El Tribunal Supremo procesa al ex ministro y diputado del PSOE, José Barrionuevo por su vinculación a los GAL

El procesamiento de Barrionuevo por el juez Moner no ha causado sorpresa puesto que la libertad bajo fianza presuponía dicha decisión. Moner procesa al exministro de Interior como cooperador necesario es un delito de detención ilegal, pero, al parecer, no por malversación de fondos públicos y banda armada como le imputaba Garzón. Con todo, el auto es muy negativo para el PSOE al inicio de la campaña electoral. Y aunque es cierto que Berlusconi, procesado y con múltiples sumarios abiertos, es el candidato de la derecha italiana, llevar a un imputado del GAL en las listas no contribuye a subir la moral del PSOE ni el prestigio de Felipe González, su principal activo en esta campaña. Por otra parte, la frase de Aznar asegurando que no insistirá en la investigación política del caso GAL ha originado una pequeña tormenta. Se puede criticar al PP por haber utilizado el caso GAL sólo para desgastar al Gobierno, pero ello no implica que Aznar no tenga razón, pero ello no implica que Aznar no tenga razón ahora cuando afirma que la política española tiene asuntos trascendentes y no debería estar centrada sólo en los GAL. Otra cosa son los sumarios abiertos, que nadie sensato puede eliminar. En este asunto se demuestra que finalmente es Pujol quien tenía razón cuando hace muchos meses afirmó que en ningún país se habría tratado el caso como se ha hecho aquí. Ahí está el envalentonamiento de ETA para demostrarlo.

Joan Tapia

Era cuestión de días que el juez del Supremo Eduardo Móner decidiera formalmente el procesamiento de José Barrionuevo en relación con el caso GAL El auto de libertad, provisional, bajo fianza de 1,5 millones de pesetas dictado el pasado día 11 contra el primer ministro socialista del Interior anunciaba casi inexorablemente esta decisión. Móner ha actuado sin prisas, respetando estrictamente las reglas del procedimiento y las garantías exigidas por la ley. Ello es precisamente lo que distingue al juez inquisitivo -el de instrucción lo es por definición- del inquisitorial, que instrumentaliza la ley para forzar la voluntad del acusado.La decisión de Móner tiene una importancia procesal indudable. La tiene aunque sólo fuera por la imputación del secuestro de Segundo Marey, hecho que motivó la actual situación de libertad provisional en que se encuentra Barrionuevo. El procesamiento del ex ministro socialista del Interior implica su más que probable comparecencia a juicio. La presunción de inocencia sigue incólume hasta que no haya sentencia. firme, pero debilitada bajo el peso de unos indicios fundados de criminalidad que sólo podrán ser destruidos o confirmados ante el tribunal que en su día juzgue el caso GAL.

El auto de procesamiento dictado contra Barrionuevo, pone más al desnudo la temeraria decisión del PSOE de incluirle en sus listas electorales. Decisión que por sí sola ponía en evidencia que la elaboración de candidaturas tiene más en cuenta motivaciones tribales -incluso si son tan respetables como la solidaridad- que los intereses de los electores. Pero si la inclusión de Barrionuevo en las listas electorales suponía ya colocar a los votantes socialistas ante un dilema moral desde ayer se convierte casi en un chantaje.

El procesamiento de José Barrionuevo por el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner agrava más si cabe la insostenible situación política y procesal del ex ministro de Interior, del presidente González (quien con esta decisión está también moral y políticamente procesado) y del PSOE. El Partido Socialista que mantiene, ante el riesgo de confesión de Barrionuevo, en su lista de candidatos por Madrid a ambos dirigentes encartados en la trama del GAL y presentados en sociedad como políticos ejemplares para los que solicitan el voto de los ciudadanos y de la Izquierda en especial.

El procesamiento de Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey, perpetrado desde el Gobierno de la Nación -lo que implica política y penalmente a González- pone al ex ministro en el nivel de otros secuestradores de ETA procesados, como declaró Ardanza, y prueba su complicidad con la banda terrorista de los GAL. Así lo confesaron destacados miembros de la trama que actuaron a las órdenes del entonces ministro de Interior.

De ahí que al grave delito que se le imputa se le puedan añadir ahora, en el auto de procesamiento que hoy será hecho público o durante la vista del caso en el Tribunal Supremo, otros dos delitos más: el de colaboración con banda armada y malversación de fondos públicos. No en vano el secuestro en cuestión se realizó por los citados comandos del GAL y se financió con fondos reservados de Interior.

El PSOE no tiene más argumento para mantener a Barrionuevo como candidato a diputado que el miedo a que el ex ministro diga la verdad y arrastre a González, derrumbando el muro de la resistencia numantina del presidente y su partido a la acción de la Justicia y a la evidencia criminal.

Todo un reto al Estado de Derecho y a la Democracia con el que se pide, sin el menor pudor, el voto ciudadano para un secuestrador procesado. Algo que debería ser contestado desde dentro del PSOE y de manera muy especial por quienes denunciaron el GAL, y aquí incluidos la corriente Izquierda Socialista, cuyo dirigente García Santesmases debe anunciar su retirada inmediata de la lista de diputados por Madrid, donde figura como «cómplice» político y costalero de Barrionuevo, vendiendo su nombre y trayectoria a cambio de un escaño a conseguir en compañía de los jefes del GAL.

Este procesamiento será sin duda un punto crucial del debate en la campaña electoral y una buena oportunidad para que el Partido Popular, que ayer rectificó en algo la declaración de Aznar sobre su proyecto de «pasar la página del GAL» si llega al poder, aclare definitivamente la posición del PP sobre esta trama terrorista. Un «gang» donde, amén de crímenes se incluye la violación del Estado de Derecho desde el poder político gobernante como un agravante más, y no como eximente de un falso «estado de necesidad» o «razón de Estado», como lo pretendieron justificar desde el PSOE.

Al margen de lo que ocurra en las elecciones, la Justicia y la Prensa democrática seguirán pendientes de los GAL. Y no cabe «ley de punto final» (que ahora descarta el PP) ni nada que impida conocer toda la verdad de este caso y de otros de corrupción. El PP no puede pedir -forzando la Constitución- que los terroristas de ETA cumplan «íntegras» sus condenas mientras se pasan en blanco las páginas del GAL. Ni podrá hacer la vista gorda el Supremo o el fiscal general, ni el nuevo Gobierno podrá negar a Garzón u otro juez los documentos del CESID y los fondos reservados, acogiéndose al «secreto oficial» que el propio PP denunció meses atrás. El caso GAL es la piedra de toque del Estado de Derecho y de la recuperación democrática, y en él no caben dilaciones sino claridad y firme compromiso en la campaña electoral.