Escándalo Informe Véritas: El policía José Manuel Villarejo asegura que el Gobierno del PSOE le encargó una investigación contra Garzón, Luis Ramallo (PP) y Luis del Olmo

La decisión del director de la Policía, Angel Olivares, de apartar de sus destinos a tres cualificados inspectores jefes, confirma que Interior elaboró durante 1994 y 1995 un informe secreto en el que figuran datos sobre la vida privada de jueces, políticos de la oposición, periodistas y empresarios. Este dossier, que recibió el nombre clave de «Veritas», fue elaborado por agentes de la Comisaría de Policía Judicial, con el visto bueno del propio Olivares.

El director de la Policía ha querido zanjar el escándalo de la utilización de fondos del Estado para investigar la intimidad de personajes como Baltasar Garzón, Luis Ramallo, Javier de la Rosa, Luis del Olmo y varios periodistas de EL MUNDO, depurando a tres simples funcionarios policiales: Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo.

Dos de estos policías, Enrique García Castaño y Ramón Lillo, no participaron en la elaboración del «informe Veritas», en la que sí pudo intervenir José Villarejo. De las pesquisas policiales siempre estuvieron informados, tal como recoge el propio informe, Enrique de Federico, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, el director de la Policía, Angel Olivares, y el subdirector, Miguel Angel Alonso.

INFORME SECRETO.- EL MUNDO publicó el 16 de febrero pasado que «un grupo especial de la Policía ha investigado al juez Garzón y a funcionarios de Interior». También desvelaba la existencia de un informe secreto en el que la Policía aseguraba que «Garzón tenía relaciones con miembros de una organización de narcotraficantes» y «había participado en orgías con mujeres». Parte de este informe fue remitido al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que abrió las diligencias 7214.

Tras las denuncias de este periódico, la Dirección de la Policía difundió una nota informativa negando la existencia del dossier secreto sobre Garzón y sus colaboradores policiales. Ayer, el director de la Policía manifestó que el cambio de destino de los inspectores se debía, exclusivamente, a razones profesionales: «Son puestos de libre designación, por lo que el Ministerio ha creído más conveniente comunicarles un nuevo destino».

El operativo de seguimiento y control sobre Garzón y algunos de sus colaboradores, acusados de colaborar con redes de narcotráfico, se puso en marcha a mediados de septiembre de 1994, antes de que estallara el «caso GAL». En él, participaron 20 inspectores, coordinados por el comisario de Barcelona, Carlos Rubio. Los policías fueron trasladados a Madrid desde la Ciudad Condal y Zaragoza para evitar filtraciones. De Federico, contrariamente a lo previsto en las ordenanzas policiales, no utilizó a la Brigada de Régimen Interno, la encargada de investigar estos temas.

Castaño, que estaba destinado en la Comisaría General de Información y colaboraba estrechamente con Garzón, fue investigado por este grupo especial de policías por haber participado en la detención del sirio Monzer Al Kassar.

El propio comisario Rubio se entrevistó en persona en el hotel Novotel con el arrepentido del «caso Al Kassar», Abu Siad, para que le facilitara información sobre el entorno de Garzón. EL MUNDO tiene en su poder una nota manuscrita de Rubio que entregó al arrepentido con un número de teléfono y extensión de las dependencias de Canillas.

Fuentes policiales han mostrado a EL MUNDO su extrañeza por el traslado de los tres policías a distintas comisarías de Madrid, ya que no existen razones objetivas para este castigo. Además, los agentes Lillo y Castaño aparecen en el «informe Veritas» como perjudicados. De Lillo se dice que había participado en una maniobra para que se produjera un acercamiento entre Al Kassar y el Ministerio del Interior. De Castaño, se afirma que pertenecía a una organización que se dedicaba a corromper a políticos y jueces.

NOTA INFORMATIVA.- EL MUNDO, como ya informó en febrero pasado, tiene en su poder una copia de la «nota informativa» número 51 del «informe Veritas». En su página 9 se puede leer: «Dada la gravedad de lo denunciado, Enrique de Federico decide utilizar personal ajeno a los servicios de Madrid, al menos hasta comprobar la veracidad de las acusaciones. Villar contacta con el responsable de este grupo de investigación, Carlos Rubio, y le pasa los datos obtenidos y los posibles colaboradores, apartándose de las gestiones indagatorias».

José Villarejo, inspector jefe del cuerpo Superior de Policía, dirigió un escrito el pasado 5 de mayo a Angel Olivares, director de la Policía, en el que reconoce que, durante 1994 y 1995, participó junto con otros altos cargos policiales del Ministerio del Interior en la elaboración de un informe secreto en el que figuran datos sobre la vida privada de jueces, políticos de la oposición, periodistas y empresarios.

La denuncia fue presentada en la Comisaría de Retiro de Madrid (número 001870), donde fue destinado Villarejo tras ser apartado de su función de «agente encubierto».

El cese de Villarejo, con el de otros dos policías, se produjo a raíz de que EL MUNDO desvelara la existencia del denominado «informe Veritas» sobre la vida privada del juez Garzón, realizado con el conocimiento del director de la Policía, Angel Olivares; el subdirector, Miguel Angel Alonso y el comisario general de Policía Judicial, Enrique de Federico.

Otras fuentes policiales manifestaron a EL MUNDO que el cese de Villarejo ha estado motivado, exclusivamente, por razones políticas: «Angel Olivares le acusa de ser quien informó al PP sobre la falta de medidas de seguridad en torno a José María Aznar antes del atentado de ETA».

Olivares siempre ha desmentido la existencia del «informe Veritas» sobre Garzón y otras personalidades de la vida pública, sin embargo la denuncia de Villarejo deja en mal lugar la credibilidad del director general de la Policía. Villarejo se reafirma en su escrito que cada «nota informativa» que entregó a sus superiores tuvo el visto bueno y el apoyo de la cúpula policial.

El inspector Villarejo adjunta en su escrito un informe en el que desvela cómo se realizó la operación. Señala que «a finales de septiembre de 1994 informé de una organización mafiosa formada por algunos de los testigos que participaron en el juicio de Mozen Al Kassar en la que concurrían intérpretes oficiales de árabe, confidentes y algunos funcionarios de la Policía, contando, al parecer, con la aceptación de alguien de Justicia, entre otros, el juez Baltasar Garzón».

Villarejo se encontraba en situación de excedencia dentro de la Policía y ejercía de detective privado. Hace aproximadamente dos años fue captado nuevamente por Interior para que se dedicara a analizar y elaborar «información pura». Trabajaba con total autonomía y sólo daba cuenta de sus pesquisas a Agustín Linares, ex subdirector de la Policía. Después de que José Luis Corcuera abandonara la cartera de Interior, Villarejo siguió trabajando para el equipo de Asunción y, más tarde, para Juan Alberto Belloch.

El policía reconoce que ha realizado para el Ministerio del Interior «trabajos de naturaleza reservada y delicada», que no va a consentir que se juegue con su profesionalidad y que quede como un mentiroso.

José Villarejo, en otro escrito presentado el pasado 24 de mayo y dirigido al director general de la Policía le dice que «está planteándose la correspondiente denuncia ante la autoridad Judicial por prevaricación y estafa».