29 abril 1995
Margarita Robles destituye de sus puestos a José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño
Escándalo Informe Véritas: El policía José Manuel Villarejo asegura que el Gobierno del PSOE le encargó una investigación contra Garzón, Luis Ramallo (PP) y Luis del Olmo
Hechos
El 29 de abril de 1995 se publica en prensa la existencia del llamado ‘Informe Véritas’.
Lecturas
Un oscuro dossier policial denominado «Proyecto Véritas» coloca bajo sospecha a determinados sectores del Ministerio del Interior. El documento contiene informaciones sobre la vida privada y supuestas actividades irregulares de jueces, políticos, periodistas, empresarios y policías. Su principal objetivo parece ser el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real, precisamente cuando éste acaba de reabrir el caso GAL y sus investigaciones amenazan a antiguos responsables de la cúpula socialista de Interior.
No se trata propiamente de un informe policial ordinario producto de unas diligencias judiciales. Lo que aparece son notas informativas procedentes de pesquisas policiales y privadas, entre ellas la denominada «Nota informativa número 51. Asunto Garzón. Proyecto Véritas». Al juez se le atribuían relaciones con personas vinculadas al narcotráfico, encuentros sexuales, consumo de drogas y una supuesta trama destinada a manipularlo o comprometerlo. Las acusaciones no fueron demostradas. El dossier extendía sus sospechas a otras personalidades: el diputado del PP y vicepresidente del Congreso Luis Ramallo García, el periodista Luis del Olmo Marote, el empresario Javier de la Rosa Martí y diferentes policías relacionados con investigaciones de Garzón.
VILLAREJO, UN POLICÍA ATÍPICO
Entre los nombres relacionados con el dossier aparece por primera vez ante la opinión pública el del inspector jefe José Manuel Villarejo Pérez.
Su situación profesional era ya extraordinariamente peculiar. Había permanecido durante años en excedencia de la Policía mientras desarrollaba actividades privadas de investigación a través de empresas como R. Consultores Investigación, y había vuelto a colaborar con Interior en trabajos reservados antes de reincorporarse formalmente al Cuerpo. En 1995 se hacía público, por tanto, algo que muchos años después resultaría esencial para comprender su trayectoria: Villarejo se movía simultáneamente entre el mundo policial, la investigación privada, los confidentes, los empresarios y los periodistas.
Según la versión que posteriormente ofrecería el propio Villarejo, a finales de septiembre de 1994 recibió informaciones sobre una supuesta organización formada alrededor de confidentes, intérpretes y policías relacionados con el caso del traficante de armas Monzer Al Kassar, y comunicó aquellos datos a sus superiores. Las pesquisas terminaron extendiéndose al entorno de Garzón. Villarejo sostendría que sus notas eran conocidas por mandos policiales y que actuaba por encargo de sus superiores; la Dirección General de la Policía mantuvo exactamente lo contrario: aseguró oficialmente que desconocía la existencia del Véritas y negó que Ángel Olivares Ramírez, Miguel Ángel Alonso o Enrique de Federico hubieran autorizado semejante investigación.
LILLO Y GARCÍA CASTAÑO
El estallido del escándalo afectó también a los inspectores jefes Ramón Lillo Lozano de Sosa y Enrique García Castaño, dos policías relacionados con investigaciones sensibles de aquellos años. Los tres —Lillo, García Castaño y Villarejo— fueron apartados de sus puestos y destinados a comisarías madrileñas, aunque Interior aseguró que los cambios respondían exclusivamente a razones profesionales.
Pero las informaciones publicadas inmediatamente después introdujeron una diferencia importante: Lillo y García Castaño no aparecían necesariamente como autores del Véritas. El Mundo sostuvo que ambos figuraban incluso como perjudicados por las investigaciones: García Castaño era relacionado por el dossier con una supuesta organización corruptora de políticos y jueces, mientras Lillo aparecía asociado a maniobras relacionadas con Al Kassar. El principal vínculo con la elaboración de las notas conducía a Villarejo.
