13 julio 1988
Su ayudante Michel Domínguez también es detenido por el juez Nº5 de la Audiencia Nacional
Caso GAL: el juez Garzón encarcela al subcomisario Amedo, acusado de reclutar a mercenarios para que atentaran contra terroristas
Hechos
El 13.07.1988 el juez de la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón declaró prisión incondicional contra el subcomisario José Amedo y el policía Michel Domínguez.
Lecturas
Unos policías marcados por la prensa
Los periodistas de DIARIO16, D. Melchor Miralles y D. Ricardo Arqués publicaron reiterados artículos señalando a los policías José Amedo y Michel Domínguez de ser los cerebros de la organización terrorista GAL, que asesinaba a asesinos de ETA en Francia entre 1983 y 1987.
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La decisión que no tomó el juez Castro Meije, la tomó Garzón:
El juez Castro Meije fue el primer juez instructor del ‘caso Amedo’ hasta principios de 1988 en que fue reemplazado por el juez Baltasar Garzón. Durante el tiempo que instruyó el caso optó por no ordenar ninguna detención. En cambio el juez Garzón sí ha optado por detener a los policías acusados.
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Indignación del abogado del Estado:
D. José Argote, abogado del Estado (y antiguo activista de extrema izquierda en los sesenta) actuó como defensor del subcomisario Amedo. Expresó su indignación con la detención de sus clientes, y protestó de que se prestara más atención a los casos contra policías que a los casos contra terroristas.
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Abogados de la acusación:
Ante la negativa de la fiscalía general del Estado por el caso GAL fue el abogado de la acusación popular, D. Fernando Salas, el que mantuvo el caso abierto. El Sr. Salas estaba considerado un abogado de izquierdas próximo a Herri Batasuna, al político abertzade Txema Montero y al periodista de DIARIO16, D. Melchor Miralles.
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REACCIONES EN LA PRENSA
La mayor habilidad de las redacciones del Sr. Ramírez es su capacidad de encontrar “soplones” mayor a ningún otro periódico. Una fue doña Inmaculada González, que decía ser la antigua novia del subcomisario Amedo de Bilbao. Ella señalaba al policía como responsable del último asesinato del GAL (Sr. García Goena). Aunque el testimonio de aquella señora fue invalidado durante el juicio, la situación del subcomisario se estaba volviendo cada vez más delicada por las publicaciones de DIARIO16. El equipo que encabezaba el Sr. Miralles con la ayuda del eurodiputado de Herri Batasuna Txema Montero, se dedicó a olfatear cada viaje del Sr. Amedo y el rastro iba directo a los GAL. Con esa información y tras la demanda presentada por un grupo de ciudadanos representados por don Fernando Salas, el juez don Baltasar Garzón decidió ordenar el arresto de Amedo el día 13 de julio de 1988.
Los titulares de cada periódico ante el arresto revelan cada estrategia. EL PAÍS anuncia que el Sr. Amedo ha sido arrestado como organizador de los GAL, dando la impresión de que él es la máxima autoridad de la banda, de hecho EL PAÍS hablará más de “caso Amedo” que de “caso GAL”. DIARIO16, anuncia que ha sido detenido por graves actos terroristas, pero no lo márca como el “organizador de los GAL”, la diana de estos es mucho más alta. El propio don Melchor Miralles publica ese mismo día un artículo titulado “¿Quién está detrás de Amedo?”, donde deja ver que el Sr. Amedo no le vale como “X” (término utilizado para referirse a la máxima autoridad de los GAL). El YA – que estaba en una fase neoliberal dirigido por don Ramón PI – apunta, como DIARIO16 directamente al Gobierno. En cambio el ABC titula: “El juez Garzón carga a Amedo la responsabilidad de los GAL”, lo que parece mostrar una actitud comprensiva hacia el policía. El ABC termina el artículo diciendo “la orden de prisión ha sido celebrada por los acusadores particulares que, a su vez, ejercen de defensores habituales de los etarras”, dando a entender que los terroristas estarían muy alegres de la detención de Amedo.
Fueron muchos los que señalaron a los periodistas de DIARIO16 como los artífices de esa detención. El diputado independentista don Joseba Azcárraga aseguró que “el Estado debía una recompensa a Melchor Miralles”. El propio subcomisario Amedo arremetía contra ellos: “Melchor Miralles es íntimo amigo de un terrorista, Txema Montero y tienen una estrategia conjunta”. El ABC llegó a publicar que mercenarios fueron presionados para declarar en contra de Amedo. DIARIO16 respondió asegurando que los mercenarios habían cobrado por decir que habían sido presionados. ¿Por qué el ABC defendía a los procesados? Porque para ellos el enemigo prioritario eran los terroristas, nunca colaborarían con nada beneficioso.
