ERC fuerza a dimitir a su senador Santiago Vidal por jactarse en público de que la Generalitat incumplía la ley

El senador de Esquerra y exjuez Santiago Vidal ha propagado que la Generalitat cometió una larga serie de hechos que resultan delictivos, y/o estratosféricos. El más grave atenta contra todos los ciudadanos catalanes, violando criminalmente su intimidad y toda la legislación —catalana, española y europea— sobre protección de datos: consiste en que “la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales” mediante un procedimiento de sustracción o compra, del todo ilegal y delictivo.

O el senador miente descaradamente. O es un delincuente. O quizá ambas cosas a la vez, en distinto y contradictorio grado.

Apretado por los suyos, él mismo alegó ayer que sus revelaciones en “tono coloquial” son falsas: “no se ajustan a la realidad”. Cuesta creerlo, porque no han sido improvisadas, sino reiteradas en al menos media docena de conferencias públicas. Y porque su trayectoria profesional previa a su paso a la política republicana era la de un juez alternativo pero detallista, conocedor del Código Penal y de sus castigos.

A la interpretación de la mentira, el desvarío o la calentura se han acogido medios benévolos y portavoces de Esquerra, que le excusan porque “arengaba a la tropa” (sic) para la secesión. Si eso fuese cierto, no solo Vidal, sino todo el partido de cuya ejecutiva formó parte hasta ayer, sería reo de los mismos horrores del engaño, la posverdad, la opacidad y la falacia que han impuesto los defensores del Brexit y Donald Trump y sus amigos xenófobos.

No basta, pues, que Esquerra le haya forzado a dimitir del Senado y su dirección. Hasta que no lo expulse de su militancia y su entorno, será el partido de Oriol Junqueras el principal responsable de estos desmanes, por contagio de un exdirigente.

Algunos piensan que la degradación del senador; el mentís “categórico” de la (inane) portavoz del Gobierno de la Generalitat, Neus Munté, que ha logrado que nadie crea ni sus obviedades; y las melifluas excusas del departamento de Junqueras no son ni suficientes ni convincentes.

Alguna razón les alberga, porque los sucesivos Gobiernos secesionistas, de Artur Mas al actual, se han vanagloriado de su astucia, de sus hábiles escamoteos de la legalidad, de su capacidad de engaño “al Estado” (y a los catalanes y a todos los españoles), y de la elaboración de leyes de “desconexión” secretas, como la de “transitoriedad jurídica”. Todos ellos, caldos de cultivo para desvaríos como el de Vidal.

La investigación abierta por la fiscalía es, pues, incuestionable, porque si el exjuez no mentía, delinquía: revelando secretos (artículo 197 del Código Penal), o bien omitiendo denunciar a quien cometía delitos (459), o encubriéndole (451).

Vidal simboliza, con su regodeo en violar los derechos de los catalanes; de manipular a los jueces, cribándolos y depurándolos; con su satisfacción por las partidas secretas de los presupuestos; con su aplauso a los extraños pactos con potencias extranjeras sobre contraespionaje y dispositivos militares para Cataluña una grave enfermedad que afecta a ciertos sectores del procés: la querencia por la ilegalidad, el desprecio a la ley, la violación de derechos individuales, el secuestro de la independencia de los jueces y la admiración hacia un Estado policíaco como los que han dejado imborrable recuerdo.

Las gravísimas e inquietantes revelaciones de Santi Vidal, juez suspendido y desde ayer ex senador de ERC, constituyen un escándalo mayúsculo que exige la depuración de responsabilidades y explicaciones al detalle por parte del Gobierno de Puigdemont. Vidal desveló prácticas secretas e ilegales de la Generalitat para impulsar el proceso independentista. Y ante tamaña confesión no cabe echar balones, como ayer hizo la portavoz del Govern; ni tampoco desacreditar al susodicho por su incontinencia verbal, tal como hizo Esquerra. La Fiscalía de Cataluña acierta al abrir diligencias para investigar las palabras de Vidal.Pero, desde el punto de vista institucional, la obligación de Puigdemont y Junqueras es comparecer en el Parlament para dar cuenta de las revelaciones de quien hasta hace 24 horas era su correligionario.

Lo primero que merece la pena subrayar es que Santi Vidal no es un personaje menor en el entramado soberanista. En 2015, el Consejo General del Poder Judicial le suspendió para tres años al considerarle responsable de una falta disciplinaria muy grave por haber participado en la redacción de una Constitución catalana. Junto a Carles Viver i Pi-Sunyer, presidente del Consejo Nacional para la Transición, se ha erigido en uno de los principales arquitectos jurídicos del proceso secesionista. Por tanto, sus palabras pueden responder o no a la verdad, pero sí son verosímiles en la medida que proceden de una persona que ha estado en el cogollo de las decisiones del independentismo catalán.

En una conferencia enmarcada en un ciclo que arrancó el 24 de noviembre de 2016, Santi Vidal aseguró que la Generalitat dispone de los datos fiscales de los catalanes tras obtenerlos de forma ilegal violando la Ley de Protección de Datos que rige en todo el Estado. Además, desveló que las autoridades catalanas saben cuantos de los 801 jueces que ejercen en Cataluña son afines al independentismo.Y añadió que existe una partida camuflada de 400 millones en los Presupuestos de la Generalitat destinada a la creación de las estructuras de Estado.

Las declaraciones de Vidal no son fruto de un arrebato coyuntural. Lleva varios meses, al menos desde noviembre, jactándose en público de que la independencia de Cataluña bien vale vulnerar la legalidad. Una afirmación impropia de cualquier responsable político -Vidal era senador de ERC desde 2015-, pero más aún en alguien cuya carrera está consagrada al ejercicio de la magistratura.

