23 marzo 2005

La investigación parte de una denuncia anónima

Estalla el caso de las Sedaciones en el Hospital Público Severo Ochoa: el consejero de Sanidad destituye al Director del Servicio de urgencias, Doctor Montes, por 400 muertes irregulares

Hechos

Fue noticia el 23 de marzo de 2005.

23 Marzo 2005

No hubo eutanasia

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Las denuncias anónimas que apuntaban a un práctica de eutanasia masiva -se llegó a señalar hasta 400 casos- entre los enfermos terminales del hospital público Severo Ochoa de Leganés han quedado en nada. El informe elaborado por los servicios de inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid señala irregularidades administrativas, pero no ha podido establecer que existiera una mala praxis médica, contraria a la ética profesional, en el tratamiento de los enfermos. Éste era el aspecto que desató la alarma, relacionado con el aparente aumento durante los dos últimos años de muertes de enfermos terminales en el citado hospital.

Y sin embargo, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, ha decidido destituir a la cúpula entera del hospital. Antes ya dio suficiente credibilidad a las denuncias anónimas, cesó al coordinador de Urgencias y responsable del equipo de sedación paliativa, sin esperar a verificar lo fundado de las denuncias, y contribuyó así a dar verosimilitud a la hipótesis preocupante de una práctica masiva de eutanasia. El informe reduce ahora lo sucedido a irregularidades administrativas, algo que obliga al consejero a justificar y explicar la destitución del director-médico, el gerente del centro y el coordinador de Urgencias y responsable del equipo de sedación paliativa, si no quiere que aparezca como una justificación retrospectiva de su drástica actuación.

Entre las irregularidades administrativas más significativas figuran, según Lamela, 25 incidencias referentes a enfermos que fallecieron en urgencias tras recibir una sedación que se califica de irregular o inadecuada. Otras tienen que ver con la ausencia de consentimiento familiar expreso o documentado en 57 de los 151 casos de sedaciones revisados y con el hallazgo en un cajón de 70 consentimientos informados que no fueron incorporados a las correspondientes historias clínicas. Pero nada permite deducir que ha habido prácticas de eutanasia ni mucho menos de forma masiva.

Lamela habla de caos organizativo, aunque no cuestiona la profesionalidad de los facultativos cesados, sino su capacidad administrativa y de gestión. Alguna responsabilidad organizativa tendrá en ello el máximo responsable político de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Ciertos reproches a una unidad de urgencias, que tiene contacto además con enfermos en fase terminal, suenan como ironías crueles y macabras y pueden producir resultados devastadores en la medicina pública. Si hubo malas prácticas deben ser localizadas, denunciadas a los tribunales y sus responsables apartados del servicio, pero si no es así o no se puede demostrar, no valen las insinuaciones y las medias verdades, y se convierte en una grave irresponsabilidad la siembra de la duda y la inquietud entre médicos y enfermos.

20 Agosto 2005

Todavía Leganés

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Han pasado cinco meses desde que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, provocara un gran escándalo al destituir al director del servicio de urgencias y al gerente del hospital Severo Ochoa, de Leganés, basándose en una denuncia anónima según la cual en dicho servicio se había sedado indebidamente a más de 400 pacientes con el resultado, como mínimo, de acelerar su muerte. Un examen riguroso de todos los casos fue descartando las sospechas de mala práctica profesional, hasta quedar sólo 16 expedientes sobre los que la fiscalía todavía no se ha pronunciado faltando el preceptivo informe forense. Tampoco ha pasado de diligencias previas la única denuncia presentada por los familiares de uno de los fallecidos. Mientras el jefe del servicio, el doctor Luis Montes, continúa apartado de su cargo, el personal sanitario del hospital sigue movilizado y su solidaridad con el equipo destituido y el clima se mantienen enrarecidos. El doctor Montes ha denunciado represalias laborales y amenazas encubiertas contra quienes le manifestaron su apoyo. Lo único que parece completamente normalizado es la confianza de los vecinos de Leganés, que, superada la lógica inquietud inicial, continúan acudiendo al hospital y confiando en sus médicos y sanitarios. La confianza alcanza también al doctor Montes, reciclado ahora como anestesista, sin que nadie, ni los pacientes ni la consejería que inicialmente alentó la sospecha de centenares de homicidios, lo considere inconveniente.

Cinco meses no es mucho tiempo en términos de la Administración de Justicia, pero en este caso tiene razón el doctor Montes al reclamar rapidez para poner punto final a esta desgraciada historia. La nula habilidad con la que el consejero de Sanidad manejó el caso y el consiguiente escándalo público provocaron una justificada alarma social. Los pacientes del hospital de Leganés tienen derecho a exigir que el caso se resuelva con la máxima presteza y a reclamar la mayor transparencia. Las sospechas planteadas fueron tan graves que no se puede pasar discretamente la página. Hay que determinar los hechos. El ex director y el personal del servicio de urgencias del hospital de Leganés defienden la sedación de enfermos terminales para ahorrarles en las últimas horas los síntomas de la agonía y ayudarles a tener una muerte digna, siempre que los interesados o sus familiares den su consentimiento. Parece difícil discrepar sobre algo que la inmensa mayoría de los ciudadanos desearíamos para nosotros mismos y para nuestros allegados. Si el doctor Montes y su equipo actuaron de acuerdo con estas reglas, debe quedar claro y la consejería reconocer públicamente su error. Cuanto antes, mejor.

