1 junio 1994

ETA asesina al General de Infantería Juan José Hernández Rovira

Hechos

Fue noticia el 1 de junio de 1994.

Lecturas

El 1 de junio, sobre las 8:40 horas, Juan José Hernández Rovira salió de su casa, en la calle Antonio Arias de Madrid, junto a su hija Lourdes. Se dirigía a su trabajo en el Ministerio de Defensa y su chófer le esperaba en la calle Ibiza. Se despidió de su hija y cuando iba a subir al coche un etarra le disparó. Una vez en el suelo, lo remató con cinco impactos de bala.

 

El vehículo en el que huyeron los tres terroristas que habían participado en el atentado, fue abandonado en la calle Walia, frente a dos guarderías. El coche explotó a las 9:40 horas sin causar daños personales.

D. Juan José Hernández Rovira, de 58 años, nació en Madrid. Había enviudado hacía un año y tenía siete hijos. En 1952 ingresó en el Ejército y tres años más tarde salió como alférez de la Academia General Militar de Zaragoza. Era general de Brigada de Infantería desde 1991. Anteriormente estuvo destinado en la Academia Especial Militar del Estado Mayor Conjunto; también en el Centro de Intendencia de Madrid, en la Academia General Militar, en la Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército, en la Escuela de Parques y Talleres de Automovilismo y en la Escuela Superior del Ejército.

El etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano fue condenado a 52 años de reclusión. Además, debía indemnizar a los herederos legales de Juan José. José Luis Aguirre Lete fue absuelto al carecer de pruebas suficientes para condenarlo por el asesinato.

02 Junio 1994

Desestabilización

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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CON EL general asesinado ayer se elevan a cinco las víctimas mortales de ETA en los dos últimos meses. Pero lo que esta ofensiva revela no es tanto que ETA esté más fuerte como que el Estado está más débil. Los terroristas se han dado cuenta. A comienzos de mayo, el portavoz de Herri Batasuna (HB) anunciaba una intensificación de la «estrategia de desestabilización», porque «todos los acontecimientos que están ocurriendo nos llenan de razón para exigir una profunda transformación del sistema. Nos proponemos intensificar la lucha para tumbar este sistema político». El sistema que ETA pretende tumbar es el democrático, acogiéndose esta vez -como lo hizo en el comunicado difundido ayer- a la corrupción y a la supuesta degradación de las instituciones. Ya lo intentó a finales de los setenta con su campafia de atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas. Desestabilizar a éstas, y con ellas a la democracia, fue el objetivo que estuvieron a punto de lograr con la colaboración de Tejero y otros.En una entrevista emitida por la televisión alemana, y cuyo contenido reproducía hace poco el diario Egin, un portavoz de los terroristas se jactaba del carácter selectivo de las acciones de ETA: «¿Dónde se ha visto morir a tantos militares de alta graduación?», preguntaba retóricamente el tonto de guardia, orgulloso de la hazaña de que tuvieran esa profesión algo más del 10% de las más de 700 víctimas de ETA. «Nuestro objetivo», añadía, «han sido siempre los que oprimen a nuestro pueblo». El atentado de ayer se produce un día después de que los amigos de ETA convocasen una manifestación contra el «terrorismo de Estado», al que atribuyen la responsabilidad de los «atentados indiscriminados» que el domingo mutilaron en Vizcaya a dos mujeres y un hombre.

Tal vez no fuera cosa de ETA, pero en manera alguna constituye un argumento el que lo diga HB: hoy mismo hace un año, el 2 de junio de 1993, cuatro días antes de las elecciones legislativas, ETA asesinó en San Sebastián a un joven toxicómano. Desde HB se atribuyó el atentado a los enemigos de la causa vasca, que pretendían peiJudicar sus candidaturas. ETA tardó casi tres meses en reconocer su autoría. Acabó haciéndolo en un, comunicado que publicó Egin. Y mucho menos es un argumento contra la responsabilidad de ETA, como pretende HB, el «carácter indiscriminado» de los atentados del domingo. Entre 1978 y 1991, un total de 21 menores de edad fallecieron a causa de atentados de ETA. Pero si ese memorial de crímenes no bastase, los propios terroristas ridiculizaron ayer a sus valedores tratando de culminar su hazaña mediante el estallido de un coche bomba colocado en una calle de Madrid frente a dos guarderías. La vida de un etarra «vale cien veces más que la de un hijo de txakurra «, escribía hace dos años un miserable, después de que una bomba matase a un niño de dos años en Erandio.

¿Acaso no fue ése un atentado indiscriminado? ¿No lo fue el de Hipercor o los realizados contra los cuarteles de Vic o Zaragoza? ¿Y las cartas bomba que circulan de mano en mano antes de estallar, por ejemplo, en las de la madre de un funcionario de prisiones? ¿Qué diferencia existe entre las bombas colocadas el domingo en la playa de La Arena, en Muskiz, Vizcaya, y las que cada temporada turística estallan en las playas y hoteles del Mediterráneo? ¿Tienen esos atentados otra intención que la de «sembrar el pánico entre la población» que la coordinadora KAS atribuía ayer mismo a los producidos el domingo?

La hipótesis, invocada por Ardanza, que atribuye los atentados del domingo a los llamados grupos Y, es verosímil. Son grupos de simpatizantes, no conectados orgánicamente, encargados de operaciones de sabotaje. Sus miembros son reclutados entre los elementos juveniles que destacan por su violencia en las manifestaciones. Un estudio del Gobierno vasco realizado hace dos años evaluaba en 1.344 millones de pesetas los daños causados por esos grupos entre 1986 y 1991. Ardanza relacionó los atentados con el llamamiento a «intensificar la estrategia de desestabilización» del documento presentado el pasado día 5 por HB.

La desestabilización política por la que trabaja ETA pretende suscitar una respuesta incontrolada, no democrática, de las instituciones, de manera que éstas se igualen a los terroristas en falta de legitimidad. Confían en que esto haga posible una negociación de igual a igual entre el Estado y ETA. La vuelta a esa línea de finales de los años setenta es consecuencia de la confusión y desmoralización creada por la crisis política actual, y en particular por el caso Roldán. La diferencia con aquellos años es que la democracia está hoy consolidada y que el 23-F vacunó al Ejército contra tentaciones intervencionistas. Y que el 80% de los vascos considera a ETA el principal obstáculo para el progreso de Euskadi.