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La Audiencia Provincial de Barcelona procesará a los policías que participaron en la operación

El último gran jefe del GRAPO, Martín Luna, abatido por la policía

HECHOS

En diciembre de 1982 murió abatido a tiros por la policía el Sr. Martín Luna, integrante de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO)

El considerado principal asesino de la organización terrorista GRAPO, Juan Martín Luna (responsable entre otros crímenes del asesinato del capitán Herguedas) fue identificado en Barcelona por los policías D. David Juan León Romero, D. Ángel Luis Adame Bernáldez y D. Valentín Martín Cabezas, pero estos procedieron a abrir fuego contra él, acabando con su vida. La Audiencia Provincial de Barcelona procesó a los tres policías que serían condenados a seis meses de prisión por homicidio.

BARRIONUEVO (PSOE) SOBRE LA MUERTE DE MARÍN LUNA: «FUE UNA ACCIÓN EJEMPLAR»

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Tras la toma de posesión del Sr. Barrionuevo como ministro de Interior en el primer Gobierno del PSOE se produjo un nuevo incidente, la muerte del máximo asesino del GRAPO, Martín Luna, que murió acribillado por policías en Barcelona. Aquel incidente podía provocar una nueva ola de campañas contra la policía, que podía volver a sentirse desamparada por el Gobierno, como ocurriera en febrero de 1981 con el Sr. Rosón. Cuando el incidente se trató en el parlamento y el diputado de Euskadiko Ezkerra -Sr. Bandrés- acusó a los socialistas de que nada había cambiado, el nuevo ministro de Interior, Sr. Barrionuevo, respondió: “Yo creo que sería una buena cosa que no murieran los policías en los enfrentamientos. Ese sería un cambo bastante importante”. Palabras que desataron grandes aplausos de los diputados tando del PSOE como los de Alianza Popular. El Sr. Barrionuevo definició la acción policial como “meritoria y ejemplar”. La derecha mediática (ABC) elogió entones al nuevo ministro de Interior, que parecía tener más interés en defender a los cuerpos de seguridad del Estado que sus antecesores.

06 Diciembre 1982

El 'último' dirigente de los GRAPO

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

El último de los dirigentes históricos de los GRAPO, Juan MartíLuna, ha caído en un tiroteo con la policía en Barcelona y, como en ocasiones anteriores, cuando se ha tratado de tan equívoca como mal conocida organización terrorista el procedimiento ha sido visiblemente expeditivo. Desde el mes de abril de 1979 , cuando funcionarios de la Brigada de Información dieron muerte en la plaza de Lavapiés, en Madrid, a Juan Carlos Delgado de Codex, once grapos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.Juan Martín Luna, condenado a 37 años de prisión en octubre de 1977 por el asesinato del capitán Herguedas, había sido uno de los cinco protagonistas de la fuga del penal de Zamora, en diciembre de 1979, ingeniada por medio de un túnel que él y sus cómplices habían podido excavar a lo largo de seis meses de pacientes y, sorprendentemente, sigilosos esfuerzos. Tras la muerte de Enrique Cerdán Calixto, también en una cuidadosa trampa tendida por la policía, siempre en Barcelona, Martín Luna era el único hombre al que se le concedía capacidad para reconstruir el aparato de la organización, tantas veces dada por difunta y otras tantas milagrosamente resurgida en momentos clave de la vida nacional. La policía establecía recientemente en no más de diez miembros la fuerza operativa de los grapos, y a Martín Luna, como su jefe natural, por lo que lo natural sería ahora suponer, una vez más, que el comienzo de la alternativa socialista de gobierno debería verse libre de ese singular y fantasmagórico azote, auténtico Guadiana utilizado hasta ahora para complicarle la vida a la consolidación de la democracia en España.

De otro lado, todo parece indicar que la muerte del grapo Martín Luna es una a modo de despedida de Manuel Ballesteros, máximo responsable del MULC, el organismo dirigente de la lucha antiterrorista, que, de esta forma, habría querido concluir con un gesto de eficacia su desempeño del cargo, a la vista del previsible relevo que disponga el equipo de Felipe González. En cualquier caso, nos encontramos ante el primer muerto por la acción represiva policial contra el terrorismo bajo mandato socialista. Ayer, este hecho fue despachado con una escueta nota policial por el nuevo Gobierno, en cuyo nombre nadie estuvo dispuesto a dar la cara ante la opinión pública. Recordemos que en marzo de 1981 el dirigente de los GRAPO, José María Sánchez Casas, hacía una oferta para que su grupo depusiera las armas, en el juicio en el que fue condenado, sobre la que entonces no se arrojó suficiente luz. Más recientemente, el pasado 6 de noviembre, los GRAPO anunciaron una suspensión de sus actividades terroristas para probar su disposición al diálogo con el PSOE. Ponía como condiciones a su autodisolución «la salida de España de la OTAN, la depuración del aparato del Estado y la mejora de las condiciones de vida de las masas». El Gobierno socialista, sin rehuir en ningún momento la aplicación del máximo rigor legal sobre los asesinos de esta o cualquier otra organización terrorista, han de poseer toda la información necesaria para planificar una estrategia de acción, no solamente policial sino también política, que permita la eliminación sin opciones a una eventual resurrección como las que han prodigado los GRAPO, de las fuerzas que se oponen al cambio en España.

