El ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, protesta contra EL PAÍS por asegurar que lamento los votos obtenidos por Herri Batasuna, coalición afín a ETA

LAS URNAS han hablado en Guipúzcoa y Vizcaya con un lenguaje inquietante que contradice vaticinios anteriores que ahora se muestran como simples expresiones de deseos. La izquierda abertzale ha obtenido en esas dos provincias más de 2 10.000 votos, lo que significa casi un 17% del censo; dentro de esa cifra, los sufragios de Herri Batasuna, alineada con las posiciones políticas de ETA militar, representan a unos 137.000 ciudadanos, esto es, aproximadamente, el 10% de la población censada. Si a las cifras del nacionalismo radical se le suman los 235.000 votos del moderado PNV, el resultado es una mayoría en favor de las diversas corrientes nacionalistas, históricamente provenientes de un tronco común.En un comentario a propósito del sondeo de Sofemasa -que en este terreno levantó una liebre bien significativa, al igual que en las intenciones de voto en Andalucía y en el descalabro de CD-, señalamos que un resultado electoral de esas características invalidaba los supuestos de hecho sobre los que descansaban algunas de nuestras valoraciones acerca de la cuestión vasca. Nuestras reiteradas afirmaciones de que el terrorismo de ETA encontraba cada vez menos respaldo popular se muestran ahora, desgraciadamente, erróneas; y nuestro pronóstico -basado en el análisis del voto negativo en el referéndum- de que el nacionalismo radical no podría sobrepasar el porcentaje del 10% sobre el censo total en las cuatro provincias, también ha sido desmentido por los hechos. Esa alteración de los datos no priva, por supuesto, de vigencia a los juicios de valor, éticos y políticos, que pueden formularse sobre los asesinatos terroristas, tanto más aborrecibles cuanto que sirven, además, para intoxicar de odio y de irracionalidad a los sectores sociales que los aprueben y para ahondar la brecha de incomprensión y xenofobia entre dos comunidades con derecho a convivir en un mismo territorio. Sin embargo, los resultados electorales obligan a una nueva reflexión sobre el significado de un movimiento con características populistas y sobre las condiciones que han engendrado no sólo la violencia asesina organizada, sino el apoyo social que recibe.

Ni que decir tiene que corresponde a los dos grandes partidos de la vida nacional el peso principal de esa tarea, en la que forzosamente se incluye la rectificación de las incomprensiones y los errores que hayan cometido. Sin embargo, las primeras reacciones del Gobierno y del PSOE no son muy esperanzadoras. El ministro del Interior, en una rueda de prensa, ha entrado en el debate como un elefante en una cacharrería; irrupción tanto más peligrosa cuanto que su nombre suena como futuro ministro para las Regiones. Convertir en sinónimos, a efectos de legalidad, el independentismo y el terrorismo no es verdaderamente admisible. Y la doctrina de que no tienen sitio en las Cortes los partidarios de la autodeterminación de Euskadi significa confundir la Constitución con los Principios del Movimiento y un Estado pluralista y parlamentario con un régimen totalitario. Es como si, en el momento en que hay que hacer lo imposible por evitar la casi segura retirada de los diputados de Herri Batasuna del Congreso, el propio ministro del Interior les mostrara la puerta con gesto imperioso. El candidato de UCD electo por Vizcaya también ha echado su paletada de arena para edificación del nuevo bunker. La afirmación del señor Rodríguez Sahagún de que UCD y Herri Batasuna son los únicos partidos con verdadera entidad en el País Vasco resulta una jactancia excesiva, quizá nacida en la euforia tras la meritoria obtención de un difícil escaño. Otra cosa nos llevaría a concluir que el actual ministro de Industria es un sembrador de vientos que pueden desencadenar tempestades como la que azota al Ulster desde hace años. Finalmente, el ademán del Gobierno de arrojar sobre el PSOE la carga entera del mal funcionamiento del Consejo General Vasco durante el último año no está exento de razón, pero también es preciso reconocer la cortedad, tardanza y racaneo que han presidido la política estatal hacia la preautonomía vasca.

