El Tribunal Supremo confirma el encarcelamiento de Iñaki Urdangarín y Diego Torres al ratificar la condena a 5 años de prisión

Alteza, inicié este epistolario (unidireccional, claro) el 2 de febrero de 2013. Ha tenido varias misivas en las que anticipé el daño que la previsible condena del marido de Vuestra Alteza iba a generar a la Corona. La Señora se ha negado a aceptar la realidad de la situación hasta el extremo de que el propio Rey ha tenido que retiraros el uso y disfrute del título de Duquesa de Palma. Yo creo que el Rey Juan Carlos se equivocó otorgándooslo, porque una Infanta de España no lo necesita. Hubiera sido más útil y lógico crear duque a vuestro marido, lo que hubiese facilitado mucho la retirada de la condición nobiliaria bastante antes de que el Rey no tuviera más remedio que hacerlo a la fuerza.

Tras la Constitución de 1978 los miembros de la Familia Real disfrutaron de la posibilidad de elegir libremente con quién contraer matrimonio sin reducir su opción a un círculo muy limitado. Ello implica que son ellos quienes cargan la responsabilidad en un posible error nupcial. Porque son quienes están escogiendo a quién se abre la puerta al privilegio de ser miembro de la Familia Real. Yo tuve claro el error de la Infanta Cristina el 30 de abril de 1997, cuando se anunció ese matrimonio. Aquel día, en el Telediario de las 21.00, Ernesto Sáenz de Buruaga entrevistó a Juan María Urdangarin. Lo hizo acompañado por la corresponsal de Familia Real de TVE, Carmen Enríquez, quien preguntó a Urdangarin si le impresionaba tener como consuegro al Rey de España. Don Juan María respondió: «Hombre, impresiona en cierta manera, pero yo creo que uno se acostumbrará a todo, también él tendrá que acostumbrarse a mí, ¿no? O a nosotros, pero yo creo que no es una cosa de impresionar o no. Afecta y, desde luego, sí causa un cierto impacto. Es cierto, somos distintos, nuestra educación es distinta, quizá nuestra moral también. Nuestras obligaciones también. Pero yo creo que cada uno sabrá estar en su sitio sin duda ninguna». La Infanta Cristina escogió casarse con una persona cuyo padre declaraba en el informativo de mayor audiencia de España que el Rey de España y la familia Urdangarin tenían morales distintas. Entonces me costó salir de mi perplejidad entendiendo que el futuro consuegro del Rey estaba hablando públicamente de una supuesta falta de moralidad de Don Juan Carlos. El tiempo pone a cada uno en su sitio y hoy está muy claro dónde queda la moralidad de la familia que entroncó con la Casa Real española y le ha hecho un daño, desde dentro, mayor que el que hizo el Infante Luis Fernando de Orleans, hijo del Príncipe Antonio de Orleans y de la Infanta Eulalia, hija menor de Isabel II. A Luis Fernando le retiró el Rey Alfonso XIII su condición de Infante. A Iñaki Urdangarin sólo le queda cumplir en prisión lo que la Justicia estipule en esta España en la que, a qué negarlo, un juez instructor puede hacer de su capa un sayo.

IÑAKI Urdangarin está pasando con toda probabilidad sus últimas horas en libertad. Se cierra un lamentable episodio que puso en jaque a la institución monárquica y que precipitó acontecimientos como la abdicación del Rey Juan Carlos. La esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos corrobora las principales conclusiones de la que dictó la Audiencia de Palma, y el marido de la Infanta Cristina queda al fin condenado a cinco años y 10 meses de prisión por graves delitos de corrupción. Su defensa recurrirá al Constitucional, pero todo apunta a que entrará en la cárcel de inmediato.

La noticia tiene un gran impacto social, como es lógico. Si bien hoy mitigado tanto por el hecho de que el fallo del Alto Tribunal ha sido el esperado –apenas se rebaja la condena en cinco meses– como, sobre todo, por las enérgicas decisiones tomadas por la Corona desde la proclamación de Felipe VI para regenerar la institución y marcar distancias meridianas con Doña Cristina y su esposo. Y así, por fortuna para el buen funcionamiento de la monarquía parlamentaria y en favor del necesario prestigio de la Jefatura del Estado, hoy no estamos ante la condena firme de un miembro de la Familia Real, puesto que ni Urdangarin ni la Infanta forman parte ya de la misma. En el caso del apartamiento de esta última, se trató de una medida sin duda dolorosa para el Rey, pero imprescindible para rehabilitar la imagen de la Corona. No se puede pasar por alto que su existencia en el siglo XXI se justifica por su utilidad real, pero también por su importante función simbólica, que exige ejemplaridad de cada uno de sus integrantes.

El caso Nóos, destapado hace ya casi una década por las informaciones publicadas por EL MUNDO, genera un especial malestar porque deja al descubierto la peor forma en la que pueden obrar en la esfera pública personas con una relevancia tan extraordinaria como la que tenía el yerno del Rey. En ese sentido, el Supremo subraya el reproche a Urdangarin por usar el «trampolín institucional» para lograr contratos en su beneficio, y le afea que las autoridades de Baleares se «sometieron» ante la posición que ocupaba en la Familia Real, una influencia que «buscó y provocó deliberadamente».

Abochorna desde luego el mal uso que hizo de su «notoria condición». Del mismo modo, hoy cabe felicitarse por el buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho. Se ha hecho justicia. No ha habido impunidad, tal como daban por hecho algunos sectores populistas obsesionados con erosionar el crédito de las instituciones. También la Infanta Cristina se sentó en el banquillo. Y aunque resultó absuelta, ayer se ratificó su responsabilidad como partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación y fraude de su marido. Motivo más que de sobra para que la hermana del Rey tuviera un gesto de grandeza hacia la Corona y renunciara a sus derechos dinásticos.