El diario EL PAÍS responde a los ataques simultáneos del diario pro-etarra EGIN y de su principal competidor EL MUNDO

Algunos reputados profesionales del diario madrileño EL PAÍS habrían estado recibiendo sustanciosas prebendas económicas de los fondos reservados del ministerio del Interior español y de la Guardia Civil a cambio de sus informaciones periodísticas relacionadas con la situación política de Euskal Herria y la lucha contra la organización armada vasca ETA. Este dato, que ya adelantó su propio rotativo hace poco más de dos meses, gozaría de la impunidad garantizada por el propio funcionamiento de los fondos de reptiles del Estado español.

Tal y como ya adelantó hace poco más de dos meses el propio rotativo EL PAÍS concretamente el 16 de marzo del presente año, los fondos reservados del Ministerio del Interior de la Guardia Civil se habrían usado durante los últimos años para pagar a periodistas como gratificación por su labor informativa al servicio del Estado español, en la lucha contra ETA y en la represión policial.

Según diversas fuentes contrastadas por EGIN, con la llegada al Gobierno español del PSOE y la progresiva asimilación de los resortes del poder por parte de esa formación política, sus responsables habrían observado la importancia de conjugar la labor policial con la informativa en la lucha contra la insurgencia vasca.

Así, desde las primeras reuniones de los nuevos responsables de Interior y de la Seguridad del Estado, durante el último trimestre de 1982, los recién llegados al poder habrían comenzado a diseñar un ‘nuevo estilo de política informativa’ que dotará de una cobertura ‘de corte más democrático a la estrategia contra ETA y su entorno’.

En este contexto, enviados del Ministerio del Interior, asesorados por personal del CESID fiel a la nueva gerencia, habrían iniciado la captación de profesionales de la información no sólo de Euskal Herria ‘para desarrollar la imprescindible labor de calle’ sino también del a capital del Estado ‘para garantizar el control directo y personal de las filtraciones y eliminar la posibilidad de desviaciones del material empleado hacia otros fines que los propiame operativos’.

Papel determinante

En el diseño y posterior puesta en marcha de este plan, el rotativo madrileño EL PAÍS habría tenido un papel determinante. Por un lado, se trataba de un medio de difusión en absoluta sintonía con los postulados del PSOE y por otro, algunos de sus profesionales ‘podrían servir como topos de la Seguridad del Estado en el corazón mismo de la clase periodística e intelectual’ además de ser un diario de ‘reconocido prestigio nacional e internacional’.

Volviendo a la información publicada por el propio rotativo madrileño el pasado 16 de marzo, el firmante de la información se refiere al testimonio de un ex funcionario de la Brigada de Interior de la Policía española que recuerda que «en esta Unidad se empleaban fondos reservados para comprar información a muchas personas, entre ellas a un grupo de periodistas».

Además de este denominado ‘pool de difusores’ otros profesionales de la información que desarrollan su trabajo en Euskal Herria habrían recibido también ‘gratificaciones extras, al margen de las felicitaciones’, por su colaboración, según ha recabado EGIN, «en la creación de una corriente de opinión favorable al pleno desarrollo de la lucha antiterrorista y la neutralización de informaciones contrarias al interés nacional.

Receptores privilegiados
Según los testimonios recogidos por este diario, algunos periodistas de EL PAÍS serían receptores privilegiados de toda la documentación incautada en registros en controles de carretera levantados por las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas en Euskal Herria y serían estos periodistas, en combinación con responsables de Interior, quienes se encargarían ‘de tratar la información filtrada o de pasarla a otros difusores para aumentar la sensación de acoso sobre los sectores filo-terroristas’.

Por medio de este ‘nuevo estilo de relación con los medios ifnromativos’ se combinaría armónicaemnte la labor policial con la pura y dura intoxicación infromativa, al tiempo que se lanzarían acusaciones ‘desde la crítica periodística’ hacia personas u organizaciones ‘con el fin d mermar su operatividad, desacreditarlos o incluso, criminalizarlos.

Uno de los pilares sobre los que se asienta esta nueva estrategia informativa puesta en práctica por el PSOE parte del principio ‘de la imposibilidad material de defensa por parte del inculpado’, al tratarse generalmente de detenidos, refugiados, militantes vascos en activo o simplemente de organismos no legalizados por lo que las informaciones vertidas desde esos mediso de difusión son siempre imposibles de neutralizar.

Dada la naturaleza de los ‘fondos de reptiles’ de los que se alimentan estos periodistas, resultaría imposible la demostración documental de los emolumentos que reciben ya que, según ha quedado demostrado a lo largo de todas las comparecencias de la comisión Roldán, estos cobros, provenientes de los fondos reservados, se realizarían siempre en mano y en metálico o bien en forma de regalos o de cualquier otro tipo de ventaja.

