El Rey de Marruecos, Hassan II, demanda al director de DIARIO16, José Luis Gutiérrez, por vincularle con el tráfico de drogas

A mí que me explique González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, con qué se come ese Consejo Deontológico que se ha sacado de la manga como los ases de los tramposos. Y si no me lo explica él, le rogaré la explicación a mis amigos Luis Martín Mingarro, decano del Colegio de Abogados, y Antonio Fontán, profesor emérito y editor, que se han incorporado a ese Consejo Deontológico, vigilante ilustre de periodistas.

Como he tenido que escribir durante tantos años en libertad vigilada, cada vez que alguien quiere adoctrinarme de deontología o aconsejarme acerca de los límites de mi libertad de expresión, se pone a gritar el ordenador. Me he quemado los ojos en la lectura de textos de moralistas de todo tipo, y ahora, a los más de sesenta años de escribir en los periódicos, no voy a conformarme con la vigilancia de estos deontólogos espontáneos. Cuando en el ejercicio de mi profesión violente la ley, que vengan los jueces y que me castiguen. Y si no me salto la norma legal, entonces los vivos y los muertos, los hombres, las mujeres y los mediopensionistas, civiles y militares, clérigos y políticos, que se aguanten con lo que me pete decir, les guste o les disguste, les plazca o les escueza.

Ya tenemos bastante los periodistas con quedar bajo el imperio de los jueces, que a veces se equivocan como cada hijo de vecino. Ahí tienen el caso de mi colegui, «y sin embargo amigo», José Luis Gutiérrez, que arrastra un calvario por los tribunales de justicia hasta dar con sus alegaciones en el Tribunal Constitucional. El Supremo le ha condenado porque en aquel DIARIO16 que dirigió apareció una noticia en la que se informaba que en una furgoneta del rey Hassan II se había encontrado droga. El rey moro se querelló contra el periodista y los jueces comprobaron que la furgoneta era verdad y la droga también. Pero condenaron porque el titular que encabezaba la noticia no les pareció el adecuado. En una sentencia del Supremo, el magistrado ponente Clemente Auger enseña al periodista José Luis Gutiérrez cómo no se debe titular una noticia en la que sale una furgoneta, un alijo de droga y un rey de Marruecos. Toma nísperos.

Claro es que con los jueces corre uno el riesgo de que se equivoquen. Errar es de humanos, que dijo el santo. Ignoro lo que a José Luis Gutiérrez le harán pagar en concepto de reparación a los herederos de Hassan II, ya en el seno de Alá, si los ropones del Constitucional dejan las cosas como están, por más que hayan clamado contra la sentencia casi todas las asociaciones mundiales en defensa de la Libertad de Expresión. Siempre será excesivo. No lo diré como consuelo del colegui, sino como abundancia. Un servidor, modesto periodista, tuvo que pagar unos cuantos millones a Alberto Alcocer, supermillonario y estafador, porque en la revista que dirigí apareció una afirmación cuya veracidad nadie negó. El magistrado ponente del Constitucional Rafael de Mendizábal entendió que lo que se decía allí era verdad, pero «innecesario». ¿Qué es eso de la verdad innecesaria? La verdad alaba a Dios y tacharla de innecesaria es un contradiós. Bueno, pues con todo, prefiero los jueces a los deontólogos espontáneos. ¡Gutiérrez, absolución!

Jaime Campmany

Escribe Ali Lmrabet, periodista perseguido por la monarquía alauí, en el prólogo del libro de José Luis Gutiérrez «En defensa propia», que para que un español se haga una idea del poder absoluto que tiene el Rey de Marruecos debería hacer un ejercicio de imaginación y acumular sobre este personaje los cargos y las funciones de Don Juan Carlos como Rey, más los que corresponden a Rodríguez Zapatero como jefe del Gobierno, añadiendo a ellos la autoridad religiosa de monseñor Rouco como presidente de la Conferencia Episcopal y, por fin, la fuerza económica del más poderoso de nuestros banqueros, el señor Botín. Aun así la comparación resulta no sólo odiosa, sino impropia, ya que la acumulación de todos estos poderes hace que cualquiera de ellos sea cualitativamente distinto al que se da en una democracia. Se convierte en la función del tirano. Y esto en un país con una renta por habitante veinte veces inferior a la española, con un 50 por ciento de analfabetismo y donde el 65 por ciento de los activos de la Bolsa de Casablanca pertenecen a empresas controladas por la Casa Real.

¿Qué respeto al ejercicio de la libertad de expresión puede atribuirse a un monarca de este porte en un país como éste? Reino del miedo, la respuesta es el extrañamiento del sistema, en el mejor de los casos, y la cárcel cuando alguien rompe las reglas del juego como hizo Alí Lmrabet.

