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Aunque el fallo aún no es firme, el TSJ catalán considera probado que el ex vocal del CGPJ a propuesta de CiU cometió prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena por corrupción al ex juez Luis Pasqüal Estevill y al abogado Joan Piqué Vidal

HECHOS

En enero de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al ex juez D. Pasqüal Estevill a 9 años de cárcel y al abogado D. Joan Piqué Vidal a 7 años.

EL JUEZ QUE JUZGÓ EL CASO ESTEVILL:

estevill_002_juez  El juez Ponç Felíu Llansa fue el encargado de juzgar en el Tribunal Superior de Justicia a los Sres. Estevill y Piqué Vidal.

CONDENAS:

estevill_003 D. Pasqüal Estevill, ex juez de Instrucción en Barcelona y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial fue condenado a 9 años de cárcel.

pique_vidal D. Joan Piqué Vidal, abogado de Jordi Pujol en ‘el caso Banca Catalana’, fue condenado a 7 años de cárcel.

 

19 Septiembre 2004

Corrupto y confeso

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La confesión del ex juez Luis Pascual Estevill de que cobró más de 450.000 euros, que fueron ingresados en una cuenta en Suiza, para no acordar el ingreso en prisión de seis empresarios cuando ejercía sus funciones en Terrassa y Barcelona confirma la existencia de uno de los casos más graves de corrupción judicial que ha vivido este país. Las acusaciones y sospechas que a principios de los años noventa apuntaban al ex juez como el responsable de una red de extorsión a empresarios barceloneses han resultado absolutamente ciertas. El problema es, sin embargo, que han hecho falta 13 años para que empezara a aflorar la verdad de una madeja que sería bueno poder desenredar hasta el final.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga estos días al ex juez, para el que el fiscal solicita penas de 10 años de cárcel y 21 de suspensión por una larga ristra de delitos: cohecho, detención ilegal, alzamiento de bienes, amenazas y, lo peor para un juez, prevaricación. Junto a Estevill, aparecen otros ocho acusados, entre los que figura el influyente abogado Juan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, al que el fiscal considera un colaborador fundamental de las corruptelas del juez y para el que pide seis años de prisión.

La peripecia delictiva de Estevill ha podido ser tan dilatada al haber contado con importantes protectores. El ex juez ya fue condenado por el Tribunal Supremo a seis años de suspensión en el ejercicio de la judicatura por prevaricación y detención ilegal, a pesar de las maniobras políticas que le permitieron parapetarse en aforamiento que le proporcionaba su pertenencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La protección que le brindó Convergència i Unió (CiU) al proponerle como vocal del Consejo, al que accedió con el apoyo unánime de todos los partidos, es sin duda uno de los enigmas pendientes del caso. Hasta el momento, Jordi Pujol y el líder de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, han reconocido que fue un error su nombramiento. Felip Puig, vicesecretario general y portavoz de CiU, ha dado un paso más al manifestar que su partido espera «que caiga todo el peso de la ley» sobre el ex juez. Pero hace falta una explicación de aquel soprendente nombramiento, cuando Estevill ya había sido procesado, de la defensa numantina para mantenerle en el puesto, además de la versión de empresarios extorsionados y de algunos consejeros del Gobierno catalán que intervinieron en los hechos ahora juzgados, aunque alegaban que su actuación fue para evitar males mayores.

04 Enero 2005

Prevaricadores

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al ex juez Luis Pascual Estevill por un delito continuado de prevaricación judicial en concurso con un delito de detención ilegal, uno de cohecho continuado en concurso con amenazas condicionales y un delito de alzamiento de bienes. En la misma sentencia condena al abogado Juan Piqué Vidal por delitos de prevaricación judicial continuada en concurso con uno de detención ilegal, cohecho continuado con delitos de amenazas condicionales y prevaricación de abogado. El simple enunciado de la tipificación penal de la conducta de estos dos personajes revela que no se trata de un mero caso, una rareza, sino de una ignominia persistente de enorme trascendencia social.

Las condenas a nueve y siete años de cárcel, la inhabilitación y las multas millonarias aplican sin tibieza el Código Penal. Pero lo más significativo no es la cuantía de las penas, sino que los servidores de la justicia la han defendido de quienes ensuciaron la toga en provecho propio. La sentencia demuestra que el Estado de derecho tiene mecanismos para defenderse de quienes intentan viciarlo. Junto al inevitable fraseo forense, el texto de la sentencia usa expresiones que cualquier ciudadano puede entender: «insidioso plan», «actuaron para amedrentar», «comunes propósitos criminales»…

La red de extorsión organizada por los dos condenados, con el auxilio de otros personajes de menor entidad en la trama, data de principios de los noventa. Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando, a instancias de la fiscalía, se puso en marcha la investigación sobre sus manejos. Tanto tiempo de impunidad sólo puede explicarse por el miedo de sus víctimas y por la existencia de vigorosas protecciones.

Cuando el nombre de Estevill ya destilaba un aroma de corrupción, Convergència i Unió, entonces al frente de la Generalitat catalana, le colocó, con el voto del resto de partidos, como vocal del Consejo del Poder Judicial, irónicamente el órgano de gobierno de los jueces. En 1995 Estevill ya tenía una querella por prevaricación. ¿Por qué se aupó a este juez a un cargo que le permitía traficar con su aforamiento cuando empezó la cadena de tres juicios que han dibujado su trayectoria delictiva como juez y ciudadano? La propia sentencia critica que los poderes públicos no se movilizaran con la «premura e intensidad« necesarias.

Estevill aseguró ayer, tras pedir disculpas, que había sido consciente del alcance de su conducta y que acataba la sentencia porque creía en la justicia. Que tal arrepentimiento llegue cuando no se puede evitar la condena introduce dudas sobre el grado de convicción de quien ya tiene otra condena por delito fiscal. Uno de los empresarios cuya negativa a pagar el soborno le costó 25 días de cárcel, describió con una cruel metáfora la oficina que tenían organizada Estevill y Piqué: el que mordía era el juez y quien llevaba la cadena del perro y lo soltaba cuando quería era el abogado. Piqué, el abogado en cuestión, dijo en el juicio que creía en la justicia. Hoy, tras la sentencia, los ciudadanos sí tienen motivos para creer en ella.

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