Encarcelado por corrupción Félix Millet, ex presidente del Palau y el Orfeo por tráfico de influencias y apropiación indebida

La prisión comunicada y sin fianza dictada ayer por la jueza Miriam de Rosa Palacio contra Fèlix Millet y Jordi Montull, principales encausados en el caso Palau, da un giro al escándalo y pone de relieve la disparidad de criterios de los jueces a la hora de afrontar situaciones iguales o parecidas. Aunque la decisión de la jueza se refiere únicamente a la instrucción abierta por los delitos continuados de tráfico de influencias y apropiación indebida en el conocido como el caso del hotel del Palau, lo cierto es que las mismas razones que han llevado ahora a Millet y Montull a la cárcel –riesgo de interferir en la investigación y adulterar el material probatorio– hubiesen podido ser invocadas por el juez Juli Solaz en la instrucción del caso Palau. Y si entonces, con bastante razón, sorprendió la decisión de dejar en libertad a los expoliadores confesos del Palau, hoy tranquiliza saber que la instrucción en curso queda a salvo de los manejos de los encausados.

Lo cual no significa que el jeroglífico del Palau se haya esclarecido un poco más, sino justamente todo lo contrario. Al primer sumario y a los trabajos de la comisión que en el Parlament intenta dilucidar la posible financiación irregular de CiU a través del Palau, debe unirse ahora la actuación de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona en la tramitación de la habilitación de fincas para la construcción del hotel. Al reconocer que el ayuntamiento tuvo «un exceso de confianza» en sus tratos con Millet, el teniente de alcalde Ramon García-Bragado no ha hecho más que justificar que urgen explicaciones que alcanzan a los procedimientos seguidos por el exteniente de alcalde Carles Martí y el gerente Ramon Massaguer.

Que haga falta un esclarecimiento inmediato de los hechos no significa que deba someterse a nadie a un juicio de intenciones. Millet y Montull han demostrado tener una rara habilidad para contaminar al mismo tiempo los trámites administrativos y la política. Sus trapicheos incluyen tal variedad de registros que la lista de defraudados en su buena fe es inacabable. Razón de más para que no se cierna sobre nadie de antemano la sombra de la duda porque, como parece entender De Rosa, la trama montada por Millet y Montull burlaba el olfato de los mejores sabuesos.

TANTO SE HA HABLADO de la judicial suerte de Fèlix Millet al evitar la cárcel que cuando le ha llegado el turno ha habido un estallido de sorpresa en la ciudad. Los ejemplos mediáticos de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra o Bartomeu Muñoz esposados provocaron los interrogantes en relación a el destino de uno y de otros. Auto inculparte ha sido una estrategia que les ha funcionado, me refiero a Millet y Montull, pero ayer no les sirvió para nada, probablemente por un error en la declaración o en la estrategia de la defensa. Ahora ya tenemos a Millet donde la sociedad consideraba que debía estar. La juez Míriam de Rosa Palacio parece dispuesta a llegar hasta el final. Me cuentan que conoce Cataluña pero sabe lo que es juzgar con dos escoltas a sus espaldas a causa de su paso por el País Vasco. Así que no está dispuesta a que los papeles se pierdan. El caso Millet, en su vertiente financiación, lucro personal, tráfico de influencias o lo que ustedes quieran, toma un camino muy recto.

A un año del estallido del caso Palau, siguen apareciendo nuevos elementos que muestran la enorme tela de araña que tejieron Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, en la sociedad catalana. Algunos políticos y empresarios convirtieron en realidad los deseos, sugerencias y aspiraciones de los saqueadores del Palau de la Música, del que llegaron a desviar, según datos de los nuevos administradores, más de 35 millones de euros. El apellido Millet franqueaba todas las puertas.