Por otro lado, quizá la necesidad de sacar fuerzas de flaqueza para alentar a sus bases sirva para explicar la resistencia de la dirección del PSOE a reconocer públicamente sus propias culpas en el descalabro general de la cuestión vasca y su baja como partido. La derrota de la candidatura comunista en Vizcaya, que pese a la leve ganancia de sufragios no ha logrado un solo escaño, da motivos para pensar que toda la izquierda con implantación nacional, y no sólo los socialistas, ha cometido errores en Euskadi; porque el comportamiento de Roberto Lertxundi a lo largo de este último año ha sido un ejemplo de valor y de coherencia en la defensa de unas posiciones aparentemente correctas, y muchas veces lo hemos dicho así. Ahora bien, el PSOE tiene, por tradición histórica y por base electoral, muchas mayores responsabilidades en el País Vasco. Sus celos competitivos respecto al PNV le llevaron a la estrategia de aliarse con UCD para ocupar la presidencia del Consejo General Vasco, cargo que el señor Rubial, pese a sus indudables méritos políticos en el pasado, convirtió en un sillón vacío. La desdichada intervención del candidato por Guipúzcoa en el debate televisivo sobre el terrorismo sólo puede explicarse, a la vista de los resultados del 1 de marzo, como una tentativa en toda regla de suicidio electoral. El errático curso del señor Benegas en la cuestión de las negociaciones con ETA probablemente ha contribuido a deteriorar la posición del PSOE, tanto en los sectores que deseaban esa política (y a los que ha decepcionado que sea abandonada) como en los electores que la consideraban indeseable (y que desconfiaron del partido que inicialmente la propuso).

En más de una ocasión hemos insistido en que las medidas policiales contra el terrorismo -que es preciso continuar- sólo tienen sentido en el marco de unas medidas políticas que le confieran no sólo sentido democrático, sino que aseguren la sinceridad de las promesas de autonomía y la profundidad y amplitud de las instituciones de autogobierno. El PNV es el principal interlocutor en esa negociación, pero no el único. El proyecto de Estatuto de Autonomía finalizado pocos días antes de la disolución de las anteriores Cortes fue aprobado no sólo por el nacionalismo vasco moderado y por los socialistas, sino, también, por Euskadiko Ezkerra, la coalición de la izquierda abertzale emparentada con ETA político-militar. El Estatuto de Autonomía del País Vasco debe ser abordado por las nuevas Cortes de forma urgente y prioritaria. Y es muy importante que nadie convierta su debate en una historia entre buenos y malos desde ningún lado. El cuerpo político de la nación debe ser consciente del verdadero problema planteado en el País Vasco y deseamos que nuestros parlamentarios no traten de plantear el asunto con las características de enfrentamiento civil que contienen las declaraciones de los dos ministros que comentamos, más propias, en todo caso, para decirlas si se quiere en una campaña electoral que después de ganar unas elecciones. ¿Y Herri Batasuna? Quizá movidos por la convicción de que la ausencia de una salida política a la situación vasca y el empecinamiento en una solución militar nos arrastraría a todos -empezando por los que el jueves votaron a esas candidaturas- a la catástrofe, nos resistimos a admitir la posibilidad de que la irracionalidad, emocionalismo y rigidez doctrinaria de ese movimiento no fueran reabsorbidos, en favor de la democracia y la vía pacífica, por un verdadero régimen de autogobierno para el País Vasco. Pero mentiríamos sí dijéramos que somos optimistas respecto a la reconducción del tema, la detención del terrorismo y la sustitución de la lucha armada por el debate político. Si el terrorismo continúa, el Estado tiene la obligación de defender a los ciudadanos del bandolerismo asesino. Si para en su actividad, los españoles deben saber afrontar en toda su dimensión el problema político y de convivencia planteado en el País Vasco, del que debe salirse mediante una solución negociada en las Cortes: el Estatuto de Autonomía.