En todo caso, su revelación pone en evidencia en manos de qué clase de irresponsables se encuentra el llamado procés. Porque por mucho que las formaciones independentistas y sus satélites mediáticos se esfuercen ahora en vilipendiar la figura de Vidal como si fuera un espontáneo en la política catalana, la realidad es que se trata de un asesor jurídico de primer nivel de la Generalitat. Y sus revelaciones concuerdan con la línea frentista y rupturista del Govern desde que en 2012 decidió desbordar el marco autonómico. De ahí la estrategia de desobediencia que permea la acción política de la Generalitat, que incluye la amenaza de una nueva consulta, la creación de una Agencia Tributaria propia y la presión política a los Mossos. El propio ex president Artur Mas será juzgado el 6 de febrero por saltarse a los tribunales en la organización de la pseudoconsulta del 9-N. Si el jefe de Gobierno en Cataluña no respetó la legalidad, no parece descabellado pensar en otro tipo de irregularidades en la Generalitat. Tampoco que en el futuro se elaboren listas de buenos y malos catalanes, a imagen y semejanza del sesgo con el que el separatismo catalán trata a los jueces.

Utilizar datos fiscales con fines políticos supone una práctica ilegal del todo inadmisible. Pero hacerlo además tras haberlos obtenido, presuntamente, con métodos que vulneran la legalidad supone un punto de inflexión en la ya de por sí irresponsable carrera del independentismo. El Ministerio Público señaló en su comunicado de ayer que, de confirmarse lo expresado por Vidal, la Generalitat habría incurrido en varios delitos de descubrimiento y de revelación de secretos. No basta, por tanto, con la dimisión de Vidal. Puigdemont y Junqueras deben disipar cualquier sombra de sospecha.

Fabular es algo natural en el hombre. La gente fabula para explicarse el mundo en que vive, para tranquilizarse ante lo que viene o incluso para afirmarse frente a los demás. Vargas Llosa escribió que la historia es una rama de la fabulación que pretende ser ciencia. Ciertamente, la historia incorpora elementos propios de la literatura, pero no pretende ser ficción, sino realidad inmutable. Sin embargo, la historia queda contaminada por personajes que declaran, proclaman o escriben cosas que les ha parecido ver, saber o entender. Muchas veces la historia es como una fotografía movida en la que podemos confundir personajes o paisajes. Por eso hay que manejarse por las cronologías sin prisas, con pausas, huyendo de los acelerones.

Acabamos de ser testigos de las fabulaciones del senador (y exjuez) Santi Vidal en sus adoctrinamientos en favor del proceso soberanista, que eran realismo mágico. No les había pasado por alto lo disparatado de sus discursos a las autoridades catalanas, pero no pusieron freno a una verborrea que oscilaba entre medias verdades y falsedades profundas. “Había que crear ilusión entre los independentistas y demostrar que se estaban haciendo cosas”, ha argumentado el exjuez, en una excusa tan ingenua como disparatada. La gente se lo pasaba en grande escuchando al orador que contaba que el Govern se había apoderado ilegalmente de los datos fiscales de los catalanes, que un Estado no europeo se había comprometido a hacer de banco tras la secesión, que había 400 millones para el referéndum y las estructuras de Estado camuflados en el presupuesto, que existía un acuerdo de Catalunya con la OTAN o que un país extranjero entrenaba en el contraespionaje a los Mossos. La gente aplaudía enfervorizada al escuchar a Vidal. Es lo que tienen los cuentos: son fáciles de entender y tienen un final feliz. Lo peor es que las fábulas cuentos son. Y ni la calabaza se convirtió nunca en carroza, ni Catalu­nya es el país de las maravillas.

El ‘caso Santi Vidal’ no ha sido un simple autogol del independentismo, otro más. Las supuestas revelaciones del exjuez –ahora, también exsenador de ERC– sobre los entresijos más sórdidos del ‘procés’ son una bomba de relojería que estalla antes de hora en manos del artificiero. La fulminante dimisión de Vidal quizá evite una guerra entre el PDECat y ERC, pero no amortiguará los efectos colaterales de la detonación.

Como ha contado con detalle Neus Tomàs, el Govern lleva meses trabajando en el ‘día después’ de la desconexión con España. Bajo los auspicios del jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, todos los departamentos han recibido el encargo de diseñar estructuras de Estado y planes de contingencia para que una eventual separación no sitúe a los catalanes al borde del caos.

Se han analizado distintos escenarios. Se han explorado alternativas sobre la financiación, la justicia, las infraestructuras… Y se han confeccionado informes confidenciales que, según confiesan miembros del Govern, empiezan a circular entre no pocas manos. Tal vez demasiadas.

SIN ROMPER HUEVOS…

Y es que, en la lógica independentista, esa es la obligación de un gobierno que prepara un referéndum unilateral como antesala de la secesión: asegurarse de que esta será efectiva. El secretismo que rodea estos trabajos y los de la ley de transitoriedad impide comprobar si los planes soberanistas rozan la legalidad hoy vigente o directamente la desbordan. Pero mejor no llevarse a engaño: para celebrar un referéndum ilegal es indispensable saltarse la ley. Y para desconectar de España a la brava, también. Sin romper huevos…

Si dirigentes y cargos públicos soberanistas presumen en privado de la hazaña que están a punto de protagonizar, no sería extraño que el exjuez estrella del independentismo participase de tales confidencias. Ni que luego las exagerase ante el público hasta el punto de transformar las venideras gestas en patrañas presentes.

Con sus fábulas o indiscreciones, Vidal ha brindado un magnífico pretexto al Estado para judicializar preventivamente e investigar los clandestinos planes del Govern. Eso sí es una hazaña.