Se airea que el Fiscal General del Estado, Eligio Hernández, se reunió con el policía condenado por los GAL, José Amedo en compañía del ex Director de Seguridad del Estado, Julián Sancristobal

NI EL juez Baltasar Garzón -antes de adquirir la condición de candidato independiente en las listas del PSOE por Madrid- dio una explicación convincente sobre la comparecencia en su juzgado de Michel Domínguez el pasado 21 de abril, ni el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, la ha dado sobre la visita que le hizo José Amedo días más tarde en su despacho oficial. Lo anómalo de tales iniciativas. y el interés común que une a ambos reclusos (condenados a 108 años de cárcel como inductores de seis asesinatos frustrados en el sur de Francia atribuidos a miembros de los GAL) han alimentado todo tipo de sospechas sobre tales encuentros. Sospechas que, en el caso de Amedo, se han acrecentado por la personalidad de su acompañente en la visita al fiscal general: Julián Sancristóbal, director de la Seguridad del Estado en los años de mayor actividad criminal de los GAL.¿Cómo se explica que un juez consiga la excarcelación de un recluso que no está a su disposición para tomarle declaración en un sumario en el que no está implicado y que después alegue que no le tomó tal declaración porque el recluso se negó a ello? Demasiadas contradicciones, envueltas además en un sinfín de infracciones administrativas señaladas en la investigación efectuada por la Audiencia Nacional, como para dar por bueno que el motivo real de la comparecencia fue el oficialmente alegado: unas diligencias en el sumario por el secuestro del residente vasco en Francia Segundo Marey. Garzón ha afirmado ahora que relacionar su entrevista con Domínguez con la que el fiscal del Estado mantuvo con Amedo constituye «una grave manipulación». Pero es el caso que, a falta de una explicación creíble de la primera, es difícil no vincularla con la finalidad confesada de la última entrevista: el interés de ambos por el indulto.

La entrevista de Amedo con el fiscal general del Estado es legalmente menos discutible que la de Domínguez, pero es inusual. ¿Qué tipo de influencias tiene el recluso José Amedo para conseguir, durante un permiso carcelario, una entrevista personal con el fiscal general del Estado sobre un asunto que sigue su cauce reglamentario? Eligio Hernández ha querido quitar hierro al encuentro afirmando que se celebró «con luz y taquígrafos» y «por motivos humanitarios». Pero ello estimula, por poco verosímil que parezca, su lectura en clave política en vísperas electorales: un posible gesto del Gobierno a algunos votantes favorables al indulto de los dos expolicías. Narcís Serra ha afirmado que el Gobierno no estudia en este momento el asunto mientras que el ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha señalado que se aplicará la legislación vigente. Ello no contradice la hipótesis de que el Gobierno tenga interés en conceder este indulto cuanto antes. Sin duda, está entre sus competencias, pero un indulto en las actuales circunstancias resucitaría las dudas sobre la connivencia de determinados elementos del aparato del Estado con la actividad de los condenados y la posibilidad de que éstos hayan puesto en juego un mecanismo de chantaje al propio Gobierno. Estas inexplicadas entrevistas no hacen sino añadir sospechas a las sospechas.