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Se anula la palabra 'preferente' para referirse al uso del catalán, y sobre la calificación de Cataluña como 'nación' en el preámbulo lo mantiene, pero declarando que no tiene eficacia jurídica

El Tribunal Constitucional aprueba el Estatut con recortes: indignación en la extrema derecha y todo el nacionalismo catalán

HECHOS

En junio de 2010 se hizo pública la sentencia del Estatut de Cataluña, cuya ponente fue la magistrada Elisa Pérez Vela

REACCIONES POLÍTICAS A LA SENTENCIA:

JOSÉ MONTILLA (PSC), PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA (PSOE), PORTAVOZ DEL GOBIERNO

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA (PP), PORTAVOZ DE LA OPOSICIÓN

REACCIONES MEDIÁTICAS

JOSEP CUNÍ (TV3) SE BURLA DE LA SENTENCIA: «¿AHORA TENDRÉ QUE HABLAR EN CASTELLANO Y CATALÁN A LA VEZ?»

 El presentador estrella de TV3, D. Josep Cuní de ‘Els Matins’, al conocerse la sentencia se dirigió a la audiencia en catalán y, por primera vez pronunció una parte en castellano para preguntarse si, dado que la sentencia establecía que el catalán no podía ser la lengua prioritaria en Catalunya y tenía que tener el mismo valor que el castellano eso significaba que tendría que hablar a la vez en castellano y catalán.

XEVI XIRGU, DIRECTOR DEL DIARIO AVUI: «SE HA ROTO LA CONFIANZA ENTRE CATALUNYA Y ESPAÑA»

FERRÁN ESPADA, DIRECTOR DEL DIARIO EL PUNT: «SE HA ATENTADO CONTRA LOS DERECHOS DE CATALUNYA Y SU DIGNIDAD»

PEDRO J. RAMÍREZ, DIRECTOR DEL DIARIO EL MUNDO: «TODOS HEMOS PERDIDO»

11 Julio 2010

Una gran chapuza jurídica que debilita a España

Editorial (Director: Pedro J. Ramírez)

Cuatro años después del recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra 126 artículos del Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional emitió ayer un fallo en el que considera conformes a la Carta Magna los artículos fundamentales del texto, aunque 14 de ellos han sido declarados inconstitucionales. La sentencia fue posible gracias a un apaño de última hora de María Emilia Casas, empeñada en que el fallo se produjera casi de cualquier manera. La presidenta se avino a la exigencia de Manuel Aragón de dejar claro en la sentencia que tanto la definición de «nación» incluida en el Preámbulo del Estatuto como las referencias a «la realidad nacional catalana carecen de eficacia jurídica interpretativa». Por enrevesado que parezca, la presidenta, autora de la propuesta, votó en contra, pero este punto salió adelante gracias a los votos del citado magistrado, elegido en su día por el Gobierno, y los cinco vocales conservadores que han venido defendiendo la indisoluble unidad de la nación española que consagra la Constitución.

El resultado de esta maniobra a la desesperada de la presidenta del tribunal ejemplifica bastante bien un fallo que, el tiempo lo dirá, tiene mucho de chapuza desde el punto de vista jurídico. Tanto este diario como prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional hemos venido sosteniendo que la inconstitucionalidad impregnaba todo el texto estatutario, y no sólo algunos artículos completos. Por citar un ejemplo, entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 6.1 que consagraba el catalán como lengua «preferente» de las Administraciones Públicas. De nada servirá retirar el calificativo «preferente» si la sentencia permite mantener la Ley de Normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. Como tampoco tiene mucha virtualidad que se anule el «carácter vinculante» de las resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, si se perpetúa dicho órgano como si sirviera para algo.

De igual modo se mantienen los artículos que consagran la bilateralidad en las relaciones de Cataluña con el Estado. Ello significa que el Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno en algunos capítulos a un texto más propio de un Estado confederal, mientras en otros se ha ceñido a la Constitución. Curiosamente, o quizá no tanto, el fallo ha sido especialmente contundente en materia de Justicia. El Poder Judicial paralelo que figuraba en el Estatuto ha sido anulado por el TC en defensa de la unidad jurisdiccional.