La autorización otorgada por el Consejo de Ministros al «proceso de concentración» entre la SER y ANTENA 3 RADIO -dos de las cuatro únicas cadenas nacionales de radio privada- constituye uno de los ejemplos más indignos y descarnados de cómo el régimen que encabeza González sacrifica los intereses públicos a la conveniencia económica de sus amigos.

La peor cara del capitalismo quedó visible cuando, hace dos años, Jesús Polanco, propietario del Grupo PRISA y de la SER, aprovechó la crisis desatada en ANTENA 3 RADIO para neutralizar a la cadena que le había arrebatado el liderazgo por el expeditivo procedimiento de comprarla. Ya entonces se denunció que tal operación vulneraba la ley de OPAS -pues a los pequeños accionistas no se les dio la oportunidad de vender al mismo precio que a Godó-, la ley de televisión privada -pues ANTENA 3 RADIO era accionista de su homónima de TV, y el Grupo PRISA de CANAL PLUS- y, sobre todo, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que impide a un mismo grupo controlar más de dos emisoras en un mismo mercado local.

Era tan obvio el atentado contra el pluralismo informativo en un medio como la radio, sometido a régimen de autorización administrativa -o sea, que sólo pueden emitir quienes tienen el placet del Gobierno-, que Polanco y Cebrián jugaron a mantener la ficción de que la SER y ANTENA 3 RADIO seguirían compitiendo entre sí. Contra la hipocresía de esta impostura, ocho destacados periodistas -entre ellos varios directivos de EL MUNDO- interpusieron denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia. Pero este órgano administrativo, teóricamente encargado de impedir prácticas como el «abuso de posición dominante», se ha apresurado a informar a favor de la virtual absorción de ANTENA 3 RADIO por la SER, sin tan siquiera resolver sobre esa anterior denuncia. A la vista de los precedentes, nada tendría de extraño que la conducta de su presidente, Miguel Angel Fernández Ordóñez, rayana en la prevaricación, encontrara pronto su debida recompensa en la nómina de Polanco.

Después de haber cercenado una voz independiente y crítica, el Grupo PRISA ni siquiera tendrá, pues, que asumir el mínimo castigo de mantener emisoras deficitarias abiertas. Junto a los periodistas y técnicos despedidos, los grandes damnificados son los oyentes, que ven reducido así por orden gubernamental el ya exiguo abanico del pluralismo radiofónico. Polanco, protector y protegido del Gobierno, acumula un nuevo favor multimillonario a la complicidad gubernamental en su entrada en la SER, la irregular concesión de Canal Plus o los chanchullos exportadores que se le consienten y financian con créditos FAD, por no dar por hecho aún el pelotazo de la telefonía móvil. ¿Cómo puede haber todavía ingenuos que crean en el altruismo de EL PAÍS cada vez que defiende la continuidad de González al frente del Gobierno?

La pugna de los medios de comunicación por aumentar las tiradas y las audiencias e incrementar la influencia social suele respetar los códigos deontológicos básicos de la profesión. En España algunos procedimientos utilizados durante los últimos tiempos con ese propósito están desbordando las fronteras no sólo del juego limpio, sino de la simple convivencia. Esta especie de odiosa guerra entre medios periodísticos es, además, objeto de una peligrosa instrumentación político-partidista.Desde hace años, EL PAÍS -y por extensión su empresa propietaria, PRISA- está siendo objeto de una campaña deslegitimadora basada en su supuesta dependencia del Gobierno socialista. Los 12 años largos que dura esta campaña de agitprop, al más puro estilo goebbelsiano, no han logrado el principal propósito perseguido: desbancar a este periódico del puesto que ostenta como el de mayor circulación e influencia en España. Tal vez ese fracaso explique no sólo la multiplicación de los focos de lanzamiento de esa lluvia ácida de desprestigio, sino también la elevación del tono injurioso y el recurso a las más burdas calumnias e insultos. En este objetivo coinciden ahora -aunque con propósitos diferentes- los diarios EGIN y EL MUNDO. EGIN acusa -nada más y nada menos- a profesionales de EL PAÍS de haber cobrado fondos del Ministerio del Interior. Y EL MUNDO, entre otras cosas, asegura que nuestra posición editorial sobre el futuro de Felipe González obedece -nada más y nada menos- a las supuestas mercedes concedidas por el poder ejecutivo a la empresa editora de este periódico en, el terreno radiofónico y audiovisual.

