21 marzo 2001
El asesinato fue atribuido al etarra Harriet Aguirre Garci, pero no pudio acreditarse en los tribunales
ETA asesina al concejal del PSE-EE-PSOE en el ayuntamiento de Lasarte, Froilan Elespe
Hechos
El 21 de marzo de 2001 fue asesinado Froilán Elespe, concejal de Lasarte.
Lecturas
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D. Froilán Elespe Inciarte, natural de Rentería de 54 años, casado y con dos hijos, era concejal del PSE. Además de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, era responsable del área de Obras Públicas, Urbanismo y Gestión Municipal. Un terrorista le disparó dos tiros en la cabeza mientras estaba en el bar Sasoeta, en la plaza Urko de Lasarte (Gipuzkoa), cerca de su casa, el mediodía del 20 de marzo de 2001. Cientos de personas abarrotaron la iglesia de San Pedro Apóstol de Lasarte donde tuvo lugar su funeral. Tras el mismo, entre 30.000 y 40.000 personas se manifestaron en protesta por el crimen. En 2003 se inauguró el Parque Botánico Froilán Elespe en Lasarte-Oria en homenaje y reconocimiento a Froilán por el trabajo realizado durante 16 años en el municipio.
Dña. Ana Urchueguía, alcaldesa de Lasarte por el PSE-EE-PSOE y amiga de D. Froilán Elespe condenó enérgicamente el atentado. Ella también recibió amenazas de ETA.
04 Abril 2001
Concejales y escoltas
Como Froilán Elespe, el concejal socialista de Lasarte-Oria asesinado por ETA, los tres concejales, también socialistas, de Zumárraga (Guipúzcoa) que han dimitido por su negativa a llevar escoltas son de aquellos ciudadanos que, aplicando la lógica, se resisten a aceptar que les puedan matar tan sólo por ostentar su representación política en un ayuntamiento. Y se rebelan contra esa posibilidad irracional. Pero esa lógica democrática pugna con el discurso práctico de los terroristas, para quienes los 243 concejales vascos del PSOE y los 223 del PP son ‘objetivos legítimos a eliminar’ precisamente por lo que representan.
Nada hay de reprochable que ante la tesitura de llevar escoltas los concejales de Zumárraga hayan optado por dimitir, al considerarlo una afrenta a su dignidad personal y una servidumbre insoportable en su vida cotidiana. Entre su libertad personal y sus deberes de representación, los concejales dimitidos han escogido lo primero. Nadie puede ponerles un reparo. La atención recriminatoria hay que enfocarla en quienes insisten en afirmar que ‘aquí no pasa nada’ y miran hacia otro lado ante los inequívocos propósitos de ETA de proceder a una limpieza ideológica no nacionalista en las instituciones representativas del País Vasco. Una sociedad en la que existen ciudadanos obligados a elegir entre su vida personal y su vida política, por no ser compatibles ambas, tiene un grave problema de falta de libertad. Éste es el problema central.
La amenaza de ETA a los concejales del PSOE y del PP busca erradicar del País Vasco a quienes representan cerca del 40% de los votantes. Ni el Estado de derecho ni los partidos democráticos pueden quedarse con los brazos cruzados ante semejante agresión. Deben garantizar que esa representación, sea del tamaño que sea, y eso es algo que corresponde decidir a los electores vascos, siga presente en las instituciones. Si es imprescindible que los cargos electos lleven protección policial, no habrá más remedio.