El tribunal deja en el limbo de la interpretación jurídica conforme nada menos que 27 preceptos del Estatuto, entre ellos el que se refiere a «los derechos históricos del pueblo catalán, sus instituciones seculares y la tradición jurídica catalana», en los que el Estatuto viene a establecer una especie de soberanía nacional catalana.

En todo caso, la sentencia permite augurar un periodo de elevada conflictividad entre Cataluña y el Estado, en el mejor de los supuestos, es decir, aquel en el que el Gobierno central quisiera hacer uso de sus atribuciones para no permitir interpretaciones soberanistas de un texto al que el TC ha dado el visto bueno. La mayoría del tribunal -puesto que cuatro de sus magistrados han anunciado votos particulares- y en concreto su presidenta, María Emilia Casas, serán a la postre los responsables de esta chapuza jurídica de la que España sale debilitada.

29 Junio 2010

Lo pactado obliga

Editorial (Director: Rafael Nadal)

Más de cuatro años después de que el pueblo de Catalunya refrendara el Estatut, el Tribunal Constitucional dictó ayer un fallo que anula 14 artículos, reinterpreta otros 23 y acepta el preámbulo pese a negar eficacia jurídica a las alusiones a Catalunya como «nación» o «realidad nacional». Con lo poco que se conoce de la sentencia es difícil hacer una valoración precisa, pero se puede adelantar que el tribunal revisa a la baja el pacto político que representó en el 2006 la elaboración y aprobación de la Carta, respetuosas con los requisitos legales establecidos. En La dignidad de Catalunya, el editorial conjunto de la prensa catalana, ya subrayamos que en nuestro ordenamiento jurídico pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Aquella demanda cobra hoy especial vigencia.

El Tribunal Constitucional (TC) enmienda menos de un tercio de lo impugnado por el PP. Esta primera constatación es un evidente paso atrás, aunque a continuación hay que añadir que, al parecer, la sentencia mantiene los artículos fundamentales del Estatut, a salvo de que la reinterpretación de algunos que conciernen a la lengua catalana y a la financiación autonómica no les prive de su sentido original.

Los artículos declarados inconstitucionales se refieren básicamente al capítulo de la justicia, que prácticamente todo el mundo daba por perdidos por la imposibilidad de salvar el corporativismo del tribunal, y a la figura del Síndic de Greuges independiente del Defensor del Pueblo.

La presidenta del TC, María Emilia Casas, logró sacar la sentencia con la séptima ponencia, elaborada por ella misma sobre la base de la que había presentado anteriormente la magistrada Elisa Pérez Vera. No se llegó a votar artículo por artículo, aunque sí se hizo por bloques.

El PP no ha ganado

El hecho de que la constitucionalidad de la mayoría del texto fuese aprobada por seis de los votos considerados progresistas contra los cuatro conservadores anula la pretensión del Partido Popular de apuntarse la victoria, como sus portavoces intentaron hacer ayer. De las cuatro votaciones, los conservadores solo se impusieron en la del preámbulo, y no para eliminarlo, sino para interpretarlo.

Como dijo anoche el president Montilla, el PP «no ha podido liquidar el Estatut, pese a sus continuas agresiones y presiones sobre el tribunal». El presidente de la Generalitat reaccionó al fallo de la sentencia con una declaración institucional en la que mostró firmeza y reclamó al mismo tiempo serenidad para oponerse a la decisión del TC. Acató la sentencia, pero «acatar no quiere decir compartir» ni «renunciar» a «nada de lo que se ha pactado, firmado y votado», añadió inmediatamente.

Montilla utilizó tantas veces las palabras «indignación» o «decepción» como «serenidad». Esos términos se traducen en las cinco iniciativas que anunció, que van desde el intento de acordar con los partidos políticos una respuesta unitaria y su comparecencia ante el Parlament hasta el llamamiento para que los catalanes respondan masivamente a la manifestación que las fuerzas políticas y sociales organizarán para «expresar cívica y democráticamente» la voluntad de afirmación del autogobierno de Catalunya.

