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El pueblo de Colombia rechaza el primer proyecto de ‘paz’ del Gobierno de Santos para integrar a las FARC en el juego político

HECHOS

El 3 de octubre de 2016 se celebró un referéndum sobre el plan de paz del Gobierno de Colombia con las FARC.

01 Octubre 2016

La paz no es claudicar ante el terrorismo

Álvaro Uribe

CON CIUDADANOS de diversos pensamientos hemos resuelto decir sí a la paz votando no en el plebiscito de mañana domingo. Solidariamente hemos expresado a los colombianos del sí que nosotros también queremos la paz, pero creemos que los textos del Acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC no la garantizan.

El Acuerdo es de impunidad total por la indulgencia con el terrorismo. El Gobierno de Colombia aceptó impunidad abierta al narcotráfico del cartel de cocaína más grande del mundo; se aceptó que este delito es conexo con el político. Los mayores delincuentes de esta organización no tendrán sanción doméstica, no irán a la cárcel ni a lugares alternativos, tampoco serán extraditados y se les concederá el beneficio de elegibilidad política. Se anuncian sanciones como restricciones de residencia y de movilidad que serán inaplicables porque coincidirán con el ejercicio político de sus actores.

La misma Justicia internacional denomina «simbólicas» a estas sanciones, por ende no adecuadas para delitos graves. En Colombia han sido accesorias a años de cárcel, o principales, pero en infracciones menores. Los del no aceptamos que no se sancione al guerrillero raso, ojalá se le reincorpore con generosidad; pero la falta de pena adecuada para los mayores responsables genera mal ejemplo y causa riesgos de estabilidad al Acuerdo.

Quedan en la impunidad todos los delitos de lesa humanidad, como el secuestro –17.974 casos entre 1998 y 2003–, el reclutamiento y violación de niñas –11.700 niños reclutados; 6.800 mujeres violadas–, los carros bomba, la destrucción de 200 municipios, las acciones terroristas frecuentes de la misma gravedad de las que han afectado a pueblos de Estados Unidos, Francia y Bélgica. Otros crímenes atroces no serán sancionados adecuadamente y sus perpetradores serán patrocinados con grandes sumas del Estado para participar en política.

Quedan en impunidad el asesinato y el secuestro de policías y soldados, en muchas ocasiones mientras iban de civil, estaban en periodo de licencia o de vacaciones, y además indefensos.

La falta de sanción adecuada, de cárcel, y la elegibilidad política pese a crímenes atroces configuran una amnistía de hecho, a pesar del engaño de declarar que estos delitos no gozarán del beneficio. Esta amnistía disfrazada se otorga además sin petición de perdón, sin arrepentimiento, sin que entreguen el dinero del tercer grupo terrorista más rico del mundo para reparar a las víctimas. Los delincuentes admiten el sufrimiento causado y lo justifican.

La comunidad internacional debe saber que Colombia no ha vivido en guerra, si no que nuestra democracia ha sufrido un sistemático ataque del narcoterrorismo pero ha tenido la capacidad de estar en permanente perfeccionamiento sin tener que claudicar ante el terrorismo.

Ahora bien, el Gobierno de Colombia renunció a la solución en la que se avanzaba a través de la seguridad democrática, la desarticulación terrorista con castigo a los mayores delincuentes y soluciones sociales para los integrantes rasos, que incluía políticas eficaces de mejoramiento social y simultánea promoción de la inversión y el crecimiento económico.

A pesar de nuestros errores y faltantes, el progreso del país eligió al actual Gobierno en 2010, que abandonó la plataforma propuesta.

Habíamos dejado de ser un Estado fallido y hoy se afianza el retroceso. Se destruye la justicia y se reemplaza la Constitución por 297 páginas concedidas al terrorismo que los colombianos no han podido leer, que se imponen en una pregunta, sin argumentos, con propaganda y coacción, con desprecio presidencial por la ley y por la dignidad de los electores, a quienes ofrecen sobornos presupuestales.

Se prohibió la publicidad oficial para silenciar a los votantes del no, mientras el sí goza de desafiante ostentación propagandística.

El terrorismo feliz ha logrado que negociadores del Gobierno le aprueben toda su agenda, con arquitectura jurídica para destruir la democracia. Y todo lo ocultan con el abuso de la palabra paz.

El Gobierno bajó el umbral legal del 50% al 13%; con 4,5 millones de votos aproximados por el sí se aprobará este plebiscito en un país que se acerca a los 50 millones de habitantes.

El presidente de Colombia engaña al mundo con la afirmación de que no hay alternativa para conseguir la paz. Él como ministro y candidato en 2010 supo que la había, y sigue sabiendo que la hay; para ocultarlo niega el debate.

