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El Supremo que absuelve en cambio a Garzón en el caso de las investigaciones sobre el franquismo considera inadmisible que Garzón ordenara escuchar las conversaciones de sus detenidos con sus abogados

El Tribunal Supremo expulsa al juez Garzón de la carrera judicial por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los abogados

HECHOS

El 9.2.2012 se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo condenando al juez D. Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación.

El redactor de la sentencia fue el juez D. Miguel Colemenero, siendo respaldada por los otros seis jueces: D. Andrés Martínez Arrieta, D. Joaquín Giménez, D. Francisco Monterde, D. Luciano Varela, D. Juan Ramón Berdugo y D. Manuel Marchena.

Los protagonistas del proceso: 

juez_Joaquin_Gimenez El juez progresista D. Joaquín Giménez fue quién presidió el juicio contra D. Baltasar Garzón.

abogado_Ignacio_Pelaez El abogado D. Ignacio Pelaez, que defendía al empresario Sr. Uribarri en el ‘caso Gürtel’ fue el quién dirigió la acusación contra el Sr. Garzón a título personal por haberle pinchado las conversaciones que mantenía con su cliente en prisión violando el derecho a la defensa. El TS le dio la razón.

juez_Choclan D. José Antonio Choclán, ex juez de la Audiencia Nacional, era el abogado de D. Francisco Correa (‘caso Gürtel). Aunque sus conversaciones también habían sido pinchadas por el juez Garzón, el se sumó a la acusación en nombre de su cliente, es decir, del Sr. Correa y no a título personal.

abogado_Rodriguez_Morullo D. Pablo Rodríguez Mourullo, abogado de D. Pablo Crespo (también acusado en el ‘caso Gürtel’) se sumó igualmente a la demanda en representación de su cliente, puesto que sus conversaciones con él también habían sido pinchadas por el Sr. Garzón.

abogado_Francisco_Baena_Bocanegra D. Francisco Baena Bocanegra. Fue el abogado defensor de D. Baltasar Garzón en este caso, trató en vano de demostrar que las escuchas del juez no atentaban contra el derecho a la defensa.

juez_Colmenero El juez D. Miguel Colmeneto, magistrado del TS, fue el autor de la sentencia que condenó a Garzón. Le acusó de usar prácticas propias de estados autoritarios.

GaronExiliadoFranquimo El Grupo PRISA (diario EL PAÍS, Cadena SER) se convirtió en una plataforma de apoyo al juez Garzón durante todo el proceso. El juez, en una entrevista a EL PAÍS se autocalificó como ‘la última víctima del franquismo’ por tener que trabajar como asesor fuera de España.

10 Febrero 2012

Garzón, neutralizado

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

La condena del juez Baltasar Garzón por las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, sospechosos de connivencia para blanquear fondos ocultos en Suiza, ya había sido anticipada en los autos del instructor del caso, a poco que se prestara atención a sus argumentos y al modo de exponerlos. Que Garzón haya sido condenado por un delito de prevaricación a once años de inhabilitación supone dejar fuera de la carrera judicial a un juez que, cualesquiera que sean las opiniones sobre él, ha rendido importantes servicios a la sociedad en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de desempeñar un papel relevante en la aplicación de la justicia universal a la defensa de los derechos humanos conculcados por las dictaduras.

Los siete jueces del Supremo que, por unanimidad, condenan a Garzón hacen un canto al derecho de defensa —que debe compartirse— y señalan que la intervención de las comunicaciones entre los presos cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados no fue un error de interpretación de la ley sino un acto arbitrario, equiparable nada menos que a «prácticas de regímenes totalitarios». Si la actuación de Garzón merece tales reproches, estos alcanzan al ministerio fiscal que avaló las escuchas, al juez Pedreira que las prorrogó cuando se hizo cargo de la instrucción del caso Gürtel, y al magistrado del Tribunal Superior de Madrid que discrepó de su anulación. Es disparatado sugerir, por más que le venga bien al Supremo para reforzar su condena, que el ministerio fiscal haya podido respaldar prácticas totalitarias o se haya abstenido de perseguirlas.