Rehacer el pacto

El president quiso también en su alocución evitar una crisis de confianza política al subrayar que la sentencia es responsabilidad exclusiva del tribunal y no es «un juicio del resto de España contra Catalunya». Una vez dictada la sentencia, esta idea persigue rehacer el pacto político con el Gobierno central y las instituciones del Estado para superar las consecuencias políticas y jurídicas del fallo. Montilla se mostró convencido de que Catalunya tiene los instrumentos necesarios y la voluntad política para lograr todos los objetivos contenidos en el Estatut.

Firmeza y unidad

Las demás fuerzas políticas reaccionaron de forma previsible, Aunque Artur Mas discrepó de Montilla al afirmar que el TC toca «la columna vertebral y el núcleo duro» del Estatut, coincide con el president en que la respuesta debe darse tanto en la calle como en el Parlament.

Antes de que se articulen esas respuestas, hay que pedir a todas las fuerzas políticas que actúen con firmeza, pero también con generosidad y responsabilidad para que la sentencia no divida a la sociedad catalana más de lo que ya lo hará la confrontación preelectoral que se anuncia para los próximos meses. La unidad entre los partidos políticos es imprescindible en esta hora.

29 Junio 2010

Que hablen las urnas

Editorial (Director: José Antich)

Cuatro años después de su aprobación en referéndum popular, el Tribunal Constitucional acaba de dictar sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Cuatro años. Una dilación injustificable que ha tenido efectos muy negativos en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. No hay excusa. En estos cuatro años ha pasado de todo en el Alto Tribunal.

Un magistrado fue recusado tras densa maniobra, otro falleció, cuatro se hallan con el mandato fuera de plazo y siete ponencias han fracasado por falta de una mayoría coherente. Este forcejeo táctico ha fabricado la pésima imagen de un Tribunal Constitucional constituido, por la vía de los hechos consumados, en cuarta cámara legislativa, superpuesta al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Senado y al propio sufragio popular. No es de extrañar, por tanto, que tan disputada sentencia suscite hoy, antes de conocer todos sus extremos, una sensación de infinito cansancio. El fallo del Tribunal Constitucional llega cansado y fruto de un alambicado proceso que ha culminado con la votación del texto estatutario capítulo por capítulo. El preámbulo ha sido refrendado por seis votos a cuatro. La consideración de Catalunya como nación queda salvada, subrayándose que el preámbulo carece de «eficacia jurídica».

El fallo posiblemente incluirá una prolija referencia a la indisoluble unidad de España, insistentemente exigida por el juez Manuel Aragón, magistrado de corte azañista en su día propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero. El artículo 97, referido a la creación del Consell de Justícia de Catalunya, ha sido declarado totalmente inconstitucional, e importantes preceptos de otros 14 artículos (cuatro de ellos relacionados con el citado 97) también han sido anulado. Ha sido anulado el uso preferente de la lengua catalana en las administraciones y diversos aspectos de la regulación del Consell de Garanties Estatutàries y de la Sindicatura de Greuges. También han sido liquidados tres preceptos referidos a las competencias básicas. Merece una especial atención la siguiente anulación: la exigencia de un límite al esfuerzo fiscal de la sociedad catalana ha quedado fuera del Estatut. No es un dato menor. No lo es.

La lengua, respetada

Los símbolos –seguramente flanqueados por una prosa muy defensiva sobre la unidad española– han sido respetados. Y lo que es más importante, la lengua: elemento central de la personalidad nacional de Catalunya. El modelo lingüístico queda a salvo. El modelo educativo no es perforado. El modelo de convivencia sale ileso de la emboscada. Es importante subrayarlo. Quienes imaginaban la sentencia del Estatut como el desfiladero ideal para tener una emboscada irreversible a la centralidad de la lengua catalana han fracasado. Han fracasado. La fantasmagórica operación del Manifiesto por la lengua común ha fracasado. Y hoy lo veremos reflejado en algunas portadas de la singular prensa madrileña.

A la espera de conocer el fallo y sus argumentaciones, el primer balance es necesariamente ambivalente. El Estatut ha sido frenado en algunos de sus flancos importantes, pero su espíritu, su alma, el deseo de la mayoría de la sociedad catalana de contar con un amplio y eficaz marco de autogobierno, ha sobrevivido a un proceso político y judicial deplorable. La sentencia rezuma miedo y prevención, pero el alma del Estatut sigue libre. No estamos ante un colosal hachazo a la autonomía catalana, ni estamos ante una bajada de pantalones del Constitucional ante las exigencias del soberanismo catalán. Estamos ante una sentencia alumbrada con fórceps, con elementos positivos, con serias decepciones y con muchas zonas de sombra.