La libertad de expresión ampara el ejercicio de la crítica en nombre del pluralismo político, la legitimidad democrática el control del poder. Pero ¿protege también esta limpia bandera las estrategias desestabilizadoras del sistema constitucional de EGIN o la guerra sucia de EL MUNDO para ampliar su cuota de mercado?

¿Tienen que pechar con la carga de la prueba la Redacción de EL PAIS o su empresa editora para demostrar a sus compañeros de oficio su independencia profesional? ¿O están incurriendo los responsables de los medio s aludidos en un totalitario ataque a la libertad de expresión con el pretexto de defenderla?

En el caso de EGIN no merece la pena insistir, pues son suficientemente conocidos sus puntos de vista, pero los responsables de EL MUNDO, bajo la careta de la libertad de expresión, intentan disfrazar sus legítimas ansias de mercado, fin por el que justifican cualquier medio.

«Lo malo, sin maestro se aprende», aseveraba ayer en su primera página EL MUNDO. No le faltaba razón. Pero habría que añadir que el contenido moral de una publicación no reside en los refranes de calendario que reproduce en su portada, sino en el talante y la limpieza con que sirve al interés de sus lectores. Si hay que juzgar la veracidad y transparencia de EL MUNDO por lo que narra y comenta sobre nosotros, hay que insistir en que nos hallamos ante un caso de permanente, sistemática y dolosa manipulación por parte de sus Principales responsables. Una manipulación basada en la difamación. Existen numerosísimos ejemplos.

Manipulan y mienten los responsables de EL MUNDO cuando aseguran que se ha vulnerado la ley en el proceso de concentración de la SER y de ANTENA 3 RADIO. Existe un dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia y el Gobierno ha puesto severas condiciones a dicho proceso de concentración. Al igual que los delincuentes convictos, EL MUNDO sólo aprecia la independencia de los jueces cuando éstos le dan la razón. Cuando no es así, cuando se la niegan, pone en duda su profesionalidad y credibilidad.

Manipulan y mienten los responsables de EL MUNDO cuando afirman que la operación de compra de ANTENA 3 RADIO por parte de PRISA, tendente a crear una gran corporación de radio junto a la SER y a modernizar y reforzar las estructuras del sector, ha supuesto una merma de la pluralidad informativa, pues los escasos comunicadores que abandonaron ANTENA 3 tras la llegada de PRISA encontraron pronto acomodo en otras empresas de la competencia, en las que realizan su labor con notable éxito de audiencia.

Manipulan y mienten los responsables de EL MUNDO cuando hablan de irregularidades en la concesión de la licencia a CANAL PLUS, y tendrán que aclarar ante la justicia y ante sus lectores a qué se refieren cuando escriben de «chanchullos exportadores» del presidente de PRISA y de EL PAÍS, al que tan insidiosamente atacan.

Manipulan y mienten los responsables de EL MUNDO cuando titulan ‘El Gobierno pretende dar a Polanco y al BBV una licencia de 200.000 millones en relación con la, telefonía móvil, distribuyendo dolosamente la sospecha de corrupción o connivencias por el hecho de que PRISA participe en un consorcio que acudirá, con todo derecho, a la licitación en dicho concurso.

Según el propio diario explica, PRISA tiene el 10% de dicha empresa que, de fusionarse con la competidora del BBV, se reduciría a un 5%. ¿Es posible decir que una concesión a una empresa en la que alguien posee ese porcentaje es un favor a esa persona? ¿Por qué no se aplican la misma vara de medir cuando desde muchos sectores se ha calificado al diario de Pedro J. Ramírez de «periódico de Mario Conde» porque Banesto tiene un 4% de la propiedad del mismo?

El debate y el simple diálogo dejan de ser posibles cuando no existen valores mínimamente compartidos que sirvan de criterio dirimente para los desacuerdos y conflictos. No es posible siquiera un trato mínimamente normal cuando la calumnia y la injuria se han convertido en el lenguaje habitual de estos medios.

Hoy sólo cabe expresar la tristeza y la indignación que produce, ver utilizada la libertad de expresión como un guiñapo por un periódico adicto a la violencia y la extorsión, y por otro cuyo director alterna actitudes que parecen propias de la edad del pavo con una incontinente vocación radiofónica que hace recordar las arengas bélicas de Queipo de Llano.

