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El Tribunal Supremo sentencia que el Gobierno discriminó publicitariamente al cerrado diario EL ALCÁZAR

HECHOS

El 17.11.1994 se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre la discriminación publicitaria del diario EL ALCÁZAR.

Unos 3.000 millones de pesetas tendrá que pagar el Gobierno a la empresa del ya desaparecido diario El Alcázar, por haber discriminado a este periódico al no concederle publicidad institucional ni subvenciones, según ha sentenciado el Tribunal Supremo.

Casi ocho años ha tardado la empresa Dyrsa (Diarios y Revistas, SA) en lograr su objetivo. Pero al final, de la mano del abogado D. Miguel Angel García Brera (profesor en la Facultad de Ciencias de la Información y presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo), ha ganado el pleito. Se trata, una vez más, del problema entre el derecho a la libertad de expresión (que permite publicar cualquier diario) y la actuación del Gobierno frente a periódicos ideológicamente extremistas que no son del agrado del Ejecutivo.

garcia_brera El abogado franquista D. Miguel Ángel García Brera ganó el pleito al Estado.

Esta vieja historia comenzó el 23 de mayo de 1975, seis meses antes de morir Franco, día en que se reunieron el entonces presidente del Gobierno, D. Carlos Arias Navarro; tres ministros de aquel régimen y el presidente y secretario general de la Confederación de ex Combatientes, D. José Antonio Girón de Velasco y D. Luis Valero, respectivamente. El periódico cobró las subvenciones acordadas, después de reclamarlas, durante seis meses. Pero cambió el régimen político, siguieron reclamando y les dijeron que oficialmente no tenían ninguna información sobre ese pacto.

Además de esa reclamación, y ya en democracia (en 1987), el periódico pidió al Gobierno que le diera publicidad oficial igual que a los demás diarios estatales, que le pagara los 2.500 millones que importaban los anuncios no publicados durante cinco años, otros 50 millones por haber suprimido la suscripción del diario a Iberia y a otras empresas públicas, que le diesen subvenciones igual que a otras diarios y, finalmente, que la Administración cumpliera el compromiso oficial que adquirió el Gobierno de Arias Navarro de pagarles 102 millones. Tras numerosos incidentes procesales, intercalados con cartas de EL ALCÁZAR a D. Felipe González, el Supremo rechaza todos los argumentos de la Administración. Y recuerda que el Gobierno ha reconocido que no dio ni un sólo anuncio oficial a EL ALCÁZAR entre 1982 y 1986, a pesar de lo cual ha afirmado que no dispone de información oficial sobre esta materia.

El Gobierno no sigue la ley

«El silencio absoluto que la Administración mantuvo durante varios años, incumpliendo (…) la ley -señala el Supremo-, no puede redundar en su propio beneficio, pretendiendo que sea la reclamante quien justifique lo que sólo a ella (la Administración) le incumbe». Según esta sentencia, la publicidad institucional debe repartirse con un «principio de igualdad» que debe ser «respetado por los poderes públicos». Añade que la Administración discriminó a EL ALCÁZAR, por no darle publicidad institucional y por cancelar injustificadamente suscripciones. Con estos argumentos, el Supremo estimado el recurso presentado por la empresa editora de El Alcázar, declara contrario a Derecho lo que en este caso ha hecho la Administración y fija una condena que no podrá superar las cantidades citadas.

18 Noviembre 1994

La última victoria de EL ALCÁZAR

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

El Gobierno no puede discriminar a los medios de comunicación por su orientación ideológica. Este es el principio recogido en una sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a indemnizar a Dyrsa, la empresa editora del desaparecido diario El Alcázar. El fallo establece que el periódico ultraderechista fue discriminado por tres procedimientos: la retirada de la publicidad institucional, la cancelación de suscripciones por parte de la Administración y la no concesión de las subvenciones de las que disfrutaba el resto de la Prensa. Para compensar este daño, el Estado debe pagar 3.000 millones a la editora, que adeudaba 1.000 millones a Hacienda y la Seguridad Social tras suspender pagos. Quedarán, por tanto, 2.000 millones que serán repartidos entre los 500 trabajadores del diario, que no cobraron las indemnizaciones legales por falta de recursos de la empresa.

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