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El Príncipe Felipe se casa con la periodista Letizia Ortiz en una boda oficiada por el obispo Antonio Mª Rouco Varela

HECHOS

El 22.05.2004 el cardenal arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela ofició la boda entre el príncipe Felipe de Borbón y la periodista Dña. Letizia Ortiz.

TVE cambió a los tertulianos previstos por Urdaci para la emisión de la boda por Ana Blanco, Carmen Enríquez y Manuel Román:

Urdaci_ana_blanco La versión del Sr. Urdaci:

La boda del Príncipe se acercaba. De repente, sin más explicación y a tan sólo unas horas del acontecimiento, lo que habíamos preparado en largas reuniones durante meses desaparecía de la escena sin tiempo a reaccionar y a que aquellos tres expertos (Fernando Rayón, José Carlos Sanjuán y José Luis Sampedro) buscaran alternativas de trabajo en otros medios. La única explicación que Llorente dio a su intermediario, al encargado de comunicar tan desagradable noticia, fue que no les necesitaba, que le bastaba con gente de la casa, con Ana Blanco, Carmen Enríquez  y Manuel Román, y que el diseño que yo había preparado era rancio y antiguo. El programa, al margen de las polémicas exageradas por la realización, fue pobre, y el esquema improvisado a última hora no tuvo la más mínima capacidad para interpretar el sentido y los pasos de un rito en el que el más pequeño detalle está cargado de significado y mensajes, y por tanto merece y necesita una explicación.

Las lagunas de los tres comentaristas fueron constantes, pero especialmente visibles durante la ceremonia religiosa. Estaba previsto que algún sacerdote ilustrara lo que iba pasando, pero las órdenes de Llorente suprimieron esa asesoría. Dado su desconocimiento en asuntos religiosos y litúrgicos, los tres encargados apenas pudieron comentar lo que estaba ocurriendo durante la misa y permanecieron muchos ratos callados.

Los errores abundaron también durante otros momentos de la transmisión. A Jaime Martínez Bordiú le llamaron ‘hijo de la condesa de Villaverde’. Cuando llegaba Laurent de Bélgica, como no sabían su nombre, dijeron simplemente ‘el príncipe’. Confundieron al duque de Aliaga con el Duque de Huescar, al otro arquitecto de la Almudena le llamaban ‘Sidra’ cuando se llama Sidro, a la reina Rania de Jordania le decían princesa y no se dieron cuenta de que la que iba con ella era la reina Muna, madre del monarca jordano. Mientras los realizadores se empeñaron en sacar varias veces la imagen de Carmen Caffarel, la directora general de RTVE, los comentaristas demostraron desconocer los nombres de los ministros: «Son tan nuevos – explicó uno de ellos- que no les conoce casi nade’.

Alfredo Urdaci

23 Mayo 2004

Compromiso en el patio del príncipe

José Antonio Zarzalejos

«Soy un hombre feliz», proclamó el Príncipe de Asturias en su disertación durante el almuerzo de celebración de su enlace matrimonial; y resonó la sinceridad del aserto en el Patio del Príncipe del Palacio Real, convertido con esmero y sensibilidad en un espacio inédito de evocaciones históricas. «Imagino -dijo el Heredero- que salta a la vista». Y, efectivamente, saltaba a la vista que el matrimonio real que ayer se celebró en Madrid sólo tenía un fundamento profundo: el auténtico enamoramiento de Don Felipe de la ya Princesa de Asturias, Doña Letizia. Pero también resultó diáfano que en su discurso, medido, responsable, solemne y familiar, con un tono elocuente y seguro, el primogénito de los Reyes de España estaba superponiendo un compromiso político y constitucional resuelto y definitivo, trasladado a la Nación en palabras sencillas e inteligibles: «El servicio a los españoles es el gran compromiso personal e institucional con que Letizia y yo iniciamos ahora un nueva etapa en nuestra vida». Pero, Don Felipe, con una técnica oratoria repetitiva sin parecerlo, insistió: «El compromiso que Letizia y yo hemos asumido hoy trasciende lo meramente personal». La remisión del Príncipe al «ejemplo impagable de Sus Majestades los Reyes» compuso toda una declaración de principios en la que sobresalió, de nuevo, «el compromiso permanente de que la Corona siga contribuyendo a la estabilidad institucional de España, a la integración y cohesión de los españoles y a ser garantía de su libertad y progreso». El hombre que sellaba «ante Dios y ante la sociedad»su «amor» remató con una especie de juramento íntimo y personal dirigido a su padre el Rey: «Majestad: no tengáis ninguna duda de que siempre pensaremos en España y de que toda nuestra vida estará dedicada al bienestar de los españoles».