«A mí me parece que la salud de una sociedad y de un Estado no pasa de ser un dibujo ideal… Se trata de saber si una sociedad tiene la suficiente robustez, energía y dominio de si para conllevar plagas y llagas a veces horrendas. Por ahí estamos viendo sociedades que están a la cabeza de la civilización universal, riquísimas, poderosas, inventoras, rectoras de la vida del mundo, en las que ocurren cosas que si ocurriesen en nuestro país desapareceríamos en cuarenta y ocho horas porque no podríamos resistirlas; no tenemos armazón bastante fuerte ni vitalidad bastante para resistir tales enfermedades y plagas. En España, donde también tenemos una semejanza de esas enfermedades, se trata de saber no si proceden operaciones quirúrgicas o tratamientos excepcionales, sino si el cuerpo y el espíritu de la sociedad española están todavía con bastante aliento y robustez para dominar esas dolencias» .Quizá la lectura de estas reflexiones de Manuel Azaña sirvieran hoy a algunos de nuestros políticos y libelistas, y notablemente a aquellos que se alzan impetuosos en nombre de la alternativa democrática, para una meditación sin tumulto sobre el actual momento político español. En 1934, Azaña se preguntaba escuetamente si en la España de su tiempo, afligida por graves enfermedades sociales, no resultaría peor el remedio que la enfermedad. La historia se encargó poco tiempo después de dar respuesta a la interrogante. Ahora que la derecha española, que nos enseñó a odiar y a abominar de don Manuel como del mismo diablo, pretende apoderarse de su herencia política y de su imagen de intelectual rebelde, bien merece la pena recomendar a sus mentores que acudan a las fuentes y no a recopilaciones o antologías más o menos interesadas. Para que aprendan las lecciones posibles si verdaderamente quieren aplicarse.

Desde luego, no existe ninguna duda de que nuestro país sufre hoy llagas y plagas, por utilizar la terminología azañista, de una gravedad considerable. Enumerarlas a estas alturas parece superfluo, aunque no es inútil señalar la confusión de algunos diagnósticos que incitan a pensar que toda conducta dolosa, o moralmente reprobable en el terreno económico, debe ser tildada de corrupción. Ésta supone estrictamente la confusión entre los intereses públicos y privados por parte de quien gestiona aquéllos. No se agota en ella el catálogo de delitos, pero es acerca de este punto sobre el que las instituciones democráticas, y no sólo los jueces, deben velar estrechamente. La mejor forma de hacerlo es, en efecto, investigando y concretando los casos en los que se haya producido. Algo así trataría de llevar a cabo nuestro Parlamento, aunque es dudoso que el método utilizado sea el más certero. Las comisiones de investigación se han convertido en verdaderos circos electoreros donde la fatua flatulencia de algunos diputados parece importar más que el descubrimiento de los hechos y el respeto a la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Pero la cuestión primordial sigue siendo la enunciada al principio: primero, averiguar y diagnosticar la dolencia del país para establecer su remedio. Luego, determinar si éste no será de tal categoría que su aplicación pueda acabar fulminantemente con la vida del enfermo.

No parece que ésta sea la dirección en la que nuestros dirigentes políticos se mueven. El partido socialista y su Gobierno tienen una tendencia inveterada a la negación de las propias dificultades. Durante lustros, han venido evitando el más mínimo reconocimiento de algo que supusiera la existencia de errores, fraudes o engaños en su comportamiento. En nombre de la unidad del partido se ha evitado la aplicación de correctivos que pudieran originar víctimas y, por ende, escisiones en las filas del poder. La sensación de impunidad fue así creciendo al ritmo y a la par que lo hacía en la propia sociedad española, acostumbrada a ver ladrones de miles de millones de pesetas que, lejos de ser perseguidos, eran encumbrados, adulados y lisonjeados por el poder político y el de la inteligencia. De modo que, cuando los escándalos estallaron, la reacción fue siempre la misma en el Gobierno: perplejidad, sorpresa, ignorancia. Nadie sabía nada de Filesa, de Ibercorp, de Roldán, de Rubio…

Pero, en cambio, oh cielos, los populares lo sabían todo (todo menos lo que a ellos afectaba, como el caso Naseiro o el del alcalde de Burgos, o lo sucedido en Cantabria). Y sus sabuesos, que gritan y gesticulan en el Congreso, convirtiéndolo en la caricatura de una asamblea estudiantil, y coreados incluso por las tribunas del público, reclaman para sí el honor y la gloria de la limpieza moral, sobre cuyas definiciones albergan tan pocas dudas que los espíritus cartesianos no tienen más remedio que echarse a temblar. En nombre de la Verdad, y de la Pureza, este país arrastra una memoria de atrocidades lo suficientemente larga como para andarse, todavía, con cuidado. Aquellos que denuncian a nuestro actual Estado democrático y al largo periodo de gobernación socialista tildándolos como un «Estado de corrupción», generalizando los casos que se han dado y arrojando sombras de ilegitimidad sobre el poder son, desde luego, coherentes con la tradición de inquisidores que los españoles tenemos bien ganada.