Años de pleitos nos aguardan. La sentencia no cierra los contenciosos entre la corriente principal de la sociedad catalana y el Estado español. Hay elementos positivos en la sentencia, particularmente el respeto por la convivencia lingüística, pero el pleito sigue abierto. ¿Cuatro años para eso? ¿Tanto desgaste de las instituciones para eso? Cada uno debe asumir sus responsabilidades. En primer lugar, el presidente del Gobierno. Queda demostrado que José Luis Rodríguez Zapatero actuó movido por razones prioritariamente tácticas (aislar al Partido Popular y romper sus alianzas) y con un desconocimiento de la realidad profunda de Catalunya que hoy, visto lo visto, nos atrevemos a calificar de temerario y muy preocupante.

PP y PSOE deben reflexionar

Hay una verdad de fondo en el fallo: España necesita a Catalunya. España no puede empujar a Catalunya a la cuneta. De la misma manera que Catalunya –que nadie se equivoque al respecto– necesita un vínculo constructivo con España. Un vínculo objetivado por el autogobierno, sometido, si es necesario, a discusión perpetua, y en el que caben las más diversas subjetividades y sentimentalidades. Abollado su prestigio, agotada la paciencia de la ciudadanía y con el país en una grave situación económica, creemos que el Tribunal Constitucional ha evitado in extremis lo peor: la prepotencia, el escarnio, el menosprecio, el seco rechazo a las reclamaciones catalanas.

La dignidad de Catalunya queda a salvo con la sentencia aprobada ayer. La dignidad queda a salvo, pero los daños y las erosiones están ahí. El Gobierno de España debiera reflexionar sobre ello y de una manera muy particular el actual cuadro directivo del PSOE. Y por supuesto debe reflexionar la parte demandante, que pretendía la anulación de 120 artículos. El Partido Popular debe pensar seriamente sobre lo ocurrido y sobre su desenlace. ¿Para qué tantas furias desatadas en la sociedad española a propósito de Catalunya? ¿Tantas tensiones malgastadas para llegar a la contundente evidencia de que en España no cabe otra vía que el pacto?

Con sus claroscuros, la sentencia dejará un sabor muy agridulce en la sociedad catalana. Los ciudadanos de Catalunya han de pronunciarse. Y este final de trayecto sólo tiene una respuesta. La más cívica de todas. La más pacífica. La más democrática. La más eficaz. La más inapelable. Catalunya debe ser convocada inmediatamente a las urnas. Políticamente agotada desde hace meses, la legislatura catalana ha tocado a su fin. Nada justifica una demora táctica ante un otoño fatídico. La sociedad catalana debiera ser convocada a las urnas inmediatamente después del verano para que sea el pueblo quien dicte sentencia. Emplear el tiempo que falta hasta las elecciones en demostraciones testimoniales es una tarea estéril que no reforzará la unidad de los catalanes. Despejemos el horizonte electoral y pensemos en el futuro como un pueblo serio y milenario que siempre encuentra la respuesta adecuada ante las incertezas de la historia.

29 Junio 2010

El órdago soberanista, en pie

Carlos Dávila

No hemos pretendido ser agoreros, ni jugar a Casandra, pero LA GACETA lo venía anunciando desde hacía meses, la sentencia del Estatut iba a tener mucho de lampedusiana: que todo cambie para que no cambie nada. Una retoque para guardar ciertas apariencias, dejando intacto el corazón soberanista del Estatut. El resultado después del largo e indecente culebrón que terminó ayer con la sentencia de seis votos a favor y cuatro en contra tiene tres consecuencias muy negativas: una amenaza para la convivencia nacional, la confirmación del descrédito de una institución como el Tribunal Constitucional y, finalmente, el estímulo del órdago separatista del nacionalismo catalán, que lejos de contentarse sube el listón de sus peticiones.