DE LA NEGACIÓN OFICIAL A LA DENUNCIA DE VILLAREJO
El caso no terminó el 29 de abril.
El 4 de mayo, El Mundo, a través de Manuel Cerdán Alenda y Antonio Rubio Campaña, aseguró que Interior sí había encargado la investigación y que determinados mandos de la Policía conocían las pesquisas. La Dirección General respondió con una negativa tajante: afirmó desconocer el informe salvo por las noticias publicadas y aseguró que jamás toleraría investigaciones policiales sobre la intimidad de jueces, políticos o periodistas.
Entonces Villarejo contraatacó.
El 5 de mayo de 1995 remitió un escrito al director general de la Policía, Ángel Olivares, y posteriormente presentó una denuncia en la comisaría madrileña de Retiro. Villarejo reconocía haber realizado durante 1994 y 1995 trabajos de carácter reservado y haber aportado notas informativas, pero sostenía que sus superiores conocían y respaldaban su actividad. Se negaba así a aceptar que, una vez aparecido públicamente el dossier, la responsabilidad quedara reducida a la iniciativa particular de unos cuantos policías.
El asunto quedó atrapado desde entonces entre dos versiones incompatibles.
Interior decía que el Véritas no era suyo. Villarejo decía que había trabajado para Interior.
¿QUÉ RECORRIDO TUVO EL VÉRITAS?
Una parte de las informaciones llegó incluso al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, que abrió diligencias. La juez se inhibió inicialmente en favor del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dirigido por Carlos Dívar Blanco, pero éste devolvió posteriormente las actuaciones al juzgado madrileño. El Véritas no terminaría convirtiéndose en una gran causa judicial que acreditara las graves acusaciones contenidas en sus páginas.
Su importancia histórica acabaría siendo otra.
En abril de 1995, José Manuel Villarejo todavía no era comisario, no era una celebridad y su nombre significaba muy poco para el ciudadano medio. Era simplemente uno de los policías que aparecían alrededor de un extraño dossier sobre Garzón.
Muchos años después, el propio Villarejo seguiría defendiendo que había participado en aquellas pesquisas por orden superior. Incluso en su comparecencia parlamentaria de 2021 sostuvo que el encargo del Véritas había procedido de responsables políticos de Interior. Esa afirmación constituye su versión y no demuestra por sí sola quién ordenó realmente el proyecto, pero confirma hasta qué punto aquel episodio de 1994-1995 constituyó uno de los primeros antecedentes públicos de su peculiar forma de trabajar.
El Informe Véritas prácticamente desaparecería de la memoria colectiva.
El nombre de uno de los policías relacionados con él, no.
29 Abril 1995
Un informe falso de Interior acusa a jueces y políticos
04 Mayo 1995
Interior encargó el «informe Veritas»
La decisión del director de la Policía, Angel Olivares, de apartar de sus destinos a tres cualificados inspectores jefes, confirma que Interior elaboró durante 1994 y 1995 un informe secreto en el que figuran datos sobre la vida privada de jueces, políticos de la oposición, periodistas y empresarios. Este dossier, que recibió el nombre clave de «Veritas», fue elaborado por agentes de la Comisaría de Policía Judicial, con el visto bueno del propio Olivares.
El director de la Policía ha querido zanjar el escándalo de la utilización de fondos del Estado para investigar la intimidad de personajes como Baltasar Garzón, Luis Ramallo, Javier de la Rosa, Luis del Olmo y varios periodistas de EL MUNDO, depurando a tres simples funcionarios policiales: Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo.
Dos de estos policías, Enrique García Castaño y Ramón Lillo, no participaron en la elaboración del «informe Veritas», en la que sí pudo intervenir José Villarejo. De las pesquisas policiales siempre estuvieron informados, tal como recoge el propio informe, Enrique de Federico, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, el director de la Policía, Angel Olivares, y el subdirector, Miguel Angel Alonso.
