El Tribunal Supremo expulsa al juez Garzón de la carrera judicial por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los abogados

Esta carta está dirigida a todos aquellos que hoy brindarán con champán por la inhabilitación de Baltasar Garzón.

A ustedes, que durante años han vertido insultos y mentiras; a ustedes, que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo.

A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto.

Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la Justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias; por acuerdos de pasillo.

Una Justicia que respeta a las víctimas, que aplica la ley sin miedo a las represalias. Una Justicia de verdad, en la que me han enseñado a creer desde que nací y que deseo que mi hija, que hoy corretea ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a pesar de que ahora haya sido mermada. Un paso atrás que ustedes achacan a Baltasar pero que no es más que el reflejo de su propia condición.

Pero sobre todo, les deseo que este golpe, que ustedes han voceado desde hace años, no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener.

Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila.

Madríd, 9 de febrero de 2012

Minutos después de conocerse la sentencia que le inhabilita por un delito de prevaricación, los incondicionales de Baltasar Garzón ya habían convocado manifestaciones de desagravio. Es una lástima que esas personas no se tomen la molestia de leer la devastadora sentencia del Tribunal Supremo, suscrita por unanimidad por los siete magistrados que lo juzgaron. Esto es muy importante porque refrenda que no ha habido divisiones ideológicas sino un criterio jurídico compartido en el fallo.

La resolución del Supremo condena a Garzón a 11 años de inhabilitación para cualquier cargo relacionado con el poder judicial y conlleva la expulsión inmediata de la carrera de juez al quedar probado que incurrió en un delito de prevaricación al ordenar las escuchas de las conversaciones de cuatro abogados con sus clientes, imputados por el caso Gürtel.

La sentencia, sólidamente redactada y fundamentada con extraordinario rigor jurídico, es un demoledor alegato contra la actuación de Baltasar Garzón, de la que dice literalmente que no hay precedentes en nuestro ordenamiento jurídico. El Supremo afirma que las escuchas a los abogados defensores no fueron «una interpretación errónea de la ley sino un acto arbitrario que, carente de razón, desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo». La actuación del juez supuso de hecho «una laminación» de los derechos de los inculpados, de suerte que el Alto Tribunal advierte que Garzón realizó «prácticas que en los tiempos actuales sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa». O sea, que el ya ex magistrado emuló con su comportamiento al de los jueces de la dictadura argentina o del mismo Pinochet al que persiguió.

Los siete firmantes del fallo consideran que Garzón cometió un delito doloso al ordenar la escucha de las comunicaciones sin ningún tipo de motivación jurídica, haciendo extensibles las sospechas a todos los abogados y contraviniendo lo que dice expresamente la ley.

«La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación y con mayor razón si implica la vulneración de derechos. La verdad no puede alcanzarse a cualquier precio», subraya el Supremo.

El fallo desmonta también el argumento del abogado de Garzón de que las escuchas no habían afectado al derecho a la defensa de los imputados. Los siete magistrados entienden que sí, porque «una vez oídas las conversaciones, el investigador ya conoce el sentido de lo hablado». Resulta evidente que eliminar las transcripciones del sumario no borra el conocimiento de los hechos.

Otro aspecto esencial de la defensa de Garzón, tesis también recogida por el fiscal, es que el juez de la Audiencia tal vez pudo equivocarse, pero lo que hizo fue una legítima interpretación de la norma. El Supremo rechaza este planteamiento y sostiene que las decisiones de Garzón «se alejaron de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho».

Como era previsible y en coherencia con la actitud desafiante que mantuvo a lo largo de todo el proceso, el ex juez emitió anoche un comunicado en el que dice que ha sido condenado de «forma injusta y predeterminada». Afirma que su trayectoria contra el terrorismo y el narcotráfico no ha sido tenida en cuenta, como si ello fuera un aval para actuar por encima de la ley. Y acusa al Supremo de haber «violentado» sus derechos, de haber «desatendido sus peticiones de defensa» y haber ordenado un juicio, que era «una excusa» para condenarle con «una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses».

