El nuevo Gobierno de Zapatero crea un ‘Consejo de Sabios’ para que redacte un informe sobre cómo hacer una nueva RTVE más independiente

Aún queda gente por ahí que imagina al asesino a sueldo con los rasgos míticos de las viejas películas. Duro, desalmado, cínico, pero profundamente romántico y hasta frágil. A veces veo alguna de esas películas y me echo a reír. Si pudieran verme. No creo que les gustara saber que un asesino a sueldo tiene el aspecto gris de un contable invisible. Barriga prominente bajo la camisa gastada, el cuello desbordado por encima de la corbata y el pantalón de tergal gris caído a mitad del culo. No creo que sospechen, al verme con las gafas cuadradas de concha resbaladizas sobre mi nariz sudada y mi pelo graso peinado en autoritaria raya, el oficio al que me dedico. Un oficio que no anuncio en las páginas amarillas. Quien necesita mis servicios sabe dónde dar conmigo.A veces malgasto el rato del ascensor hasta mi sexto piso imaginando los empleos que mis vecinos me asignan en su previsible imaginación.Cuando alguien me cita para encargarme un trabajo, alguna labor de exterminio como me gusta a mí llamarlo, noto también que al encontrarse conmigo por primera vez no saben reprimir un gesto de decepción, esperaban algo más acorde con sus sueños. Ignoran que la realidad es un zapato viejo y gastado que se ajusta al pie como una segunda piel.

En aquella mujer también noté la decepción. Me recibió en un despacho cursi, con su vestido de Chanel que ella creía que resaltaba sus aún vivos encantos. Supe inmediatamente que tan sólo era una empleada, la encargada de arreglar conmigo los sórdidos términos de nuestro acuerdo laboral. No me importa no saber para quien trabajo, casi lo prefiero, pero ante mi falta de curiosidad siempre es el otro el que se lanza a dar explicaciones que nadie pide.Si quieres hacer hablar a alguien, no le preguntes.

-Le sorprendería saber la gente que le encarga este trabajo.No es un particular ni una empresa concreta. Llamémoslo un grupo, pero no piense en un grupo pequeño y organizado, sino más bien en un magma de intereses. ¿Entiende lo que le digo?

-No me paga para que le entienda, imagino que me paga para que haga el trabajo.

Por supuesto que ser un asesino a sueldo no siempre implica terminar de modo violento con alguien. Quizá también ustedes se hayan dejado llevar por la imaginación. No, a veces el asesino a sueldo puede cumplir perfectamente con su trabajo sin derramar una gota de sangre. Se trata de poner a la víctima fuera de circulación.¿Alguien molesta? Lo apartamos. De alguna manera somos como el primer reemplazo de obreros que limpia y aplana el lugar por el que luego otros trazarán la carretera. Ya casi nunca estrangulamos ni trucamos unos frenos, ya apenas fingimos un robo sangriento y cruel, es raro que recurramos a un francotirador o al veneno imposible de detectar. Todo eso sucedía cuando nuestro trabajo era burdo y primario. Los tiempos cambian. El asesino a sueldo ha perfeccionado su sistema, nos pagan por demostrar nuestra sutileza. Somos una rama más de los turbios gabinetes de asesoramiento.Asesoramos al enemigo para que se esfume. Desesperamos al último inquilino de un edificio que se quiere vender, acojonamos al deslenguado que quiere alzar la voz inoportuna, quitamos de en medio a quien pone trabas al desarrollo, a la riqueza, al negocio.Y lo hacemos cobrando.

El encargo de aquella mujer no era especialmente complicado.Me entregó un dossier anónimo y cargado de datos. Al parecer existía una comisión de trabajo encargada de dictar un nuevo sistema de televisión, independiente, libre, aislado de presiones políticas y comerciales, limpio e imaginativo. Vulgarmente eran conocidos como consejo de sabios. Me hizo gracia que alguien aceptara ese nombre sin rechistar. Sonaba bastante petulante.Cuando levanté la vista del informe vi a mi interlocutora morderse el labio. La tranquilicé.

