El presidente de Perú, Alberto Fujimori, da un ‘autogolpe’ de Estado para disolver el Parlamento y suspender la democracia

Numerosas plagas se habían abatido sobre Perú durante los últimos años. El ya endémico y sanguinario terrorismo de Sendero Luminoso, una corrupción bastante extendida, el desmedido aumento del narcotráfico como alternativa a cultivo de la miseria y la erupción de una brutal epidemia de cólera han sumido al país andino en una situación desesperada. Pese a tan dramático panorama, la frágil democracia peruana parecía hacer oídos sordos a los cantos de sirena de una oligarquía partidaria de la mano dura de las dictaduras.

Fujimori, un peruano hijo de la emigración japonesa, ha sucumbido finalmente a la tentación totalitaria. Su autogolpe de Estado sólo cuenta con las simpatías de los militares, lo que es todo un síntoma. EL primer comunicado, en el que el presidente intenta justificar la disolución del Parlamento, es un calco de los que emitían los generales latinoamericanos en sus frecuentes asonadas.

Fujimori se sentía acosado, sin duda por el poder legislativo y el judicial, a los que ha acusado de ‘obstaculizar la reconstrucción del país y la obra del Gobierno’. Pero, en vez e luchar sin salirse del marco de la democracia por imponer sus planes de emergencia, ha optado por la comodidad del decreto-ley, la fórmula por la que gobernará a partir de ahora.

Quienes se dotan de poderes excepcionales recurren al argumento de la necesaria eficacia en la lucha contra contingencias también excepcionales. En el caso concreto de Perú ¿acabará Fujimori con el terrorismo de Sendero Luminoso y situará al país sobre los raíles de la prosperidad económica? Es más que dudoso, y además habrá que ver cuál será el coste final.

Fujimori fue elegido presidente contra todo pronóstico. El pueblo peruano depositó en él la esperanza de que la sangre joven de la emigración japonesa cambiara el camino hacia el abismo por el que se deslizaba el país. Ganó las elecciones presidenciales frente al candidato del Frente Democrático, al escritor Mario Vargas Llosa, pero se encontró en minoría en el Parlamento. Quiso dar un escarmiento a propósito de la corrupción al intentar el procesamiento de su antecesor, el aprista Alan García. Los diputados mayoritarios de una oposición coaligada para la ocasión se lo impidieron. El cáncer de la corrupción se ha instalado en todos los estamentos de la sociedad peruana. Sin embargo, las diferencias en la gradación de esa corrupción son enormes. Más de un 80% de la población pelea por el mínimo necesario para subsistir. En esas condiciones, los funcionarios civiles o militares, cualquiera que sea su circunstancia, intentan aprovecharse del ciudadano que ha de resolver un trámite para sacar un sobresueldo.

Arguye Fujimori que sólo se mueve el deseo de restablecer ‘la grandeza y prosperidad del país’. La experiencia demuestra que las naciones no cambian de mentalidad a base de decretos-leyes. Y, lo que es peor, pretensiones semejantes terminan a la postre en el recorte brutal de las libertades. Fujimori deberá acordarse del precedente del latinoamericano del presidente uruguayo Bordaberry, que al final de su mandato (1972-1976) cayó en la tentación de un golpe de Estado civil y abrió la puerta de las dictaduras militares más dramáticas y sangrientas que haya conocido el continente.

El presidente de Perú, Alberto Fujimori, dio ayer un ilegal golpe de Estado que no sirve absolutamente para nada a la hora de resolver los graves problemas del país. Por el contrario, ayuda a alimentar, por una parte, las ambiciones de una casta militar, siempre atenta a la búsqueda de privilegios derivados del poder, y para satisfacer, por otra, la estrategia revolucionaria de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y de Tupac Amaru.En todos estos sentidos, el golpe de mano de Fujimori recuerda extraordinariamente a la entrega en Uruguay del poder civil a los militares por el presidente Bordaberry a principios de la década de los setenta. La excusa fue la misma: imposible situación económica e incapacidad para la lucha contra la guerrilla urbana. Hará bien en recordar el presidente peruano que Bordaberry fue destituido poco tiempo después por los mismos militares a los que había acudido en busca de un remedio total a los males de la patria. Y el interrogante que plantea la situación peruana también recuerda a la uruguaya: ¿quién ha dado el golpe de Estado? Fujimori, el Ejército -«te sumas o te desplazo»-, o ambos en sintonía? El tiempo lo dirá, pero es significativa la rapidez con que los militares declararon ayer controlar la situación.