La sentencia emitida ayer por el Tribunal Constitucional avala buena parte del contenido del Estatut y sólo criba el articulado sobre los poderes autonómicos de la Justicia. Al menos, pone los puntos sobre las íes al negar a Cataluña la última instancia judicial de la casación. Ya es algo. Admite el término “nación”, uno de los grandes caballos de batalla del largo litigio, aunque subraye que el término “no tenga eficacia jurídica”. Y reconoce expresamente la “indivisibilidad de la nación española”. Pero puede que todo esto sea un juego ambivalente, sujeto a la interpretación. Es la opinión de destacados especialistas, como el antiguo presidente del tribunal Rodríguez Bereijo, que insiste en la importancia doctrinal del Preámbulo, tal como subraya la jurisprudencia del Alto Tribunal.

La suma de chapuzas sólo puede engendrar una nueva chapuza aún mayor y ésa es la sensación que transmite la sentencia. Y de graves consecuencias para España. No es habitual en regímenes democráticos un nivel de inseguridad institucional como el que hemos vivido en estos casi cuatro años. Inseguridad creada, en primer lugar, con la propia figura del Estatut, que según diversos constitucionalistas implica invalidar la Carta Magna en Cataluña; y, en segundo lugar, con la tomadura de pelo del tribunal, su parálisis derivada del grado de partidismo de sus desprestigiados miembros, y su escandalosa tardanza en emitir el fallo.

La farsa ha tenido destacados Polichinelas, a cual más patético, con María Emilia Casas oficiando este cierre en falso. El fallo final ha sido posible gracias a los votos de los magistrados Guillermo Jiménez y Manuel Aragón, que han coadyuvado a desbloquear el impasse y a que salga el resultado. Por no hablar de quienes, desde el nacionalismo catalán o el PSC han presionado de forma intolerable sobre los jueces.

Pero si hubiera que buscar un culpable del fracaso que implica el Estatut, bendecido por la sentencia, no es otro que Zapatero, la persona que acumula todas las responsabilidades de los fiascos (económicos, políticos, institucionales) que, como una plaga bíblica, azotan a España.

El líder socialista fue quien dio alas al Estatut, al asegurar que bendeciría la reforma que saliera del Parlament. Un montaje del tripartito fraguado a espaldas de la mayor parte de la ciudadanía catalana, como demuestran el exiguo apoyo que recibió en las encuestas previas, y el manifiesto desinterés que despertó el referéndum, con una participación inferior al 50%.

Pero implicaba una severa amenaza contra el diseño del Estado surgido en la Transición. Tanto por el contenido, desde el concepto de Nación, puesto en tela de juicio por Zapatero, hasta los ataques a la unidad del poder judicial. Pero también por el contexto político en el que se enmarcaba, y no por casualidad: tras una tregua de la banda terrorista ETA para Cataluña, después del famoso viaje de Carod, y con el Plan Ibarretxe en ristre, y en paralelo con una negociación de Zapatero con la banda.

La mancha original del Estatut, impulsado por Zapatero, puede explicar los zigzags, tejemanejes y presiones que han marcado la deriva del Tribunal Constitucional durante tres años y siete ponencias. Con contaminaciones tan burdas como la de Pérez Tremps, recusado por el Partido Popular por haber firmado un contrato con la Generalitat. O a presiones cercanas a las prácticas mafiosas como la campaña orquestada contra García-Calvo, juez contrario al Estatut, a través de los servicios de Inteligencia, como reveló ÉPOCA en su momento.

Si en el último año han apretado el acelerador parece que ha sido por razones políticas: la renovación que favorecería al ala progresista de la actual composición del tribunal. Con estos mimbres, la sentencia iba a ser inevitablemente política. Es decir, acomodaticia.

La prueba es que, en muchos aspectos, la sentencia no soluciona el daño hecho en estos años en los que el Estatut ha operado como una norma constituyente, por la vía de los hechos consumados. Un caso emblemático es el castellano ya ha sido laminado por el catalán, y continuará siendo multado como si fuera una lengua de segunda.

Los nacionalistas han subido su apuesta soberanista (“ahora, la autodeterminación” amenaza Convergència i Unió; y Montilla llama a la movilización de los catalanes), pero gran parte del daño ya estaba hecho previamente.