-¿De verdad creen que me necesitan para esto? Me temo que esta gente habrá tirado la toalla antes de darse cuenta de que su labor es imposible. Y si llegan a alguna conclusión lo más normal será tirarla a la papelera sin detenerse a leerla.

-Puede ser. Pero mis representados creen que merece la pena adelantarse a cualquier veredicto.

En eso tenían razón. Siempre era mejor eliminar al jurado antes de esperar a que te absolviera. Tocar jueces era otra de mis especialidades, enterarme si tenían un hijo sin un empleo rentable, una esposa con vicios caros, un rinconcito donde saciar sus instintos básicos. En este caso se trataba de dar un baño de lodo a los sabios hasta que sus opiniones tuvieran la misma importancia que el alegato de una cucaracha instantes antes de ser pisada sobre el terrazo de un baño.

-Pero no sea zafio-, me adviritió la mujer-. Tenga en cuenta que algunos son ciudadanos ejemplares, catedráticos, intelectuales, gente respetada. Nadie toleraría un trabajo poco fino.

-Usted mantenga la billetera abierta, iré necesitando su colaboración, pero deje en mis manos la labor de exterminio, por favor.

Tenía sus fotos, sus direcciones, sus cuentas bancarias, sus historias personales y las de sus familias. Conocía cada debilidad de su carácter y cada tropiezo de su ejemplar vida pública. De algunos me sonaba la cara y el nombre, otros debían ser sabios más retirados porque me eran completos desconocidos. Pero el cliente que me había contratado ponía fácil la labor. Gente de la prensa y los negocios, de la política y el poder, comerciantes, empresarios, interesados todos en que la televisión en España siguiera siendo una fábrica de borricos y estúpidos. Fabricantes de idiotas que necesitaban de una producción masiva de idiotas para seguir multiplicando los beneficios. Me extrañaba que tuvieran miedo al designio de aquellos sabios bastante desinformados por lo que ellos mismos reconocían. No pasarían de proponer algún programa cultural aburrido que se suprimiría por falta de audiencia, un tono informativo más profundo que pronto algún contratado menos escrupuloso se ocuparía de desmontar y convertir de nuevo las noticias en lametazos al poder, unos consejos directivos que no sería nada difícil de poner a sueldo como había sucedido en otras ocasiones. Pero, ¿por qué temían tanto a los sabios como para llamarme? ¿Tan poco confiaban en la implantación de su trabajada estructura social? ¿O tan sólo lo hacían por no dejar ninguna posibilidad viva? ¿O acaso les asustaba que se lograra una mínima conquista democrática?

La labor era tan sencilla que aquella noche salí a cenar para celebrar el dinero tan fácil que me iba a embolsar. Elegí un restaurante de esos de diseño y platos etéreos donde sabía que les perturbaría mi soledad y mi aspecto. Varias veces me habían confundido con un enviado de la guía Michelin y había disfrutado al ver temblar al servicio. Sobre la mesa del restaurante, en mi pequeña libreta de notas diseñé las fases del trabajo.

Bastaría dejar pasear por el asunto la pluma agradecida de tanto articulista cínico para ir creando el estado de ánimo escéptico.Al fin y al cabo la prensa es la primera interesada en que la prensa sea una mierda. Luego dos o tres intervenciones de profesionales, muy puntuales pero bien elegidas, gente que adelantara un supino desprecio por las conclusiones. Si aquel comité había sido tan torpe de dejarse llamar sabio no sería nada difícil prostituir el término, convertirlo casi en un chiste generalizado. Nuestro país es un paraíso para el descrédito. No existe un lugar en el mundo en el que la inteligencia sea tan sospechosa y despreciable.Quizá algún rumor maledicente, algún pequeño vicio o algún amigo incómodo que poner en conocimiento de la sociedad. Poner altavoz al hecho de que uno de ellos se comprara un televisor para poder cumplir el encargo, que otro no supiera idiomas. Tarea de niños.Si no bastaba con ridiculizar sus primeros pasos de ciego, habría que aprovechar su lentitud, dejar que el tenso ambiente político hiciera el resto: nadie terminaba por ser tan idiota de estar en el poder y entregar su arma de control más evidente.