La justificación del golpe debe ser buscada en una triple circunstancia: en primer lugar, la desastrosa situación económica en que se halla sumido Perú desde que, a mediados de 1988, la coyuntura empeoró bruscamente, castigando con mayor severidad si cabe aún a la inmensa mayoría de los peruanos que se encuentran en el límite de la pobreza extrema. En segundo lugar, la incidencia brutal de la guerrilla urbana y rural, patrocinada por los dos movimientos probablemente más irracionales y crueles del mundo. Por fin, la existencia de una clase política dividida y crecientemente enfrentada a un presidente, Alberto Fujimori, sin más ideología que un confuso populismo de ribetes claramente autoritarios. Enfrentado con las dificultades de gobernar en democracia, Fujimori ha optado por «tirar por la calle de en medio», inútil recurso a lo que suele ser un callejón sin salida.

No es la primera vez que en el último lustro -especialmente durante la presidencia del aprista Alan García, una de las personalidades políticas detenidas en los primeros momentos del golpe- se ha oído ruido de sables en Perú. Ésta es la ocasión en la que el golpe de mano ha sido dado. Sólo cabe esperar que resulte de corta duración: empeñarse en resolver situaciones complejas a base de castigar a la población más de lo que ya lo está es aburdo y rechazable.

EL presidente Alberto Fujimori terminó ayer con doce años de democracia formal en Perú. El hombre que asumió el poder hace veinte meses, tras convencer a todos de que era la última esperanza de un país sumido en la miseria económica, el terror de la violencia política y la corrupción institucional, ha pasado a transformarse en dictador arropado por las fuerzas armadas, las mismas que dudaron hace dos años en darle su apoyo por su ascendencia oriental. Sin embargo, veinticuatro horas después del «golpe de Estado blanco» que ha suspendido las garantías constitucionales y disuelto el Parlamento, se desconoce si la maniobra ha sido planificada totalmente por el presidente electo o si Fujimori se ha limitado a unirse a una situación consumada para no engrosar la lista de los 49 jefes de Estado que no pudieron concluir su mandato, sobre un total de 61 que ha tenido Perú a lo largo de su historia. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias que han desembocado en este golpe de Estado institucional, lo único previsible es que la dictadura que se avecina va a dificultar la situación extremadamente inestable del país andino. La práctica paralización de las inversiones internacionales en la economía más desastrosa de América Latina -herencia buena parte del gobierno del socialdemócrata Alan García- no va a variar de rumbo después del golpe, e incluso hay que dudar que vayan a llegar ahora las ayudas prometidas por Japón. La lucha contra el terrorismo salvaje de Sendero Luminoso ya estaba en manos del ejército peruano y a partir de ahora sólo cabe temer un recrudecimiento tanto de los atentados como de la violación de los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas, que han conseguido que Perú encabece la lista de Amnistía Internacional por número de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, aunque tiene razón Fujimori al denunciar los «formalismos seudodemocráticos» que han hecho del sistema peruano un régimen bajo permanente sospecha de corrupción, no es la solución asesinar el sistema y menos aún cuando el mismo presidente es el último protagonista de esos escándalos políticos, cuya denuncia le sirvió al «chinito» para llegar al poder. El golpe de Perú sienta además un nuevo y peligroso precedente en América Latina que debe ser rechazado con contundencia por la comunidad internacional. Por primera vez en la historia, con la única excepción de Cuba, los estados latinoamericanos disfrutaban de sistemas formalmente democráticos. Pero el precedente primero de Haití, seguido de la intentona venezolana y culminado ahora por el que era presidente constitucional de Perú puede provocar una dinámica peligrosa de la que no se quiere enterar nuestro Gobierno -muy rápido para denunciar el peligro que corría el poder del amigo Carlos Andrés Pérez en Venezuela pero tibio ante este golpe que nace de arriba. Por no hablar del Gobierno estadounidense, que ha evitado mencionar el término «golpe de Estado», fomentando la impresión de que algo sabía el imperio del Norte de lo que ocurría en esta parte del mundo que parece seguir considerando su trastienda.