La confluencia de diversos actores sobre la actuación de Garzón avala a esta como defendible en derecho, aunque resultara errónea según estableció en su día el Tribunal de Justicia de Madrid. Si se hubiera percibido como arbitraria hasta el punto de ser prevaricadora, como señala el Supremo, no habría sido compartida hasta el final por la fiscalía. La condena a Garzón supone convertir al menos al ministerio fiscal en cómplice de su actuación. También el fiscal, y no sólo Garzón, observó indicios de connivencia entre los jefes presos de Gürtel y sus abogados y no dudó del amparo de la ley para impedir que una parte de los millones de euros amasados en sus contactos corruptos con las Administraciones públicas terminara en paraísos fiscales.

La hipótesis de impedir el delito explica la actuación de Garzón en un caso de delincuencia organizada, con abundantes medios para burlar la ley, incluida la posible complicidad de abogados bien remunerados. Ha prevalecido, en cambio, la más disparatada, absurda e incluso ofensiva: que buscó desbaratar «las estrategias de defensa» hasta el punto de colocar «el proceso penal español al nivel de los sistemas totalitarios». Pero era la que servía para alcanzar el objetivo buscado: anular a Garzón como juez.

10 Febrero 2012

Garzón actuó como si fuera juez de Pinochet

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Minutos después de conocerse la sentencia que le inhabilita por un delito de prevaricación, los incondicionales de Baltasar Garzón ya habían convocado manifestaciones de desagravio. Es una lástima que esas personas no se tomen la molestia de leer la devastadora sentencia del Tribunal Supremo, suscrita por unanimidad por los siete magistrados que lo juzgaron. Esto es muy importante porque refrenda que no ha habido divisiones ideológicas sino un criterio jurídico compartido en el fallo.

La resolución del Supremo condena a Garzón a 11 años de inhabilitación para cualquier cargo relacionado con el poder judicial y conlleva la expulsión inmediata de la carrera de juez al quedar probado que incurrió en un delito de prevaricación al ordenar las escuchas de las conversaciones de cuatro abogados con sus clientes, imputados por el caso Gürtel.

La sentencia, sólidamente redactada y fundamentada con extraordinario rigor jurídico, es un demoledor alegato contra la actuación de Baltasar Garzón, de la que dice literalmente que no hay precedentes en nuestro ordenamiento jurídico. El Supremo afirma que las escuchas a los abogados defensores no fueron «una interpretación errónea de la ley sino un acto arbitrario que, carente de razón, desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo». La actuación del juez supuso de hecho «una laminación» de los derechos de los inculpados, de suerte que el Alto Tribunal advierte que Garzón realizó «prácticas que en los tiempos actuales sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa». O sea, que el ya ex magistrado emuló con su comportamiento al de los jueces de la dictadura argentina o del mismo Pinochet al que persiguió.

Los siete firmantes del fallo consideran que Garzón cometió un delito doloso al ordenar la escucha de las comunicaciones sin ningún tipo de motivación jurídica, haciendo extensibles las sospechas a todos los abogados y contraviniendo lo que dice expresamente la ley.

«La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación y con mayor razón si implica la vulneración de derechos. La verdad no puede alcanzarse a cualquier precio», subraya el Supremo.

El fallo desmonta también el argumento del abogado de Garzón de que las escuchas no habían afectado al derecho a la defensa de los imputados. Los siete magistrados entienden que sí, porque «una vez oídas las conversaciones, el investigador ya conoce el sentido de lo hablado». Resulta evidente que eliminar las transcripciones del sumario no borra el conocimiento de los hechos.

Otro aspecto esencial de la defensa de Garzón, tesis también recogida por el fiscal, es que el juez de la Audiencia tal vez pudo equivocarse, pero lo que hizo fue una legítima interpretación de la norma. El Supremo rechaza este planteamiento y sostiene que las decisiones de Garzón «se alejaron de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho».