Me tomé una copa en el bar de la esquina, con su olor a cerveza seca y hueso de aceituna escupido. Del fondo llegaba el rumor de un programa de tele, lleno de histerias personales y fingidas disputas. Piensen que para un asesino a sueldo todas las esquinas oscuras, todos los charcos y ratoneras inhóspitas son buenos lugares para dejar un cadáver abandonado. Y nuestra ciudad está llena de callejones, de contenedores de basura repletos, de traseras abandonadas, de vertederos ilegales. A veces veo a toda esa gente aparentemente normal hablar por los móviles, trajeados pero al amparo de un portal o en el anonimato de la mitad de la calle y sé que tienen asuntos sucios entre las manos. Reconozco a los corruptos con sólo mirarlos y en este país abundan tanto que un tipo honrado termina por sentirse o tonto o culpable. Pocos trabajos me iban a resultar tan sencillos como éste. Cargarme a esos elegidos, a esos sabios del audiovisual. Si por mí fuera, ya podrían ir diciéndole a esa gente tan inocente: «amigo, ahórrate el consejo».

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David Trueba

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Director de cine, con películas en su haber como ‘La buena vida’, también ha probado suerte en el terreno de la narrativa. Entre sus títulos, ‘Abierto toda la noche’.

La comisión de sabios que debía elaborar unos criterios de actuación sobre los medios de comunicación públicos del Estado (RTVE y agencia Efe) entregó ayer al Gobierno sus conclusiones, que parten de una evidencia a veces olvidada en la práctica: se trata de un servicio público. Han sido nueve meses de trabajo. Si en el estudio del análisis académico ya se han presentado fracturas -uno de sus miembros ha hecho pública su discrepancia- es previsible que, cuando el tema llegue a la arena política, el debate se complique mucho más. La triste tradición del discurso político sobre los medios de comunicación públicos demuestra su perenne contaminación de groseros cálculos sobre el control partidista de los mismos.

El reto del Gobierno fue un ejercicio higiénico: apelar a voces independientes para que presentaran una alternativa al actual modelo de radio y televisión públicas, para evitar primero el perpetuo sometimiento a los dictámenes del Gobierno de turno, y mejorar a la vez los contenidos de la televisión estatal. El informe parte de dos premisas: que sus propuestas sean algo más que jaculatorias de buenas intenciones y confiar en la inteligencia del espectador. ¿Consume la audiencia productos banales porque ella misma tiene un alma banal o las altas cotas de audiencia que obtiene la banalidad se debe a que no se le ofrece más alternativas?

La propuesta aborda el organigrama directivo, la financiación y los criterios generales de programación. En el primer capítulo propone una medida indiscutible: que los cargos del consejo de administración tengan una permanencia de seis años, desvinculando su continuidad del calendario electoral cuatrienal, fórmula vigente que vicia los cargos al asociarlos automáticamente con los resultados electorales. Cuatro de sus miembros serían elegidos por el Parlamento; dos, por el nuevo Consejo Audiovisual y, lo que puede crear agravios comparativos, otros dos, por las centrales sindicales mayoritarias. Entre las atribuciones de este consejo figura, como novedad, la elección del director general de RTVE por concurso público, como ocurre en la BBC, una medida renovadora que permitirá ver anuncios en prensa en busca del candidato adecuado.

La idea de un organismo regulador no es nueva. Ya el Senado, por consenso, la propuso en 1995, aunque la política cotidiana se encargó luego de que pasara a dormir el sueño de los justos. Ahora resucita, pero necesitará de verdadera voluntad política para que exista y tenga poderes para ejercer sus facultades. El Consejo Audiovisual sería el responsable de velar por el cumplimiento de las misiones de un servicio público y de la ejecución de gasto. A este respecto, el capítulo sobre la financiación «prohíbe un nuevo endeudamiento», reduce la publicidad en la primera cadena de TVE, que aportaría el 40% de los ingresos, y propone una financiación pública del 45%-50%. Se trata, según el informe, de impedir que «la presión comercial desnaturalice el servicio público». Menciona la necesidad de «plantillas adecuadas», pero evita dar recetas claras contra el gigantismo inadministrable de RTVE y parte de poner a cero el reloj de la deuda mediante su asunción por el Estado.

