El Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid adjudica licencias TDT a Jiménez Losantos, Pedro J., Lara e INTERECONOMÍA, negándosela a LOCALIA (PRISA)

El Gobierno de Esperanza Aguirre, amparado en el paréntesis agosteño, ha hecho públicas las adjudicaciones de los 30 canales de televisión, siete de ellos en la capital, que conformarán el mapa televisivo regional. La lista de beneficiarios, y de excluidos, sólo es entendible si se acepta el criterio sectario de una Administración que además presume de liberal. No es una novedad. El PP de Aznar ya demostró durante sus años de gobierno un notorio desprecio por la pluralidad informativa y la libertad empresarial, en un continuo ejercicio de favorecer hasta la arbitrariedad a sus amigos y perseguir con saña a quienes se atrevían a discrepar de sus posiciones. Ni un milímetro se han separado de ese dogmatismo el PP de Aguirre en Madrid, el de Matas en Baleares o el de Fraga, in extremis, en Galicia. Mal asunto, pero aún sería peor que nos encontráramos ante una consigna de la cúpula del partido que dirigen Rajoy y Acebes: favores al afín y castigo al discrepante. Todavía quedan algunas comunidades regidas por el PP pendientes de comunicar sus adjudicaciones -Valencia, Murcia, Castilla y León, La Rioja- y tiempo habrá para comprobar la sospecha.

La lista de Madrid es ilustrativa: la Conferencia Episcopal, el arzobispado, el periodista estrella de la emisora de los obispos [Federico Jiménez Losantos] líder indiscutible de la extrema derecha, el director de EL MUNDO [Pedro J. Ramírez], el máximo representante de ANTENA 3 [José Manuel Lara], editor también de LA RAZÓN… Entre los rechazados, TELECINCO, Cadena Ibérica o LOCALIA, impulsada por el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, el periódico de mayor difusión en España y en la comunidad madrileña. ¿De verdad piensa el PP que con tal nómina de beneficiarios y de excluidos alguien puede creerse que se garantiza la pluralidad informativa como proclaman los dirigentes de la Comunidad? ¿Qué razones profesionales o de competitividad esgrimirá Esperanza Aguirre ante los madrileños para justificar la concesión de cuatro canales a la Conferencia Episcopal, otros cuatro al más connotado locutor de la misma cadena, uno al contertulio más habitual de su programa, más otro, en Madrid capital, al arzobispado?

Tan incomprensible como el recurso al pluralismo es la apelación a la creación de empleo. Porque eso es precisamente lo que han hecho los empresarios y grupos de comunicación que sostenían las emisoras que hasta ahora estaban emitiendo con centros de producción, programación específica, decenas de trabajadores e inversiones multimillonarias. ¿No era ese mérito suficiente para el concurso frente a unos aspirantes cuyo único aval es una singular hoja de servicios al PP y a sus actuales y pasados dirigentes?

El Gobierno madrileño está obligado a explicar con claridad los criterios seguidos, como le ha pedido la oposición. Lo exige la pluralidad informativa y la libertad de empresa, basada en la calidad y los méritos profesionales. Los madrileños se merecen un panorama televisivo que no se limite al adoctrinamiento religioso y a los mensajes ultraconservadores de los amigos del PP.