La Hemeroteca del Buitre

La renovación de algunos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid se está convirtiendo en un espectáculo dudosamente edificante por parte de los partidos políticos. De todos. Incluso de ciertos sectores de las centrales sindicales. En primer lugar, existe una lucha sin cuartel en el seno de la izquierda madrileña por controlar la mayor parte de los puestos. El fin último de la operación, según ha reconocido Rafael Simancas, es quitar de la Presidencia a Miguel Blesa, cuyas capacidades como gestor aparecen distorsionadas por su condición de íntimo amigo de Aznar.No se entiende bien el empeño del candidato del PSOE en la cuestión de Caja Madrid y es dudoso que semejante tema le vaya a proporcionar muchos votos. Tampoco el PP está cuidando las formas. No sólo por intentar colocar a Ricardo Romero de Tejada, sino porque Gallardón pretende situar en el Consejo a su amigo Jesús Pedroche. El concejal electo tuvo que dimitir después de que el Constitucional declarara que había despedido de forma improcedente a su secretaria, embarazada de su segunda pareja. Al igual que en el caso del socialista Ramón Espinar -sobre el que pesan denuncias en la FSM por tráfico de influencias-, los partidos parecen utilizar los puestos de la Caja como premio de consolación para dirigentes obligados a pasar a segundo plano, pero «de los nuestros» al fin y al cabo.

Las tensiones que han rodeado la formación del Consejo de Caja Madrid, la cuarta entidad bancaria del país, son un penoso ejemplo de los riesgos a que pueden verse sometidas las cajas cuando se trasladan a ellas en toda su crudeza las luchas políticas. Si el ejemplo se extiende, constituiría una seria amenaza para uno de los sectores más importantes del sistema financiero español, con una cuota de mercado superior al 50% y en abierta competencia con los bancos.

El pacto de 1996 entre el PP y el sindicato CC OO, organizado para garantizar la presidencia de la Caja a un hombre próximo al Gobierno, constituye un sorprendente y pernicioso antecedente del barullo político actual. El pacto es un catálogo de intromisiones con criterios trasnochados en la gestión de una entidad financiera, que especifica condiciones al destino de las inversiones de la caja -inaceptables en una entidad que opera en una economía de mercado- o la chusca exigencia de que se consulte con el sindicato la participación en el mercado interbancario. Revela además la hipócrita contradicción entre los hechos que practica el PP y las declaradas intenciones de transparencia reflejadas en la reciente normativa sobre las cajas a este respecto.

La alianza evidente, aunque no explícita, del PP con consejeros de CC OO y de IU con vistas a la colocación del secretario general del PP de Madrid en el Consejo de la Caja encaja mal con las vestiduras rasgadas de ese partido a cuenta del pacto de gobierno del PSOE con Izquierda Unida. Debería ser público el coste para la gestión de la entidad, si existe, de los votos con que su partido ha dado una salida personal a Romero de Tejada.

La singularidad de la propiedad de las cajas de ahorro no ha constituido hasta ahora un obstáculo para que alcancen resultados equiparables a los de los bancos. Y Caja Madrid ha sido buena muestra de ello. Para que este éxito se mantenga, sus órganos de gobierno deben mantenerse al margen de querellas políticas y sindicales. Lo contrario del deplorable espectáculo ofrecido estas semanas en el proceso electivo del Consejo de Caja Madrid. Los partidos políticos deberían asumir como prioridad la creciente profesionalización de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas. ¿Qué hace el secretario general de un partido en el Consejo de Administración? Mejor sería elegir profesionales conocedores del sector que gozaran de la confianza de los órganos políticos.