04 Marzo 2006

Por el buen nombre

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Desde que estalló, hace ahora un año, el escándalo de los presuntos casos de eutanasia, el hospital público Severo Ochoa, de Leganés, al sur de Madrid, ha vivido bajo un pesado y muy probablemente injusto clima de sospecha sobre la actuación de algunos de sus profesionales. Varias asociaciones vecinales, con el apoyo de las organizaciones sindicales, protagonizaron ayer una manifestación «en defensa del hospital y por la dignidad de los trabajadores». Es hora ya de que la situación del centro se normalice y se acometan problemas de mayor calado como son su masificación y la falta de medios. Hay que augurar que la Justicia, que no se ha desenvuelto precisamente con gran celeridad, devuelva el prestigio a los médicos afectados cuando en breve se hagan públicas las conclusiones.

A finales del mes pasado se conocieron algunos elementos de lo que puede deparar la investigación. Un juez de Leganés archivó, por «falta absoluta de indicios», una querella por supuesto homicidio imprudente presentada por la familia de un paciente, de 78 años, que ingresó en situación agónica terminal en 2003 y falleció horas después. El magistrado determinó que la actuación del médico fue correcta y conforme a los cánones de la ciencia médica, y que antes de aplicar la sedación consultó con un especialista y recibió la autorización de los familiares, que pese a ello han decidido recurrir el auto. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, había considerado este caso como uno de los más claros de sedación contraindicada en su batalla judicial abierta contra la dirección del hospital y el coordinador del departamento de Urgencias, destituidos hace un año.

La crisis estalló tras una denuncia anónima que acusó al entonces coordinador de Urgencias de terminar con la vida de más de 400 pacientes con sedaciones irregulares. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, no vaciló en destituir a todo el equipo directivo, pese a que un primer informe de su propio departamento excluía que hubiera habido mala praxis clínica. Lamela presentó luego una demanda sobre 73 supuestos casos irregulares, lo cual obstaculizó la investigación que había abierto antes la Fiscalía de Madrid. La situación degeneró y se trocó en una batalla política entre PP y PSOE. La conducta de Lamela y su presunto celo para resolver el asunto son más que discutibles. Y todo ello ha hecho enorme daño al hospital Severo Ochoa y, en general, a la sanidad pública española.

06 Junio 2006

Peritajes en Leganés

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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Catorce meses han transcurrido desde que estallara el triste y famoso caso Leganés, sobre las presuntas irregularidades descubiertas a través de una denuncia anónima en la sedación de enfermos terminales en el hospital público Severo Ochoa de esa ciudad madrileña. El entonces coordinador del Servicio de Urgencias del centro, Luis Montes, fue destituido inmediatamente por la Consejería de Sanidad regional. Desde ese momento hasta hoy no ha cesado la difusión de informes y contrainformes oficiales, que han sido objeto del debate político y mediático interesado como si se tratara de una trifulca más entre socialistas y populares que se ventila en la calle, violándose en no pocas ocasiones el secreto médico y sin atender demasiado el daño que todo ello podía significar para los profesionales implicados y para la imagen del hospital.

Absurdo sería restar valor a las conclusiones del último de esos informes, el emitido por el Colegio de Médicos a petición del Juzgado número 7 de Leganés, aunque, obviamente, está muy lejos de las primeras acusaciones vertidas por el consejero de Sanidad, el popular Manuel Lamela, que insinuó la posibilidad de que hubiera habido al menos 400 casos de eutanasia en el Severo Ochoa, basándose en una denuncia anónima. El informe del Colegio de Médicos afirma que en 34 de las 73 historias clínicas investigadas de pacientes terminales fallecidos entre septiembre de 2003 y marzo de 2005 se incumplió la buena práctica médica, aunque precisa igualmente que de ningún modo puede concluirse que la sedación fuera la causa de la muerte de los enfermos. Los peritos médicos identifican, no obstante, cuatro casos de «sedaciones contraindicadas» de pacientes cuyo historial no permite determinar que estuvieran en situación terminal. De ser cierto, ese hecho dejaría en una situación un tanto embarazosa a los médicos responsables.

Las conclusiones de este último informe, que, por otra parte, contradicen a los médicos forenses en cuanto a la aplicación de dosis sedativas, han sido recibidas como si fueran definitivas e irrebatibles por los dirigentes políticos regionales, tanto de Gobierno como de oposición, dando prueba una vez más de enorme imprudencia. Es hora ya de que se agilice el procedimiento judicial y que, sobre todo, el juez instructor escuche los argumentos que puedan esgrimir el destituido doctor Montes y los demás implicados en las presuntas irregularidades. No es un dato menor que el ex director de Urgencias, que sigue trabajando en el hospital, confesara en una entrevista a este diario que vive en la indefensión: «Ha habido siete peritajes y aún no he podido hablar en ninguno».