Los socialistas llegaron al Gobierno hace 12 años enarbolando las banderas del regeneracionismo moral y la modernización de España. Ambas cosas pasaban por la consolidación del régimen democrático y la inserción del país en las instituciones y organizaciones europeas. Pero, además, tenían que llevar a cabo su tarea en medio de un ambiente enrarecido por el golpe militar de febrero de 1981. Durante los 12 años que han transcurrido desde su acceso al poder, muchas cosas han mejorado, entre otras, y de forma considerable, la renta per cápita y la pacificación de los espíritus golpistas en el seno de las Fuerzas Armadas. Pero su incapacidad para hacer frente a los estragos de la actual crisis económica y su ausencia de objetivos, una vez que el proyecto europeo de Mastrique naufragó, les situó frente a una probable derrota electoral en los comicios de hace un año. Sólo el capital político personal de Felipe González pudo evitar el desastre. También ayudó el miedo de amplios sectores de la sociedad a entregar el poder a una derecha que sospechaban demasiado afincada en las nostalgias del pasado. No se hablaba del retorno de la dictadura, sino del pánico al oscurantismo. La concepción castiza de lo español que algunos dirigentes del Partido Popular practican es indicativa de que estos temores no resultaban del todo infundados.

Felipe González maneja como nadie el tiempo en política. Sabe que la durabilidad es, por sí misma, un factor de fortalecimiento. Pero el equipo gobernante acusa hoy, como los aviones con excesivas horas de vuelo, signos de fatiga estructural. De ahí que no se entienda la impaciencia crispada con la que Aznar pretende echarle, casi a patadas, del poder. Bastaría con esperar un poco para que las cosas sucedieran de forma casi natural. Sin duda piensa que el descabezamiento del PSOE es la mejor garantía de una próxima victoria de los populares. Pero su estrategia de acoso y derribo -que en gran medida recuerda a la que practicaron los socialistas contra Adolfo Suárez en el otoño de 1980- parece no tener límites. Aunque formalmente Aznar reclama la dimisión del presidente del Gobierno y su sustitución por otro primer ministro socialista, su partido y la prensa afín han puesto en práctica una política de tierra calcinada destinada a no dejarle ninguna salida al PSOE: se ha decretado la caza y captura del presidente y todos sus delfines. Primero fue Solchaga, ahora es Serra, dentro de poco les tocará el turno a Solana y Borrell. Mediante este método, la debilidad de González ante la opinión pública es multiplicada por su pérdida de influencia en el partido, sólo semanas después del congreso en que habían triunfado los «renovadores».

El ensimismamiento del Gobierno y la hostilidad abrupta de los populares están llevando a este país a una bipolarización peligrosa y preocupante. Desaparecido el partido del centro, los nacionalistas vascos y catalanes desempeñan hoy un papel de moderación y criterio que es preciso valorar. El Gobierno parece un boxeador sonado, todavía en posesión de enormes facultades, dispuesto a pegar a cualquiera que se le cruce en su camino, por si acaso le apean del ring. La oposición, preocupada de que la recuperación económica suponga en el futuro un balón de oxígeno para los socialistas, extrema su vocinglera crítica, jaleada por los cronistas. A veces, en el Parlamento, se comportan casi como la partida de la porra.

Han pasado seis décadas desde que Azaña pusiera en guardia sobre las capacidades de nuestro país para recibir un tratamiento de choque que le sane de sus enfermedades. Nuestro cuerpo social está más robustecido y es más fuerte que entonces. De modo que es probable que el remedio, por fuerte que sea, no acabe matando al enfermo. Pero también es seguro que antes de poner en práctica ninguna solución hay que bajar la temperatura del paciente y reducir la sintomatología de sus dolencias. España no puede prosperar en medio de una crispación como esta a la que ha estado sometida en los dos últimos meses. Y todavía nos falta una campaña electoral, que se anuncia virulenta, y un período aún más difícil, después de los comicios europeos de junio, cuyos resultados van a ser pretexto o motivo de una agudización de la crisis política. La única medicina posible, la única prevista en los manuales, y la única felizmente inevitable para una situación semejante, acabarán siendo las elecciones generales. La desesperación con que el Partido Popular trata de adelantarlas sólo es comparable a los intentos del Gobierno de durar casi a cualquier precio. Ni unos ni otros tienen derecho a seguir sometiéndonos a este régimen de ducha escocesa, que los aprovechados, o los tontos, utilizan para desprestigiar al régimen democrático, ni tan arraigado ni tan sólido como quisiéramos. Un pacto razonado y público sobre la fecha de convocatoria de esas elecciones podría quizá devolver a la paciente España un poco de tranquilidad y sosiego. De otra forma, la situación puede llegar a deteriorarse tanto que si Aznar llega a ocupar La Moncloa no encontraría más que la cosecha de su propia siembra: un país desmoralizado, una clase política desacreditada, unos medios de comunicación despeñados por la vía de la demagogia y el populismo y una oposición socialista radicalizada. Tirar por la borda dos lustros de estabilidad política y de crecimiento económico no es la mejor manera de preparamos para ninguna alternativa de gobiemo.