En el editorial de ese diario correspondiente al domingo día 4 del actual, titulado «Las elecciones en el País Vasco», se dice, refiriéndose a mi intervención en una de las ruedas de prensa celebradas para anunciar los resultados provisionales de las elecciones generales del 1 de marzo, que «convertir en sinónimos, a efectos de legalidad, el independentismo y el terrorismo no es verdaderamente admisible». Y que «la doctrina de que no tienen sitio en las Cortes los partidarios de la autodeterminación de Euskadi significa confundir la Constitución con los Principios del Movimiento y un Estado pluralista y parlamentario con un régimen totalitario».En relación con ambas afirmaciones deseo puntualizar lo siguiente:

Primero. Que en dicha rueda de prensa no se planteó ningún tema relacionado con el terrorismo y sí únicamente con el posible independentismo de la coalición de Herri Batasuna.

Segundo. Que en relación con este punto la respuesta ha sido meridianamente clara y apoyada en el artículo 2.º de la Constitución, que aprobó el Parlamento y refrendó el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

Tercero. Que de acuerdo con dicho precepto constitucional, manifesté y reitero que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Por lo tanto, la unidad de España no es ni siquiera revisable por vía constitucional, pues al ser el fundamento de la propia Constitución, ésta quedaría suprimida y anulada al desaparecer el sustento de la misma. Además, el derecho a la autonomía que reconoce y garantíza el citado artículo de la Constitución lo es a las nacionalidades y regiones que integran la nación espanola, por lo que jamás la autonomía puede ni remotamente siquiera rozar el independentismo.

Cuarto. Esa ha sido la causa de la no legalización de los partidos HASI y LAIA, que consignan en sus estatutos como objetivo de su proarama el establecimiento de un estado socialista vasco independiente, lo que hace imposible su legalización. En todo caso, conviene reiterar que la declaración de ilegalidad no es una decisión gubernamental, ni siquiera del ministerio fiscal, sino que corresponde a la autoridad judicial.

Quinto. El independentismo es, pues, ilegal y anticonstitucional. En cambio, la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación espanola es constitucional. Hechas ambas puntualizaciones, afirmar que ello significa «confundir la Constitución con los Principios del Movimiento y un Estado pluralista y parlamentario con un régimen totalitarío» carece completamente de sentido, y la alusión concreta a los Principios del Movimiento parece tener la intención política de revivir una situación que el pueblo español ha superado, dejando bien sentada la unidad intangible y no negociable de España y la unidad de la soberanía, independencia e integridad territorial.

En la misma rueda de prensa expresé el deseo de que HASI y LAIA cumpliesen los requisitos necesarios para su legalización y que la entrada de Herri Batasuna en el Parlamento contribuya a resolver la difícil situación en el País Vasco, que a todos nos preocupa.

Ministro del Interior

EL MINISTRO del Interior, en una carta de réplica publicada el jueves en EL PAÍS, atribuye a una «intención política», destinada a «revivir una situación que el pueblo español ha superado», las críticas dirigidas por un editorial de este periódico contra sus desafortunadas palabras acerca de la eventual incomparecencia en el Congreso de los tres diputados de Herri Batasuna, elegidos por cerca de 150.000 ciudadanos con residencia en Guipúzcoa y en Vizcaya. Al parecer, las principales dudas provienen de nuestra polémica conjetura de que la teoría según la cual no se deben tolerar en las Cortes posturas que vayan contra el texto constitucional (hoy el independentismo y quizá mañana el republicanismo, la confesionalidad católica del Estado, el sindicalismo vertical, la ilegalidad de las huelgas o la abolición de los partidos políticos) pudiera tal vez explicarse por una lamentable confusión entre la naturaleza de una Constitución democrática y los Principios del Movimiento. Pues bien: debemos insistir en el fondo del razonamiento.La afirmación de que lo condenable, ética, política y penalmente, de ETA no es sólo el terrorismo, sino también la ideología independentista, y de que no pueden ser admitidos en las Cortes diputados democráticamente elegidos por cerca de 150.000 ciudadanos que comparten sus ideas, equivale, por lo pronto, a una invitación para que los separatistas vascos abandonen cualquier intento de defender de manera pacífica su proyecto y den la razón a quienes, desde ETA militar, les dicen que no tienen más camino que las armas. Es por eso toda una provocación, no por involuntaria menos real, a los ciudadanos vascos que han votado a Herri Batasuna y a Euskadiko Ezkerra.