Como era previsible y en coherencia con la actitud desafiante que mantuvo a lo largo de todo el proceso, el ex juez emitió anoche un comunicado en el que dice que ha sido condenado de «forma injusta y predeterminada». Afirma que su trayectoria contra el terrorismo y el narcotráfico no ha sido tenida en cuenta, como si ello fuera un aval para actuar por encima de la ley. Y acusa al Supremo de haber «violentado» sus derechos, de haber «desatendido sus peticiones de defensa» y haber ordenado un juicio, que era «una excusa» para condenarle con «una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses».

En el colmo de la paranoia, sostiene que el fallo del Supremo «elimina toda posibilidad de investigar la corrupción», como si el único medio para hacerlo fuera vulnerar las garantías constitucionales. Ello revela la megalomanía de este hombre, que se siente víctima de una conspiración universal y que se permite el lujo de despreciar e insultar al Supremo.

En la misma línea argumental, Antonio Hernando, miembro de la Ejecutiva del PSOE y persona de la absoluta confianza de Rubalcaba, aseguró que el fallo es «incomprensible», «desproporcionado» y que «conmocionará a la ciudadanía». Una reacción que recuerda a la del propio Rubalcaba tras la sentencia que condenaba a Vera y Barrionuevo por el secuestro de Marey, en julio de 2008, cuando aseguró que eran «inocentes» dijera lo que dijera el veredicto del Supremo.

Como mil mentiras no se convierten en una verdad a fuerza de repetirlas, aquí queda esta sentencia para vergüenza no sólo de Rubalcaba y del anterior Gobierno, que siempre defendieron a Garzón, sino también de la Fiscalía, cuya actuación en el proceso ha consistido en actuar de parapeto del juez condenado.

10 Febrero 2012

Más vale tarde

Federico Jiménez Losantos

La primera sentencia condenatoria a Garzón por un delito clarísimo de prevaricación, el de escuchar ilegalmente las comunicaciones entre abogados y clientes en el caso Gürtel, tiene el inconveniente de que llega tarde. Pero más vale tarde que nunca. Tiene también el inconveniente de haber demostrado que la izquierda en España es difícilmente compatible con el Estado de Derecho. Y el nacionalismo, más. Las atrocidades vertidas ayer por socialistas, comunistas y nacionalistas a propósito de la condena al juez que, por decirlo a lo Stieg Larsson, no amaba el Derecho son todavía más espeluznantes que las fechorías de un juez que, a cambio de la Justicia, ha logrado fama y fortuna.

Pero la fama la ha conseguido sin virtud y la fortuna sin buena fama. Podrá comprobarse en el próximo juicio por prevaricación que le aguarda, el del cohecho impropio (según el juez instructor) o la extorsión a empresas y bancos (según la acusación particular) para financiar su majestuoso tren de vida transatlántico y dizque académico. El afán o afane (castellano viejo, como por Beltrán, Beltrane, de formidable expresividad: «en la grande polvareda / perdimos a Don Beltyrane») del entonces juez Garzón ha dejado para la posteridad un testimonio escrito espeluznante, el conocido popularmente por su arranque: «Querido Emilio», por Don Emilio Botín.

Confieso que lo que a mí me impresiona de la pieza lírico-venatoria («volé tan alto, tan alto / que le di a la caza alcance») es que esa carta que, no sé por qué, me recuerda el as de bastos, no va firmada por Baltasar, Balti o Balta, que es lo que correspondería a un epistolario amistoso, sino por «D. Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional». Así no se le firma a un amigo. A Garzón sólo le faltó enviársela a Botín -que por purísima casualidad tenía un asunto pendiente en la Audiencia Nacional que podía pasar por las manos de Garzón- con un motorista a lomos de una de las Harley-Davidson de la Guardia de Franco, y entregársela con un coro de la UNESCO, un par de oficiales del juzgado y una docena de tricornios charolados en funciones de policía judicial.