11 Julio 2010

Las dos Cataluñas

Salvador Sostres

Cuando a las seis de la tarde de ayer partíamos hacia El Bulli, daba comienzo en el Paseo de Gracia la manifestación en protesta contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Hay siempre dos Cataluñas. Una, la que se inventa a ella misma con una tenacidad casi imposible y su increíble talento, la que sale siempre adelante, la que ha formulado sin miedo su idea del mundo y el mundo entero ha girado sus ojos hacia ella: en literatura, en pintura, en gastronomía, en política.

Cuando este espíritu ha podido prevalecer, Cataluña ha sido imparable. A favor de ella misma y de su idea del mundo. Contra nadie.

Ferran Adrià nació el 14 de mayo de 1962 en L’Hospitalet de Llobregat. Suburbio. Familia humilde. Era incluso más tartamudo que hoy, e igual de extraño. Empezó trabajando de friegaplatos en el hotel Playafels y ha revolucionando la gastronomía mundial. Es el genio vivo más importante de nuestro tiempo. Este 2010, El Bulli abrirá 133 días, pudiendo ofrecer un total de 6.650 plazas para un total de más de dos millones de solicitudes.

Luego está la Cataluña de la queja, la que todo lo plantea por oposición, la que cree que la culpa de lo que le sucede es del otro o de los otros. Esa Cataluña resentida y que proviene del resentimiento social, que conoció el lujo haciendo encuestas, que tiene sus raíces en los asesinos de la CNT y de la FAI y que siempre que ha gobernado o ha guiado el destino de este pueblo nos ha conducido invariablemente al desprestigio y al desastre.

El presidente Pujol, que mientras fue presidente no acudió jamás a una manifestación reivindicativa, decía siempre que un presidente tenía su cargo y la política para conseguir lo que quería. No quiso ni oír hablar de tocar el Estatut porque sabía lo que pasaría: exactamente lo que ha pasado. Fue idea de Carod-Rovira emprender este camino y todos le siguieron por no parecer menos catalanistas. Sabemos que un país ha entrado en decadencia cuando se pierde el rigor, la tensión, el sentido de la excelencia y la turba se junta para seguir al más bestia.

Ferran Adrià nunca lo tuvo fácil. La ubicación de El Bulli es la más remota de Cataluña y su cocina tardó en ser comprendida; la guía Michelin le hizo esperar cuatro años para la tercera estrella, y ha tenido que aguantar no pocas burlas, infamias e insultos, como por ejemplo, los del restaurador Santi Santamaría (del Racó de can Fabes), que le ha acusado de drogadicto y de cocinar con productos peligrosos para la salud. Otra vez las dos Cataluñas: la de la genialidad y la del resentimiento. La de Pujol y la de Carod/Montilla.

La manifestación de ayer, por masiva que fuera, fue una respuesta folclórica a un problema político, justo lo contrario de lo que se espera de un país serio. Lo digo como independentista: en los países serios sólo se manifiestan los gays y los sindicatos. Y lógicamente no sirve para nada.

Es tan ridículo reducir el paradigma nacional de un país a una manifestación que hasta Carod-Rovira se ponía él mismo en evidencia al establecer una absurda competición entre el número de senyeres que habría en la manifestación y el de banderas españolas que saldrían a las calles si España gana hoy el Mundial. Se empieza uno manifestando y se acaba creyendo que una nación es lo mismo que un partido de fútbol. Si después de cuatro años y medio de espera, Cataluña no ha podido pensar una respuesta política, probablemente el TC tenga razón y no merecemos ser una nación.

Mientras Santi Santamaría acudió a la manifestación -tal vez por no morirse de asco en su restaurante anodino, últimamente medio vacío- nosotros partíamos hacia El Bulli donde nos esperaba Ferran con sus prodigios y maravillas. Las dos Cataluñas. Hace demasiado tiempo que los catalanes no nos preguntamos cómo se construye mejor una nación: si marchando por el Paseo de Gracia con banderas y pancartas, o haciendo historia y convirtiendo a Cataluña, con esfuerzo y con talento, en el centro del mundo.

Salvador Sostres

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