14 Julio 1988
El valor de un juez
La decisión del juez Garzón de decretar la prisión incondicional sin fianza de los policías José Amedo y Michel Domínguez entra dentro de las facultades propias de un juez, pero en este caso concreto constituye un acto de arrojo de un magistrado empeñado, a pesar de los muchos obstáculos y la falta de colaboración desde el poder político, en sacar a la luz la existencia de sombrías conexiones en el aparato de seguridad del Estado con los crímenes perpetrados por los GAL en el sur de Francia. La decisión del juez supone, además, un paso fundamental para esclarecer el origen español de los GAL, cuyos principales organizadores son los policías Amedo y Domínguez, de acuerdo con el auto por el que se decreta la prisión provisional de ambos en espera de la decisión sobre su procesamiento que debe tomar la Audiencia Nacional cuando el juez Garzón eleve allí sus actuaciones.Son conocidas las campañas de descrédito que se han lanzado contra los jueces siempre que se han aventurado en la investigación de presuntas actividades delictivas cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. No sería extraño que de nuevo arreciase una campaña parecida y se intentase también ahora, como ha ocurrido en otras ocasiones, alegar pretendidas razones de seguridad y defensa del Estado para obstaculizar una investigación judicial. Las respuestas dadas desde la cúspide de Interior a las cuestiones planteadas por el juez Garzón van en este sentido, como si se quisiera dar a entender que la seguridad y defensa del Estado llevan implícita, hipotéticamente al menos, la posibilidad del crimen de Estado.
Los indicios -y no meras sospechas- que han llevado al juez Garzón a decretar la prisión de los policías son de peso. La reputación del Estado en nada disminuye porque unos policías hayan sido enviados a la cárcel. Les asisten, como a cualquier otro ciudadano, los derechos legales de defensa para demostrar su inocencia y para destruir las imputaciones que se les hacen. Sí sufre, sin embargo, el crédito del Estado cuando existen fundadas sospechas de que una actuación delictiva no ha podido ser investigada y permanece impune. Y hasta ahora no sólo alimenta estas sospechas la actuación institucional de Interior en este asunto; también la de los dos funcionarios directamente implicados, quienes, acogiéndose al derecho constitucional de no declarar contra sí mismos, se han negado a contestar a las preguntas del juez. Esta actitud, perfectamente comprensible y que la ley ampara, dificulta objetivamente la investigación judicial pero, al mismo tiempo, viene a significar un reconocimiento implícito de culpabilidad.
En todo caso, el juez Garzón no sólo cuenta con sus propias investigaciones en el sumario que instruye sobre las supuestas conexiones de policías españoles con los GAL. Dispone también de abundantes informaciones que le han remitido los jueces portugueses y franceses. Sin duda han sido las evidencias contenidas en estos informes, además de la gravedad del delito, lo que ha pesado fundamentalmente en su decisión de decretar la prisión incondicional de los policías encausados y proponer su procesamiento a la Audiencia Nacional. En este caso la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo ha funcionado mucho mejor a nivel judicial que al de los Gobiernos.
El nuevo Ejecutivo está llamado a recuperar, en la intención de su presidente, una imagen pública que se había deteriorado. El juez Garzón está cumpliendo con su dificil tarea. Pero la acción de la judicatura no basta si, desde el Gobierno, no existe la voluntad política de acabar con una forma de entender la seguridad y el orden público que amenaza al propio Estado de derecho.
15 Julio 1988
GAL: Ética y política
El auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón contra los policías Amedo y Domínguez abre un nuevo capítulo en la historia de los siniestros Grupos Antiterroristas de Liberación, los GAL; y coloca a esa organización en relación directa con los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No estamos prejuzgando – Amedo, a estas horas, no ha sido aún siquiera procesado – pero tampoco podemos pasar por alto la diferencia sustancial que existe entre la libertad y la prisión, por muy preventiva que ésta sea. La sospecha es ya un hecho cierto, y el juez ha encontrado indicios razonables de criminalidad en la conducta de los dos policías. Es verdad que la presunción de inocencia debe estar siempre presente cuando haya que referirse a personas inculpadas y todavía no juzgadas. Pero hecha esta salvedad, resulta absolutamente necesario, por el propio decoro social, intentar situar este caso en su verdadera dimensión.
Y la verdadera dimensión del mal llamado caso Amedo no es meramente judicial, sino fundamentalmente política, y hay que buscarla no en este subcomisario, sino en sus jefes, y en los jefes de sus jefes. Los GAL sólo puede ser producto de la acción incontrolada de asesinos ‘salvapatrias’ o del espíritu de venganza de familiares de alguna víctima de ETA, o de una planificación hecha desde el poder. EL propio auto de prisión de Amedo y Domínguez descarta lo primero; no existe el menor indicio de que se trate de lo segundo; y nos encontramos con que todo apunta hacia lo tercero. En efecto, es absolutamente escandaloso que se presente a la opinión pública la prisión de Amedo y Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, como si ellos, por su cuenta, y con dinero procedente del Gobierno, hubieran montado esa máquina de matar en la mayor impunidad y con sus superiores en la inopia. Esto es escandaloso porque es inverosímil, y se hace necesario reclamar, en aras del más elemental sentido común, las responsabilidades allí donde se encuentran, que es en el Gobierno entero, con su presidente a la cabeza.