LOS lectores de EL PAÍS se llevarían ayer una notable sorpresa cuando se toparan con un extenso editorial titulado «EGIN y EL MUNDO, unidos en la campaña». Su sorpresa aumentaría al comprobar cómo, tras formular algunos sumarios anatemas contra EGIN -mero pretexto para poner a nuestro periódico en compañía incómoda-, el diario de PRISA la emprendía contra nosotros con una antológica panoplia de descalificaciones: con EL MUNDO no cabe ni «la simple convivencia» ni «el debate y el simple diálogo»; hemos lanzado una «campaña de agitprop al más puro estilo goebbelsiano»; recurrimos a un «tono injurioso», a «las más burdas calumnias e insultos», a la «permanente, sistemática y dolosa manipulación (…) basada en la difamación»; nuestro «lenguaje habitual» es el de «la calumnia y la injuria», y, en fin, el director de este diario «alterna actitudes que parecen propias de la edad del pavo» -obsérvese la abisal hondura teórica del reproche- «con una incontinente vocación radiofónica que hace recordar las arengas bélicas de Queipo de Llano».

¿Qué hemos hecho para merecer que EL PAÍS se crea obligado a pintarnos en tan infamante como oscilante posición, ora al lado de Goebbels y Queipo, ora de la mano del agitprop comunista, de EGIN y «las estrategias desestabilizadoras» del separatismo ultraizquierdista? Pues muy sencillo: hemos tenido la osadía de denunciar el enésimo favor del Gobierno de González a una de las empresas del presidente de EL PAÍS. Y lo hemos hecho en un momento en el que el holding de Polanco está nervioso por la posibilidad de que un cambio político pueda mermar la situación de privilegio de la que ha disfrutado desde que el PSOE gobierna.

Nos acusa EL PAÍS de hacer esas cosas terribles sin otro fin que el de mejorar nuestras posiciones en «la pugna de los medios de comunicación por aumentar las tiradas y las audiencias». Pero ésa no es la cuestión. Lo que nosotros hemos planteado es la existencia de problemas que afectan gravemente al derecho de la ciudadanía a recibir una información plural y, más en general, al modelo de sociedad al que aspiramos: conviene saber quién lo basa en la libertad y en la competencia y quién en el favor del Poder y el amiguismo.

Renunciando a competir con nuestro colega en el terreno de los insultos y descalificaciones -al que quizá deriva el subconsciente biográfico de sus mentores-, nos centraremos en los argumentos con que abordamos los cuatro asuntos que él mismo maneja para tratar de evidenciar nuestras «manipulaciones» y «mentiras».

ANTENA 3 RADIO – Afirma EL PAÍS que «los responsables de EL MUNDO manipulan y mienten» cuando aseguramos que la operación que les permitió tomar posesión de ANTENA 3 RADIO, primero, y liquidarla, ahora, es una violación de la legalidad y una grave merma del pluralismo informativo. Para ellos todo ha sido legal. ¿Por qué? Porque «existe un dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia» y, además, «el Gobierno ha puesto severas condiciones (al) proceso de concentración». Y añade: «Como los delincuentes convictos (sic!), EL MUNDO sólo aprecia la independencia de los jueces cuando éstos le dan la razón».