En el colmo de la paranoia, sostiene que el fallo del Supremo «elimina toda posibilidad de investigar la corrupción», como si el único medio para hacerlo fuera vulnerar las garantías constitucionales. Ello revela la megalomanía de este hombre, que se siente víctima de una conspiración universal y que se permite el lujo de despreciar e insultar al Supremo.

En la misma línea argumental, Antonio Hernando, miembro de la Ejecutiva del PSOE y persona de la absoluta confianza de Rubalcaba, aseguró que el fallo es «incomprensible», «desproporcionado» y que «conmocionará a la ciudadanía». Una reacción que recuerda a la del propio Rubalcaba tras la sentencia que condenaba a Vera y Barrionuevo por el secuestro de Marey, en julio de 2008, cuando aseguró que eran «inocentes» dijera lo que dijera el veredicto del Supremo.

Como mil mentiras no se convierten en una verdad a fuerza de repetirlas, aquí queda esta sentencia para vergüenza no sólo de Rubalcaba y del anterior Gobierno, que siempre defendieron a Garzón, sino también de la Fiscalía, cuya actuación en el proceso ha consistido en actuar de parapeto del juez condenado.

La primera sentencia condenatoria a Garzón por un delito clarísimo de prevaricación, el de escuchar ilegalmente las comunicaciones entre abogados y clientes en el caso Gürtel, tiene el inconveniente de que llega tarde. Pero más vale tarde que nunca. Tiene también el inconveniente de haber demostrado que la izquierda en España es difícilmente compatible con el Estado de Derecho. Y el nacionalismo, más. Las atrocidades vertidas ayer por socialistas, comunistas y nacionalistas a propósito de la condena al juez que, por decirlo a lo Stieg Larsson, no amaba el Derecho son todavía más espeluznantes que las fechorías de un juez que, a cambio de la Justicia, ha logrado fama y fortuna.

Pero la fama la ha conseguido sin virtud y la fortuna sin buena fama. Podrá comprobarse en el próximo juicio por prevaricación que le aguarda, el del cohecho impropio (según el juez instructor) o la extorsión a empresas y bancos (según la acusación particular) para financiar su majestuoso tren de vida transatlántico y dizque académico. El afán o afane (castellano viejo, como por Beltrán, Beltrane, de formidable expresividad: «en la grande polvareda / perdimos a Don Beltyrane») del entonces juez Garzón ha dejado para la posteridad un testimonio escrito espeluznante, el conocido popularmente por su arranque: «Querido Emilio», por Don Emilio Botín.

Confieso que lo que a mí me impresiona de la pieza lírico-venatoria («volé tan alto, tan alto / que le di a la caza alcance») es que esa carta que, no sé por qué, me recuerda el as de bastos, no va firmada por Baltasar, Balti o Balta, que es lo que correspondería a un epistolario amistoso, sino por «D. Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional». Así no se le firma a un amigo. A Garzón sólo le faltó enviársela a Botín -que por purísima casualidad tenía un asunto pendiente en la Audiencia Nacional que podía pasar por las manos de Garzón- con un motorista a lomos de una de las Harley-Davidson de la Guardia de Franco, y entregársela con un coro de la UNESCO, un par de oficiales del juzgado y una docena de tricornios charolados en funciones de policía judicial.

El portavoz del PSOE condenó la sentencia sin leerla, por «el perfil» (sic) del juez. El que se puso peor fue Cayo Lara, como si le quitaran el nº 1 de la lista de IU. Pero el mejor fue Sabina, que confesó su pena por «ser español». Del cantor del Dioni -Con un par- no esperábamos menos.