Pero es que la responsabilidad alcanza al Gobierno incluso en la hipótesis disparatada de que Amedo y Domínguez hubieran actuado sin conocimiento alguno de sus superiores de lo que hacían. Basta para darse cuenta de ello el aplicar la argumentación que Alfonso Guerra hace respecto del golpe del 23 de febrero de 1981 y la responsabilidad política que atribuye a Suárez y a Rodríguez Sahagún por no haberse enterado entonces de lo que se fraguaba. Pero como decíamos, la hipótesis de un Gobierno ignorante es increíble, y en cierto modo sería aún peor que la contaria, porque eliminaría la posibilidad de pensar en un poder que para luchar contra el terrorismo tuvo, al menos, una idea, por inmoral y deleznable que ésta fuera.
Si observamos el caso GAL (que no el ‘caso Amedo’) desde un punto de vista ético, toda la basura no sería suficiente para echarla encima de los responsables. El principio de que el fin no justifica los medios ha sido violentado de manera que no cabe resquicio para la comprensión. No es ya que se hayan vulnerado las más elementales exigencias del Estado de Derecho: es que se ha hecho del crimen un instrumento financiado según todas las trazas con caudales públicos. No creemos que valga la pena insistir un minuto más sobre este punto, que de puro evidente da vergüenza tener que exponer.
Cabe otro modo de ver este sucio asunto: el maquiavélico de juzgar las acciones por sus resultados. Pues bien, en esta ocasión los resultados no pueden ser más desastrosos. Ahí tneemos a un subcomisario y a un inspector de Policía por un juez que advierte indicios serios de que, con dinero procedente del Ministerio del Interior, ‘organizaron’ los GAL. Lo que se idce toda una marca de incompetencia por parte de quienes encomendaron a los ahora presos el trabajo. A propósito de maquiavelismo suele aducirse el caso de la liquidación de la OAS en la
Franciad de De Gaulle, o el de los suicidios en cadena de los presos de la Baader-Meinhof, en la Alemania de Schmidt; pues bien, he aquí que, al menos, en esas dos ocasiones nadie encontró nunca ninguna prueba de lo que parecía tan verosímil como una inspiración gubernamental de los accidentes.
Pero lo de los GAL se presenta de forma enteramente distinta: la prisión de los dos policías significa por sí misma, al margen del o que ocurra con la marcha procesal del asunto, una acusación política (de momento) contra todo el Gobierno, con su presidente y su vicepresidente a la cabeza, tanto si el Gobierno sabía cómo si ignoraba los manejos de esos funcionarios, como acabamos de decir. Con el auto de prisión se ha destapado un pozo negro, cuyas últimas consecuencias políticas, y acaso judiciales también, nadie está en condiciones de predecir: y no vemos cómo puede volver a taparse sin que quede salpicado Felipe González, porque de poco serviría que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional resolviese dar carpetazo al asunto sin otro fundamento visible que la razón de Estado. Pero si ocurriese una cosa así, otro capítulo de las historias irrepetibles – que con tanta frecuencia empiezan a repetirse – se habría abierto en nuestra vida colectiva.
EL fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ha considerado en Santander que el caso de los GAL se agota en el subcomisario y el inspector, a quienes ya se ha retirado la placa de policías, puesto que, a su juicio, la actuación del ministro Barrionuevo es irreprochable. Produce sonrojo e indignación asistir a este género de manifestaciones, que nos parece que son indicativas tanto del miedo que se ha apoderado del Gobierno ante la posibilidad de que judicialmente se proceda hacia arriba como del servilismo con que se conduce el titular de una institución presuntamente concesiva para la defensa de la ley, por mucho que orgánicamente dependa del Ejecutivo. El caso de los GAL puede ser ejecutivamente espectacular, o puede detenerse en Amedo y Domínguez (cuya vida, por cierto, guarde Dios muchos años). Pero políticamente ha estallado ya, y el silencio del Gobierno no hará más que aumentar las sospechas de todos.