Vayamos por partes. En primer lugar, convendrá que el lector sepa que el Tribunal de Defensa de la Competencia, por muy «Tribunal» que se llame, no está compuesto por jueces. Es una instancia administrativa del Ministerio de Economía. En segundo lugar, EL MUNDO ni respeta ni deja de respetar ese dictamen, porque ni lo conoce -no ha sido hecho público- ni es decisivo: se trata de un informe de carácter consultivo que no obliga al Gobierno. En tercer lugar, EL MUNDO lo que critica es la decisión del Ejecutivo, incluidas esas presuntas «severas condiciones» que ha «impuesto» al proceso de concentración. Según nos explica El País mismo, el Consejo de Ministros ha decidido autorizarles a tener, según los casos, hasta tres o cuatro emisoras dentro de una misma zona de cobertura. Pero el hecho es que la vigente Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, de 1987, especifica en su disposición adicional 6ª, apartado d), que «en ningún caso, una misma persona física o jurídica podrá ser titular de más de una concesión… de onda media, ni de más de dos concesiones… de modulación de frecuencia, que coincidan sustancialmente en su ámbito de cobertura». O sea, que las pretendidas «severas condiciones» del Gobierno representan una evidente burla de la Ley, destinada a favorecer a la cadena de radio del grupo que preside Polanco.

¿Y qué no decir del argumento que esgrime EL PAÍS para sostener que su entrada en Antena 3 de Radio no limitó el pluralismo informativo? Pretende que no fue así, «pues los escasos comunicadores que abandonaron Antena 3 tras la llegada de PRISA encontraron pronto acomodo en otras empresas de la competencia». Pero lo decisivo no es el puesto de trabajo de unos u otros profesionales, sino que una opción informativa radicalmente diferente e independiente ha dejado de existir. Por abreviar: que donde antes había cuatro opciones (A3, Onda Cero, la COPE y la Ser), ahora ya sólo quedan tres.

CANAL PLUS.- Afirma EL PAÍS que «los responsables de EL MUNDO manipulan y mienten» cuando sostenemos que la concesión de la licencia de emisión a Canal Plus fue irregular. Pues lo fue. Es irregular convocar un concurso bajo el principio del «interés público» y concederle una licencia a una televisión de pago, negándosela a otros concursantes que aspiraban a crear canales de libre acceso para el público. Y fue también irregular que el Gobierno hiciera la vista gorda para que Canal Plus contara con un plazo de puesta en marcha mayor al previamente estipulado. ¿Es casual que un miembro de aquel Gobierno que tan bien trató a Prisa se siente ahora en el Consejo de Administración de Canal Plus?

CREDITOS FAD.- Se enfada mucho EL PAÍS porque EL MUNDO se ha referido a «los chanchullos exportadores» del presidente de PRISA. Sostiene que tendremos que «aclarar ante la Justicia y ante (nuestros) lectores» a qué estamos aludiendo. Invitamos a PRISA a que lleve el asunto ante la Justicia. La vía nos parece altamente prometedora. Entretanto, aclararemos que nos estamos refiriendo a los créditos de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) con los que se han financiado lucrativas operaciones de exportación. Que estamos hablando, muy en concreto, de las subvenciones intermediadas por Focoex, empresa pública en la que tiene un papel destacado Gloria Barba, esposa del ex ministro de Economía Carlos Solchaga, y de los beneficios obtenidos gracias a esas subvenciones por las empresas Eductrade y Sanitrade. Haga EL PAÍS un buen servicio a la transparencia informativa: desvele las relaciones que tienen PRISA y su presidente con esas dos empresas, publique cuántos miles de millones han recibido a cuenta de los créditos FAD, qué productos han exportado, qué márgenes de beneficio han obtenido, qué comisiones han pagado y a quién o quiénes. Sólo después podrá verse en qué medida se ajusta o no a la realidad el término «chanchullo».

TELEFONIA MOVIL.- Se enfada EL PAÍS, en fin, porque EL MUNDO dice que el Gobierno va a hacer a su holding un nuevo favor, concediéndole la única licencia de explotación privada de la telefonía móvil. Pretexta que, si se unen su proyecto y el del BBV -lo que viene a confirmar lo avanzado por EL MUNDO en ese sentido-, «sólo» obtendrá el 5% del beneficio de esa operación. A lo cual haremos únicamente dos observaciones. Primera: que el 5% de 200.000 millones es 10.000 millones. No parece una bagatela. Y segunda: que el 5% es la parte que a PRISA le quedaría directamente. Pero en el negocio hay otros socios (el BBV, que ya colabora con PRISA en CANAL PLUS, o Bankinter, uno de cuyos consejeros es también, en singular síntesis, consejero delegado de EL PAÍS a través de los cuales Prisa se ve también favorecida.

¿Resumen de todo esto? Pues uno muy simple: que, desde que el PSOE está en el Poder, la empresa de EL PAÍS no ha parado de hacer negocios multimillonarios gracias a decisiones discrecionales del Gobierno. ¿En qué medida eso ha influido en la insistencia con que ese diario ha defendido durante años la nefasta política económica del Gobierno? Imposible saberlo.

