que el viejo puente había desaparecido y que ocupaba su sitio una nueva estructura relumbrante».

Así es como el nacionalismo vasco ha hecho lenta pero inexorablemente su tarea desde las instituciones, la escuela, la universidad, las organizaciones sociales o los medios de comunicación, abusando de la ingenua buena voluntad con que la democracia española le ha tratado desde el inicio de la Transición. Ahora pretende rematar la terminación del nuevo puente con las traviesas chorreando sangre que aporta Batasuna. Pretende que el tren que lo cruce conduzca a la creación del Estado vasco. Y pretende que los no nacionalistas que rehúsen viajar en vagones de tercera puedan ser directamente arrojados al río.

Por eso, el «hasta aquí hemos llegado» que el presidente Aznar pronunció el lunes debe tener un alcance proporcional a la magnitud del envite. Sin tremendismos pero con la determinación y constancia suficientes como para tener a raya a los nazis vascos y obligarles paulatinamente a desandar el camino andado. La inmediata confiscación de esas traviesas que Batasuna ha fundido en el horno de la extorsión y forjado en la fragua del crimen debe ser la primera medida, pero no la única. Mientras construía en el ostracismo su vía a ninguna parte, la democracia española podía permitirse el lujo de que hasta el brazo político de ETA, apenas camuflado de mera sintonía ideológica, tuviera representación legal. Pero si el PNV quiere completar con ellos esa mayoría aritmética, a la sombra de las metralletas humeantes -muy distinto sería que vinieran con tal combinación al cabo de veinte años sin violencia-, para que «el juicio soberano de individuos independientes determine el destino nacional», entonces que ambas partes se atengan a las consecuencias.

Y digo ambas partes no porque especule con ilegalizar también al PNV, sino porque sus dirigentes deben saber, a un mes del final de su arrogante ultimátum, que la democracia española no va a consentir vulneración alguna de la legalidad. Que todas las previsiones constitucionales -todas- se pondrán en marcha contra ellos si continúan por el camino de la confrontación, los hechos consumados o la asunción unilateral de competencias. España no tiene ya nada de lo que avergonzarse -todo lo contrario- ni ninguna deuda que saldar con el País Vasco. Con la reforma radical de los servicios secretos, sustituyendo el viejo CESID de los generales implicados en la guerra sucia por un Centro Nacional de Inteligencia con dos civiles de impecable trayectoria al frente, sometidos a control judicial y parlamentario, se ha aprobado la última asignatura pendiente de la modernización y democratización del Estado. El emblemático episodio de Perejil demuestra que hemos recuperado el margen moral que la Historia nos había arrebatado para actuar sin complejos en defensa del derecho y de nuestros intereses legítimos.

Hacerlo en el País Vasco puede resultar incómodo, costoso, desagradable y hasta enormemente traumático. Pero frente a los pesimistas que ven algo endémico y sustancial, y por lo tanto irresoluble si no es desde el entreguismo, en el llamado problema vasco, cabe subrayar que que una vez concluida con el alma anegada de tristeza la interminable vía dolorosa por la que nos conducen las 915 páginas de Burleigh, es bien fácil comprobar, al asomarse a la ventana de la realidad, que, apenas dos generaciones después de su apogeo, de los nazis no queda en Alemania ni el hedor en el cubo de la basura de la Historia.