El presidente de España, Pedro Sánchez, reconoce oficialmente al ‘Estado de Palestina’ sin dejar claro a quién considera presidente o primer ministro de ese Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que el próximo martes el Consejo de Ministros reconocerá el Estado palestino. Se trata de una decisión histórica en la que España estará acompañada en la misma fecha por Irlanda y Noruega. Otros dos países de la UE, Malta y Eslovenia, han anunciado que trabajan sobre la misma decisión. España lidera así una iniciativa que aplica, siguiendo las resoluciones de Naciones Unidas, una condición indispensable para la solución del conflicto árabe-israelí: la existencia de dos Estados. Se trata de uno de los mayores movimientos diplomáticos desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza, lanzada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu a raíz del ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre y que ha costado hasta el momento más de 34.000 muertos, unos 70.000 heridos y un millón de desplazados palestinos.

Nada más hacerse el anuncio, Netanyahu ordenó el regreso a Israel de sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo y acusó a los tres países de “dar una medalla de oro a los asesinos de Hamás”. Nada más lejos de la realidad. Impulsar el reconocimiento de Palestina, que busca también garantizar la supervivencia de Israel en condiciones de paz y seguridad, ya fue votado mayoritariamente —aunque sin ponerle fecha— por el Congreso español en septiembre de 2014. Ayer desde la tribuna, Sánchez reiteró su condena a la milicia islámica, incluida en el listado de organizaciones terroristas de la UE y EE UU. No puede haber asomo de duda en este sentido.

El Gobierno de España lleva meses pidiendo un alto el fuego y expresando su preocupación por la violación del derecho humanitario, también desde el lado israelí, preocupación a la que ya respondió Israel con la retirada temporal de su embajadora. Es la voluntad de Netanyahu de no poner fin al castigo a la población civil de la Franja y la inacción de parte de la comunidad internacional —que no ha conseguido pasar de la condena retórica— las que han empujado a varios líderes europeos a acelerar el reconocimiento del Estado palestino, una decisión que no puede ser interpretada como hostil contra Israel y que ya comparten 142 países de la ONU y la Santa Sede. En Europa ya reconocen a Palestina como Estado Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Suecia y Chipre. En España la medida cuenta con el apoyo del 78% de los ciudadanos, según el barómetro del Real Instituto Elcano.

El anuncio de España, Irlanda y Noruega se produce dos días después de que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitara que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra la cúpula de Hamás: Yahya Sinwar, su jefe en la Franja de Gaza; Mohamed Diab Ibrahim al Masri, al mando del ala militar; e Ismail Haniya, el líder político, refugiado en Qatar. Se trata de una acción concreta para que rindan cuentas ante la justicia los responsables de las violaciones de los derechos humanos que vienen ocurriendo en Gaza. También las perpetradas por la milicia islamista, que el 7 de octubre asesinó a 1.200 ciudadanos israelíes y secuestró a 400, de los cuales unos 130 siguen en su poder. Independientemente de la aplicación práctica de su solicitud —Israel no reconoce al TPI, igual que Estados Unidos, Rusia, China y la India, entre otros; la UE al completo y el Reino Unido sí lo hacen—, la Fiscalía envía un mensaje que cada vez parece más olvidado: no se pueden traspasar impunemente los límites que marca el derecho internacional humanitario.

España reconoció este martes el Estado palestino en una decisión coordinada con la República de Irlanda y Noruega que ha sido calificada de histórica por los responsables de sus respectivos gobiernos. No hay precipitación ni es fruto del oportunismo de una campaña electoral, sino todo lo contrario. De forma largamente meditada y negociada, España ha dado un paso que se concreta en un momento especialmente preocupante, coincidiendo con la matanza atroz perpetrada por el Ejército israelí en un campamento de Rafah y el inicio de una ofensiva que EE UU considera la línea roja de su apoyo. El bombardeo y el incendio de los tendales donde se habían instalado los civiles, en una zona calificada como refugio, ha descalificado cualquier pretensión israelí de vender a Washington una ocupación militar del sur de Gaza como incruenta para la población, y ha obligado al primer ministro Benjamín Netanyahu, responsable de la tragedia, a confesar un “error trágico”.

