EL PAÍS acusa a EGIN de financiarse a través de la extorsión de ETA y estos responden acusando a PRISA de cobrar de Interior

INSPIRAR TERROR es el oficio de los terroristas. Púa ello alternan crímenes y amenazas. Los primeros, para dar credibilidad a las segundas: un crimen, mil amenazas. Ahora, más de un centenar de empresarios de Madrid han recibido cartas amenazantes. La deleznable prosa con que reclaman dinero es reflejo de la catadura moral que la inspira. Los extorsionistas aluden en sus cartas a la corrupción como una de las causas determinantes del «paro y la miseria» de infles de ciudadanos vascos, y de la «falta de futuro de la juventud».Esta misma semana Arzalluz ha salido al paso de esa demagogia pidiendo a los amigos de ETA que expliquen «cómo se financia Herri Batasuna, EGIN y su movida carcelaria». Pero es que además, aunque el cáncer de la corrupción no sea ajeno a esos males, resulta insuperablemente hipócrita pretender que sea la extorsión de empresarios la forma de crear empleo y devolver un futuro a los jóvenes. Así lo proclamaron el pasado año los empresarios vascos, concertándose para no pagar una peseta, y seguramente por eso el chantaje se dirige ahora preferentemente a ciudadanos afincados en Madrid.

La justicia francesa estudia estos días introducir una modificación legal por la que los miembros de ETA recibirían la consideración de malhechores de derecho común, de manera que podrían ser entregados sin trámite de extradición a las autoridades españolas. Como a mafiosos. ¿Qué otra cosa son estos extorsionadores de chistu y tamboril?

Algunos reputados profesionales del diario madrileño EL PAÍS habrían estado recibiendo sustanciosas prebendas económicas de los fondos reservados del ministerio del Interior español y de la Guardia Civil a cambio de sus informaciones periodísticas relacionadas con la situación política de Euskal Herria y la lucha contra la organización armada vasca ETA. Este dato, que ya adelantó su propio rotativo hace poco más de dos meses, gozaría de la impunidad garantizada por el propio funcionamiento de los fondos de reptiles del Estado español.

Tal y como ya adelantó hace poco más de dos meses el propio rotativo EL PAÍS concretamente el 16 de marzo del presente año, los fondos reservados del Ministerio del Interior de la Guardia Civil se habrían usado durante los últimos años para pagar a periodistas como gratificación por su labor informativa al servicio del Estado español, en la lucha contra ETA y en la represión policial.

Según diversas fuentes contrastadas por EGIN, con la llegada al Gobierno español del PSOE y la progresiva asimilación de los resortes del poder por parte de esa formación política, sus responsables habrían observado la importancia de conjugar la labor policial con la informativa en la lucha contra la insurgencia vasca.

Así, desde las primeras reuniones de los nuevos responsables de Interior y de la Seguridad del Estado, durante el último trimestre de 1982, los recién llegados al poder habrían comenzado a diseñar un ‘nuevo estilo de política informativa’ que dotará de una cobertura ‘de corte más democrático a la estrategia contra ETA y su entorno’.

En este contexto, enviados del Ministerio del Interior, asesorados por personal del CESID fiel a la nueva gerencia, habrían iniciado la captación de profesionales de la información no sólo de Euskal Herria ‘para desarrollar la imprescindible labor de calle’ sino también del a capital del Estado ‘para garantizar el control directo y personal de las filtraciones y eliminar la posibilidad de desviaciones del material empleado hacia otros fines que los propiame operativos’.

Papel determinante

En el diseño y posterior puesta en marcha de este plan, el rotativo madrileño EL PAÍS habría tenido un papel determinante. Por un lado, se trataba de un medio de difusión en absoluta sintonía con los postulados del PSOE y por otro, algunos de sus profesionales ‘podrían servir como topos de la Seguridad del Estado en el corazón mismo de la clase periodística e intelectual’ además de ser un diario de ‘reconocido prestigio nacional e internacional’.

Volviendo a la información publicada por el propio rotativo madrileño el pasado 16 de marzo, el firmante de la información se refiere al testimonio de un ex funcionario de la Brigada de Interior de la Policía española que recuerda que «en esta Unidad se empleaban fondos reservados para comprar información a muchas personas, entre ellas a un grupo de periodistas».

Además de este denominado ‘pool de difusores’ otros profesionales de la información que desarrollan su trabajo en Euskal Herria habrían recibido también ‘gratificaciones extras, al margen de las felicitaciones’, por su colaboración, según ha recabado EGIN, «en la creación de una corriente de opinión favorable al pleno desarrollo de la lucha antiterrorista y la neutralización de informaciones contrarias al interés nacional.