Los enunciados del informe sobre los criterios de programación son lógicos, pero la aceptación de indicadores cuantitativos y cualitativos para el control de su cumplimiento es otra de las tareas pendientes. Ahora hay que discutir a fondo, ajustar y aplicar los criterios enunciados. Las propuestas de los sabios deben tenerse en cuenta como lo que son: propuestas, que exigen un gran debate público, sobre todo si se trata, como parece, de un intento de crear un nuevo modelo de medios de comunicación audiovisuales.

Éste es un campo en el que fácilmente se puede incurrir en el arbitrismo o en los excesos de la imaginación creativa, que con frecuencia alumbra resultados catastróficos en forma de nuevas burocracias inútiles o de controles absurdos. Parangonar las fórmulas que pueden ser útiles para la radio o la televisión públicas con las que necesita una agencia de noticias, por ejemplo, puede dar lugar, quizá, a fórmulas de un intervencionismo rechazable. De ahí que merecerán un análisis más pormenorizado las propuestas sobre la agencia Efe, que en muy pocas cosas permite un tratamiento similar al que recibe RTVE y, sin embargo, forma parte del encargo recibido por el comité para realizar su dictamen. Una vez consultados los sabios, la sociedad española necesita ahora que sus políticos no la defrauden en este empeño.

Como cada cual aprende cuando puede y por lo general a su costa, vivo últimamente maravillado al descubrir con motivo de nuestro informe sobre la reforma de los medios públicos audiovisuales cómo se fabrican algunas grandes noticias. En este caso, por los titulares habidos alguien diría que nuestra conclusión más importante ha sido exigir al Estado que pague la deuda acumulada por TVE. ¡Ahí es nada, zarandear a la Administración para que afloje varios miles de millones! Desde los tiempos pueriles en que me identificaba con las hazañas de Super Ratón, héroe predilecto de aquellos tebeos compensatorios, nunca había vuelto a sentirme tan poderoso. Lástima que, como es lógico, nadie nos haya preguntado jamás si el Estado debe pagar o no las deudas que avala: hubiera sido una estupenda ocasión para proclamar que no, que no debe soltar ni un duro por mucho compromiso que tenga y que se j… que se fastidien los morosos que confiaron en su respaldo. ¡Mueran Sansón y todos los filisteos! Como suele pasar, la realidad es menos heroica y nuestras auténticas recomendaciones en el informe sólo apuntan, por el contrario, vías alternativas a la prolongación indefinida de tales endeudamientos…

Escarmentado por esa experiencia en carne propia, no menos que de las grandes noticias inexistentes, me asombro ahora también de los asuntos relevantes pasados por alto o que sólo se mencionan en letra pequeña y como de paso. Tomemos como caso práctico ejemplar el informe recientemente emitido por el Consejo Escolar del Estado. Me apresuro a confesar que de tal documento sólo conozco las informaciones que han aparecido en media docena de periódicos, por lo que puede que mi alarma -de la que enseguida hablaré- se deba a un conocimiento insuficiente de lo acordado. Del informe en cuestión, no vinculante, pero de obvia relevancia como orientación pedagógica a los legisladores, se ha destacado sobre todo el dictamen acerca de la asignatura de religión, al que se llegó tras una reñida votación sólo dirimida por el voto de calidad de la presidenta del consejo. Según lo concluido, el consejo pide al Gobierno que la asignatura de religión salga del currículo escolar, que no sea evaluable a efectos académicos y que no tenga por tanto alternativa en el horario lectivo. Además este organismo consultivo, el más alto de la comunidad educativa no universitaria, aprobó una enmienda solicitando (si se dan determinadas circunstancias) la ruptura del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979, fundamento argumental del mantenimiento de la asignatura de religión confesionalmente enfocada en nuestro ordenamiento de enseñanza básica y secundaria.