El portavoz del PSOE condenó la sentencia sin leerla, por «el perfil» (sic) del juez. El que se puso peor fue Cayo Lara, como si le quitaran el nº 1 de la lista de IU. Pero el mejor fue Sabina, que confesó su pena por «ser español». Del cantor del Dioni -Con un par- no esperábamos menos.

10 Febrero 2010

Dos buenas nuevas

Hermann Tertsch

Por unanimidad. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no han tenido diferencias a la hora de establecer la culpabilidad. Ni al parecer duda alguna sobre su alcance y gravedad, dada la contundencia con la que expresan en la sentencia su condena a la violación consumada y prolongada de los derechos de defensa más elementales de la que considera autor culpable a Baltasar Garzón. No vamos a intentar explicar aquí lo que tan bien explican los magistrados del Supremo en su veredicto de culpabilidad. Pero sí vamos a constatar que la condena al juez Garzón es una buena noticia para la seguridad jurídica de todos los españoles. Ya nunca tendrá que temer un español que vicisitudes de la vida lo hagan caer en manos de un juez Garzón. Ya no podrá darse ninguna situación en la que este hombre tenga poder sobre la vida, la libertad y la hacienda de nadie. Que sus excusas —más que defensa— en el caso de las escuchas eran inaceptable se antojaba evidente hasta para los más legos. Porque la violación del derecho era incontestable. Que pese a ello ayer se incendiaran en sacrosanta indignación los medios de la izquierda española no debe sorprender a nadie. Ni que llamaran a su particular yihadde insultos esas muy diversas asociaciones que significativamente son tan amistosas con Garzón como hostiles al Estado de Derecho y la democracia liberal. Todos esos defensores de los regímenes de Cuba y Corea del Norte que exigen que también aquí las leyes han de someterse al dictado de una ideología y unas (bellísimas) intenciones, que son por supuesto las suyas. Si esas buenas intenciones del mundo feliz de la izquierda justifican hasta los peores crímenes y abusos en dictaduras, cómo no iban a justificar que Garzón ignore un poquitín las leyes aquí en España a ver si hunde a los corruptos de la derecha. Ahí están las buenas intenciones que atribuyen al juez Garzón sin que éste se haya distanciado de dichas posiciones montaraces, antidemocráticas y de desacato delirante. Ni haya desmentido su identificación con esta tropa de hooligans que reclaman su impunidad. Sabía que ahora le sería difícil escapar. Pero es precisamente esta identificación total de Garzón con la peor izquierda de este país la que me lleva a decirles que no tenemos una buena noticia, sino dos. La primera es la evidente, que Garzón nunca podrá volver a juzgar a nadie. La segunda es que la izquierda se topa de bruces con la certeza de que han fracasado sus intentos de situarse definitivamente por encima de las leyes.
Ese pulso con el Estado de Derecho de una izquierda que se arroga la hegemonía moral absoluta comenzó con los aires de revanchismo y revisionismo que trajo el zapaterismo. La ofensiva para dinamitar la Constitución comenzó ya antes de que Zapatero llegara al poder en aquellos luctuosos días de marzo de 2004. Y se ha mantenido con las más perversas alianzas a lo largo de este tiempo. Garzón ha sido pieza clave en todo ello. Ahora tras la catástrofe electoral del proyecto zapaterista y con el PSOE en plena confusión, la izquierda radical ha echado este pulso a la Justicia y al Estado de Derecho. Para salvar así a su protomártir han intentado hasta proyectar la excepcionalidad de la guerra civil hasta el Tribunal Supremo. No lo han logrado. Quienes quieren a Garzón como su nuevo caudillo bolivariano carpetovetónico ahí lo tienen. Eso sí, ya tendrá que hacer política y recaudar fondos como los demás políticos. No parapetado tras la toga y con el poder de sembrar el miedo.

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