Pero si las dictaduras suelen limitar sus arbitrariedades al interior de sus fronteras, la teocrática de Marruecos no ha querido entenderlo así en el caso de José Luis Gutiérrez y Rosa María López, director y redactora de DIARIO16. Por el contrario, decidió querellarse contra el diario madrileño por una información publicada el 18 de diciembre de 1995, en la que se daba cuenta de la detención por la Guardia Civil de un camión cargado de cannabis, propiedad de la empresa real «Les Domaines Royaux».

La rareza del caso subió de punto cuando el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Madrid condenaron al director de DIARIO16 y a la redactora como responsables de dicha información. ¿Y cómo calificar ya el hecho de que el Tribunal Supremo confirmara la condena si acepta como correcta la relación de los hechos descritos por la periodista y califica como tendencioso el titular de la noticia cuando éste se correspondía a aquéllos como anillo al dedo? Y ¿qué decir cuando el texto legal en que se basa la Sala Primera del Supremo es la ley de Prensa de 1966?

Pero no nos dejemos llevar por el abatimiento. Sabemos que la semana pasada estuvo en Marruecos Felipe González con su amigo el multimillonario mexicano Slim, de origen árabe. Quizás se trató de uno de tantos viajes de negocios que le han llevado a González a convertir Marruecos en su segundo país. Lo que sí sabemos es que González ha recibido el libro de José Luis Gutiérrez, en el que éste le conmina a que haga algo para que termine la persecución de la que es objeto. ¿Habrá intercedido González? ¿Habrá interrumpido sus quehaceres de hombre de negocios para que el actual monarca marroquí ejercite el ars oblivionis (el arte del olvido) si no quiere tomarlo como el deber de un hijo? Por otra parte, la circunstancias son favorables a la solución de un caso tan hiriente desde el punto de vista del ejercicio del derecho de información. Me refiero a la presencia de nuestros Reyes en Marruecos en estos momentos.

José Luis Gutiérrez y Rosa María López tienen suspendida sobre su cabeza desde hace diez años una espada de Damocles o, más bien, un alfanje marroquí. Resulta ya insoportable para ellos e intolerable para todos.

César Alonso de los Ríos

El último episodio padecido por este autor es de naturaleza forense, todo un colofón marroquí para esta historia de terror gótica. El 18 de diciembre de 1995, la periodista de DIARIO16, Rosa María López – perteneciente entonces a la redacción de Sevilla, una de las investigadoras más serias y reputadas del periódico – publica una información según la cual, en el puerto de Algeciras, meses atrás, había sido capturado un alijo de casi cinco toneladas de hachis, oculto en un camión de naranjas de la empresa Dominios Reales, pertenecientes a la familia real marroquí.

La información había sido obtenida por la periodista en altos mandos de la Guardia Civil de la zona, incluidos altos jefes de la Benemérita, que había realizado la captura del alijo de droga.

La información – publicada cuando mi cese, que se produciría semanas después, ya era un extendido rumor, y cuando me encontraba de viaje profesional fuera de Madrid – provoca una demanda de protección al honor nada menos que del Jefe del Estado marroquí, el Rey Hassan II, ya fallecido, en el juzgado de Primera Instancia número 61 de Madrid, que sentencia a favor del demandante y contra los demandados, la autora Rosa María López, el director del periódico y la empresa editora, el 25 de noviembre de 1997, sentencia que es confirmada más adelante, en enero de 1999, por la Audiencia Provincial de Madrid, lo que lleva a los demandados a interponer el correspondiente recurso de casación ante la Sala I del Tribunal Supremo, que aún no ha decidido al a hora de escribir estas líneas, que habrá de pronunciarse, tras votación de la Sala I, con el magistrado Clemente Auger – quien, hace más de 20 años, ya se significó, en otro pleito, en la defensa de la libertad de prensa y expresión – como ponente, sobre una información cierta acogida a la ‘exceptio veritatis’, aunque afectara en su momento al honor de una personalidad como la de Hassan II, fallecido en el año 2001 y considerado por todos como uno de los tiranos más sanguinarios del pasado siglo.

Una ley franquista, la Ley de Prensa de 1966 es la que establece la responsabilidad en cascada, por la que alguien puede ser perseguido y condenado, el director de un medio, en este caso, por un texto del que él no es autor, escrito por un tercero.

Asimismo, el abogado de la empresa, tras la sentencia de Primera Instancia, recurre sorprendentemente en amparo al Tribunal Constitucional, extraña decisión que provoca la lógica devolución del recurso, al no haberse agotado la vía jurisdiccional en el resto de las instancias.

En medios marroquíes pronto se informa a este autor que le origen de la demanda está más en Madrid que en Rabat’, según una fuente diplomática. Y, para confirmarlo, los mismos portavoces informan de gestiones realizadas en Marruecos desde medios gubernamentales españoles y “por un alto representante del Palacio de la Zarzuela” ante las autoridades marroquíes.

El propio calendario del affaire confirma tales indicios, porque la información se publica en diciembre de 1995 pero la demanda no se presenta hasta casi medio año más tarde, el 27 de mayo de 1996, cuando este autor ya había sido cesado, cuatro meses antes, como director del periódico.