Pero, además, esta manera de querer dar con la puerta del Congreso en las narices a Monzón, Letamendía y Olabarría se asemeja mucho a una demostración de desprecio hacia las normas de un Estado de derecho. A nosotros no nos gusta ni poco ni mucho el programa de Herri Batasuna; y este periódico ha sido ya objeto de amenazas por uno de los diputados electos el 1 de marzo a causa de nuestra inequívoca postura respecto a la cuestión vasca. Ahora bien, la teoría de que un representante de la sobe ranía popular, amparado por la inmunidad parlamentaria, no puede defender desde su escaño, sin peligro de expulsión o linchamiento, posturas que contradicen el texto della Constitución se da de bruces con los más elementales principios de la democracia pluralista, en la que, sin duda, y definitivamente, el señor ministro del Interior está poco versado.

Sólo así pueden entenderse, además, algunas de las cosas que estamos viendo y que nos dejarían atónitos si no estuviéramos ya despavoridos. La muerte de un muchacho de catorce años en Parla, como consecuencia de la actuación de la fuerza pública, ha sido acogida con verdadera impavidez política. Ojalá el anuncio de que la autoridad se dispone a abrir una investigación para deslindar las eventuales responsabilidades en estas trágicas, absurdas e inútiles muertes no sea, como siempre, hasta ahora, el comienzo de un largo y definitivo silencio. La negativa de UCD a abrir un debate parlamentario sobre el tema no se corresponde con una actitud de de fensa de los derechos humanos. Si ya hemos dicho que nos parecían una torpeza y un error, una provocación, en definitiva, las manifestaciones violentas de Parla, ello no obvia el que insistamos en que las actuaciones de la fuerza pública, cuando median vidas humanas, precisan una investigación judicial y no sólo administrativa. Sólo después de aquélla las autoridades podrán amparar con credibilidad a los servicios de seguridad del Estado.

Pero quizá tiene mayor significación -sin el dramatismo que arrastra la muerte de un niño- la militarización del Metro en Barcelona, decretada por el Gobierno en el ejercicio de unos poderes que le confiere un decreto anterior a las elecciones de junio de 1977 y que entra en conflicto con el artículo 28 de la Constitución. La militarización de un servicio público, medida extrema a la que sólo se puede recurrir en grado de imperiosa necesidad, no debe consistir nunca en una democracia -a nuestro juicio- en convertir en soldados a los empleados del ferrocarril suburbano, sino en confiar la dirección de.ese servicio a la línea de mando militar y su manejo a los soldados del reemplazo que estén a sus órdenes. Hacerlo de otro modo -y es dudosa la oportunidad de hacerlo en cualquier caso- vulnera los derechos legítimos de los trabajadores y coloca innecesariamente a las Fuerzas Armadas en una incómoda posición respecto a la sociedad civil. Situación recordadora, de nuevo, con todos los respetos para el señor ministro del Interior, de toda una época que algunos, desde luego, no parecen haber superado.

Estas son cuestiones, como la del tristemente famoso decreto antiterrorista, que ponen de relieve la necesidad de que funcione cuanto antes el Tribunal de Garantías Constitucionales y que éste resuelva el fondo de la cuestión: si es posible resolver los problemas de una democracia por medios antidemocráticos. Nosotros creemos que no.