El presidente de Colombia negoció con el terrorismo la agenda nacional, la suplantación de la Constitución, que no es la paz sino todo lo contrario.

Desafortunadamente, con este Acuerdo nuestra economía queda capturada por las FARC. Más impuestos generales, más impuesto predial, aumento excesivo del gasto público, que será inflexible. Adicionalmente, 25 decisiones del Estado deberán someterse al visto bueno, previo, del comunitarismo de las FARC. Y surge una nueva motivación constitucional para expropiar propiedad privada de personas honestas.

El terrorismo está a la expectativa con este Acuerdo que trae más impuestos, amenazas de expropiación, gasto público ineficiente, policía política al estilo castrista; cree que el deterioro de la economía y un agravamiento de la crisis social permitirían la toma del poder para implantar definitivamente el fracasado socialismo del siglo XXI al estilo de la hermana Venezuela. Las FARC lo confiesan sin reservas.

Nosotros apoyamos que los desmovilizados de las FARC tengan protección del Estado, pero se ha acordado una especie de policía política castrista que dará protección con otros guerrilleros armados, que podrá supervisar las hojas de vida de los servidores públicos, a las empresas privadas de seguridad y a quienes llaman enemigos de la paz, que somos los del no, que también queremos la paz.

Se repite el grave error de asociar al Estado con criminales, en esta ocasión con las FARC para combatir a otros criminales como los sucesores del paramilitarismo. Esa amarga experiencia se vivió en el pasado y graduó más criminales.

LAS FARC se habrían acabado si mi Gobierno hubiera permitido que los paramilitares avanzaran en su propósito, pero el camino institucional de combatirlos a todos fue nuestro camino.

Nos duele que democracias amigas avalen la impunidad disfrazada a las FARC. Nos duele que España haya concurrido a dar aprobación a un acuerdo de impunidad y elegibilidad a responsables de delitos de lesa humanidad cuando dio ejemplo encarcelando a dirigentes de ETA y no sometiendo su democracia. En Colombia avalan la impunidad del terrorismo.

Los colombianos que decimos no a este Acuerdo queremos una paz que no genere mal ejemplo, que no sea inestable, que cumpla con los mínimos de justicia de la legislación internacional y nacional, que dé protección a los desmovilizados de las FARC y proteja a nuestra democracia del riesgo del totalitarismo socialista.

Y algo más. Este Acuerdo, que muchos jóvenes colombianos reciben con ilusión, trae, como mencioné anteriormente, una policía política que amenaza las libertades, incluye más impuestos, expropiaciones y un comunitarismo paralizante de la inversión privada.

La inversión privada y la educación universal y de excelencia son mutuamente dependientes: la primera aporta los recursos para la segunda que a la vez la nutre del conocimiento para su avance competitivo.

Sin inversión el joven se ve forzado a abandonar el país. Sin libertades se frustra el debate razonado que con la ciencia construye peldaños de verdad.

La crisis de inversión agrava la pobreza y los colombianos aburridos con Santos y sus parecidos pueden optar por ensayar a Timochenko y sus parecidos.

En esta hora de la Patria en que debemos defender la democracia con coraje, hacen eco las palabras del Libertador: «La indulgencia con los criminales es la corrupción de los pueblos». Por eso votamos No.

Álvaro Uribe es ex presidente de Colombia.

04 Octubre 2016

La victoria de la dignidad

Ramón Pérez-Maura

Existen pocas estupideces mayores que la de hacerse trampas al solitario. Y medio Occidente se empeñó en hacérselas durante las últimas cinco semanas a pesar de la evidencia de que el presidente Juan Manuel Santos mentía al mundo al hablarle de un acuerdo de paz para Colombia en el que las FARC pedían perdón, lo que no han hecho en ningún momento. Lo han «ofrecido», que es lo contrario de «pedir». Un acuerdo que supuestamente implicaba la vuelta a la guerra si triunfaba el «no» en el plebiscito del pasado domingo. Como estamos viendo, todo era una infamia.

En un diario madrileño que ha recibido cientos de miles de euros de una fundación de la familia Santos por promover el «sí» en el plebiscito -con la objetividad que eso aporta a su información-, un periodista decía el pasado 25 de septiembre que si los colombianos «votan que “no”, cuatro años de negociaciones se irán a la basura y de vuelta a los asesinatos y los secuestros, al terror y a los enfrentamientos militares». Pues bien, como era perfectamente previsible, los jefes terroristas de las FARC que están en Cuba sorbiendo roncito y fumando exquisitos habanos ya han dejado claro después de la victoria del «no» que no piensan volver a la selva, donde se vive fatal. Ellos casi mejor se quedan en Cuba y a ver si encuentran otra forma de sacarle algo a los colombianos de bien.