El condenado de esta sentencia no ha sido Garzón, hemos sido nosotros, los españoles como sociedad y como pueblo que ha sobrevivido a una dictadura atroz para acabar en un sainete que en realidad es un eterno intermedio. Con esta sentencia/caza de brujas hemos sido condenados a seguir pretendiendo que el franquismo nunca existió, que las redes de corrupción del poder que generaron, que el secuestro del poder en sus ámbitos más importantes, es el pasado. Garzón volará a algún rincón protegido de las garras del nacional-catolicismo (que lo habrá) y seguirá siendo una estrella internacional de la defensa de los derechos humanos (y muy merecidamente, además), pero nosotros entraremos en la cárcel que el PP está construyendo en torno a nosotros ladrillazo a ladrillazo.

Hemos sido nosotros los inhabilitados 11 años por una sentencia del Tribunal Supremo. Y nosotros deberemos fingir otros 11 años que vivimos en una democracia justa, moderna y libre. Como mucho podremos canturrear algún «lo llaman democracia y no lo es» mientras ellos retozan en su mierda franquista, podridos de servilismo, corrupción y represiones. Nosotros, todos, somos los que seguiremos teniendo que mirar hacia otro lado cuando se vea pasar a los asesinos franquistas en sus coches con chofer y caniche. Nosotros, como sociedad, tendremos que seguir fingiendo que no nos enteramos de que en las cúpulas del poder siguen estando entronizados los ejecutores franquistas o sus hijos, con las rodillas desgastadas de arrodillarse ante la inmundicia y los dedos consumidos de apretar gatillos contra los de abajo. Nosotros como sociedad hemos sido condenados a callar ante lo evidente, a aguantar la rabia un poco más, a seguir el juego a una pirámide de corruptos yo-te-lamo-el-culo-y-tú-se-lo-lames-al-de-arriba, de «la baraja está marcada pero pretended que no lo sabéis», en lugar de salir con antorchas que iluminen los cielos de la libertad y que limpien todo el moho que lleva siglos creciendo en las hediondas grietas de su sistema.

Por no mencionar el bochorno que España va a tener que pasar internacionalmente. La vergüenza de reconocernos un país pueblerino, cateto y antiguo que sigue regido por las reglas del cacique paseando con gesto indolente y mantilla entre sus súbditos.

Garzón, por otro lado seguirá siendo admirado en todo el mundo por su valentía y por encausar a Pinochet, etarras, GAL, fascistas argentinos… Por supuesto, sufrirá mucho, pero volará como ya lo hizo antes y será Juan Salvador Gaviota de nuevo. Pero nosotros seguiremos varados en esa playa llena de miedos, de ruindades, de miserias y venganzas. Y veremos a Juan Salvador Gaviota volar por encima de nuestras cabezas y pensaremos en silencio: «gracias por soñar y acercarnos más a la libertad». Y esperaremos a que un nuevo juez se atreva a agitar esos templos de la cobardía y la ruindad.

Por supuesto se querrá hacer creer que en realidad Garzón lo ha hecho mal y que esa, y no otra, es la causa de su caída. Los borregos y acólitos del cristofascismo de derechas que ahora creen que es su tiempo querrán venderle al pueblo que ha sido una casualidad que justo en el momento en que iba a iniciar investigaciones sobre los crímenes franquistas se haya descubierto que ese juez hacía las cosas mal.

Y, por supuesto, los otros jueces, todos, han sido y siguen siendo exquisitos en su aplicación de la ley. El único juez que no ha seguido la legalidad más rigurosa (y no olvidemos el famoso dicho «el que hizo  la ley hizo la trampa» y que todas las leyes están abiertas a interpretación) ha sido Garzón.

Yo ya he escuchado a algún amigo autoconvencerse, muy convenientemente, de que «algo habrá hecho mal si le han podido condenar». Por no mencionar los foros fachas de La Razón o ABC repletos de comentarios ignorangutanes del tipo «no es contra él, es que la ley se aplica a todos» (juajuajuajuajuajauajaujauajaua, ay que me caigo, Familia Real, Familia Franco, Camps, Zaplana, Gürtel, al suelo de la risa). Por no mencionar el curioso caso de las escuchas ilegales en la Comunidad de Madrid que se midieron con otra vara mucho más amplia…

Solo espero que no sigamos olvidando que somos muchos más y que podemos. O, como lo pone una amiga tuitera: «Que los fachas que ahora se ríen piensen que muchas veces la izquierda necesita revulsivos para unirse y pelear por lo que cree justo».