A mi entender, este dictamen del Consejo Escolar es perfectamente razonable y lo único notable es que haya sido alcanzado con tanta oposición y por tan estrecho margen. No se pone en cuestión el derecho que tienen los padres que lo deseen de dar a sus hijos instrucción religiosa, sino la conveniencia de convertir el adoctrinamiento confesional en un rubro más de la preparación académica de los alumnos. Y de que tal labor catequística -añado yo- deba ser financiada por el Estado, pero gestionada por las autoridades religiosas correspondientes. Lo más chocante de todo resulta que, en el caso de la religión católica, esta inclusión en el currículo de una variante más o menos científicamente barnizada del catecismo venga obligada por el Concordato con la Santa Sede, de inequívoca raigambre franquista. ¿Por qué un Estado moderno debe organizar aspectos de su enseñanza según tratados firmados con otro Estado? ¿No sería pintoresco, por ejemplo, que un acuerdo firmado con Cuba nos obligara a redefinir nuestro ordenamiento sindical? Se trata de una cuestión de principio que afecta al sentido mismo de la enseñanza pública y que, por tanto, nada tiene que ver con el debido respeto a las creencias de cada cual garantizadas constitucionalmente. Tampoco depende de que se recojan más o menos firmas en apoyo del adoctrinamiento confesional, de igual modo que millones de firmas contra la libertad de culto religioso no serían democráticamente aceptables para abolirlo.

Hacer comprender tales principios debería ser precisamente una de las tareas de la imprescindible educación cívica de nuestros escolares. Y aquí precisamente llega la noticia del acuerdo más alarmante tomado por el Consejo Escolar, que no ha merecido titulares tan destacados ni comentarios editoriales tan acerbos como la decisión que atañe a la asignatura de religión. Según lo informado por la prensa, en algunos casos sólo de pasada, el consejo ha aprobado una enmienda propuesta por CC OO, a partir de la cual manifiesta su opinión contraria a la existencia de un área específica de educación para la ciudadanía (como propone el Ministerio de Educación) y establece que el tratamiento de los valores deberá llevarse a cabo de forma transversal en todos los niveles y etapas del proyecto educativo. A mi juicio, este dictamen -aprobado por una mayoría más amplia- es de mucha mayor trascendencia que el anteriormente comentado y, desde luego, merecedor de un debate de más serio calado. Sin embargo, salvo error por mi parte, ha pasado sin despertar polémica por nuestros medios de comunicación, tan voluntariosa y meritoriamente propensos a ella.

¿Qué es eso de una educación cívica «transversal» y no específicamente tematizada y argumentalmente reflexiva? Perdónenme lo tajante, pero es un cuento chino. Me temo que la medida supone diluir esta dimensión esencial de la formación democrática en atisbos inconcretos y comportamientos ejemplarizantes difuminados a través de la práctica escolar, al albur de la indudable buena voluntad de profesores no específicamente preparados para esa tarea y cuya principal preocupación es desarrollar con bien el programa que les corresponde en otras materias. Sin duda, que en la escuela reine un clima general de respeto y ahínco de los valores constitucionales es algo educativamente importante (y lógico, ¿no?) pero que en modo alguno sustituye la trasmisión concreta de su fun

-damento, desarrollo histórico e implicaciones actuales. La educación ciudadana no consiste en mostrar los comportamientos sociales adecuados -algo así como un «Manual de urbanidad para demócratas»-, sino en explicar y debatir las razones por las que deben ser precisamente ésos.

Establecer el temario de una asignatura de educación ciudadana o de un área en el currículo que la desarrolle no es tarea fácil y contraría las habituales pautas de la pereza suicida («todas las opiniones son igualmente respetables»), los prejuicios que conspiran contra cualquier diseño unitario del país que compartimos y el pánico a establecer criterios opuestos al sacrosanto «cada cual a su bola», que es, por el momento, la única fórmula aceptada contra la visión totalitaria e integrista de la sociedad. Planea ominosa sobre los educadores la sombra de la «Formación del Espíritu Nacional» franquista, tan aborrecida como acatadas son las formaciones de espíritus nacionales que se profesan en no pocas autonomías. Sin embargo, sólo mediante una educación cívica puede justificarse, por ejemplo, la exclusión del currículo escolar de la asignatura confesional de religión, que nada tiene que ver con la hostilidad hacia las creencias, sino con el papel de éstas en una comunidad democrática. Porque en ésta la religión no es algo meramente íntimo y secreto, sino que puede ser manifestada y reivindicada en el espacio público; pero se inscribe en tal espacio público a título privado, aceptando el pluralismo y su desvinculación del ordenamiento político neutralmente laico. También esa educación cívica puede servir para justificar racionalmente que sostener unos medios de comunicación públicos no es una falta de respeto al contribuyente, sino darle la oportunidad de que sea propietario, junto a los demás, de cadenas de televisión o radio como ésas que, según la iniciativa privada, sólo pueden poseer los plutócratas. En fin, cosas así… en las que consiste la democracia contemporánea.