El reconocimiento de Palestina tiene una función inmediata, compartida ampliamente por la comunidad internacional, como es ejercer la máxima presión para que Israel cese en sus ataques a la población civil, garantice los suministros vitales a los gazatíes y acceda al alto el fuego permanente que permita la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamás. El movimiento diplomático se suma a las resoluciones de dos tribunales internacionales, el de Naciones Unidas y el surgido del Estatuto de Roma. El primero ha exigido el cese de las hostilidades y la reanudación de suministros, y el fiscal del segundo ha declarado sospechosos de crímenes de guerra, y por tanto susceptibles de detención, a Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por el asedio y la hambruna a los que está sometida la población civil, la misma consideración que ha aplicado a los líderes de Hamás.

Lejos de ser un gesto simbólico, reconocer a Palestina es un impulso para que otros países europeos y finalmente la propia Unión terminen añadiéndose a los 143 países de Naciones Unidas que ya la reconocían. Coincide con la convocatoria, decidida por unanimidad de los 27, del Consejo de Asociación entre la UE e Israel para verificar por primera vez el cumplimiento de los compromisos israelíes en derechos humanos en el marco de las relaciones privilegiadas y de la estrecha cooperación que mantiene con los países europeos.

La fórmula adoptada no es una mera declaración con efectos protocolarios, sino un compromiso que pretende superar el paradigma de paz inaugurado en Madrid y Oslo en los noventa. La experiencia demuestra que el punto de llegada que era el Estado palestino debe convertirse ahora en punto de partida, de forma que israelíes y palestinos se vean obligados a negociar bilateralmente a partir de las fronteras reconocidas por la ONU. Favorece el cambio de paradigma la trayectoria política de Netanyahu, dirigida toda entera a evitar la existencia de un Estado palestino, fomentando la colonización y ocupación de su territorio, la división entre palestinos e incluso el asentamiento de la organización terrorista e islámica Hamás en Gaza en detrimento de la pacífica y laica Autoridad Palestina.

La decisión no es solo una necesidad histórica y de justicia, según el presidente Sánchez, sino “la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz: la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y seguridad”. España descarta que Israel mantenga su presencia militar o administre la Franja y considera que solo la Autoridad Palestina puede recuperar el control de todo el territorio. Quiere que Palestina sea un Estado viable, asentado sobre Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania, estos dos últimos conectados por un corredor terrestre. Y fundamenta tal propuesta en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, de las que se desprende la abierta ilegalidad de las colonias de ocupación judías construidas a partir de 1967.

La idea española, asentada sobre la posición europea, conduce a una negociación ya no sobre la eventualidad del Estado palestino, sino sobre la exacta delimitación de las fronteras entre ambos Estados, en la que se presuponen canjes y ajustes de territorios. Madrid, en consecuencia, “no reconocerá cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes”. Se entiende la irritación que ha producido en un Gobierno como el de Netanyahu, ya que si prospera esta vía se verá obligado a negociar en igualdad de condiciones, a diferencia de lo que ha sucedido desde Oslo, y quedarán obsoletas las pretensiones expansionistas de la derecha israelí sobre el territorio íntegro entre el Jordán y el Mediterráneo.

No se entiende el desvarío del ministro de Exteriores Israel Katz con su airada e injusta reacción contra España, con la que está hundiendo a la prestigiosa diplomacia israelí en el barro del insulto y la coacción, la difamación y la manipulación de la historia, prácticas incivilizadas y ajenas a las buenas costumbres diplomáticas. Este gobierno de extrema derecha que padece Israel actúa como si su país solo tuviera derechos y ninguna obligación, ni siquiera con las formas educadas y civilizadas, sustrayéndose de la legalidad internacional y de las reglas de juego en general siempre que le conviene y aceptándolas solo si se ajustan exactamente a sus intereses. No se lo merecen los ciudadanos de Israel ni tampoco los numerosos amigos que tiene Israel en España y en el mundo.