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El mismo comando había intentado un año antes otro atentado en el mismo edificio en el que murió una anciana

ETA asesina a un bebé en el segundo atentado consecutivo del ‘Comando Argala’ contra la Dirección de la Guardia Civil

HECHOS

El 23 de Noviembre de 1988 la explosión de una furgoneta bomba en las cercanías de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid acabó con las vidas del joven trabajador de RTVE, Jaime Bilbao Iglesia y el bebé Luis Delgado.

Hechos: 23 de Noviembre de 1988. La explosión de una furgoneta bomba en las cercanías de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid (en un segundo atentado contra esta institución) acabó con las vidas del joven trabajador de RTVE, Jaime Bilbao Iglesia y del niño Luis Delgado Villalonga e hirieron a un total de 87 personas.

Víctimas Mortales:

D. Jaime Bilbao Iglesias (de 38 años) y el niño Luis Delgado Villalonga (de 2 años)

LOS ASESINOS:

parot_esnal_harambourne El atentado fue realizado por el ‘Comando Argal’ formado por los asesinos franceses Herni Parot, Jacques Esnal y Frederic Harambourne. El jefe del comando, Parot, fue juzgado por ese atentado en 1996 y condenado a penas que sumaban 1.170 años de prisión.

robacoches Los miembros del ‘Comando Robacoches’, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala fueron igualmente condenado a penas que sumaban 1.170 años de cárcel en el mismo juicio que Parot. Ellos suministraron el coche que utilizó el ‘Comando Argala’ para detonar la bomba.

24 Noviembre 1988

ETA es lo que parece

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

LA ORGANIZACIÓN terrorista ETA no ha dado ningún salto cualitativo con el atentado de la noche del martes en Madrid, ni ha revelado de repente con él su verdadero rostro. ETA. no da saltos, se limita a matar, y sus víctimas potenciales somos todos los demás, incluidos niños de dos años y sus padres. De un tiempo a esta parte, ETA es lo que parece a simple vista: un grupo de individuos que obtiene dinero con secuestros y extorsiones y que emplea este dinero para matar indiscriminadamente. Y que es aplaudida por quienes, forzados a elegir campo entre los verdugos y sus víctimas, optaron por los primeros.Tras cada atentado de ETA se escuchan, junto a las condenas de la mayoría y el espeso silencio de quienes deben su notoriedad pública al hecho de que otros maten, voces que aportan sofisticadas explicaciones sobre las verdaderas causas -las causas profundas- de la persistencia de la violencia. No existe ninguna causa, profunda o no, que justifique, o siquiera explique, los asesinatos que firma ETA. La contraposición entre medidas políticas y medidas policiales hace años que dejó de tener el sentido que pudo habérsele atribuido en otra época, por mucho que todavía se siga recurriendo a ella por escolástica o pereza mental. La política policial es parte de la política a secas, y cualquier Gobierno legítimo confrontado al desafío terrorista está obligado a desarrollarla con firmeza democrática e inteligencia. Con firmeza democrática: sin dejarse ganar por el pánico o influir por las voces que ofrecen resultados milagrosos y rápidos recurriendo a métodos anticonstitucionales. Con inteligencia: combinando eficacia operativa con medidas legales que dificulten la libertad de movimientos de los terroristas y sus maniobras propagandísticas.

Si por medidas políticas se entiende esto último -y no otras abstracciones-, la más eficaz iniciativa antiterrorista de los últimos tiempos ha sido la firma por parte de los partidos representativos de la inmensa mayoría de los vascos del acuerdo contra la violencia suscrito a comienzos de año. Es una evidencia que durante mucho tiempo ETA ha intentado persuadir a sus seguidores -y a otros que no se tienen por talesde que su acción estaba legitimada por el respaldo implícito de aquellos que, aun rechazando sus métodos sangrientos, aceptaban en el fondo sus objetivos. El acuerdo de enero dejó claro que esto no es así, entre otras cosas porque la mayoría no acepta que los eventuales objetivos de ETA sean separables de los métodos impositivos, antidemocráticos, con que son perseguidos. Y, en definitiva, porque demostrar que esos métodos fueron necesarios, inevitables, es ya el único fin constatable de los terroristas.

Más allá, pretender que la negociación del cupo o la transferencia de la Seguridad Social pueda tener efectos pacificadores directos significa desconocer todo sobre la lógica del terrorismo, el de ETA o cualquier otro. Es cierto que muchos demócratas lo pensaban (pensábamos) hace años, pero hoy resulta ímposible ignorar la experiencia concreta. Y lo que ésta indica es que no sólo no hay relación verificable entre tales medidas y el descenso de la actividad terrorista, sino que, con frecuencia, los intentos de hallar soluciones pacíficas a los problerúas que determinaron, en remotos tiempos, el surgimiento de la violencia son los que provocan las reacciones más sangrientas.

Naturalmente, algún día habrá que llegar a sancionar, mediante un armisticio, el fin de la violencia. Pero la experiencia enseña que ETA no se avendrá a pactar este final sino cuando esté muy debilitada. Ya lo está políticamente, pero no todavía lo suficiente -y menos tras cobrar el rescate de Revilla- desde el punto de vista operativo. Porque matar es fácil, especialmente con dinero en la mano, sin que pueda establecerse una vinculación entre eficacia mortífera y apoyo social, como ha vuelto a demostrarse el martes en Madrid. No obstante, sería deseable que las medidas de seguridad de determinados puntos resultasen más disuasívas de lo que se ha comprobado.

Una política antiterrorista inteligente implica también no caer en impresionismos estériles: aunque es cierto que la perspectiva de un armisticio pactado se aleja cada vez que ETA vuelve a matar, excluir la posibilidad de que -por ejemplo, tras la detención de los miembros de su cúpula dirigente en Francia- esta puerta pueda volver a abrirse, tampoco sería inteligente. Hacer de la negociación una obsesión se ha revelado estéril. Pero prescindir de esa hipótesis para siempre sería insensato.

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