Uno se pasa la vida oyendo diatribas, no muy bien argumentadas, contra el nocivo «individualismo» juvenil. Los mismos teólogos e ideólogos que las propalan son, por lo visto, contrarios a intentar remedios escolares que distingan la autonomía moral de las personas de la insolidaridad o la despreocupación por lo social que nos vincula. Como dijo hace tiempo Marcel Gauchet, «nuestros modos de educación y de escolarización, ciegamente, fabrican individuos cada vez más indiferentes a lo colectivo, y por tanto, a lo político. (…) La verdad de la pedagogía hoy es que tiende a fabricar ciudadanos incívicos». No veo que tal perspectiva preocupe radicalmente ni siquiera a quienes con mayor truculencia suelen deplorar sus efectos cotidianos.

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

El informe elaborado por el Consejo de Reforma de los Medios Públicos ha sido objeto, incluso antes de su entrega al Gobierno, de una feroz campaña de ataques por parte de algunos medios de comunicación, de sus editoriales, tertulianos y columnistas. Inermes ante un calificativo de «sabios» que nunca avalamos y que soportamos con resignación, esperábamos al menos una crítica razonada, tanto más legítima en un asunto de gran repercusión pública. Sin embargo, en muchos casos nos hemos enfrentado a una estrategia de descalificaciones absolutas, no ya al informe en sí, sino también, y para mejor destruirlo, al prestigio y hasta al sentido común de los miembros del consejo, pese al incontestable historial de muchos de sus miembros.

Todo ello, como viejo periodista y profesor sobre los medios audiovisuales, no me deprime lo más mínimo, ni me preocuparía de no ser por la curiosa alianza de fuerzas organizada. Junto a periodistas y medios de honda raigambre franquista, que no soportan unos medios públicos definitivamente libres de sus manos, se situaban, en efecto, neoliberales extremistas que no ocultaban su burda idea de que «la mejor radiotelevisión pública es la que no existe», y grupos oportunistas que esperaban la subasta de RTVE en su beneficio.

No somos tan sabios, pero tampoco tan necios como nos pintan. Y el informe se defiende por sí solo ante quien se tome la molestia de leerlo. Contiene, así, en doscientas páginas importantes novedades radicales en los campos más vitales para la sociedad: define auténticos contenidos de servicio público, impide el intervencionismo gubernamental garantizando el pluralismo, y diseña un modelo financiero transparente y sostenible para España. En definitiva, un verdadero servicio público de comunicación e información homologable a los de los grandes países de nuestro entorno europeo, acorde con su modelo social y con la calidad de nuestras democracias.

Es curioso, en primer lugar, que la alta conciencia sobre unos contenidos de servicio público, evidenciada en decenas de propuestas enviadas por entidades españolas, haya sido objeto de escasa atención por parte de muchos medios de comunicación. Pero una parte sustancial del informe responde a esa preocupación, definiendo minuciosamente un conjunto indivisible de contenidos de calidad en todos los géneros y para todos los ciudadanos, con líneas concretas de programación sobre la información independiente, la cultura, la educación y el entretenimiento, pero también para atender a las necesidades de las minorías más indefensas, como la infancia y la juventud, la tercera edad, los minusválidos, los inmigrantes, o para actuar preventivamente frente a los problemas sociales más perentorios (sida, alcoholismo, accidentes de tráfico, maltrato doméstico…). Y todo ello en una promoción permanente de los valores constitucionales y cívicos, de la cohesión, la participación y la diversidad de la sociedad española.