Pero hay cosas que sí es posible saber, y haría bien la oposición parlamentaria en tratar de averiguarlas. Sería oportuno que pidiera al ministro de Economía que explicara en el Congreso qué interpretación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones ha hecho el Tribunal de Defensa de la Competencia para aceptar la fusión de la SER y ANTENA 3 RADIO; al de Comercio que contara la relación existente entre los créditos FAD, Focoex y las empresas exportadoras de Polanco, y al de Transportes que aclarara en qué condiciones va a adjudicar la licencia para la explotación de la telefonía móvil. ¿Será capaz EL PAÍS de seguir debatiendo sobre todo ello con razones y datos, sin recurrir de nuevo a descalificaciones e insultos?

El diario gubernamental EL PAÍS sacó ayer su artillería pesada e hizo «pum». Todo un editorial ridículo y furioso comparando a EGIN con EL MUNDO y un artículo, genuflexo con el poder, de Juan Luis Cebrián. Una «sábana» con la que el Consejero Delegado de PRISA pasea el fantasma de la Guerra Civil, le dice al Partido Popular que no debe tener prisas por llegar al poder -no corras que es peor- y donde, después de reconocer que en España existen «llagas y plagas de una gravedad considerable», salva a Felipe González de toda responsabilidad.

Y no solo eso, Cebrián aprovecha la ocasión para echarle unas flores al presidente: «Solo el capital político personal de Felipe González pudo evitar el desastre; Felipe González maneja como nadie el tiempo en política». Le faltó aquella petunia donde decía: «Veo en sus ojos la ensoñación del hombre de Estado». ¡Vaya por Dios! Y Filesa, y Roldán, y Rubio y Juan Guerra, y los crímenes de los GAL, y la ley Corcuera, y los fondos reservados, y los cuatro millones de parados, y el BOE, y el Cesid, y la Cruz Roja, de todo esto no ve nada Cebrián.

Las llagas y las plagas tienen autor desconocido y ni siquiera los «delfines» del presidente -Corcuera, Boyer, Solchaga, Serra, Solana y Borrell- tienen algo que ver en todo esto que ocurre en la España felipista. ¿Quién ha sido? Ni los delfines, ni el ballenato de la Moncloa tienen la mas mínima responsabilidad. De ahí que para el diario gubernamental exista una estrategia de acoso y derribo del felipismo. Todos son víctimas de la gran conspiración judeo-masónica que los quiere echar de los salones del poder con arteras maniobras e ilegítimas operaciones de contrapoder. Y en tan difícil situación les acompañan en el duelo y heróicos los partidos de Xabier Arzalluz y de Jordi Pujol que, según el banquero-editor Cebrián, «desempeñan hoy un papel de moderación y criterio que es preciso valorar».

Y ya tenemos el triángulo de las Bermudas del felipismo, tras el que se parapeta el régimen en la actualidad: PRISA, PNV y CiU. Estos son las tres patas, «ajenas» al PSOE, en las que González hace descansar su defensa política para que no se haga la «unanimidad» pidiendo su dimisión. Y lo grave de estos apoyos, al indiscutible autor de la situación, está en la fundada sospecha de que González «paga» un alto precio en «premios estatales» a sus aliados que tanto se juegan en la operación. A unos transferencias autonómicas, a otros ventajas descaradas en prensa, radio y televisión.

Dice Xabier Arzalluz a gritos desde un balcón: «¿tengo yo cara de ladrón?». De lo que tiene cara, para empezar, es de haberse tragado la «ley Corcuera» de una sola cucharada y de estar amparando a Mariano Rubio y Luis Roldán a quienes González y su Gobierno se negaron a investigar cuando se descubrió la corrupción. Y Pujol hizo igual. Como el diario EL PAÍS cuando dijo que era un camelo lo del caso Ibercorp, o cuando se desentendió -como de los GAL, Filesa y otras corrupciones del PSOE- del caso Roldán.

Aunque Arzalluz y Pujol juegan en el frente político y tienen cubiertas las espaldas con su respectiva bandera nacional. Y si le sale mal lo de González gritarán «independencia», o «autodeterminación», y ya está. Pero Jesús de Polanco y PRISA están hasta el cuello en el régimen y se juegan sus negocios y el imperio editorial.

De ahí que Cebrián escriba que es peor el remedio (Aznar) que la enfermedad (González) y a la vez publique un desafortunado editorial donde dice lo mismo en el ámbito de la información: EL MUNDO, sería el remedio y EL PAÍS la enfermedad. Lo que más que celos revela preocupación y cuernos. Pitones indicativos que señalan, con un «vade retro» macartista, a los posibles vencedores del post-felipismo, en política y en el mundo editorial.