Don Felipe habló ayer por sí y por la nueva Princesa de Asturias y ambos merecen la confianza, el apoyo y la colaboración generales. Es momento de que cesen ya la frivolidades irresponsables que tratan de convertir este matrimonio real en un relato banal; que se acabe ya con el hipercriticismo cruel con el que, inquisitivamente, se contemplan, comentan -hasta la recreación- aspectos personales de la Princesa de Asturias, que desde ayer, con y a través de su marido, ha expresado rotundamente que su relación personal y su propio futuro se proyectan también a su labor institucional.

El Príncipe se ha casado por amor y al hacerlo han saltado tradiciones, pautas de comportamiento y, sobre todo, determinados factores de comprensibilidad de la Monarquía, pero ésta se fundamenta no sólo en los ritos, en las costumbres y en las inercias, sino también, y fundamentalmente, en la voluntad de servir a su función de aquéllos que la encarnan. S.A.R. Doña Letizia ha demostrado temple, capacidad de aguante y una receptividad extraordinaria en el aprendizaje de sus responsabilidades. Lo ha ido logrando en muy poco tiempo, en ocasiones, acosada; sometida, primero, a la alabanza pública, y, más tarde, a una crítica, entre sibilina y grosera, que la ha diseccionado de forma hiriente. La Princesa de Asturias ya no es sólo la que fue, sino la que es y la que será. El futuro está abierto, bien cimentado en su compromiso y en el de Don Felipe, que se reclama subordinado al ejemplo de sus padres los Reyes. En el Patio del Príncipe, en ese recinto recreado como jamás pudieron pensar sus antepasados, se quebraron algunos protocolos, se respiró un aire desconocido de desenfados heterodoxos, pero lo sustantivo es que se constituyó un compromiso esencial para España, formulado por un Príncipe que matrimonia por amor y que en ese sentimiento profundo mistifica lo personal con lo institucional. Unos futuros Reyes que sean felices garantizan mejor que España también lo sea. Confianza y apoyo, pues, a Don Felipe y Doña Letizia, tanto por ellos como por la estabilidad, la unidad y el progreso de nuestra Nación.

José Antonio Zarzalejos

23 Mayo 2004

Bodas democráticas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

No falta mucho para que se cumplan 30 años desde que el rey Juan Carlos accedió a la Jefatura del Estado, y puede decirse que la de ayer fue la primera ceremonia en la que la Monarquía ha sido por sí misma, y no por los deberes constitucionales que le corresponden, el centro de atención de la vida del país. La sobriedad con la que desde el primer momento don Juan Carlos y doña Sofía decidieron ejercer sus funciones ha propiciado el que los españoles estén más familiarizados con la idea de que viven bajo un sistema democrático que bajo una monarquía. De ahí que muchos ciudadanos, e incluso responsables políticos que representan a partidos de tradición republicana, no hayan dejado nunca de manifestar su lealtad hacia el titular de la Corona, más que a la propia institución que representa.

La boda del futuro rey de España, celebrada ayer con la asistencia de 1.700 invitados de todo el mundo, constituyó el primer acto de la que, con el tiempo, será una de las pruebas decisivas para un sistema al que debemos el más largo periodo de estabilidad y prosperidad de nuestra historia reciente: la sucesión en la Jefatura del Estado en virtud de la legitimidad dinástica, asumida y avalada por la Constitución de 1978. Hasta ahora, las previsiones de la Carta Magna han permitido que partidos de diverso signo accedan al poder y lo abandonen en función del voto mayoritario de los ciudadanos, tanto en el ámbito estatal como en el municipal y el autonómico. La ceremonia de ayer venía a ser un primer recordatorio de que, más allá de la alternancia de los partidos, el sistema estará plenamente consolidado cuando el príncipe de Asturias encarne la Jefatura del Estado y consiga para sí mismo y para quien haya de sucederle el mismo grado de aceptación popular y política que su padre, el rey Juan Carlos.