Los capítulos del informe sobre contenidos van mucho más allá e incluyen, por ejemplo, vías de participación activa de la sociedad civil española, como la aplicación sistemática del derecho de acceso de los grupos sociales significativos, mandato constitucional nunca cumplido; o un papel motor de dinamización de la industria cinematográfica, audiovisual y cultural española. Especialmente, un capítulo completo plantea la necesidad imperiosa de que los medios públicos actúen como locomotora de las redes y los servicios digitales gratuitos para hacer realidad una Sociedad de la Información para todos los ciudadanos, evitando las fracturas y discriminaciones sociales que ya se apuntan en la realidad.

Después de décadas de acusaciones cruzadas sobre la manipulación gubernamental sistemática de los medios públicos en España, poca atención mediática ha recibido también nuestra propuesta organizativa y gerencial, pensada minuciosamente para impedir el intervencionismo político y para asegurar la responsabilidad y la eficacia en la gestión. Por ello, los miembros de los consejos de administración, elegidos a su vez por diversas instancias para garantizar su pluralismo, deben tener perfiles profesionales incuestionables y gozar de mandatos irrevocables, pero improrrogables, que refuercen su independencia. El papel del Parlamento es respetado, como representación genuina de los ciudadanos, pero los consejeros nombrados por ambas cámaras deben ser propuestos por la mitad de los grupos parlamentarios y elegidos por dos tercios de los votos, lo que hará imposibles las cuotas partidistas. Finalmente, los directores generales deben ser nombrados por esos consejos, tras una convocatoria pública, perdiendo así su actual carácter político para ser plenamente responsables de sus resultados.

La estructura societaria de RTVE y de la Agencia Efe que proponemos contiene asimismo importantes novedades. El desproporcionado actual Ente RTVE sería sustituido por un holding ligero de coordinación estratégica del grupo, con dos nuevas sociedades, en el área digital y multimedia y en la comercialización de espacios y programas, que potenciarían, respectivamente, ambos campos. Por su parte, Efe estaría dotada, por vez primera en su historia, de una estructura pública legal que garantice su estatuto de servicio público y su pluralismo y responsabilidad gerencial.

En el modelo financiero, algunos han alimentado una completa ceremonia de la confusión. Así, se nos ha acusado de «obligar» al Estado a pagar la deuda acumulada, fruto de 14 años de desidia gubernamental, cuando tanto el Gobierno anterior como el actual se habían comprometido ya a esta asunción, por otra parte obligada por la contabilidad europea y autorizada por Bruselas como «ayuda existente» legal. También se nos ha imputado un incremento sustancial de las subvenciones estatales, a sabiendas de que éstas apenas cubrían oficialmente el 6% del gasto de RTVE, pero eran ampliamente multiplicadas por el endeudamiento avalado, con abultados intereses acumulados año tras año.

En realidad, proponemos un modelo financiero legitimado por la Unión Europea, estable y asequible para España. Con una publicidad limitada para impedir la desvirtuación del servicio público, pero en donde la aportación transparente del presupuesto estatal, estrictamente proporcional al coste neto del servicio público, tendría un ahorro neto anual muy importante respecto a la actualidad, con la garantía añadida de una prohibición total de endeudamiento financiero. Con una contabilidad analítica y el control externo del Consejo Audiovisual y del Parlamento sobre contratos-programa trianuales, la acusación de «doble financiación» sería ya imposible, o quedaría reducida a un eslogan publicitario «engañabobos». Además, planteamos líneas concretas para Planes Estratégicos empresariales obligados, con relaciones laborales transparentes, importantes sinergias y ahorros notables que podrían ser utilizados en el esfuerzo de la transición digital.

Todo ello no basta para cierta prensa, cuyo sentido de la renovación sólo admite el desguace y liquidación del servicio público. Ni siquiera el papel insustituible de estos medios públicos para articular y cohesionar la España de las autonomías parece tener interés para algunos grupos, que evidencian así su escaso sentido del Estado. Tampoco una proyección exterior vital de las lenguas y las culturas españolas, y de nuestra diplomacia, que en Francia o en el Reino Unido o en Alemania aglutina también por igual a la derecha como a la izquierda. En el colmo del populismo, algunos han argumentado que si se hundían los medios públicos se podría dedicar ese dinero a becas, a seminarios de cultura o a sanidad, mostrando así la absoluta falta de conciencia sobre un servicio público que equivale a miles de becas y seminarios, y a una prevención sanitaria que el Estado español nunca podría pagar de forma directa. En el extremo de la demagogia compasiva, personajes impasibles ante las desigualdades sociales han argüido que se podría ayudar a los pobres, o a los sin techo.

