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No serán procesados por un delito de 'banda armada'

El Ministerio de Interior de Juan José Rosón Pérez (UCD) acuerda con Euskadiko Ezkerra conceder la ‘reinserción’ a todo miembro de ETA que deje las armas

HECHOS

En agosto de 1982 se anunció la oferta de reinserción por parte del Ministerio de Interior.

D. Juan María Bandrés, líder de Euskadiko Ezkerra y abogado negoció con el Sr. Rosón Pérez la oferta de reinserción a los miembros de ETA.

08 Agosto 1982

Perdón para terroristas

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

LA PUBLICACION de las conversaciones de responsables del Ministerio del Interior con dirigentes dé Euskadiko Ezquerra para aplicar medidas de gracia a un grupo de antiguos militantes de ETA Político-militar VII Asamblea ha dado lugar a pronunciamientos encrespados de. órganos de información y algunas manifestaciones de líderes políticos que no desperdician la más mínima ocasión para cultivar las emociones de los ciudadanos ante la próxima confrontación electoral. Un jugador de fútbol, en una encuesta realizada por el diario Ya, sentenciaba que la cuestión le parecía una bajada de pantalones del Gobierno. Sin llegar a esta recia opinión, otros personajes más cualificados de la vida política española escondían en sus opiniones razonamientos tan viscerales y desenfocados como los del jugador del Real Madrid Juanito. Los problemas de convivencia social del País Vasco son bastante más viejos que el actual régimen político de libertades y hunden en buena parte sus raíces en la ciega política de la dictadura, que, con su simplismo y falta de visión histórica, fue el más valioso aliado del florecimiento de las bandas armadas. Baste recordar, en este sentido, que toda la actuación desplegada en aquellos años para sellar la indestructible unidad de los hombres y las tierras de España se saldó con la voladura por los aires del presidente del Gobierno y la herencia, a la Monarquía parlamentaria, de un grupo terrorista con sólidos apoyos sociales.

En el arco parlamentario, pocos son los políticos que piensan que el problema del terrorismo en el País Vasco sea un expediente de simple orden público. Quienes están defendiendo en primera línea y dentro de los cuerpos de seguridad la lucha contra la actividad de las bandas armadas lo han declarado en numerosas ocasiones. No obstante, algunos políticos ineficaces, que desempeñaron importantes papeles en los primeros tiempos de la transición y cosecharon estrepitosos fracasos, vuelven ahora, enmascarados como la esperanza blanca de la derecha española, para predicar, con impenitente tozudez, que todo es una sencilla cuestión de mano dura y, por tanto, nada mejor que un estado de excepción a tiempo. Dios nos libre de estos mesías.

Es un poco reiterativo repetir que el combate contra el terrorismo no es sólo una cuestión de eficacia policial. La actividad de las bandas armadas es impensable sin apoyos sociales que posibiliten sus movimientos. Por eso, todas las medidas políticas y judiciales que sirvan para aislar a los grupos terroristas significan un cualificado avance para posibilitar una convivencia pacífica en el País Vasco.

Es en este sentido, y con análisis movidos por el desapasionamiento, y no por los calentamientos emocionales, en el que hay que situar la iniciativa política del Ministerio del Interior, de la que conviene hacer algunas precisiones. Es una maldad o, cuando menos, una interesada intoxicación afirmar que se conculca la ley o el Estado pierde respetabilidad con la aplicación de medidas de este tipo. La actuación que se va a seguir será aplicada por los órganos jurisdiccionales competentes y en virtud de lo dispuesto en apartados concretos de la legislación penal. Por tanto, no existe la más mínima sombra de pasteleo o negociación oculta y vergonzante, como los corifeos del golpismo criminal pretenden presentar a la opinión pública.

Las medidas se van aplicar a miembros de ETA Político-militar que abandonaron sus actividades hace más de un año y medio, porque comprendieron, tras el fracaso del intento del golpe de Estado, que sus acciones se encaminaban a consolidar en España la noche de los tiempos.

El primer grupo de personas comprendidas en estas medidas son aquellas que, no teniendo ninguna responsabilidad, se encuentran exiliadas por temor a represalias in fundadas. Los otros dos grupos se componen de aquellos a quienes, estando cumpliendo condena en virtud de sentencia firme, les puede ser, a criterio de los tribunales, aplicado lo dispuesto en la legislación vigente sobre remisión condicional de la pena o la libertad condicional, y, en último lugar, de aquellos presos preventivos a los que se les pueden aplicar situaciones más benignas hasta que se celebren sus respectivos juicios. En todo caso, en todos los supuestos, están excluidos los reos de homicidio, detenciones ilegales u otros de parecida significación y gravedad. Por tanto, los supuestos de hechos a quienes se van aplicar estas llamadas medidas de gracia no parecen significativos como para originar tantas turbulencias.

No obstante, por encima o por debajo del escrupuloso respeto que se tiene en esta actuación con la ley y la distribución de competencias propias de un Estado de derecho, la iniciativa del Ministerio del Interior constituye una iniciativa política digna de encomio y valor. El terrorismo ha dejado en nuestro país una secuela de frustraciones y dolorosos recuerdos que no podrán olvidarse fácilmente. Pero cualquier actitud que ponga definitivamente fin a la violencia y facilite la convivencia en el marco de nuestro Estado de derecho sólo puede ser bien recibida por los amantes de la paz y del progreso. Alimentar los enfrentamientos conduce inexorablemente a catalizar las tensiones y reproducir las violencias.

Queda, por último, una cuestión no menos importante. Los grupos afines del golpismo, que no cejan en su empeño de plantear absurdas situaciones que conduzcan a nuestro país al enfrentamiento fratricida, han comenzado lo que se transformará en una contundente campaña para aplicar medidas de gracia similares también a los rebeldes participantes en la intentona del 23 de febrero. Aquí caben, en principio, algunas matizaciones. En primer lugar, los participantes en aquellos hechos no han reconocido nunca su autoría delictiva, y algunos han afirmado que volverían a realizarlo. Políticamente, por tanto, resulta poco coherente para consolidar la paz y convivencia de todos los ciudadanos aplicar benignamente la ley penal, si no se les ha aplicado ya con toda la generosidad posible, a quienes están dispuestos a imponer por las armas -apoyándose en su especial condición de miembros de las Fuerzas Armadas- sus puntos de vista políticos. Es, por tanto, una cuestión bien diferente. Y establecer un paralelismo no parece animado por el sano principio penal de la reinserción social y política del delincuente, sino, más bien, un ardid para confundir a los ciudadanos y entorpecer la gobernación del Estado. En todo caso, no conviene olvidar que la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar recomendaba al Gobierno la conmutación de las penas a la inmediata inferior a Milans y Tejero. Los cabecillas de la rebelión renunciaron a este beneficio en un gesto altanero.

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