ETA logra introducir una bomba en la Audiencia Nacional que destroza la mano del juez José Antonio Jiménez Alfaro

El paquete bomba que ayer seccionó tres dedos de una mano al magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Jiménez Alfaro iba dirigido contra la justicia, es decir, contra el método ideado por los hombres para evitar una espiral interminable de venganzas privadas. No es la primera vez que el terrorismo ataca a la justicia. ETA ya asesinó hace siete años a la fiscal Carmen Tagle y mutiló poco después al que fuera presidente de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Lage. Los terroristas odian a la justicia en la medida en que aborrecen los procedimientos civilizados de resolver los conflictos. Por eso asesinaron también a Francisco Tomás y Valiente, antiguo presidente del Tribunal Constitucional. Pero los autores también podrían haber actuado por cuenta de algunas de las otras mafias cuyos, delitos investiga la Audiencia Nacional.Es evidente que los responsables de los atentados son quienes los cometen. Del de ayer lo son en exclusiva quienes enviaron la bomba, pero ello no impide que los ciudadanos -incluyendo al presidente del Gobierno- se pregunten con inquietud cómo es posible que ese paquete explosivo haya podido burlar las medidas de seguridad de un lugar que se suponía especialmente vigilado, cómo ha podido sortear sin ser detectado, dos controles electrónicos. Sucesos como el de ayer exigen una investigación y unas medidas que corrijan la excesiva confianza o la posible negligencia. Frente a la violencia asesina sólo se puede responder con la razón y con la ley, pero también con profesionalidad. Fallos como el de ayer no tienen fácil explicación. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo fue posible que lo impensable ocurriera, y los responsables del Interior tienen el deber de decírselo.

El atentado contra el magistrado de la Audiencia Nacional Jiménez-Alfaro puede empezar a romper la aparente paciencia y tranquilidad del ministro de Interior, Mayor Oreja, en un momento delicado de su acción de gobierno como el que anuncia el comienzo del traslado o reagrupación de los presos de ETA. Sobre todo si se confirma que fue ETA quien envió el paquete bomba. Si fueran otros los autores de semejante barbarie, Grapo, los «narco» o los «amigos» de los GAL (todos ellos han sido objeto de la atención judicial del magistrado gravemente herido), la preocupación del ministro sería distinta pero no menor. Especialmente si fueran los GAL quienes lanzaran el ataque contra la Audiencia Nacional.

A señalar, en primer lugar, la indignación del presidente Aznar y del propio ministro de Interior porque el paquete bomba -que recuerda aquel otro que mató a un cartero en el País Vasco años atrás y cuya autoría está pendiente de investigación judicial- pasó los controles de seguridad de la Audiencia, lo que ha provocado una investigación tras la cual se pedirán responsabilidades. Bastante tuvo ya el ministro con su paseo junto al segundo coche-bomba que ETA puso en Córdoba, como para que se den mas casos de ineficacia policial, especialmente en el punto más sensible del poder judicial, el lugar donde expresamente se juzgan e investigan los casos de terrorismo y cuya ubicación parece necesario cambiar a zonas de mayor seguridad.

Y bastante tiene la Audiencia Nacional con las continuas agresiones de los imputados de los GAL, sus propagandistas de la extrema derecha y los que ocultan a González, y con los ataques que con mucha frecuencia parten del grupo parlamentario del PSOE -Barrionuevo volvió a arremeter ayer contra Garzón- para que, encima de todo ello, estos juzgados sean objeto de actos terroristas que podrían haber sido evitados con cierta facilidad.

Si es ETA la banda autora del atentado, el Gobierno se vería obligado, quizás, a replantearse su posición inicial frente a la banda («palo» en repatriaciones y «zanahoria» en los traslados de presos etarras). Sobre todo en lo relativo al movimiento «selectivo» o reagrupación de presos de ETA, que está encontrando importantes resistencias en los sectores más conservadores del entorno gubernamental. Aunque todavía sorprende más la pública insatisfacción del PNV en un asunto tan delicado, sobre el que Aznar había pedido prudencia a los medios de comunicación. Prudencia que el portavoz del PNV, Joseba Egibar, echó por tierra con su reciente declaración en la que afirmó que los pasos del Gobierno en este asunto eran parcos e insuficientes.

La coincidencia de la salida de Idigoras de prisión -una vez reducida la fianza, a petición del fiscal- con el anuncio de ciertos traslados de presos hizo pensar en gestos aparentemente favorables a la liberación del funcionario de prisiones Ortega Lara, secuestrado por ETA. Pero todo esto podría cambiar si nos encontrásemos ante una nueva ofensiva de la banda terrorista.