Gracias, Garzón. Esto no ha acabado. Como Gaspar Llamazares, yo ni respeto ni acato.

La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia. Lo afirma la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al juez Baltasar Garzón a una pena de inhabilitación de 11 años y a su expulsión de la carrera judicial y ciertamente muchos ciudadanos, en España y en Latinoamérica, pueden alimentar en estos momentos la misma convicción, aunque por motivos diferentes. Habrá que suponer que el Tribunal Supremo ha emitido su fallo sin que mediara animadversión personal ni enojo corporativo, pero lo cierto es que esta decisión ha acabado con uno de los pocos símbolos de la justicia en el que confiaba una parte notable de esos ciudadanos y que esa es una noticia pésima, con un precio muy alto.

No se trata de ignorar los graves hechos atribuidos a Garzón. Según la sentencia, el juez autorizó que se intervinieran las comunicaciones entre los imputados en una importante causa por corrupción y sus abogados, sin excepción alguna y sin mención expresa de su identidad y lo hizo, afirma el Supremo, sin que existiera ni el menor indicio de que esos abogados estaban utilizando su condición de tales para la comisión de nuevos delitos. Su convicción de que los imputados continuaban ocultando su dinero, y su temor a ver como personajes poderosos y ricos conseguían escapar a la investigación, no es argumento suficiente para anular el secreto de las comunicaciones ni para deteriorar el derecho a la defensa.

Pero eso no es lo que se juzgaba realmente en el Supremo, sino si la decisión de Garzón podía ser explicada por una interpretación incorrecta de las normas del Derecho. No, afirman los siete magistrados, no existe otra explicación que el empeño deliberado de actuar fuera de “los medios usualmente admitidos en Derecho” ni otra razón que el anhelo del juez instructor de colocar el “proceso penal español al nivel de los sistemas totalitarios”, un juicio de intenciones asombroso para tan alto tribunal.

Ahí, en la clara voluntad de apreciar prevaricación, es donde se abre un agujero por el que asoman muchas dudas: ¿Esa misma decisión tomada por otro juez que no fuera Baltasar Garzón hubiera merecido valoración tan severa? ¿Qué sucede con los fiscales y con los otros jueces que compartieron su decisión?

Va a resultar muy difícil que los ciudadanos no asocien la condena de Garzón a su personalidad, a su historia y a su protagonismo internacional, insufrible para una parte importante de la corporación judicial, y que el descrédito que todo ello acarrea, dentro y fuera de España, no vaya a suponer un desgaste altísimo para la justicia española en su conjunto.

La expulsión de Garzón llega, además, en un momento de fuerte desánimo social. Los ciudadanos, aplastados por una crisis formidable, llevan meses conociendo casos de corrupción que no se traducen en delitos ni se sustancian en castigo alguno, personajes del mundo económico que reciben cantidades asombrosas por gestiones desastrosas, indultos llamativos para personas poderosas y dificultades sin cuento para acabar con el fraude fiscal, el desvío de fondos públicos y las trampas de todo tipo que no se podrían llevar a cabo sin ayuda de avispados asesores legales.

Todo ello, junto a noticias sobre algunos jueces corruptos que reciben castigos inexplicablemente ligeros por embolsarse dinero fácil. Nada de eso justifica, por supuesto, acabar con el derecho a la defensa (¿no debería revisarse el caso de los acusados de terrorismo?). Simplemente, resulta difícil aceptar que, entre tantas denuncias por prevaricación como se han presentado, solo haya habido un juez, Baltasar Garzón, que mereciera que le arranquen la toga. Queden tranquilos sus colegas del Supremo. Ya le han echado. Triunfó la justicia, a cualquier precio, deben pensar. Quede tranquilo Baltasar Garzón. Los ciudadanos no olvidaremos nunca la honda emoción que nos hizo sentir el 16 de octubre de 1998 cuando ordenó la detención del general Pinochet.