INFORME SECRETO.- EL MUNDO publicó el 16 de febrero pasado que «un grupo especial de la Policía ha investigado al juez Garzón y a funcionarios de Interior». También desvelaba la existencia de un informe secreto en el que la Policía aseguraba que «Garzón tenía relaciones con miembros de una organización de narcotraficantes» y «había participado en orgías con mujeres». Parte de este informe fue remitido al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que abrió las diligencias 7214.
Tras las denuncias de este periódico, la Dirección de la Policía difundió una nota informativa negando la existencia del dossier secreto sobre Garzón y sus colaboradores policiales. Ayer, el director de la Policía manifestó que el cambio de destino de los inspectores se debía, exclusivamente, a razones profesionales: «Son puestos de libre designación, por lo que el Ministerio ha creído más conveniente comunicarles un nuevo destino».
El operativo de seguimiento y control sobre Garzón y algunos de sus colaboradores, acusados de colaborar con redes de narcotráfico, se puso en marcha a mediados de septiembre de 1994, antes de que estallara el «caso GAL». En él, participaron 20 inspectores, coordinados por el comisario de Barcelona, Carlos Rubio. Los policías fueron trasladados a Madrid desde la Ciudad Condal y Zaragoza para evitar filtraciones. De Federico, contrariamente a lo previsto en las ordenanzas policiales, no utilizó a la Brigada de Régimen Interno, la encargada de investigar estos temas.
Castaño, que estaba destinado en la Comisaría General de Información y colaboraba estrechamente con Garzón, fue investigado por este grupo especial de policías por haber participado en la detención del sirio Monzer Al Kassar.
El propio comisario Rubio se entrevistó en persona en el hotel Novotel con el arrepentido del «caso Al Kassar», Abu Siad, para que le facilitara información sobre el entorno de Garzón. EL MUNDO tiene en su poder una nota manuscrita de Rubio que entregó al arrepentido con un número de teléfono y extensión de las dependencias de Canillas.
Fuentes policiales han mostrado a EL MUNDO su extrañeza por el traslado de los tres policías a distintas comisarías de Madrid, ya que no existen razones objetivas para este castigo. Además, los agentes Lillo y Castaño aparecen en el «informe Veritas» como perjudicados. De Lillo se dice que había participado en una maniobra para que se produjera un acercamiento entre Al Kassar y el Ministerio del Interior. De Castaño, se afirma que pertenecía a una organización que se dedicaba a corromper a políticos y jueces.
NOTA INFORMATIVA.- EL MUNDO, como ya informó en febrero pasado, tiene en su poder una copia de la «nota informativa» número 51 del «informe Veritas». En su página 9 se puede leer: «Dada la gravedad de lo denunciado, Enrique de Federico decide utilizar personal ajeno a los servicios de Madrid, al menos hasta comprobar la veracidad de las acusaciones. Villar contacta con el responsable de este grupo de investigación, Carlos Rubio, y le pasa los datos obtenidos y los posibles colaboradores, apartándose de las gestiones indagatorias».
15 Mayo 1995
La doble vida del policía que espió al juez Garzón
27 Mayo 1995
Un policía asegura que Interior elaboró el informe sobre Garzón
José Villarejo, inspector jefe del cuerpo Superior de Policía, dirigió un escrito el pasado 5 de mayo a Angel Olivares, director de la Policía, en el que reconoce que, durante 1994 y 1995, participó junto con otros altos cargos policiales del Ministerio del Interior en la elaboración de un informe secreto en el que figuran datos sobre la vida privada de jueces, políticos de la oposición, periodistas y empresarios.
La denuncia fue presentada en la Comisaría de Retiro de Madrid (número 001870), donde fue destinado Villarejo tras ser apartado de su función de «agente encubierto».
El cese de Villarejo, con el de otros dos policías, se produjo a raíz de que EL MUNDO desvelara la existencia del denominado «informe Veritas» sobre la vida privada del juez Garzón, realizado con el conocimiento del director de la Policía, Angel Olivares; el subdirector, Miguel Angel Alonso y el comisario general de Policía Judicial, Enrique de Federico.