Receptores privilegiados
Según los testimonios recogidos por este diario, algunos periodistas de EL PAÍS serían receptores privilegiados de toda la documentación incautada en registros en controles de carretera levantados por las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas en Euskal Herria y serían estos periodistas, en combinación con responsables de Interior, quienes se encargarían ‘de tratar la información filtrada o de pasarla a otros difusores para aumentar la sensación de acoso sobre los sectores filo-terroristas’.

Por medio de este ‘nuevo estilo de relación con los medios ifnromativos’ se combinaría armónicaemnte la labor policial con la pura y dura intoxicación infromativa, al tiempo que se lanzarían acusaciones ‘desde la crítica periodística’ hacia personas u organizaciones ‘con el fin d mermar su operatividad, desacreditarlos o incluso, criminalizarlos.

Uno de los pilares sobre los que se asienta esta nueva estrategia informativa puesta en práctica por el PSOE parte del principio ‘de la imposibilidad material de defensa por parte del inculpado’, al tratarse generalmente de detenidos, refugiados, militantes vascos en activo o simplemente de organismos no legalizados por lo que las informaciones vertidas desde esos mediso de difusión son siempre imposibles de neutralizar.

Dada la naturaleza de los ‘fondos de reptiles’ de los que se alimentan estos periodistas, resultaría imposible la demostración documental de los emolumentos que reciben ya que, según ha quedado demostrado a lo largo de todas las comparecencias de la comisión Roldán, estos cobros, provenientes de los fondos reservados, se realizarían siempre en mano y en metálico o bien en forma de regalos o de cualquier otro tipo de ventaja.

El Comité de Redacción de EL PAÍS, ante el artículo, sin, firma, publicado el domingo 22 de mayo en el diario EGIN afirmando que periodistas de EL PAÍS actúan como «topos de la seguridad del Estado», «pagados con fondos reservados»:

– Expresa su más absoluto rechazo por las acusaciones lanzadas, sin otro atisbo de prueba que misteriosas «fuentes» supuestamente «contrastadas».

– Constata que, al cuestionar la honestidad de los profesionales de esta casa por su supuesto «pro-gubernamentalismo», EGIN se suma, paradójicamente, a una campaña lanzada contra EL PAÍS desde el otro extremo del espectro político.

– Recuerda que los periodistas de EL PAÍS no reciben fondos ni instrucciones de ninguna institución u organización, oficial o no. Desearíamos que los periodistas de EGIN pudieran decir lo mismo.

– Expresa su preocupación al recordar los precedentes en los que el diario EGIN ha señalado en sus columnas cuáles debían ser los próximos blancos de los que manejan la pistola.

Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/84, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, y como quiera que en la edición del diario EL PAÍS de 21 de mayo de 1994 y en su primera página y páginas 14 y 17 se difunden una serie de informaciones bajo los titulares ETA exige el pago de 100 millones a más de un centenar de empresarios de Madrid, Mafia y Oleadas de cartas de ETA exigiendo entre 50 y 100 millones a empresarios y profesionales de Madrid. Las fuerzas de seguridad creen que la campaña obedece a la asfixia financiera de HB y EGIN, que el que suscribe considera falsas e inexactas, y como quiera que su divulgación le puede causar perjuicios, exige dentro del plazo legalmente establecido el derecho de rectificación con el mismo tratamiento tipográfico.Considero que las acusaciones publicadas en su diario sobre la financiación de EGIN, además de inexactas y falsas, responden a la línea editorial de ese periódico, que viene dando muestras de hostilidad obsesiva hacia nuestro diario desde hace ya mucho tiempo, hasta llegar, como último episodio, a la aberración periodística más absoluta de relacionarnos gratuitamente con una supuesta oleada de impuesto revolucionario que todavía está a la espera de ser confirmada en su veracidad, credibilidad y autenticidad.

Veracidad que, en el caso de ser certificada, tampoco serviría para justificar que EL PAÍS, en base a unas supuestas «fuentes de la seguridad», deje por sentada la relación entre el «impuesto revolucionario» y el diario EGIN, que «ha renovado gran parte de su equipo industrial, originándose cuantiosos gastos», tal y como se señala en su página 17 del 21 de mayo.

Única frase dedicada por EL PAÍS a nuestro periódico en tono que pretende ser acusatorio, que no está entrecomillada, por lo que ni siquiera se desprende que fuera facilitada por las «fuentes de la lucha contraterrorista», y que les sirve para titular a toda página. Justificación que les da soporte para, en el mismo tono acusatorio, incluirlo como denuncia en su primera página y como envoltorio ideológico de su editorial, en el que incluyen como gran acusación la valoración política de un dirigente que pública y notoriamente ha mostrado sus irresistibles ganas de cerrar nuestra rotativa, apelando a inconsistentes infamias del mismo corte que EL PAÍS.