El juez Baltasar Garzón es conocido en la comunidad jurídica internacional por haber relanzado la jurisdicción universal para la persecución de crímenes contra la humanidad. Consiguió que prosperase en el Reino Unido la orden de detención internacional contra el dictador Pinochet. Su actuación señaló el camino para evitar la impunidad de los genocidas. Los sectores que simpatizan con las políticas autoritarias lo calificaron de exhibicionista e incluso pusieron en duda su capacidad jurídica. Su trayectoria y su fama, conocidas en España, traspasaron nuestras fronteras y le llevaron a ser reclamado por Universidades y foros jurídicos para que explicase el contenido de sus decisiones. Le llovieron doctorados honoris causa y ofertas para desarrollar cursos en prestigiosos centros de todo el mundo. El odio de los perseguidos y la envidia de los congéneres le colocaron en el punto de mira.

Le comenzaron a llover querellas de abogados que querían apartarlo de los asuntos que investigaba. Cuando parecía que la tormenta había amainado, se ve implicado en tres procedimientos penales simultáneos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De repente, un juez famoso alabado y cuestionado, casi a partes iguales, se convierte en una máquina de prevaricar ante el asombro de los espectadores neutrales que no daban crédito a tanto desafuero.

El Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional cuyo titular era Baltasar Garzón, en el año 2006 recibe unas denuncias de familiares de personas asesinadas durante la guerra civil y la posguerra, cuyos restos yacen en fosas comunes y cunetas de nuestra tierra. Durante casi dos años se acumulan denuncias y se practican investigaciones con el beneplácito del Ministerio Fiscal. La democracia española, una vez consolidada y pasados los miedos de la Transición, debía actuar contra los vencedores de la guerra civil exigiéndoles responsabilidades por los crímenes cometidos.

Frente a los que esgrimen como obstáculo la Ley de Amnistía y la falta de competencia de la Audiencia Nacional, se oponen las tesis del juez Garzón, avaladas por toda la comunidad jurídica internacional y los organismos de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos y la Alta Comisionada han recordado al Gobierno español la necesidad de derogar la Ley de Amnistía por ser incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El debate está abierto. ¿Dónde habría radicado la prevaricación?

La reacción airada de sectores tan antagónicos como los redactores de la Ley de la Memoria Histórica y la extrema derecha sugiere a los que permanecían al acecho que se había abierto la veda para cazar al juez Garzón. Los siguientes son dos abogados que se querellan contra el juez por haber solicitado a varias empresas el patrocinio de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El asunto había sido investigado por el Consejo del Poder Judicial que lo archivó por no encontrar falta disciplinaria.

Los querellantes encuentran mejor disposición en la Sala segunda del Tribunal Supremo que pone en marcha un proceso interminable. Más de dos años para concluir que no había rastro de soborno. Tampoco encuentra signos de extorsión o asociación ilícita. En una sorprendente finta el juez Marchena se decanta por imputarle un delito de cohecho impropio, tan de moda por los trajes del presidente Camps. Se olvida de que ha prescrito y decide abrir el juicio oral. El Ministerio Fiscal, en un amplio y fundamentado escrito, demuestra, de forma irrefutable, que los hechos no son constitutivos de delito y le recuerda que, en todo caso, habrían prescrito.

En algunos sectores de nuestro país se ha impuesto el dogma de la divinidad de las resoluciones judiciales tomadas por unanimidad. Son palabra de Dios y cualquier crítica puede resultar blasfema. El juez Marchena, en un plano más terrenal, utiliza su potestad jurisdiccional para descalificar al imputado. Un lector indiferente del auto judicial, se debatirá entre considerar al juez Garzón como un villano o pensar que el juez Marchena alberga una indisimulada animadversión hacia el acusado.