Todo ello llama la atención sobre la necesidad de que la opinión, y no sólo las fuerzas de seguridad del Estado, estén preparadas para lo que podría ser una nueva acción de los interminables restos de la organización, en represalia por la muerte de su dirigente. De una vez por todas, es preciso que la ofensiva contra los GRAPO se lleve a cabo con el pleno conocimiento por parte de los nuevos responsables de la dirección y la seguridad del Estado que, aparentemente, ha faltado a sus antecesores, de toda una serie de inevitables apoyos y vinculaciones, que son los únicos que pueden explicar la supervivencia de tan correoso enemigo.

Esperamos que una inmediata investigación oficial ofrezca a la opinión pública todos los datos que rodean la muerte de Martín Luna. Sorprende la falta de reacción de los nuevos gobernantes socialistas, que se contentaron, como todo esclarecimiento, con ofrecer ayer una breve nota del MULC. El cambio tan profusamente anunciado obliga como mínimo al nuevo Gobierno, empezando por el ministro del Interior, José Barrionuevo, a dar la cara y explicar al país el fondo de este oscuro asunto y las formas empleadas para acabar con el GRAPO.

07 Diciembre 1982

Los momentos oportunos de un ministro ilocalizable

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

EN EL campo puramente especulativo de las hipótesis, la muerte de Juan Martín Luna, dirigente de los GRAPO condenado a 37 años de prisión por el asesinato del capitán Herguedas y huido de la prisión de Zamora en diciembre de 1979, ha podido ser causada tanto por el cruce fatal de disparos entre el fallecido y la fuerza pública encargada de su detención como por la inaceptable aplicación de la tristemente célebre ley de fugas al sospechoso. Este último procedimiento fue, si no inventado, al menos generalizado por José Zugasti, que ocupó el Gobierno Civil de Córdoba en 1870 con el objetivo de desarticular las cuadrillas de bandoleros que habían abandonado las viejas prácticas de los salteadores de caminos para sustituirlas por el crimen y el secuestro organizados. Zugasti dejó a la posteridad un libro famoso sobre el bandolerismo, pero también el triste legado de haber normalizado, con la coartada protectora de las convicciones liberales de un activo participante en la Revolución del 68, el asesinato legal o alegal de los delincuentes.Los cuerpos de seguridad pueden esgrimir el derecho -exclusivamente moral, por lo demás- a la presunción iuris tantum de que el comportamiento de la fuerza pública el pasado domingo en Barcelona fue escrupulosamente respetuoso con las normas de nuestro ordenamiento constitucional y de que Juan Martín Luna, completamente cercado e intimidado a rendirse, vendió cara su vida en un enfrentamiento a muerte con la policía que equivalía a su suicidio. Otras hipótesis, sin embargo, pueden esbozar la sospecha de que el grapo acorralado no tuvo ni siquiera la oportunidad de entregarse a sus perseguidores y que su muerte es la consecuencia de una aplicación brutalmente desproporcionada y contraria a derecho de los procedimientos propios de un Estado democrático para detener en la vía pública a un sospechoso. Varias podrían ser las eventuales razones que permitieran explicar esa pesimista interpretación, improbable pero no imposible, de los hechos; entre ellas el deseo de cerrar la boca a quien conocía secretos relativos a las oscuras conexiones del terrorismo.

Tan sólo la reconstrucción sumarial de los hechos por el juez instructor, que lamentará la falta de testigos presenciales del tiroteo, podrá confirmar o invalidar alguna de esas hipótesis. Sin embargo, como tuvimos ya oportunidad de señalar en nuestro comentario de ayer, el mutismo del portavoz del Gobierno y del ministro del Interior resulta sorprendente cuando se lo compara con las promesas de transparencia informativa de los socialistas durante su campaña electoral y con las críticas dirigidas por los diputados del PSOE durante la anterior legislatura contra los silencios del anterior Gobierno en situaciones semejantes. La sorpresa se transforma en preocupación y alarma cuando José Barrionuevo declara que habrá más información sobre ese oscuro suceso «en el momento oportuno», que ese momento «no es ayer ni hoy» y que el pasado domingo «no estaba localizable para quienes no tenía que estarlo», esto es, para los informadores de Prensa. Muchos votantes del cambio se sentirán profundamente defraudados ante ese prodigioso monumento a la invariación que significa que el ministro del Interior del nuevo Gobierno socialista se jacte públicamente de dar esquinazo a los informadores, de administrar a su entero arbitrio los silencios sobre asuntos de su departamento referentes a los derechos humanos (de los que también son titulares los delincuentes) y de reservarse, sin plazo definido, el momento oportuno para recuperar el uso de la voz. En la primera ocasión que el señor Barrionuevo ha tenido de demostrar que en algo es diferente un ministro de policía de este gobiemo a otro del pasado no lo ha podido hacer peor.

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