Santos pactó una paz en la que los asesinos con crímenes de lesa humanidad se iban a librar de cumplir un solo día de cárcel, iban a poder conservar las ingentes cantidades de dinero acumuladas por el que es, hoy, el segundo mayor cartel mundial del narcotráfico, e iban a conseguir, sin disputarlas, diez curules en el Parlamento colombiano y otras 16 asignadas a regiones en las que su control es absoluto. 26 escaños reservados directamente para las FARC. Y nos contaron que eso era una concesión necesaria y buena porque no iban a matar más. También se nos explicó que las 279 páginas del acuerdo de La Habana, pergeñado por el comunista madrileño Enrique Santiago, con despacho en el muy obrero barrio de Salamanca, se incorporaban a la Constitución colombiana sin posibilidad de ser enmendadas jamás. Para encontrar un caso semejante tuve que irme a la Constitución de Arabia Saudí, en la que se integra en su totalidad el Corán y éste -como cabe suponer- tampoco es enmendable. El acuerdo de La Habana tenía idéntica sacralidad.

Al grito espurio de «¡paz o guerra!», Santos vendió humo por todo el mundo y casi todos se lo fueron comprando. Sirva como ejemplo España, cuyo ministro de Asuntos Exteriores cayó rendido ante el presidente colombiano. Consiguió primero que el Congreso de los Diputados completara una de sus más aciagas jornadas el 31 de agosto, cuando no sólo no eligió presidente del Gobierno, sino que además respaldó por unanimidad el engendro de acuerdo que jamás hubiéramos aceptado en España. Como preguntó Andrés Pastrana a Felipe González: «¿Tú aceptarías que la ETA nombrase la mitad de los jueces del tribunal que te va a juzgar?». Pues eso iba a pasar en Colombia a todos los presidentes que lucharon limpiamente, con la ley en la mano, contra los terroristas de las FARC. Y el Congreso de los Diputados lo respaldó ¡por aclamación!

Y una vez que Santa Cruz tomó impulso, ya no pudo contenerse y se empeñó en que la Corona española quedara también manchada con este episodio deplorable. Y fue Don Juan Carlos el escogido para ir a una ceremonia presidida por ese hombre de bien y estadista ejemplar, Raúl Castro, que tuvo sentado a su derecha al presidente Santos y a su izquierda al terrorista Timochenko. Y en la foto, entre Castro y Timochenko, un poco más atrás, cual monaguillo, el Rey Juan Carlos. Por primera vez el Rey de España (todo lo emérito que se quiera) era enviado a participar en un acto electoral. Aquel montaje seis días antes de que los colombianos fuéramos a las urnas era un acto de campaña para recabar votos para el «sí». Había otros jefes de Estado, es cierto. Pero todos ellos son políticos que se han pasado la vida haciendo campañas electorales. El Rey de España no la ha hecho nunca. Hasta que Margallo le puso a hacerla la semana pasada. No hará falta explayarse respecto a dónde ha quedado el antaño inmaculado prestigio de la Corona española ante un pueblo que votó en contra de lo que el Rey Juan Carlos fue a hacer allí. ¿Nadie va a asumir la responsabilidad de haber involucrado a la Monarquía en tamaña sinrazón?

Este plebiscito ha servido para demostrar uno de los graves defectos de la democracia colombiana. La opción del «no» que ganó con el 50,21 por ciento de los votos, y poco más de 60.000 sufragios sobre el «sí», no contó con casi ningún respaldo mediático. Sólo el grupo RCN de radio y televisión ha tenido alguna de sus emisoras respaldando editorialmente esa postura. Lo que le ha costado al grupo Ardila una persecución más propia de una dictadura, por cierto. El resto de los medios han dado un apoyo unánime al «sí», respaldo generosamente compensado con una pauta publicitaria oficial desbordante. Y, aún con todo, los colombianos demostraron su madurez ignorando televisiones, radios y prensa escrita y votando con sus propios razonamientos.

El 22 de junio de 1998 publiqué en esta página un artículo titulado «La victoria de la dignidad» en el que contaba cómo Andrés Pastrana había sido elegido dos días antes presidente de Colombia en sustitución de un Ernesto Samper que le había derrotado cuatro años antes financiando su campaña con el dinero del Cartel de Cali. Durante cuatro años Pastrana sufrió invectivas inimaginables de Samper y su gente. Y el pueblo colombiano lo recompensó con la Presidencia. Dieciocho años después, el Andrés Pastrana que casi se dejó la vida intentando hacer la paz con las FARC supo que no podía aceptar esta falsa paz de Santos. Cuánto más fácil hubiera sido para él subirse al carro del «sí». Y sin duda hubiera sumado muchos más de 60.000 votos a esa opción. Pero con su antaño enemigo político Álvaro Uribe, con su ordenador personal y tres amigos se lanzó a hacer una campaña por el «no», en la que no le seguía ni la dirección de su Partido Conservador. Una campaña contra la rendición ante el gran cartel de la droga que son las FARC. Y una vez más, ha logrado la victoria de la dignidad.

