El ministro de Defensa, Narcís Serra, asegura que el Gobierno no tiene prisa en el indulto y reingreso de los miembros de la Unión Militar Democrática en el Ejército: «Es una absoluta minucia»

Como es muy probable que mi nombre no le diga nada, comenzaré por aclararle que soy uno de los integrantes de esa absoluta minucia que no le ha quitado a usted ni una hora de sueño, de lo cual sinceramente me he alegrado muchísimo, porque pienso que un hombre tan ocupado en la tarea de procurarnos la paz a los españoles (según usted mismo dice), a través del extraño camino de las alianzas militares y del armamentismo, necesita, sin duda, estar siempre lo más despejado posible.Pues sí, como le decía, yo fui miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) y, debido a ello, condenado, como presunto culpable de «conspiración para la rebelión», a ocho años de prisión y a la separación del servicio. Y hoy, 10 años después de aquella condena, me he enterado por la Prensa de que usted opina, entre otras cosas, que habría que preguntarnos a los militares expulsados si realmente estaríamos dispuestos a reingresar en el Ejército y si conviene a nadie que volvamos, empezando por España y siguiendo por el Ejército y por nosotros mismos. Parece ser, por el resto de sus palabras, que usted, que seguramente se considera a sí mismo representante cualificado de España y del Ejército y aun de nosotros mismos, lo tiene muy claro y cree que es algo que no le conviene a nadie.

Al menos en una cosa estoy de acuerdo con usted, y es en eso de que nos pregunten. Porque, ciertamente, hasta ahora ni usted ni ningún otro miembro de este Gobierno o de los anteriores, ni de la Administración, me ha preguntado nunca nada. Así que aprovecho esta oportunidad para contestarle lo mismo que siempre he manifestado en estos casi 10 años: estoy absolutamente dispuesto a aceptar el reingreso en las Fuerzas Armadas con la situación que me correspondería si hubiera permanecido en ellas en servicio activo.

¿Que si creo conveniente para España, para el Ejército y para mí mismo que se produzca este hecho? Pues, humildemente, le diré que pienso yo que al pueblo español (supongo que se refiere a éste al hablar de España) y a la institución militar no tendría por qué irles mal si se repara una injusticia (ya que no cometí el delito de conspirar para una rebelión) y se corrige un agravio comparativo (ya que todos los casos similares al nuestro tuvieron solución con el fin de la dictadura) y, sobre todo, si se realiza el acto simbólico, pequeño si usted quiere (una minucia incluso), de afirmar que la democracia y los demócratas son y deben ser algo normal en las Fuerzas Armadas. ¿A mí me conviene? ¡Hombre!, yo en la solución de este tema no he buscado más que ir dando remate a aquello por lo que empecé a trabajar hace muchos años: colaborar en el establecimiento de un sistema de convivencia democrática general, y, en especial, de aquellas instituciones que más deben defender esa convivencia, pero que en otros tiempos más la han puesto en peligro. Así que las posibles dificultades personales que pudiera encontrar, espero que las remontaría hasta con gusto.

Siguiendo con sus declaraciones o comentarios, creo que usted está muy mal informado sobre lo que fue la UMD y sobre lo que somos los expulsados. Y me extraña, porque pienso que podrían haberle informado bien sus compañeros de partido don Julio Busquets y don Carlos San Juan, que, cuando eran comandantes del Ejército y de la Armada, respectivamente, fueron activísimos miembros de la UMD (Busquets fue incluso uno de sus fundadores). O también, don Joan Raventós, que fue el contacto permanente de la UMD con todos los grupos políticos en la clandestinidad. 0 quizá don Alfonso Guerra, que todavía no hace un año explicaba en público la deuda contraída (según él) con nosotros y el propósito del Gobierno de repararla. O, mejor que nadie, el propio don Felipe González, que pocos meses antes de nuestra detención se reunía clandestinamente en Barcelona con el comité ejecutivo de la UMD (al que entonces yo tenía el honor de pertenecer) y nos expresaba su identificación y apoyo.

Cualquiera de ellos le hubiera podido explicar, sin duda, que nunca la UMD fue ni pretendió ser una organización política dentro (ni fuera) de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, lo que pretendía, en una institución sumamente ideologizada y politizada en un sentido totalmente partidista por un Gobierno dictatorial, que la utilizaba para sus propios fines, era proclamar que el único fin legítimo de la institución tenía que ser la defensa y el respeto por todos los españoles, sin distinción de opiniones o creencias. Y eso fue lo único que pretendimos, y por eso nos autodisolvimos después de las primeras elecciones libres, y ésa ha sido la norma de conducta de los cientos de miembros y simpatizantes de la UMD que siguieron y siguen dentro de las Fuerzas Armadas, a pesar de que no se haya contado mucho con ellos en estos años.