El asentimiento hacia la Monarquía incluye el de sus ritos, y el de la boda del heredero -que en el futuro podrá ser también heredera, de prosperar la reforma constitucional anunciada por el nuevo Gobierno socialista- es uno de los más relevantes. No tiene por ello sentido la idea de que hubiese resultado preferible rebajar la solemnidad de los actos, aunque sí cabe recordar lo mucho que se juega la institución, y por tanto, el actual sistema democrático, en el periodo que se abrió ayer.

La España en la que se ha celebrado el acontecimiento, incluso la ciudad misma en la que se ha desarrollado, son una muestra simultánea de lo mucho que se ha avanzado en este cuarto de siglo y lo mucho que queda por avanzar. El equilibrio entre ambas cosas, pasado y futuro, no resultaba sencillo, y por eso nada tiene de extraño que las opiniones sobre la ceremonia se hayan mostrado discretamente divididas. Esta disonancia es también una prueba de que el respeto con el que se ha tratado a la Corona y a todo cuanto la rodea es resultado de un juicio libre de los ciudadanos, no de una imposición ni de un tabú.

Sobre los organizadores de la ceremonia recaía la responsabilidad de mostrar una ciudad que, sin olvidar los trágicos acontecimientos del 11 de marzo, diese pruebas de su capacidad para afrontar las exigencias institucionales, por grandes que sean los desafíos emocionales y de seguridad. Éste ha sido sin duda uno de los grandes logros del día de ayer, sin olvidar el expreso propósito de la Casa Real por incorporar a la celebración a todos los poderes del Estado y fuerzas políticas parlamentarias. La boda, con todo su contenido y encanto popular, aunque lamentablemente no respetada por la lluvia, ha significado así un momento mágico y excepcional de proyección mundial de la imagen de Madrid, de España y de su Monarquía.

Si la actitud de la Monarquía ha sido en todo momento integradora, mostrándose respetuosa, incluso, con quienes han preferido no participar en las celebraciones, otras instituciones han preferido dar prioridad a sus criterios, sin reparar en si eran compartidos o no por la mayoría. En unos casos se ha impuesto, así, una estética religiosa que no es representativa de cuanto se produce en nuestro país, y en otros se ha carecido de sensibilidad para distinguir entre solemnidad y espectáculo. Quizá por la influencia de unos medios de comunicación que, en los últimos años, han hecho de la banalidad y de los asuntos del corazón uno de sus asuntos principales. Aun tratándose de un género de acontecimientos que parece pertenecer a la misma esfera, conviene recordar que la jornada de ayer protagonizó algo enteramente distinto, más relacionado con la estabilidad y la vigencia de nuestro sistema democrático que con los ecos de sociedad.

16 Junio 2004

Boda real y Constitución

Gregorio Peces Barba Martínez

La boda de Don Felipe de Borbón y Grecia y de Doña Letizia Ortiz Rocasolano, Príncipes de Asturias, ha ocupado y preocupado a los medios de comunicación, a grandes sectores de la sociedad y, naturalmente, a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad del acontecimiento. Una primera observación destaca sobre todas las demás por su carácter personal, y es que parece evidente que los esposos se quieren mucho, con lo que estamos ante un enlace, antes que nada, por amor. Una segunda, que destaca por su centralidad y su dimensión de Estado, es la importancia máxima del acontecimiento para la continuidad de la Monarquía parlamentaria, es decir, para la sociedad bien ordenada que diseñó la Constitución de 1978.

Naturalmente que, una vez constatada la presencia del amor y de una relación muy profunda, la reflexión sobre el acontecimiento debe abandonar ese campo, así como todos los demás que tanto interesan a la prensa del corazón y a muchos de los espectadores que vieron con entusiasmo el desarrollo de los acontecimientos.

El Gobierno, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y las demás organizaciones comprometidas han contribuido con su trabajo al éxito del enlace, que vieron muchos millones de ciudadanos en España y en el resto del mundo.