Cosa que está por averiguar a la vista de la declaración del ministro de Interior según la cual el explosivo utilizado en el atentado, «goma-2», no es el que habitualmente usan los Grapo o los comandos de ETA. Si se comprueba este extremo, la pregunta obligada es: ¿quién lo hizo? Muy difíciles de imaginar serían el revuelo y las consecuencias políticas y jurídicas si alguien reivindicara este atentado en el nombre o en favor de los GAL. No hay que olvidar que el magistrado Jiménez-Alfaro fue quien, al condenar a Amedo y a Domínguez a más de cien años de prisión, abrió de lleno la investigación judicial. Y aunque aún es pronto para especular, vista la novedad del explosivo usado, tampoco conviene descartar esta posibilidad.

Pongo tres dedos, tres, sobre el teclado blanco de mi ordenador. Voy a apagar la radio. En ese mismo instante descargan la noticia, urgente, nerviosa, confusa, de que un paquete-bomba se le ha llevado tres dedos, tres, de la mano derecha, al magistrado Jiménez-Alfaro. Un escalofrío me siega la cintura. Déjalo, Eduardo Chillida, por más que los dibujes, no podrás resucitárselos. Hago mía la pregunta, denuncia, del ciudadano-presidente Aznar: ¿cómo coños, un paquete explosivo ha podido «entrar» en la Audiencia Nacional? Aún no sé si el remitente es ETA o los GAL. Y no me importa que la duda ofenda. En todo caso, ni la conmoción ni la sangre van a impedirme que escriba lo que hoy tenía, tengo, que escribir.

Nadie ha dicho gran cosa, después del auto de Eduardo Móner, mensaje, obiter dicta, aviso para navegantes, por el que viene a decir que bien, que no acumulará en la Sala Segunda todos los sumarios relacionados con los GAL; pero que, un momento, oiga, nadie se extralimite, ni pretenda colgarse la medalla por empapelar al Señor X: cuanto se relacione con la fundación, organización y financiación de los GAL será exclusiva competencia de la Sala Segunda. De modo que sí que hay acumulación, aunque selectiva y vip. O lo que es igual: quede para Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño, Ismael Moreno y Carlos Dívar investigar a los secuestradores, a los pistoleros, a los mamporreros, a los torturadores, a los bañeros, a los enterradores… pero, en cuanto se topen con alguien que ideó y diseñó sobre el papel, o dio órdenes al otro lado del teléfono, o tiró de talón con cargo al Banco de España, entonces, alto ahí, quietos todos, no vaya a tratarse de un fundador, de un organizador o de un pagador. Que, de ese staff, el copyright es de Móner.

A simple vista, parece que se trata de que los indómitos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, jóvenes vehementes, trabajadores de 18 horas al día y apasionados por el Estado de Derecho, se internen por territorios escabrosos, quebrando la paz pactada de los cementerios.

Pero, ¿puede Móner oponer un valladar, un tope, un finis terrae a la Audiencia Nacional, que no sea el sancta sanctorum de la imputación contra aforados? Los que saben me dicen que no puede. Si adujera «es que hay conexidad entre unos y otros sumarios», habría que responderle que la conexión jurídica sólo se establece entre personas, no entre hechos. Móner podría acumular dos o más sumarios si apareciese implicada en ellos una misma persona. Y ésta, aforada. Pero si el cerebro fundador, el «creativo», es un Damborenea, o un Cassinello, o un Perote, ¿cómo caerían en su bolsa, no gozando de fuero? Idem de lienzo, con los organizadores de gales. Y con los mecenas, ya financiaran con «fondos reservados», como Vera, ya fuesen empresarios o banqueros vascos, según dicen por ahí.

Por esta vía, Móner metería a la Justicia en un cul de sac, maniatando a los jueces, y poniendo límites a los sumarios que instruyen. Además, enajenaría su razón de ser a la Sala Segunda, como instancia reservada para hechos en los que aparezcan imputados con privilegio de fuero.

El Supremo no tiene infraestructura para instruir. Por esta razón se desechó en su día cierto macroproceso sobre narcotráfico. ¿Cómo, pues, Móner abre ahora la hipótesis de un macroproceso para los GAL? No es práctica usual del Supremo, que, más que a acumular, tiende a desglosar las causas. La decisión de Móner da que pensar. Recuerda lo de la venda antes de la herida.