Tomando carrera hacia la deslegitimación del informe, algunos sectores han llegado a sostener la validez equiparable de un voto particular que refrenda nuestro pluralismo e independencia. Como si, tras el referéndum por la Constitución europea, se hubiera esgrimido que el no (20%, uno de cada cinco votos) tenía igual valor que el sí para el Gobierno y el Parlamento; pero un no, nueve folios en este caso, construido a base de calificativos genéricos, sin alternativa alguna. También se han utilizado sugerencias del «asesor financiero», nombrado por el Ministerio de Hacienda y sin capacidad de voto, que, como el desmantelamiento de los centros regionales, la separación y comercialización total de TVE-1 y de parte de RNE, o una reducción drástica del empleo previa a todo estudio de necesidades según el modelo propuesto, rechazamos tajantemente porque abocaban a la fragmentación y la privatización; en definitiva, a un modelo de radiotelevisión tercermundista que degradaría nuestra democracia abruptamente sin resolver los problemas planteados. Nunca, sin embargo, pudimos creer que estas propuestas vinieran avaladas por un ministro socialista de bien ganadas credenciales europeístas, y ni siquiera por una SEPI, gestora actual de RTVE y Efe, cuyo presidente me expresó en persona una alta concepción del servicio público de comunicación.

Acusados así, al mismo tiempo, de dejarnos manipular por el Gobierno y de resistirnos a sus propuestas, nos han tachado finalmente de plagio simultáneo de los documentos y propósitos del PP y del PSOE. Bendita copia en su caso si nos ha permitido cuadrar el círculo después de años de imposible consenso parlamentario sobre RTVE, tras 28 años de laguna legal y democrática de Efe. Nada mejor podíamos desear en el consejo: un auténtico pacto de Estado que refuerce a nuestros medios públicos de comunicación como instituciones fundamentales de nuestra sociedad y nuestra democracia, por encima por fin de la lucha política y partidista.

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense. Miembro del Consejo para la Reforma de los Medios Públicos.

RTVE ha estado siempre controlada por el Gobierno de turno, que nombra a su director general y a la mayoría de los miembros del Consejo. Así que en la televisión pública ha dominado en ocasiones el centro derecha (UCD y PP); en ocasiones, el centro izquierda (PSOE). Con la nueva ley se pretende que mande indefinidamente la izquierda.

De los diez miembros del Consejo de Administración, cuatro serán nombrados por dos tercios del Congreso; los otros cuatro por dos tercios del Senado. Ésa es la muleta que ofrece Zapatero con el fin de parar, templar y mandar la embestida del PP. Los dos tercios de la Cámaras exigen el el consenso, salvo una victoria electoral impensable. Eso significa, en román paladino, que el PSOE nombrará a cuatro consejeros y el PP a otros cuatro, lo mismo ahora que cuando los populares regresen a Moncloa. Pero hay dos espinas, dos, entre tantas rosas. Los otros dos espinas, dos, entre tantas rosas. Los otros dos miembros del Consejo serán designados de hecho por los sindicatos, lo que significa que, de forma indefinida, la izquierda ganará por seis a cuatro y nombrará al director general que le venga en gana, no sólo ahora que está en el poder, sino también cuando pase a la oposición.

Como diría finalmente Ussía, el presidente por accidente pretende metérsela doblada al PP. Zapatero, embustero. Una mentira más esta camelancia de la ley audiovisual. El Gobierno se propone garantizar de forma indefinida el control de RTVE por la izquierda, abrir el Plus de Polanco, otorgar al amiguete de turno el nuevo canal analógico, jeringlar a las empresarias independientes con aspiraciones audiovisuales y preparar el dominio de la inmensa mayoría de los canales digitales terrestres. Toda la televisión para el PSOE, en definitiva. Un listo, Zapatero.

Luis María Anson