El PP logra la recusación del juez del Tribunal Constitucional Pérez Tremps de la deliberación sobre el Estatut por estar ‘contaminado’

En la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se ha respetado el procedimiento previsto en la Constitución y en el Estatuto de una manera escrupulosa. La reforma se ha cocido a fuego lento. Hubo un debate previo a la redacción del borrador inicial de la proposición, en el que participó prácticamente todo el que quiso ser oído en la sociedad catalana. Se negoció intensamente el contenido de la reforma en el Parlamento de Cataluña, siendo aprobada por una mayoría muy superior a la de dos tercios exigida por el Estatuto que debía ser reformado. El contenido de la proposición fue remitido al Congreso, en donde superó el debate de totalidad. A continuación, el PP interpuso recurso de amparo contra el acuerdo de la Mesa para su tramitación parlamentaria, recurso en el que el PP recusó al magistrado Pablo Pérez Tremps, sin que dicha recusación fuera atendida por el Pleno del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no otorgaría el amparo. El contenido de la proposición se negoció intensamente entre la delegación del Parlamento de Cataluña y la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, resultando como consecuencia de ello modificada significativamente la proposición aprobada por el Parlamento catalán. Tanto que acabó originando una ruptura del Gobierno de la Generalitat y un posicionamiento en contra de Esquerra Republicana de Catalunya, que había sido uno de los motores de la reforma.

Finalmente, sería sometido a referéndum, en el que, a pesar de la campaña en contra del Partido Popular y ERC, sería aprobado con casi el 75% del voto favorable de los ciudadanos. Con el Estatuto ya en vigor se celebrarían elecciones autonómicas con plena normalidad, de la misma manera que con plena normalidad están funcionando las instituciones y se están ejerciendo los derechos por los ciudadanos.

La calidad democrática de la reforma estatutaria catalana ha sido, pues, enorme. Posiblemente no ha habido ni una sola norma desde la entrada en vigor de la Constitución que pueda compararse con ella desde esta perspectiva. Ha sido el proceso de legitimación democrática de una norma de mayor intensidad de la historia de nuestra democracia.

Este proceso de legitimación democrática es el que pretende quebrar el PP no con la interposición del recurso de inconstitucionalidad, sino con la maniobra que ha puesto en marcha para intentar mutilar el TC, con la finalidad de que el recurso pueda prosperar. No estamos ante una operación jurídica, sino ante una operación política que se asemeja a un golpe de Estado.

Quebrar la voluntad democráticamente constituida en la formación del bloque de la constitucionalidad. Al precio que sea. Esto es lo que significa la recusación de Pablo Pérez Tremps, que justamente por eso se ha instrumentado a través de una campaña sin precedente a través de diversos medios de comunicación. En el incidente de recusación se ha seguido una estrategia golpista. No ha sido una operación jurídica, sino una operación política antidemocrática, de quiebra de la legitimación democrática en la creación del derecho.

Este es el problema con el que tenemos que enfrentarnos. O se da por bueno el golpe de Estado y se acepta que a través de una turbia maniobra y con un Tribunal Constitucional mutilado se puede quebrar la voluntad democráticamente constituida mediante la negociación entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, voluntad refrendada por los ciudadanos en referéndum, o se hace frente al golpe de Estado, restaurando la legalidad y constituyendo un Tribunal Constitucional no mutilado que resuelva como el principio de legitimación democrática del Estado exige.

Que hayamos llegado hasta aquí es un desastre. Pero de nada vale lamentarse. Estamos donde estamos. En este tipo de crisis es donde un sistema político se la juega. O prevalece la voluntad democráticamente constituida o prevalece el golpe de Estado. No hay más alternativa.

Javier Pérez Royo

La recusación por el Partido Popular del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pablo Pérez Tremps, rompiendo el frágil equilibrio existente entre sus 12 magistrados en torno al nuevo Estatuto de Cataluña, no podía dejar de tener consecuencias sobre su funcionamiento interno. Pero entre ellas no figuraba que pudiera quedar afectada su estabilidad, que es el riesgo que se cierne en estos momentos. La recusación ha enrarecido de tal modo el ambiente entre los magistrados que podría llegarse a esa situación si todos sin excepción no ponen un poco de cordura en la pugna que mantienen, unos por reencontrar el equilibrio perdido y otros para impedirlo.

Pero lo más grave del momento que vive el TC no es la división entre sus magistrados, natural dentro de ciertos límites dada su diversa sensibilidad jurídica e ideológica. Lo más grave es que esa división sea inducida y exacerbada desde el exterior por las fuerzas políticas, alguna de las cuales se ha hecho experta en los últimos tiempos en la utilización sin complejos de las instituciones al servicio de sus objetivos partidarios. El escandaloso aplazamiento de la renovación del Consejo del Poder Judicial es una buena prueba.

En el caso del Constitucional, el último episodio de la pugna por su control, con vistas sobre todo a su futuro pronunciamiento sobre el Estatuto catalán, es la posible recusación por el abogado del Estado, a instancias del Gobierno, de los dos magistrados, García-Calvo y Rodríguez-Zapata, que se han pronunciado contra la reforma legal que prolonga el mandato de la presidencia del tribunal hasta su próxima renovación parcial. Esa reforma, recurrida por el PP, ha buscado sin duda en el corto plazo mantener el equilibrio del tribunal respecto al nuevo Estatuto, dejando operativo un voto que se presume favorable o al menos no beligerante, que es el de calidad de la actual presidenta. Pero responde a una lógica de más largo alcance: hacer legal lo que el propio tribunal se ha permitido realizar al menos en dos ocasiones para evitar el sinsentido de que los nuevos magistrados tengan un presidente que no han votado. Algo que los dos magistrados públicamente contrarios a la reforma consideran que está bien si lo hace el Constitucional, pero mal si lo establece el Parlamento.

Lo obligado es que estos dos magistrados se abstengan de intervenir en el recurso interpuesto por el PP contra la reforma, como han hecho la presidenta y el vicepresidente del Tribunal ante una cuestión que les afectaba personalmente. Ayudaría a mejorar el clima del tribunal y a distender las relaciones entre sus magistrados. No va a ayudar que el Gobierno se vea forzado a recusarlos, aunque deba hacerlo y esté legitimado para ello. Pero quizás sea lo que desean algunos en su estrategia respecto al TC.