NO SIRVE de nada levantar la bandera de la democracia cuando se está muriendo la mitad del país». Con estas demagógicas palabras se dirigió a los periodistas el canciller de Perú, Augusto Blacker, descrito como uno de los nuevos hombres fuertes del Gobierno del golpista Fujimori. Naturalmente, el canciller no explicó qué sistema político puede salvar a ese 50% de peruanos. Ninguna razón empírica permite demostrar que una dictadura, apoyada exclusivamente por las Fuerzas Armadas, que pretende gobernar a golpe de decreto, sea capaz de hacerlo. Lo mismo puede decirse de sus intenciones de elaborar una nueva Constitución, clausurando el Parlamento y anunciando la reestructuración de todos los poderes que podían controlar al Ejecutivo. No debe olvidarse que uno de los problemas de Perú es que las dificultades afectan, por lo menos, al 70% de la población, calificada de pobre por los organismos internacionales pertinentes.El autogolpe del ingeniero Fujimori demuestra, en primer lugar, su propia incapacidad para resolver los problemas económicos y su impotencia para comprender las reglas democráticas. De otra parte, el caso peruano plantea una serie de cuestiones que, en relación con otros países continentales como Venezuela, Argentina, Bolivia o Brasil, podrían hacer pensar que el resurgir del populismo -tan próximo siempre a la demagogia y a un concepto antidemocrático de la convivencia- no es una elucubración teórica.

El caracazo de 1989, la intentona golpista del pasado mes de febrero en Venezuela, el anuncio de sus cabecillas de presentarse a las nuevas elecciones generales, el más de medio millón de votos que obtuvo en las elecciones a gobernador de Buenos Aires el militar golpista Aldo Rico, los rumores de golpe de Estado en Bolivia y Brasil, la antidemocrática situación que vive Haití, son síntomas más que suficientes para comprender la fragilidad de los sistemas democráticos y la amplia diferencia que existe entre las cifras macroeconómicas y la realidad cotidiana, en la que, sin duda, actúa de gran condicionante una absoluta y generalizada depauperación de la población.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de Naciones Unidas, indica que el número de personas que viven en condición de pobreza extrema ha aumentado en 47 millones desde 1980. Ello sitúa la cifra de pobres en 183 millones de latinoamericanos, más del 40% de la población total de América Latina, con una mortalidad infantil que en determinados países, como Perú, quintuplica la media de las naciones desarrolladas. Y todo ello en un contexto macroeconómico en el que el producto interior bruto creció un 2,7% en el último año.

Este panorama social es el gran problema, el caldo de cultivo de los populismos de todo tipo -desde los ingenieros con carisma de eficacia hasta los redentores protestantes-. En casos como el de Perú, esa indefendible distribución de la riqueza, esa profunda desvertebración de la sociedad, es también el volcán sobre el que asientan sus bases los terroristas de Sendero Luminoso, síntesis del mesianismo y el asesinato considerado como una de las soluciones revolucionarias y que ayer mismo dejaron muestra de su quehacer con un bárbaro atentado en Lima.

La situación económica del continente es preocupante pese a la bondad de los resultados generales, pero la opción elegida por el presidente Fujimori no resolverá ni la pobreza de los más, ni el terrorismo de Sendero -que por fin podrá festejar su visión de futuro, al denigrar sistemáticarnente la democracia-, ni la corrupción. Por mucho que sean problemas que a juicio del golpista justificaban su decisión.

TRAS LA jura del ingeniero Máximo San Román, Perú cuenta con dos presidentes, uno de facto, el golpista Alberto Fujimori, y otro de jure, el ingeniero Máximo San Román. La poderosa fuerza de lo fáctico -el apoyo masivo de la opinión pública y de las Fuerzas Armadas- parece base suficiente para consolidar de momento el poder de Fujimori.No obstante, los llamamientos del presidente San Román a los militares para que restablezcan la legalidad democrática, el corte de la ayuda internacional y las divergencias dentro del «Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional» han empezado a hacer mella. En las calles de Lima ya se han enfrentado los partidarios del chino Fujimori y del cholo San Román, sin duda una de las piedras más molestas en el zapato del primero. El cholo no es un político tradicional, tiene arraigo popular y procede del mismo movimiento social que obtuvo democráticamente la presidencia hace dos años.