Cronológicamente, cierra el ciclo la causa abierta por la querella de los dos principales implicados en la trama Gürtell y un abogado personado en las actuaciones. El juez Garzón ordenó escuchar las conversaciones de los presos con abogados sospechosos de facilitar el blanqueo de dinero. Se le imputa no modificar su decisión, a pesar de que los jefes de la trama habían designado otros abogados. Con un minucioso cálculo, la Sala decide que esta causa adelante a las dos anteriores y abra el espectáculo mundial de los juicios contra el juez Garzón. La prioridad de este juicio demuestra una selección inteligente de los tiempos mediáticos y jurídicos.

Lejos de la banalidad de los cursos de Nueva York y de la extrema sensibilidad de los temas de la guerra civil, tenían en sus manos un material atractivo para colocar al juez Garzón frente a las delicadas aristas del derecho de defensa. El frágil equilibrio de las garantías procesales reconocidas en la Constitución puede quebrar si no se extreman los controles. Uno de los puntos más sensibles de nuestro régimen procesal se sitúa en torno a la confidencialidad de las comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor. En nuestro sistema, solo el juez de instrucción está legitimado constitucionalmente para acordar la interceptación de las comunicaciones personales de toda clase. La ley de Enjuiciamiento Criminal regula, de modo insuficiente, la forma en que se puede acordar en el curso de un proceso penal. Ninguna otra ley regula de forma detallada la comunicación entre los imputados y sus abogados, ni sanciona su interceptación por orden judicial.

Las escuchas en el caso Gürtell se acordaron respecto de las entrevistas entre los imputados y algunos abogados sospechosos de participar en la trama. Nadie objetó esta medida ni se imputó al juez Garzón por ella. Producido el cambio de abogados, estimó que bastaba con advertir a los encargados de la grabación de la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa. La redacción de la ley General Penitenciaria y la amplia facultad de la Ley procesal proporcionan racionales espacios para la duda. Moverse en esos ámbitos inestables y problemáticos seguramente ha motivado el stress hermenéutico que ha confesado sufrir el juez instructor y el reconocimiento del vacío legal por parte del magistrado que redacta la sentencia.

Para condenar han tenido que construir previamente, sin otra base que su propia convicción, un decidido, específico y perverso ánimo de prevaricar. Según se puede leer en las actuaciones, el juez Garzón actuó movido exclusivamente por «la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos”. Excluyen cualquier propósito distinto y consideran que la cláusula de salvaguardia del derecho de defensa es un artificio o cobertura formal que adoptó el juez para enmascarar sus delictivas intenciones.

Siete jueces del Supremo firman la expulsión del juez Garzón de la función judicial. La sentencia, cargada de abrumadoras citas jurisprudenciales, elude la cuestión principal. En mi opinión, han perdido la oportunidad de abordar un tema importante para garantizar la confidencialidad de las conversaciones del abogado con su cliente en el curso de un proceso penal. Todas las alegaciones relativas a la vigencia de las Directivas europeas sobre blanqueo de capitales han sido marginadas. Sobran muchas páginas y lugares comunes sobre el valor de las garantías y su papel relevante en las sociedades democráticas. Sobre todo, podían haberse ahorrado zaherir al condenado imputándole comportamientos totalitarios.

A los amantes de la exquisita técnica jurídica les recuerdo que Carl Schmitt y Edmundo Mezger, eximios juristas, construyeron y reforzaron el arco jurídico del III Reich. Ya lo dijo Cicerón cuando advertía, en uno de sus textos: “Summun ius, summa iniura”. A veces, el exceso de formalismo nos puede llevar a la injusticia.

José Antonio Martín Pallín es abogado. Fue Magistrado del Tribunal Supremo y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).