Y siendo así y sabiendo, como debe usted saber muy bien, que los nueve expulsados, aparte de ser sólo nueve, no formamos ningún grupo político ni tenemos ninguna actividad de partido, ni estamos respaldados por ningún grupo o partido concreto, ¿cómo se atreve usted a decir (permítame que endurezca ahora el tono) que intentaríamos llevar corrientes políticas al seno de las Fuerzas Armadas? Eso, perdóneme usted, es un juicio de intención y una calumnia que yo no tengo por qué tolerarle.

En fin, no quiero seguir más. Únicamente me gustaría que supiera algo. Muchas veces, en estos últimos 10 años, me han preguntado si no sentía desilusión, decepción, amargura, ira, etcétera, ante la marginación y la injusticia sufrida en una situación democrática por la que yo había luchado. Siempre respondí que los avances logrados para todos los españoles me parecían muy importantes y que si el caso mío me preocupaba, no era por mí mismo, sino por lo que significaba de carencias evidentes y graves del propio sistema. Hoy, sin embargo, si me hicieran preguntas parecidas, ante sus declaraciones, sí tendría que confesar que experimento una fuerte sensación: náuseas.

LAS OPINIONES del ministro de Defensa sobre la situación de los nueve miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) expulsados del Ejército en 1975 por su lucha en favor del restablecimiento de la democracia en España han suscitado el asombro de los ciudadanos y la justificada réplica de los afectados. Ya es grave el tono del ministro -para quien el problema sería una «absoluta minucia» que no le habría quitado «ni una hora de sueño»- al referirse a esa deuda pendiente de la España democrática. Pero más preocupante, resulta la argumentación empleada por él para negar la conveniencia o poner en duda la necesidad del reingreso en el Ejército de esos nueve oficiales, discriminados por la ley de Amnistía aprobada en 1977.Según el ministro Serra, las actuaciones de la UMD durante los últimos años de la dictadura no podrían ser justificadas por el hecho de que el anterior régimen no fuera democrático. Pues habrá que explicárselo ahora a 10 millones de votos socialistas, que tienen que discrepar de esta opinión. Y a otros varios millones de demócratas conservadores. La actitud de la UMD estaba moral, política e históricamente justificada por el carácter dictatorial del franquismo, la inexistencia de libertades públicas durante aquel régimen y la conculcación permanente y directa que de los derechos humanos se hacía por el mismo. Decir otra cosa desde un Gobierno democrático -sea de izquierdas o de derechas- es simplemente inadmisible. De otra manera, los socialistas que hoy están en el poder y lucharon en la clandestinidad contra el franquismo tendrían que pedir perdón por ese comportamiento y renunciar a los beneficios de la amnistía de 1977.

Al descansar sobre tan insensatas premisas, era inevitable que los siguientes palos del argumento de Narcís Serra condujeran a conclusiones disparatadas. En opinión del ministro de Defensa, el reingreso de los nueve oficiales represaliados podría implicar el renacimiento de las corrientes políticas en el seno de las Fuerzas Armadas, su rehabilitación haría «un mal servicio a España» y habría que preguntarse «si conviene a nadie que vuelvan, empezando por España y siguiendo por el Ejército y por ellos mismos». Lo que politiza a las Fuerzas Armadas -en un sentido unilateral y antidemocrático- es precisamente el mantenimiento de la represalia contra los antiguos dirigentes de la UMD. Y el ministro olvida el hecho público y notorio de que la UMD se autodisolvió después de que las primeras elecciones generales pusieran en marcha el sistema democrático.

Aparentando creer en la congruencia interna de su propio discurso, el ministro afirma su intención de expulsar de las Fuerzas Armadas a los que promovieran organizaciones internas de carácter político «aunque fuese con la mejor intencióndel mundo». Tan loable disposición no guarda relación alguna con la rehabilitación de los oficiales de la UMD, a quienes no se puede castigar retroactivamente por el delito de haber luchado a favor de la democracia y de unas Fuerzas Armadas liberadas de una politización peculiar: la que procedía del resultado de una cruenta guerra civil en la que perdieron la vida miles y miles de socialistas defendiendo los mismos ideales de libertad y democracia que animaban a los militares de la UMD.

La ley de Amnistía de 1977 no borró las penas accesorias de separación del servicio impuestas a los militares condenados en 1975 por su ideario democrático. Sin embargo, una ley de Cortes podría enmendar sin mayores problemas esa injusticia. El artículo 213 del Código de Justicia Militar de 1945 preveía que los condenados a penas militares de separación de servicio y pérdida de empleo podrían ser rehabilitados por ley. Tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios, tienen la capacidad de iniciativa legislativa precisa para poner en marcha ese trámite.

Esperemos por eso que no tenga que verse rectificado ahora el propio vicepresidente, Alfonso Guerra, que narró las causas de que la ley de Amnistía de 1977 excluyera parcialmente de su ámbito a los nueve oficiales de la UMD, culpó directamente a UCD de esa omisión y se comprometió públicamente a saldar esa deuda pendiente antes de que concluyese la actual legislatura. ¿Cuál de los dos miembros del Gobierno -su vicepresidente o el ministro de Defensa- merece mayor crédito?. Una aclaración del presidente González está siendo necesaria.