Otras fuentes policiales manifestaron a EL MUNDO que el cese de Villarejo ha estado motivado, exclusivamente, por razones políticas: «Angel Olivares le acusa de ser quien informó al PP sobre la falta de medidas de seguridad en torno a José María Aznar antes del atentado de ETA».
Olivares siempre ha desmentido la existencia del «informe Veritas» sobre Garzón y otras personalidades de la vida pública, sin embargo la denuncia de Villarejo deja en mal lugar la credibilidad del director general de la Policía. Villarejo se reafirma en su escrito que cada «nota informativa» que entregó a sus superiores tuvo el visto bueno y el apoyo de la cúpula policial.
El inspector Villarejo adjunta en su escrito un informe en el que desvela cómo se realizó la operación. Señala que «a finales de septiembre de 1994 informé de una organización mafiosa formada por algunos de los testigos que participaron en el juicio de Mozen Al Kassar en la que concurrían intérpretes oficiales de árabe, confidentes y algunos funcionarios de la Policía, contando, al parecer, con la aceptación de alguien de Justicia, entre otros, el juez Baltasar Garzón».
Villarejo se encontraba en situación de excedencia dentro de la Policía y ejercía de detective privado. Hace aproximadamente dos años fue captado nuevamente por Interior para que se dedicara a analizar y elaborar «información pura». Trabajaba con total autonomía y sólo daba cuenta de sus pesquisas a Agustín Linares, ex subdirector de la Policía. Después de que José Luis Corcuera abandonara la cartera de Interior, Villarejo siguió trabajando para el equipo de Asunción y, más tarde, para Juan Alberto Belloch.
El policía reconoce que ha realizado para el Ministerio del Interior «trabajos de naturaleza reservada y delicada», que no va a consentir que se juegue con su profesionalidad y que quede como un mentiroso.
José Villarejo, en otro escrito presentado el pasado 24 de mayo y dirigido al director general de la Policía le dice que «está planteándose la correspondiente denuncia ante la autoridad Judicial por prevaricación y estafa».
El Análisis
UN NOMBRE PARA RECORDAR: VILLAREJO
Entre Garzón, los GAL, Luis Ramallo y Luis del Olmo aparece hoy un nombre que probablemente casi ningún español recordará dentro de unas semanas: José Manuel Villarejo Pérez. Ni siquiera es todavía comisario. Pero su perfil merece atención. Es policía y al mismo tiempo ha desarrollado negocios privados de investigación; trabaja con confidentes y fuentes, se relaciona con periodistas y empresarios y produce algo particularmente valioso en el Madrid de los escándalos: información. El Véritas contiene precisamente esa materia prima: datos verdaderos mezclados con rumores, acusaciones no comprobadas, información privada y elementos potencialmente comprometedores sobre personas con poder. Interior niega haber encargado semejante dossier; Villarejo asegura que sus superiores conocían sus trabajos. Quizá nunca llegue a aclararse completamente quién ordenó cada pesquisa. Pero empieza a percibirse un fenómeno más importante que un informe concreto: existen policías que han comprendido que saber cosas sobre jueces, políticos, empresarios y periodistas proporciona una forma de poder distinta de la que concede una placa.
La información puede servir para investigar delitos, que es precisamente aquello para lo que el Estado proporciona instrumentos extraordinarios a determinados funcionarios. Pero también puede convertirse en moneda de cambio: una confidencia consigue acceso a un periodista; un dato comprometedor aproxima a un empresario; una información reservada aumenta el valor de quien la posee ante sus superiores; y un dossier sobre la vida privada de un juez puede servir para desacreditarlo aunque nunca llegue a probarse nada de lo que contiene. No sabemos todavía qué recorrido tendrá José Manuel Villarejo dentro de la Policía. Puede que el nombre desaparezca junto al propio Informe Véritas. Pero el episodio deja una advertencia que debería preocupar bastante más que sus historias de orgías y conspiraciones: cuando quien acumula información comprende que también puede administrarla para aumentar su propia influencia, deja de ser solamente un policía que sabe secretos; empieza a convertirse en un hombre poderoso porque los sabe.
J. F.