La elección de Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol queda empañada por ser imputado por sospechas de corrupción

El Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda acordó ayer cambiar la condición de testigo a la de investigado a Pedro Rocha, que ayer mismo debía ser proclamado único candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y acordó suspender su declaración. Rocha fue citado por la juez en el marco del caso Rubiales para que aclarase el grado de conocimiento de las operaciones que se están investigando, entre otras, el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí a cambio de comisiones millonarias a Gerard Piqué o el amaño de contratos a favor de la constructora Gruconsa, que, según la Guardia Civil, ha estado pagando comisiones a su antecesor en el cargo, Rubiales.

El juzgado consideró que Rocha debía tener conocimiento de los hechos por los que estaba siendo interrogado y decidió variar su condición de testigo a la de investigado, por lo que volverá a citarlo para que comparezca acompañado de abogado. A lo largo de su declaración, que duró 37 minutos, Rocha insistió en que no tenía conocimiento de las preguntas que se le han ido formulando. «Mi cargo era representativo», señaló a la juez cuando le recordó que ocupaba la vicepresidencia económica. En paralelo, repitió en innumerables ocasiones que no sabía «nada». El dirigente subrayó que operaciones como la de Arabia Saudí se le «ocultaron», en alusión al equipo de Rubiales, y se desmarcó de cualquier tipo de responsabilidad.

De los contratos a la constructora Gruconsa también se evadió pese a que, tal y como desveló EL MUNDO, adjudicó un contrato amañado hace sólo un mes a la empresa que pagaba comisiones a Rubiales. Concretamente, 1,3 millones de euros para la reforma de la residencia y las cocinas de la Ciudad del Fútbol. En relación con este contrato, Rocha descargó la responsabilidad en «el técnico de Infraestructuras» y contestó: «Él sabrá por qué lo ha hecho».

Ante la constante negativa a dar explicaciones, el fiscal pidió que se le cambie la condición de inmediato en un tono visiblemente contrariado por las evasivas del declarante. Rocha replicó que no entendía «nada» y la juez le precisó que su condición de investigado era adoptada «por su bien».

La decisión judicial constituye un terremoto en la RFEF, toda vez que Rocha es el nuevo presidente virtual al ser el único candidato capaz de reunir los avales suficientes. Ahora mismo todo es una incógnita en la Ciudad del Fútbol, donde no contaban con este escenario. Rocha había logrado reunir más de 100 avales sobre los casi 140 posibles, lo que había dejado el camino llano para ser proclamado presidente este mismo fin de semana, el lunes como muy tarde.

Los otros aspirantes, entre los que destacaba el periodista Carlos Herrera, no consiguieron obtener esos avales y, por lo tanto, Rocha quedaba como única opción. La única esperanza de sus opostitores para que no sea nombrado es que el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) admitiese la inhabilitación que solicitaban varias denuncias. El jueves por la noche se llevaron una decepción, pues ese día no hubo admisión alguna.

Sin embargo ayer, pocos minutos después de la decisión de la jueza Delia Rodrigo, y según informó el opositor Miguel Galán a este periódico, el TAD, ahora sí, le ha abierto expediente sancionador por no haber convocado elecciones durante los seis meses en los que dirigió la Comisión Gestora de la RFEF y por haber asumido funciones que no le correspondían.

Siempre según su versión, el máximo órgano judicial deportivo aceptó ayer la denuncia del propio Galán y dejó a Rocha a un paso de la inhabilitación. Según pudo saber EL MUNDO, si se confirma esta decisión del TAD, el siguiente paso podría ser que el Consejo Superior de Deportes (CSD) se reuniese en las próximas horas para decidir si le inhabilita cautelarmente, hasta el final de la resolución del expediente. Todo depende de la calificación que el TAD otorgue a su conducta: si la falta es «muy grave», el CSD estará legitimado para tomar esa medida tan drástica.

«Vengo muy tranquilo, y a colaborar con la Justicia en lo que pueda», decía Rocha a los periodistas que se agolpaban a las puertas de los Juzgados de Majadahonda a primera hora de la mañana. Poco más de una hora después, no estaba nada sonriente y buscaba explicaciones en su entorno, que de momento no ha sido capaz de dárselas. Él mismo sabe que la situación es completamente insostenible.

Demasiados años de desgobierno interno y de falta de vigilancia externa han llevado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a una situación terminal. El último capítulo llegó el viernes, cuando la jueza que investiga algunos contratos de la entidad por supuestos delitos de corrupción, administración desleal y pertenencia a organización criminal imputase a Pedro Rocha, máximo dirigente del fútbol español. Rocha se había convertido esa misma mañana en virtual nuevo presidente de la RFEF al ser el único candidato con los avales necesarios. Iba a ser proclamado ayer, pero su nombramiento ha quedado paralizado al admitirse una impugnación del presidente del centro nacional de entrenadores Cenafe, Miguel Galán.

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La RFEF —una entidad privada con funciones públicas— es la imagen de España en el mayor espectáculo de masas del mundo. En 2030 tendrá encima los ojos del planeta en el segundo Mundial que organiza en 48 años. Ni España como país, ni todos los profesionales del deporte, ni los millones de aficionados merecen que la actuación de los dirigentes federativos enturbie dicha imagen.