Alberto Fujimori ha demostrado una extraordinaria capacidad para que nada le afecte y dañe su carisma popular. Fujimori se asemeja a esas sartenes provistas de una capa que admite toda clase de grasa sin que les quede pegada la porquería, aunque a partir de ahora lo tendrá más difícil. Si no quiere perder las últimas posibilidades de apoyo y ayuda económica internacional, Fujimori está condenado a la dictablanda y a moverse en el filo de la navaja: soportar el acoso de San Román y de los parlamentarios depuestos sin recurrir a una represión descarada. Tendrá que conceder algo palpable al pueblo y a las Fuerzas Armadas, y aquí puede desmantelarse su programa de gobierno. Si cae en la tentación populista de repartir dádivas para conservar el calor popular, se vendrá abajo el plan y el esfuerzo de casi dos años de ajuste. La otra posibilidad, mantener férreamente el programa económico de su Gobierno, le puede arrastrar hacia una dictadura fuerte, similar a la que tienta en alguna medida a los militares y a un sector del empresariado: la alternativa chilena de Pinochet.

En todo este panorama de un país con dos presidentes se olvida con frecuencia la existencia de un tercero, Abimael Guzmán, apoyado por Sendero Luminoso. Con el fujigolpe, Sendero intenta cierta legitimación al poner de manifiesto que sus tesis son ciertas cuando aseguran que luchan contra un protervo Estado opresor y tiránico.

Alguien ha dicho en el Perú que Mario Vargas Llosa es un hijo de puta y que por eso se ha acogido al amparo de la Madre Patria. No seré yo quien niegue que España es madrastra para los latinoamericanos, pero para putas los pocos, o los muchos de nuestros hijastros que vulneran sus propias leyes; tal como el traidor de Fujimori que ha violentado hasta la abyección las principales leyes de su país.

Vargas Llosa se tomó la molestia periodística de, cuando yo viajaba por sus tierras, criticarme la visión mágica y extemporánea que yo daba de sus gentes. ¡Carajo!: ¿Y qué podía yo contar del general Frank Vargas, jefe de la Fuerza Aérea ecuatoriana, el general más macho de América del Sur, hijo de un padre que tuvo cincuenta y seis hijos que debatían los problemas al machete, y que dio dos golpes de Estado en sólo una semana?

Escribí un artículo desde Buenos Aires replicando a nuestro escribidor y luego lo rompí, porque, aún estimando que la razón me asistía, estimé una vanagloria competir con tamaño peruano. Tal es y era su crédito intelectual que mi director de entonces, al saber de mi problema, me espetó, siempre tan envidioso de no ser reconocido como ‘progre’: ‘Pues algo habré hecho mal en mi vida si Vargas Llosa aún no se ha metido conmigo’.

Cuento esto porque Vargas Llosa, a su manera, se ha pasado la vida justificando y explicando el Perú o Iberoamérica y, dándome la razón, le acaban de putear en su propio país, bajo una locura militar que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en su cresterías andinas, ni en la selvas de la Madre de Dios, ni en los barrios elegantes del Pacífico de ‘Lima, la horrible’.

Juan José Armas Marcelo habrá de explicármelo, porque lo entiende como nadie. A nuestro personaje le ha biografiado y analizado personal y literariamente. Tal era la confianza de Vargas en Juancho que no leyó previamente el libro sobre él y le dejó, confiado, hacer, tal cual me dijo. En el análisis de J. J. A. M. hay claves para entender que no se haya hecho británico, francés o estadounidense. Mira que le hubiera sido fácil. Pero no; se ha nacionalizado de otro país hispánico con problemas. Don Mario: aquí está usted muy bienvenido y Felipe González, otorgándole la nacionalidad que se ha ganado, se ha hecho el último favor a sí mismo. Muchas gracias por la múltiple opción que usted tenía. Y hasta que pueda regresar a el Perú que sepa usted que para su España putativa aquí entendemos que Fujimori, además de un payaso, es un delincuente constitucional; y por supuesto, también un hijo de la gran puta.

Abimael Guzmán, con traje a rayas y en una jaula, no está bien porque es un preso y también tiene sus derechos. La misma imagen de Fujimori tampoco sería deseable pero, tal como están las cosas resultaría equivalente.