Me interesa reflexionar sobre la consolidación del estatuto del heredero de la Corona, naturalmente en el marco de la Constitución. En sus palabras, en el brindis al final de la comida, tanto el Príncipe de Asturias como el Rey se situaron escrupulosamente en el marco del sistema constitucional. Los preparativos y la organización respondieron al carácter público y solemne del acontecimiento y los elementos tradicionales, las viejas clases, vinculadas con la Monarquía histórica, mantuvieron un estilo adecuado y, salvo excepciones, destacaron por su discreción y por su prudencia.

Es proverbial la prudencia y el buen sentido de la Casa del Rey y estuvieron aquí a la altura de las circunstancias, controlando el acto con juicio y con mesura. Todas las precauciones estaban justificadas y el buen fin era de gran importancia. La inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas siguieron el acontecimiento con interés, sólo limitado por el mal tiempo.

Las actitudes republicanas fueron muy minoritarias y las fiestas paralelas que organizaron fueron escasamente seguidas. Me parece un signo de buen juicio, porque difícilmente las críticas que la tradición republicana mantiene contra la Monarquía y que son relevantes para la Monarquía absoluta y para la Monarquía constitucional, donde el Rey es jefe del poder ejecutivo, se pueden aplicar a la Monarquía parlamentaria, donde el Rey carece de prerrogativa y no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. El Rey es el centro unificador de imputación de las decisiones de los órganos constitucionales del Gobierno, del Parlamento, de los Parlamentos de las comunidades autónomas en algún caso y del Consejo General del Poder Judicial. En esa condición expresa formalmente, con la promulgación y la publicación de las normas y de los nombramientos, la voluntad de quienes deciden. En este caso el refrendo no tiene el sentido tradicional de preservar al Rey frente a cualquier responsabilidad, sino que significa al órgano de decisión al que formalmente cubre el Rey dando el rango y la solemnidad que son exigibles a las altas decisiones de Estado: es la boca que pronuncia las palabras generales desde la voluntad de los órganos competentes. Refrendada la Monarquía histórica con la legitimidad racional que le otorga la Constitución de 1978, el Rey no necesita renovaciones periódicas de esa legitimidad, porque carece de poder. Sin embargo, supone la continuidad del Estado, su permanencia y unidad, y expresa la representación global de España como Estado social y democrático de Derecho. No podemos olvidar su nivel de aceptación en todas las comunidades autónomas, que le permiten una soltura en la comunicación de la que carece, por ejemplo, el Gobierno en muchas ocasiones. Por otra parte, su prestigio internacional puede contribuir al éxito de las relaciones exteriores de España. La torpeza del Gobierno del PP al no utilizar su buen nombre es difícilmente explicable y el nuevo Gobierno la va a corregir, sin duda, por sentido común.

La figura del Rey y la institución de la Corona tienen un apoyo en la Constitución, como hemos señalado, pero no tienen un apoyo democrático. En gran parte su perdurabilidad y su arraigo dependen de ella misma, de su talante, de su comportamiento rigurosamente ajustado a las normas constitucionales y, como dirían los republicanos clásicos, de su virtud y de su defensa sin descanso del interés general. Por eso, el día a día es un plebiscito, la Monarquía es escrutada por todos y hasta ahora con gran éxito en la opinión pública. Esta situación exige un esfuerzo de prudencia, de discreción, un núcleo de buen sentido para saber distinguir, como decía Machado, las voces de los ecos. Mi impresión es que, hasta ahora, el Rey y toda su familia han superado con éxito esas pruebas y que el matrimonio de los Príncipes de Asturias no es una excepción, ni supone una perspectiva diferente.

Sin embargo, existen algunos elementos que pueden suponer un camino poco adecuado para esa necesidad de reafirmación cada día del valor y de la racionalidad de la Monarquía y que han aparecido, o al menos se han hecho evidentes.

Ha habido un planteamiento antiguo y privado de la boda, lo que ha hecho olvidar, a veces, su carácter de Estado. Así, en efecto, la invitación a un numeroso grupo de dinastías no reinantes y su prioridad quizás no haya sido la mejor de las ideas.

