Muerte de opositores a Vladimir Putin en Rusia: Alexéi Navalni (preso en una cárcel) y el desertor Maxim Kuzmínov (asesinado en España)

La muerte en prisión del líder opositor ruso Alexéi Navalni, cuyas circunstancias están obligadas a esclarecer las autoridades, arroja una nueva sombra sobre el régimen de Vladímir Putin, que se caracteriza por el sistemático encarcelamiento, exilio o muerte en extrañas circunstancias de cualquier figura que pueda constituir una amenaza para su autoridad. El nombre de Navalni es el último, hasta el momento, de una ya demasiado larga lista de políticos, empresarios y periodistas calumniados, perseguidos, encarcelados y muertos después de cuestionar el autoritarismo del eterno inquilino de Kremlin. El anuncio del fallecimiento del líder de Coalición Democrática en el penal conocido como Lobo Polar, en el Ártico, al que fue trasladado en secreto en diciembre pasado, coincide con el comienzo de la campaña electoral para las elecciones presidenciales, que se celebrarán entre el 15 y el 17 de marzo y a las que Putin se presenta sin oposición.

No es exagerado afirmar que hasta su muerte —oficialmente tras sentirse mal después de un paseo— Navalni era el líder opositor más popular de Rusia, especialmente entre la juventud, porque desde 2011 basó su carrera en una demoledora crítica contra la corrupción del régimen en la que mezclaba la mordacidad, la veracidad de la denuncias y un imaginativo y eficaz empleo de las nuevas tecnologías. Sus vídeos en YouTube contaban sistemáticamente con decenas de millones de visitas y sus documentales, de cuidada producción, llegaron a ser emitidos por grandes cadenas occidentales. Entre ellos destaca uno de dos horas de duración que revela la existencia de un lujoso palacio personal de Putin, valorado en más de 1.200 millones de euros, a orillas del Mar Negro. Ni siquiera desde prisión —lógicamente a través de su equipo— cesó en su actividad en las redes sociales.

El Kremlin lo consideraba una de sus mayores amenazas y empleó contra él todo tipo de argucias incluyendo, presuntamente, el envenenamiento en 2020 con Novichok —un arma química militar de cuarta generación—, del que salió vivo solo gracias a la presión internacional, que forzó su traslado desde Rusia a un hospital en Alemania. Su procesamiento en Moscú, tras regresar voluntariamente a su país en 2021, constituye un infamante catálogo de irregularidades judiciales. Nunca recobró la libertad.

La desaparición del líder opositor ruso ha levantado una ola de indignación en Occidente. Esta vez, además, las declaraciones de condena se han ahorrado los paños calientes utilizados anteriormente en circunstancias similares, en buena medida porque la invasión de Ucrania —de la que se cumplen dos años el próximo sábado— ha endurecido el tono crítico con Moscú. Desde la vicepresidente de EE UU, Kamala Harrys —quien ha hablado de la “brutalidad de Putin”— hasta la Unión Europea —que ha responsabilizado a Rusia de la muerte de Navalni—, ha habido una práctica unanimidad en apuntar al mandatario ruso como responsable del fallecimiento del activista encarcelado. Nada parece afectar a un Vladímir Putin envalentonado —este martes publicó una delirante orden de detención contra la primera ministra de un país soberano, la estonia Kaja Kallas—, pero cualquier gesto es útil para apoyar a millones de ciudadanos rusos que ayer perdieron un referente, que desde hace décadas sufren una drástica limitación de sus libertades y el sometimiento a un régimen implacable con sus rivales políticos y a los que ayer mismo se les prohibió salir a la calle a recordar a Alexéi Navalni.

El exilio es una de las pocas vías que ofrece el régimen de Putin a los disidentes rusos. Fuera del país, estos disponen de una cierta protección. Para los que Moscú considera traidores a la patria no hay, sin embargo, refugio posible, ni siquiera fuera de Rusia. Lo demostró con los espías Alexander Litvinenko y Serguéi Skripal en el Reino Unido y acaba de hacerlo ahora en España con el desertor Maxim Kuzmínov.

En agosto pasado, Kuzmínov aterrizó en Ucrania y entregó el helicóptero que pilotaba (un Mi-8 de combate) a cambio de 500.000 dólares y protección de Kiev para él y para su familia. Los dos tenientes rusos que le acompañaban en la aeronave murieron en circunstancias por aclarar nada más tomar tierra. Moscú condecoró a ambos fallecidos y prometió liquidar al piloto desertor. Apenas ocho meses después, Kuzmínov ha sido asesinado a tiros en Villajoyosa (Alicante).

Las primeras pesquisas españolas apuntan a una ejecución extrajudicial ordenada por Moscú, algo que corrobora la actitud del Kremlin, que ya en octubre pasado advirtió, a través de supuestos miembros del GRU (servicio militar de inteligencia), que el desertor no viviría lo suficiente para ser juzgado. Moscú, de hecho, ha recibido la noticia con indisimulada satisfacción. Su jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Serguéi Narishkin, ha tratado al piloto asesinado de “traidor criminal” y “cadáver moral”.

La publicidad de estas acciones criminales representa para Putin una baza que juega como arma disuasoria y ejemplarizante. Pero esta es la primera vez, que se sepa, que sus sangrientos métodos se ejecutan en suelo español. El Gobierno ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de que el militar ruso se hubiera refugiado en Alicante. En consecuencia, tampoco disponía de la protección que sí tienen los soldados o heridos ucranios que se entrenan o tratan en España. Todo indica, por tanto, que ni el piloto asesinado ni Ucrania informaron convenientemente a Madrid de la situación. España, como ha avisado el Ministerio de Exteriores, debe dar una respuesta contundente a Moscú. Para ello, se necesita una investigación en profundidad sobre el asesinato.

De confirmarse la autoría intelectual del Kremlin, el caso, además de atentar gravemente contra los derechos humanos, es una evidente vulneración de las normas internacionales. El Reino Unido respondió al envenenamiento de Litvinenko en 2006 con una investigación que terminó con la congelación de los activos de los dos sospechosos de haber cometido el crimen.

Esta nueva ejecución rusa en suelo europeo llega en un momento especialmente delicado, en medio de la invasión de Ucrania y con un Putin envalentonado por sus victorias militares y su previsible triunfo electoral tras laminar a la oposición. La Unión Europea debe, por su parte, cerrar filas con España. Las meras protestas oficiales serán insuficientes cuando los Veintisiete constituyen un apoyo fundamental para Kiev en la guerra frente al invasor ruso. La guerra es de por sí la principal amenaza para la seguridad continental, pero estas operaciones encubiertas, contrarias a los valores europeos, agravan aún más esa inseguridad. A ellas, efectivamente, solo se puede reaccionar con contundencia. Es demasiado alto el riesgo de permitir que el presidente ruso considere Europa como un terreno más para sus sangrientas maniobras.