04 Octubre 2016

La paz debe ser irreversible en Colombia, con un acuerdo más justo

EL MUNDO (Director: Pedro García Cuartango)

CON gran asombro fue acogido ayer en todo el mundo el triunfo del no en el referéndum en Colombia sobre el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC. Un 50,21% de los casi 13 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas rechazaron los actuales términos de un plan con el que se busca poner fin a un conflicto de más de 50 años, el más antiguo de Latinoamérica, que ha dejado unos 225.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados. Varias generaciones desconocen lo que es vivir sin el zarpazo violento que ha desangrado a uno de los países con más potencial del continente. Y, aun así, el resultado del referéndum es una incuestionable demostración de que muchos colombianos anhelan el final de este insufrible drama, pero rechazan lo que consideran contrapartidas excesivas por parte del Gobierno a la guerrilla narcoterrorista a cambio de que deje las armas.

El resultado del plebiscito deja un tanto descolocadas a todas las partes en Colombia y también a la comunidad internacional, que sin fisuras ha respaldado la dificilísima negociación que se ha desarrollado a lo largo de cuatro años en La Habana. Pero todos los actores implicados se apresuraron a abrir un resquicio para el optimismo al asegurar que la senda hacia la paz iniciada ya es irreversible. El alto el fuego que entró en vigor el 29 de agosto se mantiene vigente y hoy mismo emisarios de Bogotá y de las FARC volverán a reunirse. Por su parte, los sectores que abogaban por el no, encabezados por el ex presidente Uribe, han mostrado un talante conciliador especialmente importante que invita a proseguir el diálogo, renegociando eso sí algunos aspectos muy difíciles de digerir por el conjunto de la población.

Entre éstos, la impunidad que en la práctica iban a tener los narcoguerrilleros con mayores delitos de sangre a sus espaldas. O una concesión política que siempre nos ha parecido excesiva y peligrosa como es reservar a las FARC reconvertidas en movimiento político 10 escaños fijos en las dos Cámaras del Congreso hasta 2022, aunque no los ganen en las urnas. En éstas y otras cuestiones lo más razonable es explorar nuevos términos en el acuerdo de paz. Y las declaraciones del líder guerrillero, Timochenko, en el sentido de que están dispuestos a «rectificar» lo acordado para no romper este puente hacia la normalización en el país invitan a la esperanza y dan margen de maniobra a Santos, quien necesita con urgencia recuperar impulso tras el revés de las urnas.

Pese al resultado del domingo y saludando la posibilidad de que se hagan nuevos esfuerzos para conjugar la pacificación con la justicia y la reparación a las víctimas, mantenemos que éste es un tren del que los colombianos no deben apearse. A lo largo de las décadas, han sido muchos los intentos gubernamentales por acabar con un conflicto tan enquistado. Y sólo ahora estamos ante la posibilidad real de que las FARC pasen a la historia para siempre. No se puede echar por tierra todo lo que se ha avanzado estos años. Y ésta debe ser la hora de un diálogo nacional abierto, pero de unión, entre todos los demócratas. El ex presidente Uribe y su partido han demostrado tanto una gran capacidad movilizadora como de sintonía con gran parte de su pueblo para reclamar la búsqueda de una paz justa. Pero bueno sería que ahora hubiera un acercamiento entre su postura y la de los más próximos al Gobierno para remar todos juntos y consensuar el camino a seguir.

Más allá de la necesidad de que desde hoy mismo se abran nuevos espacios de diálogo, cabe reflexionar sobre la idoneidad de recurrir al referéndum para cuestiones como ésta. Recordemos que el presidente Santos no estaba obligado a someter a plebiscito el acuerdo de paz. Se comprometió a hacerlo en aras de la transparencia y en un ejercicio no exento de riesgos de corresponsabilizar al conjunto de la ciudadanía en el acontecimiento más importante del país en su historia moderna. Pero como se ha demostrado en tantas ocasiones, creemos que el referéndum no es el instrumento más adecuado para ratificar o desechar asuntos de tan extraordinaria complejidad, teñidos de una gran carga emocional.

Y, en todo caso, una vez tomada su decisión, ya dijimos en su día que Santos se equivocó al precipitar tanto la fecha del referéndum, sin tiempo siquiera para que se haya podido hacer la mínima pedagogía sobre un plan de paz con centenares de medidas. Empero, los colombianos han hablado y obligan a que todos estén ahora a la altura. El tortuoso sendero hacia la paz ya ha sorteado antes obstáculos mucho más difíciles.

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