De todas formas, a mi juicio, la situación protagonista de la Iglesia católica y la oportunista intervención de la jerarquía en la persona del cardenal Rouco Varela han sido las que han contrastado, por su planteamiento, con el necesario sentido público de una boda de Estado. Con un oportunismo y un protagonismo exagerados y buscados ha planteado en su homilía, al menos, dos afirmaciones que contrastan con los valores constitucionales y con la prudencia y la moderación que son exigibles en estos casos. Habló de la «Monarquía tradicional», demostrando una vez más su desprecio por el sistema constitucional español, que rechaza esa Monarquía tradicional a favor de la Monarquía parlamentaria. Es una continuación de la apelación que hizo anteriormente al Rey para que no olvidase que era «Su Majestad Católica». Estas manifestaciones son signo de la inocencia histórica de la Iglesia y de la consideración de que su «verdad» está por encima de las coyunturales mayorías y de la Constitución, aunque luego apelen a ella cuando les interesa. También, rompiendo uno de los principios claves de la transición como es la superación de la guerra civil, se refirió a las beatificaciones de Juan Pablo II. Así mismo habló de las personas asesinadas el 11 de marzo calificándolas de «fieles difuntos». Fue una intervención inoportuna, con un protagonismo exagerado y con una falta de prudencia, sin querer entender el sentido del acto ni el perjuicio que estaba produciendo al interés general, incluido el de la Monarquía. Es evidente que esas situaciones no pueden continuar, ni esos papeles estelares permanecer ni centrar un acto privado en un sentido, pero muy público en otro, en la ceremonia religiosa de un Estado laico.

Estamos pagando, y eso no es responsabilidad de la Casa Real, una normativa reguladora del matrimonio de corte preconstitucional que contrasta con la tajante afirmación de nuestra Carta Magna de que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es evidente que el Gobierno tiene que restablecer la congruencia, lo que supone modificar los acuerdos con la Santa Sede en algunos aspectos y desde luego en éste. Debe regularse un matrimonio civil obligatorio, que sería el único productor de efectos jurídicos. Naturalmente, las parejas creyentes en la religión católica o en otra de las reconocidas podría posteriormente contraer un matrimonio religioso acorde con sus creencias. La ética pública y la ética privada quedarían claramente distinguidas, se respetaría el carácter aconfesional de nuestro Estado y el pluralismo y la libertad de conciencia. Y también se privaría a los jerarcas de la Iglesia institución de la oportunidad de aprovecharse y de obtener beneficios indebidos como los que en esta boda de Estado han obtenido. Esos beneficios, por cierto, pueden convertirse en maleficios para la Corona si alguien los confunde y los mezcla con estas situaciones. Empieza a aparecer un pensamiento abstracto antimonárquico, poco atento a la experiencia histórica y al papel protagonista de la Corona y del Rey Don Juan Carlos en la pacificación de nuestro país. Es un pensamiento doctrinario y poco matizado y conviene recordar que el pacto sobre la forma de Estado consistió, además de en situar al jefe del Estado como Monarca parlamentario, en un acuerdo tácito entre la Corona y los partidos de izquierda de respeto a esa Monarquía parlamentaria mientras ésta respetase la democracia y la Constitución. Mientras esa lealtad recíproca se produzca creo que está asegurada la continuidad institucional en nuestro país. Nadie debe olvidarlo y sería inicuo que ese pacto no se respetase por una concepción instrumental y un uso oportunista del apoyo de la Monarquía a la causa democrática y constitucional. Hablar en abstracto de la República sin medir las consecuencias es volver a colocar a nuestro pueblo en el salto en el vacío. La prudencia y el sentido común estarán, seguro, presentes para impedirlo.

La boda tenía la enorme dimensión pública de garantizar la continuidad de la Monarquía y de afianzar la confianza de los ciudadanos y de las instituciones en la Corona. La conciencia religiosa de los contrayentes debió situarse en otro foro. Me conformaría con que los Príncipes de Asturias, los protagonistas principales del acontecimiento, no se hayan sentido incómodos o presionados en su conciencia por algún aspecto de la ceremonia. Los dos contrayentes y su amor evidente, en primer lugar, y los intereses del Estado, en segundo, eran los protagonistas necesarios. Todo lo demás sobraba, menos el Estado, que formalizaba jurídicamente ante toda la sociedad una elección de amor y con un claro interés general.

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