Ahora dos juzgados de Barcelona, así como una comisión parlamentaria de la Cámara catalana, intentan desenredar el ovillo de la corrupción que interpela permanentemente a una sociedad que, entre perpleja e irritada, no deja de preguntarse cómo fue posible un escándalo semejante, burlando todos los controles. El sumario más importante es el que lleva con notable parsimonia el juez Juli Solaz. El Juzgado de Instrucción número 30 aún no tiene los informes de la Agencia Tributaria, que detectó el saqueo gracias al seguimiento de los billetes de 500 euros. Dicho juzgado ordenó las escuchas telefónicas de Millet y Montull después de la irrupción de los mossos en el Palau; y dejó en libertad a la pareja de saqueadores, permitiéndoles así sacar a placer documentos de la institución saqueada.

Otra cosa es Míriam de Rosa, juez que investiga el proyecto del hotel del Palau y tiene en prisión a la pareja desde la semana pasada y, previsiblemente hasta dentro de unos días. La acusación es de tráfico de influencias y apropiación indebida. Los imputados -cuya nómina se ampliará previsiblemente la próxima semana a dos altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona y uno de la Generalitat- llevaron a cabo una insólita operación que en opinión del fiscal y de la juez franqueó las salvaguardas de control urbanístico.

Por último, la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación de Convergència a través del Palau no hace más que confirmar lo avanzado por los medios. Hay empresas que ni sus propios empleados ni el Palau reconocen que hayan trabajado para el auditorio modernista, a pesar de haber percibido sumas millonarias. Algunas de esas firmas han realizado el buzoneo electoral de CiU. Y hay constructoras que han volcado 11 millones de euros en el Palau y que jamás han preguntado qué se hacía con ese dinero. En cualquiera de los tres frentes, el pasmo no deja de crecer. El rastro de Millet se antoja infinito.

Hace poco más de un año, el 23 de julio de 2009, los Mossos d’Esquadra irrumpían en el Palau de la Música de Barcelona. Desde cierto nacionalismo se criticó una operación que fue tomada por profanación del templo del catalanismo. Hubo conatos de resucitar el fantasma del victimismo («nos persiguen»), tan arraigado en ese mundo. Un año después se ha conocido que Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores confesos del Palau, han hecho desaparecer más de 35 millones de euros. Ayer la investigación dio un paso más con el informe de la Agencia Tributaria, ordenado por el juez, que recoge indicios de que casi seis millones de euros habrían ido a parar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

La constructora Ferrovial destinaba al Palau el 4% del total del valor de obra pública que le había sido adjudicada durante los años de Gobiernos de Pujol. Según Hacienda, Millet se quedaba entre un 0,5% y un 1,5% y el resto iba, supuestamente, a financiar al partido nacionalista. Al aplicar el método alemán de pago, que permite el aplazamiento durante años, CDC se habría proporcionado combustible suficiente para transitar sin estrecheces por la oposición durante los años de Gobierno tripartito.

La reacción de CDC ante las nuevas evidencias ha sido como la del PP en el caso Gürtel: negarlo todo y recurrir al argumento de la caza de brujas. Se trata de una extraña persecución, pues la comisión parlamentaria que ha investigado el caso ha concitado la unanimidad de los partidos, desde Esquerra Republicana hasta el PP, pasando por el PSC, Iniciativa o Ciutadans a la hora de poner en manos de la fiscalía unos indicios que apuntan a la financiación ilegal de dicho partido.

La actual dirección del partido es la misma, a excepción de Jordi Pujol, que en su día desde el Gobierno adjudicó las obras en cuestión. Con más razón debe asumir responsabilidades. Cataluña no puede permitirse que quien, según los sondeos, la gobernará próximamente desprenda algo más que aromas de corrupción. Artur Mas debe dar de una vez explicaciones convincentes.

Cuando el tripartito llegó al poder en 2003 realizó una auditoría de gestión, pero evitó incluir en ella la obra pública licitada por el anterior Gobierno. Bajo el paraguas de una supuesta lealtad institucional se permitió así sustraer durante años al conocimiento de la opinión pública un escándalo mayúsculo.