14 Julio 1988
Estado de Derecho
El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el sumario del subcomisario de Policía José Amedo acaba de decretar la prisión incondicional del acusado. La investigación señala a Amedo como principal organizador de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El subcomisario organizó y financió, según los indicios establecidos por el juez, atentados, actos de terrorismo y seis delitos de asesinato en grado de frustración. La noticia sugiere al menos dos reflexiones de urgencia. Creemos, en primer lugar, absolutamente inadmisible la organización de grupos de pistoleros incontrolados, reclutados en el aventurerismo y la delincuencia, como en el caso de los GAL. La sola respuesta legítima y eficaz que puede dar a los terroristas un Estado de Derecho es la aplicación inflexible de la ley. Resulta legítimo en segundo lugar opinar sobre las sentencias de los jueces: pero todas deben ser acatadas. Debe respetarse esta resolución de la Audiencia Nacional mientras se establece la verdad, toda la verdad, en torno a este inquietante asunto. No cabe mantener un doble sistema de pesos y medidas ante las resoluciones y sentencias de los jueces.
El Personaje del Día: Baltasar Garzón
El juez Baltasar Garzón tomó ayer la decisión de encarcelar al subcomisario José Amedo y al inspector Michel Domínguez por considerarles organizadores del GAL. Otras instancias judiciales deberán resolver ahora si son acertadas las presunciones de Garzón al achacar a estos policías toda la responsabilidad de los sucesivos grupos terroristas que atentaron contra miembros de ETA. La orden de prisión ha sido celebrada por los acusadores particulares que, a su vez, ejercen de defensores habituales de los etarras.
15 Julio 1988
Los riegos de un silencio
La prisión incondicional dictada por el juez Garzón contra José Amedo, subcomisario presuntamente organizador de los GAL, y contra Michel Domínguez, inspector y colaborador del primero, crea una difícil situación en la alta esfera política, pues resulta casi imposible imaginar que el subcomisario actuara por su cuenta en tan delicado asunto siempre que, naturalmente, se confirmen las tesis del magistrado sobre la responsabilidad criminal de aquel.
Jorge Argote, abogado del Ministerio del Interior y encargado de la defensa de los dos policías, tiene una complicada y delicada tarea por delante. La justificación de las importantes sumas de las que dispuso Amedo no es cosa sencilla. Este es uno de los aspectos capitales en el que incluso fuera del marco del juez, se funda la sospecha.
Si el subcomisario estuvo al frente de una operación de Estado, causa sorpresa en el terreno siempre de las hipótesis, que ese dinero no estuviese mejor cubierto, sino directamente en la cuenta del policía, cuando existía la posibilidad de abrir una bajo nombre supuesto. La utilización de las tarjetas de crédito para finalizar actividades violentas – siempre que esa responsabilidad se demuestre – deja rastros demasiado claros, con independencia de la escasísima profesionalidad que demuestra.
En este aspecto no valen hipocresías. Difícilmente se encontrarán personas no persuadidas de que en tiempos de la guerra de Argelia hubo altas conexiones en la perpetración de determinadas muertes contra los enemigos del Estado. Ocurría, sin embargo, que la mano inspiradora sabía ocultarse a la perfección. Lo mismo cabe decir de la liquidación de la banda Baader Meinhof en la República Federal de Alemania.
Ahora, en España, se ha dejado a un juez ante una grosera red de posibles autorías y complicidades. Y el señor Garzón ha tenido que actuar en consecuencia. Quejarse, como lo ha hecho el señor Argote de que se ha actuado judicialmente contra Amedo con mayor severidad que contra algunos etarras a nada conduce. Porque lo que está en juego es nada menos que el prestigio de algún ministerio para abajo.
Queda patente, a fin de cuentas, cuánta ha sido la torpeza de negarse a delcarar ante el juez en el momento en que este ha solicitado ‘aclaraciones’ de la alta Administracion. El señor Barrionuevo, por ejemplo, pudo aducir que los fondos reservados no figuran en ningún listado ministerial y, en consecuencia, ha olvidado el destino que ciertas sumas recibieron. Aunque sospechosa de evasiva, siempre pudo existir alguna fórmula para no dejar al juez ante la soledad de sus decisiones.
El silencio rígido, la política de bocas cerradas, han pasado de ser una actitud de solemne sigilo a convertirse en una peligrosa majadería.
Lorenzo Contreras
El Análisis
Fue un diputado de Eusko Alkartasuna el que dijo que ‘el Estado debía premiar a los Sres. Ricardo Arqués y Melchor Miralles por ser los artífices de la detención del subcomisario José Amedo y su colega Michel Domínguez por reclutar mercenarios para que mataran etarras. En aquel momento no se hablaba tanto de un señor X ni de si el Gobierno estaba directamente detrás de los GAL. Se hablaba únicamente de si un policía español estaba detrás del cotarro. Que venía a dar la razón a todos los que desde el entorno batasuno llevaban años insistiendo en que los GAL era una organización para-policial. El diario que más defendió a Amedo en aquel momento fue el diario ABC, el periódico más amigo de las fuerzas de seguridad del Estado. Para ABC, tanto Melchor Miralles como el propio juez Baltasar Garzón estaban favoreciendo los intereses de H. Batasuna
J. F. Lamata