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ETA asesina al funcionario de prisiones Ángel Mota Iglesias

HECHOS

El 13 de marzo de 1990, un terrorista asesinó a D. Ángel Jesús Mota

El funcionario de prisiones, D. Ángel Jesús Mota Iglesias, de 31 años, estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Zamora, pero vivía en el País Vasco desde hacía 30 años. Estaba adscrito a la Administración de Instituciones Penitenciarias. Llevaba 11 años en la prisión de Martutene. Repartía la paga a los reclusos y entregaba las nóminas a sus compañeros, entre otras funciones.

El 13 de marzo de 1990, un terrorista asesinó a D. Ángel Jesús disparándole en presencia de su mujer y su hijo de 6 meses. Estaban en el barrio El Antiguo de San Sebastián. Mientras su esposa cerraba un negocio familiar, Ángel fue a su furgoneta con el bebé. En ese momento, un etarra se acercó y le disparó a bocajarro. El terrorista huyó del lugar en una motocicleta junto a otro etarra. Falleció en el hospital de la Cruz Roja de San Sebastián por las heridas de dos disparos en el cráneo y el cuello.

Durante las semanas posteriores al atentado, los funcionarios de varios centros penitenciarios de España hicieron manifestaciones, concentraciones y huelgas por la inseguridad de su trabajo y por la política antiterrorista.

El etarra Francisco Javier Balerdi Ibarguren fue condenado a 30 años de reclusión mayor por el asesinato, así como a indemnizar a sus herederos.

16 Marzo 1990

Desde la indiginación

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

EL ÚNICO responsable del asesinato del funcionario de prisiones Ángel Mota es ETA, y las circunstancias en que se produjo -cuando la víctima se encontraba con su hijo de seis meses en una calle de San Sebastián- hacen sumamente que alguna medida de seguridad pudiera haberlo evitado. Eligiendo el lugar y la hora, ETA mata siempre a personas indefensas. Esta evidencia ni debe llevar a la resignación ante la aparente inevitabilidad de los actos criminales ni es contradictoria con la imperiosa exigencia de que quienes se han convertido en objetivo específico de la acción terrorista de ETA estén protegidos en su trabajo con las máximas medidas de seguridad posibles. De esta actitud dieron ayer ejemplo los jueces y el personal de la Audiencia de San Sebastián manifestando su solidaridad con los funcionarios de prisiones y su repulsa ante el nuevo crimen de ETA.La huelga protagonizada ayer, desde la indignación, por los funcionarios de prisiones es comprensible. No sólo por que expresa de una forma pública su dolor y solidaridad ante el alevoso asesinato de un compañero; también, porque constituye una seria llamada a la Administración penitenciaria para que asuma su cuota de responsabilidad en la protección de sus trabajadores, tanto en el interior de las prisiones como fuera de ellas. A raíz del asesinato en agosto pasado de la madre de un funcionario mediante el envío de un paquete bomba dirigido a su hijo, la Administración penitenciaria y los sindicatos de prisiones acordaron la adopción de una serÍle de medidas de protección. Pues bien, las más significativas, que afectan a la seguridad electrónica, a la vigilancia exterior de las cárceles y a las garantías en el traslado de los funcionarios entre su domicilio y el centro de trabajo, siguen sin cumplirse seis meses después. Según el ministerio, porque su financiación no ha sido posible por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Un discutible motivo si se tiene en cuenta la gravedad de la amenaza terrorista que pretende quebrar la política de dispersión de los 500 presos de ETA recluidos en las cárceles españolas.

Los sindicatos de prisiones tienen la razón al exigir el cumplimiento inmediato de las medidas de seguridad acordadas hace seis meses. Pero algunos de ellos -y es el caso concreto de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF) y de la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP)- actúan con ligereza cuando mezclan estas legítimas reivindicaciones sindicales con cuestionamientos públicos de la política antiterrorista del Gobierno. Tal opinión equivale a caer en la provocación deliberadamente planteada por ETA con el objetivo de inducir a los funcionarios de prisiones a oponerse a la actual política de dispersión de los terroristas presos y neutralizar la participación que les corresponde en su aplicación.

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